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El Congreso Nacional y el Gobierno parecen dispuestos a continuar tratando de arreglar los problemas de seguridad pública con normas legales cada vez más complejas. No han terminado de autocongratularse por la aprobación de la ley llamada Naín-Retamal, cuyo alcance está siendo objeto de intensas discusiones en las escuelas de derecho, y ya está en debate una nueva regulación sobre el uso de la fuerza que trae una gran cantidad de principios y reglas, pero que además anuncia la necesidad de varios reglamentos.

Hasta hace poco las tareas policiales estaban muy poco reguladas. Al término de este ciclo, probablemente terminemos con una regulación abundante, poco sistemática y difícil de interpretar aun para abogados especialistas.

Pero examinemos el otro extremo de la ecuación: ¿quiénes son los destinatarios de estas regulaciones?, ¿qué capacidad de comprenderlas y aplicarlas tienen los policías que deben actuar en la calle?

Carabineros cuenta con dos sistemas de capacitación bastante estructurados, como son las escuelas de oficiales y suboficiales, en ellas existen programas de formación de larga duración, profesores de diversas especialidades y sistemas competitivos de acceso, todo lo cual permite esperar que los egresados sean profesionales con razonables capacidades para comprender y aplicar normas de cierta complejidad. La poca información disponible indica que las postulaciones a estas escuelas han descendido en los últimos años, lo cual podría afectar la calidad de sus egresados, pero se trata de problemas abordables en instituciones de educación superior.

No obstante, los carabineros de la base del sistema son formados por medio de los llamados grupos regionales. En este caso se trata de sistemas de instrucción mucho más precarios, con requisitos de acceso bastante bajos, cuya duración se aumentó recientemente, pero que tienen importantes deficiencias que han sido identificadas en diversos estudios.

Pero el problema fundamental es que los carabineros comunes de la calle siguen siendo reclutados de acuerdo con las mismas exigencias de hace varias décadas, propias de una época en que la educación del ciudadano promedio era mucho más baja que la actual. Es decir, es muy probable que hace veinte o treinta años quienes eran reclutados como carabineros se encontraran en un nivel relativamente alto dentro de los niveles educativos de su generación. También es probable que esa situación haya cambiado drásticamente. Actualmente cualquier joven chileno que ha egresado de la secundaria puede acceder a la amplia oferta universitaria o de formación técnica, incluso gratuitamente. Frente a esa posibilidad, la oferta de Carabineros no parece muy atractiva en cuanto supone entrar a una profesión donde deberá desempeñarse siempre en funciones subordinadas. Por lo tanto, deberá conformarse con reclutar jóvenes de niveles cada vez más bajos en cuanto a capacidades y formación.

La contradicción me parece evidente. El interés del Congreso por regular y sobrerregular la actividad policial da cuenta del crecimiento y la complejidad de las expectativas que sobre ella recaen. Hoy esperamos que la policía controle actividades criminales sustancialmente más complejas y peligrosas que las que solían ocurrir en el país, pero además esperamos que lo hagan en un entorno de mucha mayor visibilidad y frente a una población mucho más educada y con una expectativa de trato consistente con las mejoras que han experimentado en el resto de su experiencia vital. Pero, por otra parte, no estamos avanzando, y ni siquiera proyectando, una mejora sustantiva en el nivel profesional de los carabineros de la base, que son en definitiva aquellos sobre los que recae la responsabilidad principal en el desempeño de las tareas policiales y la aplicación de las complejas normas que se están aprobando.

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Nacido en Uruguay, pero radicado en Chile desde hace 18 años, Juan Pablo Luna, cientista político, profesor de la Escuela de Gobierno de la Universidad Católica, acaba de ganar una Beca Guggenheim para investigar sobre crisis de Estado en América Latina y su relación con los ciclos de alternancia política. Además, tiene un nuevo libro a punto de irse a imprenta –escrito junto a Andreas Feldmann de la Universidad de Illinois, Chicago– sobre crimen organizado en América Latina, donde analizan los casos de Perú, Paraguay, Uruguay y Chile.

