Este martes, en el Palacio de La Moneda, un grupo de alcaldes representativo de tres asociaciones de municipalidades se reunió con el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, con el objetivo de discutir los avances en materia de proyectos de ley sobre seguridad ciudadana y retomar el trabajo avanzado en la mesa de seguridad. Entre los temas importantes que conversaron en la reunión, estuvieron los de otorgar mayores facultades a los inspectores municipales y el aumento de recursos para las labores de seguridad municipal. Todas estas iniciativas están contempladas en la agenda de seguridad del Gobierno, pero no tienen plazo definido para iniciar su tramitación.
Al finalizar la reunión, la alcaldesa de Peñalolén y presidenta de la Asociación Chilena de Municipalidades (ACHM), Carolina Leitao, declaró que esperan el pronto ingreso de este proyecto al Parlamento, para que forme parte de la agenda de seguridad que la clase política busca acelerar y de la cual los municipios forman parte importante. “En el ámbito municipal tenemos una preocupación que es transversal. Respecto del tema de seguridad, tenemos muchos puntos en común y lo que queremos con este proyecto es impulsar, justamente, los puntos en los que estamos de acuerdo”, planteó la jefa comunal de Peñalolén.
El tema más delicado en esta agenda municipal es el uso de armas de fuego por parte de vigilantes municipales, pero no estaría considerado en este proyecto de ley destinado principalmente a reforzar la labor preventiva y de combate a la delincuencia que realizan las policías. De hecho, el pasado 9 de enero, la Asociación de Municipios de Chile (AMUCH) –que congrega a 95 municipalidades– envió una propuesta al Gobierno, con miras a que los equipos de seguridad municipales pudiesen estar más preparados para enfrentar delitos. Se trataba de dos iniciativas que apuntaban a fortalecer y perfeccionar las atribuciones en seguridad con las que cuentan, mediante modificaciones a la Ley 18.883 sobre el Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales y cambios a la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades.
Pero, pese a la insistencia de algunos alcaldes, desde el Gobierno descartaron la posibilidad de que funcionarios municipales porten elementos de defensa y tengan mayor participación en labores de seguridad. Hoy, tres meses después de la solicitud de la AMUCH, el tema de las armas pareciera ser un debate que genera desencuentro y constituye una demanda que ha perdido fuerza al interior de la organización. Su propio presidente, el alcalde de Zapallar, Gustavo Alessandri, reconoció que sus propuestas no contemplan que inspectores municipales manejen armas de fuego, contradiciendo lo planteado en el oficio enviado a principios de este año, y cuyo rechazo desde el Ejecutivo causó molestia en la asociación.
Alessandri, como parte de AMUCH, señaló que están buscando impulsar la iniciativa con la bancada municipal de diputados, “que van en la línea de fortalecer a los equipos de seguridad ciudadana mediante la dotación de equipamiento técnico; facultar el uso de medios de protección ante la eventual agresión ilegítima ocasionada a equipos municipales que cumplen funciones de seguridad y la definición de protocolos de coordinación y actuación con los policías. Estas propuestas no contemplan que los inspectores usen armas de fuego, ya que su rol es de apoyo y prevención ciudadano, no de orden y seguridad, que corresponde a Carabineros”.
Por su parte, desde la ACHM, su presidenta, Carolina Leitao, manifestó que hay distintas posturas al interior de la asociación que preside, respecto de los beneficios e inconvenientes que tendría dotar de armas al personal de seguridad y vigilancia municipal. Estos equipos de seguridad municipal existen en una minoría de los municipios del país. “En mi opinión, esta sería una medida con la que se corren altos riesgos. Manejar un arma requiere niveles de capacitación, preparación y entrenamiento, además de un protocolo claro de acción; todas áreas que hoy manejan las policías del país. Por lo tanto, y si bien hay posturas disímiles, la mayoría de alcaldes y alcaldesas comparte que esto sería un riesgo, más que una respuesta adecuada a la delincuencia que tenemos que enfrentar en el país”, recalcó Leitao.
La enfática postura del Gobierno
El jueves 26 de enero pasado, la directiva de la AMUCH recibió la respuesta del Ministerio del Interior ante sus requerimientos, y se mostró disponible a avanzar tan solo en algunos aspectos, lo que causó malestar entre algunos jefes comunales. Y es que desde el Ejecutivo dejaron claro que no están dispuestos “a apoyar que los agentes preventivos de seguridad municipal porten y utilicen medios de defensa”, pero sí a analizar la tipificación de delito agravado a la agresión a fiscalizadores o funcionarios municipales de seguridad que porten identificación visible.
Asimismo, se mostraron de acuerdo con que los funcionarios puedan coordinar acciones de seguridad con la autoridad competente; gestionar de manera colaborativa las acciones del Consejo Comunal de Seguridad Pública; recibir denuncias y canalizarlas a la autoridad competente; y canalizar los requerimientos para que sean recibidos periódicamente desde las juntas de vecinos, juntas de vigilancia rural y organizaciones comunitarias.
Al respecto, el subsecretario de Prevención del Delito, Eduardo Vergara, fue de una sola línea en el debate por las atribuciones de los guardias municipales y el posible uso de armas de fuego. “Quiero ser muy claro: como Gobierno no vamos a avanzar en que el personal municipal esté armado. No somos partidarios de tener una policía municipal. La evidencia muestra que ha sido un error en otros países y ese error no lo replicaremos”, subrayó el subsecretario.
Según Vergara, su objetivo es robustecer el rol preventivo de los municipios en dos ámbitos. “En primer lugar, el mínimo común preventivo: pusimos fin a la concursabilidad de los fondos para avanzar en nivelar la cancha, maximizar el rol del Estado en seguridad. Además, aumentamos en un 65% el presupuesto para las municipalidades. Con acciones efectivas estamos ayudando a los alcaldes, que es la puerta de entrada de los ciudadanos en su relación con el Estado”, planteó el subsecretario.
Finalmente, Eduardo Vergara agregó que “es muy necesario robustecer el rol preventivo de los municipios a través del proyecto de ley que prontamente enviaremos al Congreso y que cuenta con un amplio respaldo de las tres asociaciones de alcaldes con quienes nos reunimos el pasado martes en La Moneda, para entregarles detalles de esta iniciativa legal. El proyecto busca fortalecer el rol de las municipalidades en las tareas de Seguridad Pública y Prevención del Delito. Para ello, se crea nueva institucionalidad en la materia, fortaleciendo los patrullajes mixtos, fortaleciendo al inspector de seguridad municipal, incorporando mayor coordinación entre los actores del sistema de seguridad, que vienen a complementar y enriquecer el Consejo y Plan Comunal de Seguridad Pública, y se dispone que los instrumentos de planificación territorial incluyan enfoques de seguridad”, detalló.
