Category: Uncategorized

A pocos días del 8 de marzo (8M), la ministra de la Mujer y la Equidad de Género, Antonia Orellana, reveló que tienen anuncios preparados respecto a su cartera para el miércoles. Los enfoques de la agenda, dijo la ministra, se enfocan en materia económica, principalmente. Si bien existe una recuperación en el ámbito laboral de mujeres respecto a lo que había antes de la pandemia, esos números no significan necesariamente una reducción de una brecha salarial, entre otras problemáticas.

En entrevista con Meganoticias, la ministra Orellana comenzó con la idea de poner en contexto las medidas que se anunciarán: “El 8 de marzo siempre es un momento súper importante en general para el Gobierno y la ciudadanía, porque es de reflexión, conmemoración y un momento en que las mujeres miramos hacia atrás”. Además, reflexionó en torno a que vive “mejor que mis abuelas, no en el sentido material, pero todas las mujeres podemos hoy hablar de cosas que nuestras abuelas no podían decir”. 

La perspectiva que tendrá el Ministerio de la Mujer este año, a diferencia del anterior, se enfocará en lo económico. La titular de la cartera de Equidad de Género explicó que esto se debe a que “la pandemia hizo retroceder en una década la inserción laboral femenina, nos hemos recuperado durante estos años (…) y recuperamos el empleo de las mujeres, pero eso no quiere decir que estemos bien, porque ya antes de la pandemia había muchas deudas, una brecha salarial del 30%, un costo de contratación de la mujer más alto, porque se nos asigna el costo de la sala cuna”, entre otras.

La ministra piensa que el 8M también es una fecha para detenerse y mirar hasta dónde se ha llegado y qué hace falta. Desde ahí, afirmó que “como Gobierno creemos que hemos dado importantes pasos, pero todavía falta mucho por avanzar así que esperamos poder hacer anuncios que tienen que ver sobre todo con nuestra línea de trabajo que se llama ‘Chile para Todas’”. Esta línea, dice Orellana, es la que pretende “explicar lo que significa la transversalización del enfoque de género”.

La ministra explicó que lo anterior trata de hacerse cargo de una estructura más bien histórica: “Hay servicios, programas y provisiones de derechos que el Estado ha entregado y del que las mujeres se han visto excluidas por secretaría, porque fueron pensados en otra época o para hombres”.

Síguenos en

Hace cuatro días comenzó el despliegue de las Fuerzas Armadas (FFAA) en el norte del país, con la finalidad de resguardar y contener la frontera, en el marco de la crisis provocada por la migración irregular que afecta a la zona desde hace más de un año.

El próximo miércoles 8 de marzo, en la antesala del primer aniversario de su Gobierno, el Presidente Gabriel Boric tiene programado iniciar una nueva gira regional. Esta vez, acudirá a la Región de Tarapacá, en la cual permanecería tres días, precisamente por este tema.

También te puede interesar:

Hoy, ad portas del arribo del Primer Mandatario a la región afectada, la Ministra del Interior y Seguridad Pública, Carolina Tohá (PPD), realizó un balance del despliegue militar en el norte. Y, pese a afirmar que hasta el día de hoy las instalaciones en la frontera son “tremendamente precarias”, sostuvo que el despliegue, en particular, “permite tener muchos más ojos capacitados vigilando lo que pasa”. Eso logra un “efecto disuasivo”, sentenció la secretaria de Estado, en conversación con Radio Biobío.

En esa línea, abordó el proceso para controlar ciudadanos extranjeros. Junto con afirmar que se está trabajando con Perú y Bolivia, la ministra Tohá relató que, tras un empadronamiento, aquellos que necesitan orientación se les entrega, mientras a otros se les reconduce.

“En el caso de Bolivia, sólo lo podemos hacer —reconducir— respecto de los ciudadanos bolivianos. Porque ellos no reciben de vuelta a personas de otros países. Entonces cuál es el obstáculo ahí, llegar a un acuerdo con Bolivia para que ellos reciban a personas de otros países, no solo a personas de Bolivia. Estamos trabajando ahí arduamente”, comentó la titular de la cartera de Interior. Y sentenció: “Queremos lograr que las personas entren de manera regular al país”.

“Hasta hace un año, teníamos una enorme crisis migratoria, y teníamos una ley antiquísima totalmente desactualizada para los desafíos que tenemos”, señaló la ministra Tohá. Pero pese a afirmar que hasta el día de hoy las instalaciones en la frontera son “tremendamente precarias”, destacó los avances que se han realizado. “Ahora estamos comprando un escáner bien importante, de gran calidad que se va a poner en Colchane. Estamos instalando unos centros de observación con cámaras térmicas. Hay muchas medidas que tomar”, complementó Carolina Tohá.