En una entrevista entre mates y a última hora del día, perfila –con voz pausada y un suave acento rioplatense– la situación política y cómo la crisis de seguridad está permeando la agenda y la vida de todos los chilenos. “Estamos en un sistema muy metido en su lógica interna, cada vez más orientado al corto plazo, enfocado en el escándalo y la cuña del día. Y en ese proceso se ha perdido capacidad de solucionar los problemas estructurales que tiene Chile, como las grandes reformas –pensiones, salud, seguridad–, que terminan siendo bastardeadas y no procesadas, por actores que juegan todos contra todos a muy corto plazo y sin capacidad de generar soluciones a nivel de política pública”, sostiene.

-No se resuelven los temas de fondo.
-Es un show, bien livianito, un payaseo permanente. Por ejemplo, lo que pasó la semana pasada con la Ley Naín-Retamal… Las únicas reformas que se tramitan y pasan, son las que tienen apoyo masivo en la opinión pública y donde todo el sistema político queda más o menos arrinconado del mismo lado. Es la misma lógica que vimos con los retiros de las AFP. Una mala política pública, legislada a la rápida, a la que es imposible oponerse, termina siendo lo único que el sistema logra tramitar. Y, por otro lado, se los ve entrampados en una pelea que a la gente le hace muy poco sentido, que genera descontento y distancia.

-¿Estima que la Ley Naín-Retamal es una mala política pública? 
-Concuerdo con las críticas que se han planteado públicamente por un grupo de especialistas y, en particular, creo que temas tan complejos como estos requieren de una templanza, de una profundidad, de cierta parquedad necesaria, que no he visto en la discusión pública hace rato. También pienso que parte importante del problema de seguridad hoy tiene que ver con cuestiones operativas, la formación de los carabineros, aumentar el control civil sobre la institución, dotar de dientes a las divisiones de asuntos internos, construir un sistema de datos e inteligencia que permita ejercer ese control civil de forma razonable. Todo eso tiene bastante que ver con la implementación de la política pública, no necesariamente con legislación. Pero en este país hay una propensión casi automática a pensar en que la solución es legislativa o constitucional. El Estado y la política chilena tienden a pensar la sociedad desde arriba, y cuando aterrizan a nivel local, hacen agua por todos lados al momento de encauzar, tramitar y solucionar problemas que a la gente se le han vuelto cada vez más agudos.

-¿La ciudadanía no está interesada en el quehacer político?
-Hoy las grandes mayorías están alejadas y poco interesadas en la política. Con el estallido se dio un periodo de politización de la sociedad y, luego, con los años de pandemia, la crisis económica, la experiencia muy mala de la constituyente, la irrupción del tema seguridad, la gente se volcó nuevamente hacia lo privado, hacia sus problemas, y hoy está nuevamente retraída, en mi opinión. Y mientras tanto tenemos un sistema político que se quedó pegado en esa lógica de confrontación que le hace muy difícil gobernar a cualquiera.

-¿Realmente la crisis de inseguridad es de tal dimensión o está amplificada? 
-Chile sigue siendo una de las sociedades más seguras de América Latina en términos comparativos.

-¿Más que Uruguay?
-Uruguay hoy tiene casi tres veces más homicidios cada 100 mil habitantes que Chile. Lo que ha pasado en Chile es que obviamente la sensación de violencia e inseguridad ha aumentado, lo que tiene que ver con el piso del que se parte, que es de los más bajos en términos comparativos de América Latina, pero también con dinámicas recientes que se reflejan en una mayor visibilidad de la violencia. Eso genera mucho miedo y comprensiblemente mucha alerta a nivel ciudadano. A nadie lo deja tranquilo que le digan que en América Latina estamos bien o que, si uno mira la estadística de victimización, lo que encuentra es que la tasa es más baja que en años anteriores, pero lo que ha cambiado es que hoy tenemos crímenes más violentos. Es una criminalidad más violenta, más notoria de lo que era en el pasado, y eso genera temor y preocupación en la ciudadanía.

