La Secretaría de Participación Ciudadana para el nuevo proceso constituyente se puso en marcha hace algunos días en una sala con la Comisión Experta completa, autoridades universitarias y políticas varias. Sin ninguna organización social que participara de la actividad, Claudio Troncoso –uno de los encargados del proyecto– dijo estar “acompañado de un muy buen equipo, así que eso es un elemento que tranquiliza para llevar a cabo esta enorme tarea, que creo que es muy importante, de llevar a cabo junto a la ciudadanía y los demás órganos del proceso constituyente”. Desde ya las universidades están trabajando para, en un tiempo muy acotado, lograr hacer llegar las aprensiones ciudadanas a sus próximos representantes que escribirán el proyecto de nueva Constitución.
La Pontificia Universidad Católica de Chile y la Universidad de Chile están a cargo de llevar a cabo la tarea de propiciar un proceso de participación ciudadana que sea capaz de involucrar a la población con el proceso constituyente. Proceso que, hasta ahora, no se sabía bien cómo se implementaría y que era necesario, pues existe un mandato constitucional que lo ordena:
“El reglamento contemplará mecanismos de participación ciudadana, la que tendrá lugar una vez instalado el Consejo Constitucional y será coordinada por la Universidad de Chile y la Pontificia Universidad Católica de Chile, a través de fórmulas que permitan la participación de todas las Universidades acreditadas. Dichos mecanismos contemplarán la iniciativa popular de norma”, dice el artículo 153 de la Constitución actual.
Antes de que los mecanismos establecidos se pongan en marcha (el 7 de junio), se llevarán a cabo dos procesos. El primero, que está en curso, es una recopilación de los trabajos de participación ciudadana que se hicieron en los procesos constitucionales anteriores, el de Bachelet y el de la Convención Constitucional. Se desarrollará un trabajo colaborativo con Organizaciones de la Sociedad Civil y Biblioteca del Congreso Nacional, que busca entregar un informe sistematizado para fines de marzo.
Por otro lado, a partir del 6 de abril, comenzará el proceso de formación ciudadana, educación cívica y difusión del proceso constituyente. Este último se materializará en actividades que buscan preparar a la ciudadanía para poder, efectivamente, ser parte del proceso. Difusión, educación cívica, explicación sobre el proceso constituyente e instancias presenciales serán las formas que adoptará el proceso de formación ciudadana. En esto, será aún más importante la colaboración de las universidades acreditadas y los órganos del Estado.
Una vez electo el Consejo Constitucional, comenzarán a operar los mecanismos. El primero, de Iniciativas Populares de Norma, recoge la idea de la Convención Constitucional para que las personas sugieran enmiendas (suprimir, sustituir, modificar o adicionar normas) a artículos del anteproyecto, a través de la recolección de firmas digitales que obtendrán con su Clave Única. Es evidente que no todas las sugerencias llegarán al Consejo Constitucional, sino las que alcancen 10 mil firmas, de al menos cuatro regiones distintas y cumplan los demás requisitos reglamentarios. Este proceso tendrá una duración de un mes y comenzará el 7 de junio.
Otro proceso es el de Audiencias Públicas. En esta instancia, diferentes grupos y organizaciones de la sociedad civil, podrán solicitar un audiencia para plasmar su punto de vista en algún asunto que tenga relación con el anteproyecto de nueva Constitución. A diferencia de la Convención Constitucional, solo algunas audiencias se llevarán a cabo ante el Consejo Constitucional, las otras, serán recibidas por las distintas universidades acreditadas sobre la base de un criterio de distribución territorial determinado por la Secretaría Ejecutiva. El periodo para solicitar audiencias comienza el 7 de junio y termina el 14 del mismo mes.
Una instancia similar son los Diálogos Ciudadanos, que pretenden ser un mecanismo de diálogo y deliberación sobre el anteproyecto. Pretende ser un espacio de alta diversidad, representatividad e interacción entre grupos de ciudadanos, no con los Consejeros. La instancia se llevará a cabo a través de una convocatoria que se encargará a la Secretaría y la otra, de forma abierta, participarán personas o grupos con una pauta entregada por el mismo organismo. Los diálogos se llevarán a cabo durante los primeros 30 días de iniciado el Consejo y, luego, la Secretaría tendrá 15 días para sistematizar lo que se recogió de dichos diálogos.
El último mecanismo es ya más conocido y rescata la metodología hecha por el proceso anterior: Consultas Ciudadanas. Las personas, de manera virtual con Clave Única, podrán expresar breves opiniones respecto a normas contenidas en el anteproyecto. Este mecanismo estará habilitado durante los primeros 30 días luego de iniciado el Consejo Constitucional.
En la experiencia anterior, el proceso de participación ciudadana fue uno de los puntos en donde se dedicó mucha energía y trabajo, pues el hecho de vincular a la ciudadanía con el proceso mismo parecía ser la llave para su éxito. Como se sabe, no fue necesariamente así y, si bien este proceso cuenta con mecanismos de participación, su conexión para con la ciudadanía aún está al debe. Así mismo lo asumió la presidenta de la Comisión Experta, Verónica Undurraga, a El Mercurio este fin de semana: “La ciudadanía no está comprometida con este proceso”.
