Desde hace un par de semanas los parlamentarios comenzaron a postular la necesidad de declarar Estado de Excepción Constitucional en partes de la Región Metropolitana, en particular, en el corazón de la capital, la comuna de Santiago. Esa idea no generó mucho interés hasta que en la madrugada del jueves se confirmó la muerte del cabo primero Gabriel Palma tras recibir dos impactos de bala en su rostro. 

Ahora incluso entre parlamentarios del oficialismo hay quienes postulan que no sería mala idea decretar Estado de Excepción, pues ha mostrado avances positivos en el norte, como dijo el presidente de la Cámara de Diputadas y Diputados, Vlado Mirosevic. La ministra del Interior, Carolina Tohá, declaró que: “No descartamos ningún tipo de herramientas”.

El analista político, académico y director de la escuela de Gobierno y Comunicaciones de la Universidad Central, Marco Moreno, sostiene que la medida del Estado de Excepción singificaría escalar el clima de miedo que puede instalarse en la ciudadanía y además implicaría una dificultad para gobernar la región. 

-¿Qué viabilidad tiene el gobierno de implementar estado de excepción?
-Desde el punto de vista práctico, pueden hacerlo porque los parlamentarios, especialmente de oposición que han instalado el tema, podrían poner los votos en el Parlamento. Lo claro es que eso significaría escalar en el clima de miedo que puede instalarse en la ciudadanía. No estamos en condición de escalar el conflicto decretando el Estado de Excepción. 

Esto implicaría una dificultad para gobernar la región desde el punto de vista del orden público. Sería una muy mala señal sobre la capacidad del Gobierno para hacer frente a estos problemas. 

-¿Cuál es el efecto político de aplicar esta medida? 
-Simbólicamente significaría la incapacidad del Gobierno para contener esta crisis de orden y seguridad, tal como ocurre en la Araucanía o en el norte. Entonces, decretar un Estado de Excepción en la Región Metropolitana implicaría una insuficiencia del Gobierno para poder procesar y dar una solución a un problema de orden público. Claro, es un problema estructural que no se va a resolver con medidas transitorias. Los problemas de orden público y de seguridad requieren soluciones complejas, no soluciones simples como las que pone la oposición. 

– ¿Qué puede hacer el Gobierno frente a esta ola de demandas sobre seguridad? 
-Es buena la señal de intervenir en 30 comunas que tienen alto niveles de inseguridad, eso va en la dirección correcta. El Gobierno al promulgar la ley hoy rápidamente le da una herramienta a las policías, son un conjunto de medidas que van en esa dirección y que permiten bajar la sensación que está instalando la oposición y algunos medios de comunicación sobre un clima ingobernable del orden público y seguridad en la región. 

-¿Cómo afectan estos asesinatos en la escena política? 
-Lo que hemos visto es ganancia para la institución de Carabineros en términos de respaldo político. No solo la oposición los apoya, el Gobierno también se ha cuadrado con la institución. Vimos a los ex presidentes en el velorio del cabo Palma. Esas son señales políticas de respaldo a la institución, que como nunca ha tenido un alto nivel de respaldo político. Vamos a ver si eso consigue un cambio de la opinión pública porque es un factor de polarización a sólo un mes de la elección de Consejeros Constitucionales. Evidentemente aquí hay un intento de la oposición de aprovechar electoralmente la situación de orden público y seguridad. 

-¿Es el momento de la derecha antes de las elecciones del 7 de mayo?
-Es el momento político que ellos están generando. Temas de clima electoral para obtener un resultado electoral que les sea satisfactorio. La gente va a ir a evaluar, no solo va a elegir consejeros, sino que va a evaluar al Gobierno en esta materia. La agenda de orden público y seguridad le viene como anillo al dedo a la oposición.