-¿Influye la llegada de extranjeros?
-Tras los cambios en los patrones delictivos está la influencia de repertorios criminales que se han vuelto más prominentes a raíz del descontrol migratorio de los últimos años. Pero obviamente eso no supone criminalizar al migrante o desconocer que en Chile, por ejemplo, el microtráfico a nivel territorial está asentado hace décadas y es dominado por bandas chilenas. Para poder analizar estos patrones emergentes, son necesarios datos confiables y sistemáticos.

-¿Existen esos registros? ¿Dónde?
-Esos datos hoy no los tenemos. Un Estado sin datos, o con datos que solo tienen y construyen actores cuyo conflicto de interés puede atentar contra su integridad, es un Estado que opera a ciegas y sin capacidad real de ejercer control civil sobre las policías. Además de datos, requerimos precisiones conceptuales.

-¿A qué se refiere?
-Hoy se asocia automáticamente la violencia al narco, y el narco al crimen organizado. El crimen organizado más efectivo funciona con bajos niveles de violencia. El narco que genera más dinero en Chile, es pacífico. Me refiero, por ejemplo, a los macroembarques o a las redes de tráfico no territorial en sectores ABC1.
Si tenemos efectivamente tanto crimen organizado en Chile, el presupuesto que se destina a seguridad puede terminar capturado por esas redes de corrupción sobre las que se articula. Por otro lado, hay otras manifestaciones de crimen organizado, como el secuestro extorsivo, la venta de remedios en ferias o el cobro de impuesto de seguridad, que funcionan con distintos tipos y niveles de violencia. Algunos de estos mercados ilegales generan violencia, otros no. Lo que hay son distintas expresiones delictivas, que se han expandido en toda la región en el período pospandemia. No todo es crimen organizado, no todo es narcotráfico, pero sí es claro que hay nuevos patrones de criminalidad sobre los que se requiere un nivel de inteligencia y capacidad operativa que el Estado chileno hoy debe desarrollar.

-Sin embargo, la discusión –por lo menos la más pública– se ha centrado en el apoyo a Carabineros.
-Lo importante de entender es que el problema de inseguridad que sufrimos hoy tiene mucho más que ver con patrones complejos asociados a la economía y sociología política de la criminalidad, en Chile y la región, que con la falta de condena retórica a la violencia durante el estallido. O con la falta de apoyo a Carabineros. Eso es contarse un cuento que solo sirve para seguir con el payaseo que nos tiene donde nos tiene. Quienes recurren a ese sonsonete, si no son cínicos, son miopes. Tras los patrones que tenemos hoy de criminalidad y violencia en la sociedad chilena, hay una serie compleja de causas, no todas exclusivamente chilenas. Y respecto a las policías, hay que recordar que el derrumbe de la confianza institucional en Carabineros no se produce en el estallido. Dicha caída se empieza a dar con el “Pacogate” (2017), se profundiza con la “Operación Huracán” (2017) y luego termina de caer con la politización de su actuar en la represión de la protesta durante el estallido (2019). Lo que hay hoy es una recuperación de la valoración social de la policía por la crisis de seguridad, pero eso no puede llevarnos a una situación en la cual simplemente se le traspasan recursos a Carabineros, nuevas capacidades y prerrogativas sin contrapartida, que tenga que ver con mejoras sustantivas en cómo funciona la institución. Apoyar a Carabineros, si eso se quiere plantear de forma seria, también supone aceptar que la institución requiere reformas y mejoras significativas. De lo contrario, lo que hoy vemos como apoyo terminará probablemente siendo un búmeran. Carabineros es sin duda una parte clave de la solución a los problemas de seguridad, pero es y ha sido también una parte del problema.

