Cada vez cuesta más entender a nuestros parlamentarios. A sus constantes exabruptos, uso de disfraces –de cocineros y sheriffs–, vuelos al estilo Avengers –Pamela Jiles–, combos y empujones –De la Carrera es experto–, insultos a granel –la doctora Cordero–, entre otras cuestionables conductas, ahora hemos sumado algo que en términos clínicos se llama el pensamiento mágico. Resulta que convencieron a un país –angustiado por la sensación de inseguridad– de que, con un buen paquete de leyes, esto se puede resolver. Vamos legislando entonces rápido y ojalá con la mayor cantidad posible de proyectos. Es decir, a un problema, una ley. Lo dramático es que esos mismos ciudadanos tienen al Parlamento y partidos políticos en el último lugar de confianza entre todas las instituciones del país. Así y todo, les han creído o, bien, han tenido la necesidad de creer.

Por supuesto que estoy exagerando el recurso para explicar lo que ha sucedido en estas semanas complejas para Chile, porque también valoro el esfuerzo de algunos parlamentarios, especialmente el rol cumplido por la dupla Coloma-Mirosevic. No cabe duda de que, más que un aumento de los delitos, lo que estamos experimentando es una transformación del delito. Los asaltos son más violentos y sangrientos, existen bandas organizadas con poder de fuego –muchas ligadas al narcotráfico–, lo que contribuye a aumentar una sensación de inseguridad, que es agudizada por los medios –especialmente la TV–, que utilizan el miedo como arma para elevar el rating. Pero, sin duda, la muerte de carabineros –el último, Daniel Palma, paradójicamente asesinado el mismo día en que se aprobó la Ley Naín-Retamal– es un remezón fuerte para la sociedad.

Sin embargo, si hay algo que uno debería esperar –o exigir– de los parlamentarios, es que tengan la racionalidad, cabeza fría y el temple para legislar en temas de alta complejidad. Para eso fueron elegidos, no para reaccionar a las encuestas. Una ley es un instrumento que va a regir el comportamiento de los ciudadanos, pero también de varias instituciones, como el Ministerio Público, la Defensoría Penal Pública, los jueces y las policías. Por tanto, debe ser pensada en el largo plazo.

La Ley Naín-Retamal fue aprobada en un tiempo que podría ingresar al récord Guinness. En menos de una semana pasó por cuatro comisiones y el Pleno de ambas Cámaras. Además, la votación en la Sala de la Cámara Baja duró exactamente 20 minutos, pese a que se votaron 18 artículos por separado. No se recibió a ningún experto, no se consideró la opinión de la ONU, ni siquiera se invitó a representantes de las policías, cuando se estaba discutiendo el uso que ellas hacen de las armas. Es decir, esta fue una ley sacada urgentemente, para responder a la premura y la presión ciudadanas. Hace cuatro años, durante el estallido social, el 49% de las personas señalaba que Carabineros solo debía usar sus armas de servicio en ciertas circunstancias, contra el 95% que hoy piensa que sí, de acuerdo a la encuesta Cadem, publicada los mismos días en que se votaba la ley.

Más allá de que era necesario avanzar en la legislación del uso de la fuerza por parte de las policías –no puede ser que Carabineros tenga menos poder de fuego que las bandas de narcotraficantes–, les aseguro que en un par de años más nuestros parlamentarios estarán revisando esta ley, una vez que la percepción sobre la seguridad cambie. Un dato que demuestra que la percepción actual está condicionada por el cambio en la calidad del delito, es que, según la propia Cadem, con Boric la visión de aumento del delito alcanza a 82%, contra el 85% que tuvo Bachelet II y el 89% de Piñera II

No cabe duda de que las leyes, aunque ayudan, no son la única herramienta que puede contener a los delincuentes. Un mejor marco legislativo debe ir acompañado de acciones concretas en la previsión y persecución de los delincuentes, de una mejor inteligencia –un déficit crónico en el Estado–, de control migratorio, mejor tecnología y revisión de las dotaciones. Eso involucra al Gobierno, los gobernadores, alcaldes, etc. De ahí que las medidas anunciadas por La Moneda la semana pasada –incluyendo la firma de un acuerdo por la seguridad en que estuvieron los alcaldes– y los llamados de Boric y Vallejo a abordar esto “con los míos y los de la vereda de enfrente”, van en la línea correcta. Y, claro, la ciudadanía también debe estar involucrada en las soluciones.

Otro elemento importante para poder encontrar soluciones, frente al peak de delincuencia que estamos viviendo, es que nuestra clase política sea capaz de hacer un análisis y diagnóstico más inteligente y menos emocional. Nada más perjudicial ahora que el aprovechamiento político que ha hecho una parte de la oposición, que pareciera usar el drama y las expectativas de la gente intentando polarizar el problema entre una derecha pro-Carabineros y un Gobierno supuestamente antipolicía y condenado por declaraciones en otro contexto histórico. Los ejemplos usados por el diputado Alessandri para apoyar sus argumentos –eso de los “cuerpos fríos” de nueve carabineros rayó en la truculencia– no ayudan al debate racional, así como tampoco la poca inteligencia de algunos diputados de Apruebo Dignidad que parecieron niños amurrados intentando ir al Tribunal Constitucional (TC), haciendo lo mismo que le criticaban a la derecha cuando ellos eran oposición.

Y aunque hoy lo importante es alcanzar un gran acuerdo nacional –que proyecte unidad–, lo primero es dejar fuera las mezquindades políticas de oficialismo y oposición –eso es lo que espera la gente–, que permita enfrentar de mejor manera la delincuencia. No debemos olvidar que este país sigue sufriendo una tremenda amnesia de corto plazo, donde lo que era correcto hasta hace poco, hoy no lo es y viceversa. Qué mejor representación de ello que lo que ha pasado con la percepción sobre Carabineros en estos últimos años. A partir de 2016 la institución comenzó a vivir una larga crisis con el llamado “Pacogate” –una palabra innombrable hoy–, el fraude más grande de la historia de Chile ($35.000 millones), que involucró a 134 uniformados, derribando su imagen a 17% de apoyo público (encuesta CEP). Luego vino el estallido social, en que varios policías se vieron involucrados en violaciones de los derechos humanos –algo que no puede volver a ocurrir y la institución entendió– y que también le significó una fuerte caída en la percepción pública, que se tradujo en que no pudieron llenar las vacantes durante dos años (26% en CEP de diciembre de 2019, una de las instituciones peor evaluadas del país). Hasta hoy, que nuestra policía uniformada ha vuelto a tener una alta valoración (46% en CEP de diciembre de 2022) producto del problema de la delincuencia.

Lamentablemente, en un tiempo corto, cuando el péndulo vuelva a moverse, se producirá un incidente en que población civil inocente va a resultar víctima de un balazo policial. Pero tranquilos, nuestros parlamentarios ingresarán 10 proyectos para revisar las leyes que aprobaron en estos días de manera exprés. Siempre ha sido igual.