El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, ha indicado que en las regiones donde los militares se encuentran desplegados (Arica, Tarapacá y Antofagasta) “se ha triplicado la cantidad de efectivos de las Fuerzas Armadas respecto de lo que era el decreto 265”. El subsecretario Monsalve informó que, hasta el momento, en la región de Arica se han registrado 1.497 controles de identidad y cuatro registros, mientras que en Tarapacá el número de controles llega a 3.023 y 407 registros. Asimismo, las FFAA han detenido a 23 personas en Arica y una en Antofagasta. “En el resto de los controles no se han detectado ni faltas ni delitos”, afirmó Monsalve.

Cabe recordar que los efectivos militares tienen la facultad de realizar controles de identidad, registrar equipajes, vestimentas y vehículos. Además de llevar a cabo detenciones si la situación lo amerita. En ese último caso, las militares pueden tomar a una persona que esté cometiendo una falta o delito y ponerlas a disposición de las policías.

Síguenos en

Con el objetivo de “enmarcar y orientar el sentido de todas las actividades y proyectos que se desarrollarán en el marco de esta conmemoración”, el Gobierno acordó hace poco más de un mes entregar a todas las instituciones públicas y policiales, un documento titulado “Relato Oficial Conmemoración de los 50 años del Golpe de Estado de 1973”.

Se trata de un oficio que fue remitido por la ministra de las Culturas, Julieta Brodsky, ante “un suceso dramático que marcó la vida de chilenas y chilenos, y que se irguió en un hito histórico para el mundo”. El documento consignado por CNN Chile, afirma, “la ruptura violenta de nuestra tradición democrática trajo consigo una ola de crímenes y crueldades, siguen existiendo deudas en materia de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición”.

También te puede interesar:

“La conmemoración del cincuentenario del Golpe de Estado es una gran oportunidad para abrir espacios de diálogo, memoria y creatividad. Puede ser la ocasión para producir un intercambio de miradas entre generaciones y para agradecer a todos quienes defendieron a las y los perseguidos y a la democracia (…), además de a toda la ciudadanía de distintas procedencias que se comprometieron con la defensa de los derechos humanos”, agrega el relato.

Además, se menciona que “el cincuentenario es una fecha de encuentro con la memoria y, a partir de sus lecciones, una incitación a imaginar futuros de mayor justicia y mejor democracia. (…). Es una invitación a pensar, recrear y recorrer en conjunto ese Chile que fuimos, que somos y que podríamos llegar a ser. Desde todos los ámbitos: el público y el privado, desde la organización política y la sociedad civil, desde la academia a las culturas, las artes y las comunicaciones”.

“Si las fuerzas que terminaron con la democracia ese 11 de septiembre de 1973 ahora parecen lejanas, diariamente constatamos la irrupción de nuevas corrientes que la acechan. Esta es también, por tanto, una ocasión para reflexionar acerca de los riesgos y amenazas que ella sufre en la actualidad, y renovar nuestro absoluto compromiso democrático”, concluye el Ejecutivo.

Síguenos en

El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés) descubrió que las principales empresas de auditoría ambiental ignoran o no reconocen el daño ambiental causado por madereras u otros clientes, cuyas prácticas certifican como sostenibles.

La investigación, denominada Deforestation Inc. -que duró nueve meses y en la que participaron 39 medios y reporteros de 27 países-, identificó 48 firmas auditoras que declararon sostenibles las prácticas de empresas de la industria forestal acusadas de infracciones, como talar bosques indígenas y reservas protegidas, usar permisos falsos e importar madera talada ilegalmente.

Entre los hallazgos, por ejemplo, está una empresa brasileña de productos forestales -opera en la Amazonía- que afirmó estar “certificada con gran éxito”, pese a haber sido multada 37 veces desde 1998 por almacenar y transportar madera sin documentación legal, entre otras violaciones.

Un grupo de empresas madereras canadienses utilizó un “plan de gestión forestal sostenible”, certificado por un auditor local, para talar árboles en los bosques indígenas, alterando drásticamente el territorio y la forma de vida de la comunidad, según un fallo judicial.

En Chile, una empresa forestal japonesa obtuvo madera de proveedores que utilizaron documentos con información falsa sobre el origen de la madera.

La fundación periodística sin fines de lucro LaBot publicará próximamente el capitulo de Chile de la investigación.

La investigación del ICIJ contempló registros de inspección, datos de violaciones ambientales y documentos judiciales relacionados con empresas en al menos 50 países.

Video vía Twitter: @ConvocaPe

Según el ICIJ, desde 1998, más de 340 empresas certificadas en la industria de productos forestales han sido acusadas de delitos ambientales u otras irregularidades por parte de comunidades locales, grupos ambientalistas y agencias gubernamentales, entre otros. Alrededor de 50 de esas empresas tenían certificados de sostenibilidad en el momento en que fueron multadas o condenadas por una agencia gubernamental.