-Con la Ley Naín-Retamal en ejercicio, ¿qué se puede esperar en una manifestación, por ejemplo, para el 1 de mayo?
-Muchas veces el debate público confunde la acción represiva de Carabineros, en cuanto a acciones de protesta, a su acción en temas de seguridad. Es parte de la superficialidad del debate que estamos teniendo. Yo no soy especialista en temas de control del orden público, por lo que prefiero que esa pregunta la responda quien entienda de ese tema.

Frente Amplio: llegada anticipada al poder

Luna asegura que las deficiencias del sistema político más convencional permitieron que el actual Gobierno llegara antes de tiempo al poder. Por lo que ha tenido que hacer un aprendizaje forzado. “Si el sistema de partidos tradicional hubiese estado funcionando bien, tal como parece pensar buena parte de los viejos elencos políticos del país, el Frente Amplio no hubiera crecido tan rápido. Habría tenido que crecer de a poco, perdiendo elecciones, teniendo que construir una organización potente. La victoria de Apruebo Dignidad en la elección pasada tiene que ver con el espacio que deja un sistema político en crisis. Y esa crisis persiste. Esa condición de origen, lo fácil y rápido que llega el Frente Amplio al poder, tiene como contrapartida su inmadurez. Hoy veo un Gobierno en proceso de aprendizaje, que ha sido muy rápido, aunque también lleno de ambigüedades. Hay que reconocer, no obstante, que el Gobierno, al menos en la figura presidencial, ha cambiado radicalmente su agenda, para adaptarse a condiciones que no previó antes de llegar al poder.

-¿Ha significado sacrificar el programa?
-Eso es parte de gobernar en una sociedad y contexto complejo como el que tiene Chile hoy. Lo que me sigue sorprendiendo es la incapacidad de la oposición de entender que, en una coyuntura como la actual, si el Gobierno se hunde, también se hunde su oposición más sistémica. Lo entiendo porque este Gobierno, cuando fue oposición, lo hizo de manera muy dura. Pero dado que ahora todos tienen experiencia de gobierno –me refiero a los actores principales del sistema, aquellos comprometidos, más allá de su ideología con la institucionalidad democrática–, me parece que debieran intentar cooperar más activamente. De alguna forma lo que no deja de extrañarme, dada la gravedad de la situación, dada la imposibilidad que tenemos de solucionar los problemas estructurales del país, que al Gobierno se lo siga acosando por sus actitudes del pasado, se lo fustigue todo el tiempo por cuestiones livianas en este circo que tenemos configurado todos los días. Me parece que se está perdiendo una oportunidad de que el sistema político coopere, logre romper la espiral de deterioro en la que estamos, en ese sentido –con mucha ambigüedad, con errores– el Gobierno ha hecho gestos de apertura, de entender dónde está parado y de abrir juego, que debería ser aprovechado y asumido por la oposición. Entiendo la racionalidad de corto plazo y el cálculo electoral, pero creo que si la oposición democrática se obsesiona con competir con Republicanos y el PDG, haciéndole oposición a este Gobierno, terminará hundiéndose con él, porque el deterioro persistirá.

-Y en este contexto, ¿cómo evalúa la figura del Presidente?
-Siempre me ha parecido un liderazgo abierto al diálogo y a ser persuadido de la necesidad de apostar, de tomar caminos en los que en un principio no cree. Y eso, para mí, en una coyuntura como la actual, es una virtud. Aunque tal vez sea una comparación injusta, porque los contextos son diferentes, mi impresión es que, si uno compara con el liderazgo del ex Presidente Piñera en el estallido, ahí hay una diferencia fundamental. Boric entiende que esto no se trata de él y su legado, y me parece un liderazgo mucho más abierto al diálogo y a la escucha de quien piensa diferente. Si uno considera que para el Gobierno de Boric el resultado del 4 de septiembre y la actual crisis de seguridad es el equivalente a un estallido, me parece que ha dado más señales de apertura, a cambiar de opinión, a mover los elencos, a abrir el juego a una negociación más amplia que lo que vimos con Piñera durante el estallido, al menos hasta el 15 de noviembre, cuando deja ir la Constitución.

