La escasez de agua es una problemática mundial, sin embargo, no afecta a todos los países por igual. Chile es altamente vulnerable al cambio climático, y la sequía de la última década nos ha golpeado fuertemente. No en vano nos encontramos entre los veinte países con mayor estrés hídrico del mundo y, a raíz de la drástica reducción del nivel de precipitaciones, más del 50% de la población chilena ha estado bajo decretos de escasez hídrica en los últimos años.

Según el estudio (2019) de World Resources Institute del Pacto Mundial de las Naciones Unidas, Chile se encuentra en el primer puesto en Latinoamérica en el listado de países que se enfrentan a una demanda de agua mayor a la cantidad disponible, y en el puesto número 18 a nivel mundial, y sus principales problemas corresponden en un 44% a fallas en la gestión del agua y su gobernanza; el 17% es provocado por el crecimiento de las actividades productivas y el sobreotorgamiento de derechos de aprovechamiento de aguas; y un 14% por la contaminación del agua, como el uso de productos químicos en la agroindustria (Fundación Chile).

Cuando, en 2010, Naciones Unidas reconoció explícitamente el derecho humano al agua y al saneamiento, y afirmó que el acceso a agua potable en cantidad y calidad suficientes, así como el acceso a saneamiento seguro, eran imprescindibles para la realización efectiva de cualquier otro derecho, arrancó un intenso proceso para determinar el modo de garantizarlo. Desde entonces hemos tenido un importante debate social y político en Chile, y finalmente logramos que se reconocieran prioridades en el uso de las aguas en la Reforma al Código del Agua.

Así, en marzo de 2022, se promulgó la Ley 21.435, que recoge el reconocimiento y acceso al agua y saneamiento como un derecho humano esencial e irrenunciable, que debe ser amparado por el Estado; y que se trata de un bien público, cuyo dominio y uso pertenece a todos los habitantes de la Nación. En efecto, la ley consagra que siempre prevalecerá el uso para el consumo humano, el uso doméstico de subsistencia y el saneamiento, tanto en el otorgamiento como en la limitación al ejercicio de los derechos de aprovechamiento de aguas.

A su vez, Naciones Unidas ha puesto de manifiesto la urgencia de poner el agua en el centro de las agendas, convocando, por primera vez en 50 años, una Conferencia General sobre el Agua del 22 al 24 de marzo del presente año. Con el objetivo de hacer un examen profundo respecto a la puesta en marcha del Decenio Internacional por el Agua y el Desarrollo Sostenible, donde participarán más de 190 Estados miembros, organizaciones civiles, universidades, y organismos supranacionales acreditados ante Naciones Unidas, de hecho desde nuestra región también estaremos representados por el Gobernador Regional de Valparaíso. La Conferencia creará un cuerpo teórico que esperamos será referente del debate político y social sobre el agua en los próximos años.

A partir de lo anterior, hacemos un llamado a establecer un Pacto Nacional por el Agua, con actores públicos y privados, que de manera transversal podamos diseñar una agenda común, que establezca no solo objetivos, sino principalmente acciones concretas

La búsqueda de consensos para ello debe considerar al Gobierno, al Poder Legislativo y al conjunto de actores que han de estar vinculados, sobre todo la sociedad civil, las autoridades Regionales y locales, la academia, científicos, empresas, y organizaciones no gubernamentales, contando con el asesoramiento experto de organismos supranacionales como la Comisión de Gobernanza de Agua de la OCDE, el Foro de la Economía del Agua o el Banco Iberoamericano de Desarrollo.

En la elaboración del Pacto Nacional del Agua deberíamos considerar la implementación de medidas que permitan incrementar la calidad y la eficiencia, así como asegurar la sustentabilidad económica, ambiental y social de los servicios de agua, estableciendo condiciones homogéneas en el disfrute de este derecho entre todos los ciudadanos, ya vivan en entornos urbanos o rurales; la modernización de infraestructuras y la introducción de nuevas tecnologías; la reutilización y el ordenamiento territorial para la desalinización del agua mediante una gestión integrada de todos los recursos hídricos del sistema, con legitimidad de comunidades y el mayor estándar ambiental posible, entre otros aspectos.

También es relevante la implantación de centros de conocimiento que permitan el análisis y la valoración de información para el eficiente uso de los recursos; la incorporación de herramientas de regulación que obliguen a la medición de huella hídrica en los procesos de contratación de las administraciones públicas, así como en las explotaciones agrícolas y ganaderas y en la industria.

El Pacto Nacional por el Agua debe ser una estrategia integral en torno al agua, que priorice su disponibilidad para las personas y la naturaleza, pero sobre todo debe escuchar la voz de los territorios, y de quienes deben enfrentar una realidad que hasta ahora ha privilegiado el uso del recurso solo con fines industriales, dejando de lado la calidad de vida y la satisfacción de necesidades básicas de nuestra gente.