El consultor que trabaja en la industria de productos forestales Grégoire Jacob señaló a Radio France, socio del ICIJ, que “es todo el sistema en el que confiamos, en las certificaciones en general, lo que no funciona”. En esa línea, apuntó que “se nos hace creer que tendremos productos más virtuosos. A veces es verdad; a veces es falso”.

Jacob fue uno de los seis auditores y consultores forestales actuales y anteriores que le dijeron al ICIJ y a los medios asociados en Francia, Canadá, EE. UU. y otros lugares que los estándares de certificación eran inadecuados y los procedimientos ineficaces.

Certificados de sostenibilidad

Durante las últimas dos décadas, las multinacionales que cotizan en bolsa, los pequeños proveedores y las empresas de inversión han utilizado su asociación con esquemas voluntarios de certificación forestal para mostrar a los clientes y accionistas que están comprometidos con las pautas “ambientales, sociales y de gobernanza” (ESG) y que sus prácticas no dañan el medio ambiente.

En el corazón de este sistema de autorregulación se encuentran organizaciones internacionales como el Forest Stewardship Council (FSC), el Programa para el Reconocimiento de la Certificación Forestal (PEFC) y la Mesa Redonda sobre el Aceite de Palma Sostenible (RSPO).

Estas “dependen de firmas de auditoría externas para examinar a los clientes y certificar que las empresas de productos madereros, los productores de aceite de palma y otros cosechan de manera responsable y no utilizan materiales relacionados con la tala ilegal y otros delitos ambientales”, señala el ICIJ.

El sector de auditoría ambiental incluye unidades especializadas de gigantes auditores como KPMG y PwC, grandes empresas que cotizan en bolsa como la multinacional suiza SGS Société Générale de Surveillance SA y empresas más pequeñas como PT Inti Multima Sertifikasi en Indonesia.

Otros casos

De acuerdo al ICIJ, una “importante firma de auditoría ambiental” certificó en abril del 2022 que los productos de madera de un conglomerado austriaco de Rumania, un país conocido por sus vastos bosques primarios, cumplían con los estándares ambientales. A los pocos meses de la certificación, las autoridades rumanas iniciaron una investigación sobre la tala ilegal de algunos de los proveedores de madera del gigante austriaco.

“En los EE. UU., Italia y Nueva Zelanda, los fabricantes de cubiertas de yates y los comerciantes de madera continúan luciendo etiquetas verdes en los materiales de marketing incluso cuando importan teca de Myanmar, donde el comercio de recursos naturales financia un régimen militar que derrocó a un gobierno elegido democráticamente en 2021”, indicaron.

A su vez, revelaron que en Finlandia los auditores que monitoreaban las prácticas de dos empresas forestales no mencionaron en los informes que los tribunales habían multado a sus clientes por talar árboles en áreas protegidas ricas en biodiversidad. Las empresas mantuvieron sus certificados de sostenibilidad.

En Indonesia, los ambientalistas de la Red de Monitoreo Forestal Independiente (JPIK, por sus siglas en inglés), con sede en la ciudad de Bogor, informaron que en la última década, las firmas auditoras no detectaron violaciones ambientales por parte de al menos 160 empresas.

Síguenos en

El nuevo proceso constituyente comenzó su ruta hacia la elaboración de una nueva Constitución con la primera reunión de la Comisión Experta, el órgano que redactará un anteproyecto que servirá de base para la discusión y redacción de la nueva propuesta.

En dependencias del Congreso Nacional en Santiago, los 24 integrantes se reunieron con el fin de conocerse, como se lo hicieron saber al futuro secretario general del Consejo Constitucional, Luis Rojas. De hecho, inicialmente la primera reunión estaba prevista para este lunes, pero los integrantes solicitaron adelantar esta instancia.

Durante la cita, también se espera que se resuelvan asuntos técnicos de funcionamiento, como credenciales, correos institucionales y mecanismos de trabajo.

Oficialmente el lunes es la puesta en marcha de la Comisión Experta. Ese día, elegirán a su mesa directiva, conformada por una presidencia y una vicepresidencia; y las presidencias de las cuatro subcomisiones: sistema político, reforma constitucional y forma de Estado; función jurisdiccional y órganos autónomos; principios, derechos civiles y políticos; y derechos económicos, sociales, culturales y ambientales.

Como la composición del órgano está dividida en partes iguales con representantes técnicos y políticos de las fuerzas políticas, el oficialismo y la oposición han tenido conversaciones informales para iniciar las negociaciones sobre la distribución de esos puestos.

Síguenos en