Nueva Constitución, estallidos y futuro

Juan Pablo Luna señala que simbólicamente es importante que Chile tenga una nueva Constitución.

“A mediano plazo es posible que, si la Constitución logra hacer cambios en la institucionalidad democrática, en las reglas electorales, contribuya a mejorar marginalmente la calidad de la política. Se habla, por ejemplo, de reducir la fragmentación partidaria y en el Congreso, por la vía de reformas institucionales que propendan a eso”.

-¿Menos partidos mejora el sistema político?
-Tener menos partidos no significa tener mejores partidos. Eso seguirá dependiendo de condiciones que escapan al diseño constitucional. Por eso, aun en esos ámbitos donde la apuesta de quienes están escribiendo la Constitución parece ser importante, a mí me genera dudas respecto a su impacto en cambiar la realidad. Simbólicamente es importante, puede dotar de racionalidad en los márgenes al juego político de acá a un tiempo, pero los problemas fundamentales hoy pasan por que la política logre tramitar reformas que son ampliamente ansiadas por la ciudadanía. También se trata de mejorar el funcionamiento del Estado. Sin esa capacidad, el cambio constitucional llegará tarde, porque la nueva Constitución funcionará en el contexto de un deterioro institucional al que no podrá contrarrestar. En ese sentido, es importante que quienes están diseñando la Constitución lo hagan pensando en la posibilidad de que pueda ser instrumentalizada por un liderazgo antisistema. En otras palabras, tal vez haya que pensar con más profundidad cómo diseñar una institucionalidad que logre hacer más difícil una recesión autoritaria, que hoy se vislumbra posible.

-¿Qué pasó con el nuevo Chile que se anunciaba hace casi cuatro años?
-Lo que había en el estallido era una serie de demandas y de reclamos respecto a las promesas incumplidas del modelo, especialmente desde el punto de vista de los jóvenes de capas medias. También había frustración larvada en los sectores populares, pero más en una clave que mi colega Sergio Toro ha conceptualizado como “desesperanza aprendida”. Pero esas demandas no estaban estructuradas, no tenían liderazgos capaces de representar eso en el sistema político. Muchas de esas demandas estaban formuladas en clave negativa, antisistema, más que en función de un proyecto colectivo. Y muchas veces eran demandas individuales difíciles de representar por las fuerzas políticas. Desde el sistema político hay una incapacidad de vertebrar ese descontento y traducirlo en un programa de cambios que le haga sentido a la gente. Ahí hay un déficit interpretativo, especialmente visible también en la Convención. Uno podría extender esto a Apruebo Dignidad y su campaña electoral, con la que termina ganando la elección. Como en períodos anteriores, como también les pasó a los convencionales, Apruebo Dignidad sobreinterpretó su victoria electoral.

-¿Entonces la respuesta a esas demandas no era redactar una nueva Constitución?
-Siempre argumenté que la Constitución era relevante, pero no nos sacaría de este embrollo. Tampoco creo que la cosa hoy pase por una agenda compulsiva de proyectos de ley y reformas sectoriales. En aquel entonces, dije que había que hacer un esfuerzo por cuadrar un nuevo pacto social y no solo incorporar a quienes demandaban cambios sino también al sector empresarial, a liderazgos territoriales, a actores clave de la sociedad civil y a la clase política transversalmente. En una sociedad compleja como la actual, eso quizás sea una quimera, pero había que intentarlo. Tratar de generar acuerdos básicos respecto a un futuro posible para Chile: cómo crecer, con qué criterios redistribuir, cómo avanzar hacia una sociedad de cuidados que logre aterrizar demandas fundamentales del movimiento feminista, en torno a un modelo de desarrollo que logre ser sustentable ambientalmente y en términos de su enraizamiento social. Siento que la política hoy se ha quedado sin la capacidad de ofrecer un futuro deseable a la sociedad. Lo que tenemos es un presente tortuoso, y nos estamos hundiendo debatiendo sin pausa quién tiene más la culpa de habernos traído hasta este presente.