El sociólogo de la Universidad de Los Lagos, director del Centro de Investigación Sociedad y Políticas Públicas, Gonzalo Delamaza, es un referente en el tema de participación ciudadana y fue director de la Secretaría de Participación Popular en el proceso constituyente anterior. De la experiencia en la Convención Constitucional rescata el número de audiencias y participación en las Iniciativas Populares de Norma: “Fueron unas 1.600 audiencias que se sostuvieron en la etapa de elaboración de reglamento y definición de comisiones y las IPN donde 980.000 personas participaron”. Si bien admite que hubo problemas de diseño, reconoce que otros aspectos, como los mencionados, “fueron muy positivos”.
El principal problema del proceso anterior, que de alguna manera sirve para contrastarlo con el que ya está en curso, es el tiempo. Delamaza destaca que se necesita “un tiempo adecuado” para sistematizar y a la vez cumplir con la entrega de la propuesta de nueva Constitución. Además, cree que “el hecho de que en Chile nunca se hubiese realizado una como la que hizo la Convención, dificultó que se tuviera conciencia de eso, tanto para la participación como en general para la deliberación constitucional”.
Hasta ahora, la ciudadanía no ha sido parte del proyecto constituyente y, para el académico, “es obvio que este proceso, este tercer intento, es un intento diseñado en función de los intereses de resolución política del Congreso y en cierto modo el Ejecutivo”. En definitiva, advierte que hay que tener en cuenta que el actual tiene menos tiempo que el proceso anterior y “es un proceso con límites muy claros y, por lo tanto, las posibilidades del proceso participativo son menores”.
Sin embargo, el sociólogo destaca el hecho de que exista un periodo de formación y socialización ciudadana y, como son menos mecanismos a desplegar, “se pueden explicar más fácil”. Un punto que cuenta con factores ambivalentes es que los resultados de la participación estarán dirigidos a la discusión del anteproyecto. Para Delamaza eso “es un punto en contra en cierto modo, porque cierra el proceso, lo estrecha, pero por otro lado permite que, si se hace bien, pueda ser mucho más trazable. Se puede ver con mucha claridad cómo son recogidas las enmiendas que la ciudadanía plantee”. El énfasis debe estar, dice, en la sistematización y en la devolución de los contenidos de participación, “que es un elemento muy significativo que no debe perderse”.
Otro punto importante que rescata la Secretaría de Participación Ciudadana, según Delamaza, son las Iniciativas Populares de Norma. En términos metodológicos el académico califica con nota positiva este mecanismo: “El 30% de las iniciativas estaban completamente contenidas en el texto, lo cual es una incidencia altísima. Un 60% estuvieron parcialmente contenidas. Solamente el 10%, 8 iniciativas, se puede considerar que no estuvieron incluidas de ninguna manera, entre ellas ‘Cárcel para Piñera’, ‘Cannabis ahora en la Constitución'”.
El problema que tuvo ese mecanismo, y que es importante de sopesar para este proceso, es que “las iniciativas que se propusieron y obtuvieron amplio apoyo, como por ejemplo ‘Con mi plata no’, hizo una campaña muy desleal o no comprendiendo el mecanismo, asumiendo que por haberse presentado con un número importante de firmas, poco menos que debía entrar a la Constitución, cuando el mecanismo que había suponía un nuevo canal para ingresar iniciativas y no para aprobarlas”, explica el sociólogo. Lo importante, puntualiza, es que después de muchos años “se considera como un mecanismo válido, incluso por aquellos sectores políticos que se oponían acérrimamente”. Por lo demás, explica que, para que estas propuestas se materialicen, “siempre tendrá que haber una mayoría política que esté de acuerdo con los planteamientos de la iniciativa, pero si no, no hay posibilidad de prosperar”.
Si bien el académico de la Universidad de Los Lagos señala que el hecho de que las universidades estén a cargo de este proceso es porque cuentan con la confianza ciudadana, cree que “lo lógico hubiese sido que el Consejo Constitucional hubiese tomado la responsabilidad”. Sin embargo, califica como “buena cosa” que sean universidades que cuenten con experiencia del proceso anterior, como lo son la Universidad Católica y la Universidad de Chile.
Un punto a considerar, que no se ha tomado en cuenta, tiene que ver con el “diseño tan restringido”, sostiene Delamaza. El experto explica que una de las ausencias más significativas que existe en el proceso actual “es la presencia de las regiones, pues ni en la Comisión Experta ni el el Comité Técnico y tampoco en la Secretaría de Participación se consideró algo más allá de la ciudad de Santiago, y eso es una limitación que se tiene que resolver”. A pesar de eso, evaluando el contexto actual, Delamaza piensa que “el rol de las universidades puede ser bueno para llevar la Secretaría de Participación” y que no hay que olvidar que la responsabilidad de los mecanismos “la va a tener el Consejo Constitucional”.