-¿El pacto social ha funcionado en alguna parte, hay un modelo?
-Hay múltiples experiencias en países europeos. Un caso bien interesante es el de Holanda, que tiene una crisis de desarrollo muy profunda en los 70 y 80, que termina propiciando una salida cooperativa entre los principales actores del sistema: Estado, sindicatos, empresarios. Hoy se necesita más que eso, y tal vez no sea posible. Pero modelos respecto a los objetivos que hay que intentar alcanzar, hay. Necesitamos consensuar hacia dónde tiene que ir el país, cómo vamos hacia allá, con qué costos y cómo los mitigamos. Necesitamos una serie de orientaciones generales que sean tratadas como políticas de Estado, como consensos básicos que escapan, por lo mismo, a este payaseo de la cuña diaria.

-Esa chusma de la que habla en su libro “La chusma inconsciente”, ¿donde quedó? ¿Sería posible otro estallido?
-Los estallidos son imposibles de prever. Si sabemos dos cosas: primero, la historia chilena registra, cada cuarenta o cincuenta años, estallidos violentos. Entre ellos las elites dominan y generan orden, pero es un orden excluyente, que finalmente termina impugnado por un desborde social. Segundo, en el mundo contemporáneo, este tipo de desborde social de la institucionalidad se viene dando cada vez más seguido y en todo tipo de países. Por tanto, es probable que veamos eventualmente otros estallidos en plazos más cortos. No obstante, como planteaba anteriormente, al menos a corto plazo hoy la gente parece estar refugiada en su esfera privada, tras las rejas. Parte del problema de la clase política es que está muy pegada en evitar otro estallido, otra situación de desborde como fue en alguna medida la elección de convencionales y el proceso constituyente anterior. Y ese miedo la ha llevado a intentar controlar todo desde arriba, nuevamente. A corto plazo ese control puede generar la sensación de estabilidad, de haber recuperado el control. Para mí es una ilusión porque, con o sin estallido, hoy la clase política tiene menos poder para gobernar la sociedad del que tenía hace pocos años. Eso también tiene que ver con la crisis de la democracia a nivel global. Son sociedades que se han vuelto muy complejas, con estructuras de conflicto muy atomizadas, muy difíciles de representar y canalizar por la institucionalidad política tradicional, donde se dan estos espasmos de protesta y desborde institucional. Y no tenemos a la mano soluciones institucionales que hayan logrado lidiar todavía con esa complejidad. Por eso, muchas de estas crisis terminan generando recesiones autoritarias.

-¿Aparecen partidos “a la medida”?
-No son partidos, aunque se llamen partidos. Son vehículos electorales que no cumplen con las funciones que los partidos desarrollaban en el pasado. Esas funciones pasaban por contener, simplificar y canalizar el conflicto. Hoy eso no hay quién logre hacerlo. Entonces se moviliza por la negativa, armando movimientos electorales que movilizan de modo contingente múltiples descontentos, a los que luego no se puede responder desde el poder. Y cuando el sistema se queda sin alternativas legítimas, aparecen liderazgos que terminan barriendo a todo el sistema político y que fuerzan una deriva autoritaria.

-¿Se pueden hacer pronósticos en ciencia política, hacia dónde podría ir la sociedad chilena?
-Es muy prematuro todavía, el tiempo está tan comprimido en política que es muy difícil saber quién va a terminar beneficiándose de la próxima coyuntura. Pero es obvio que, si la lógica con que está funcionando el sistema político hoy no logra transformarse radicalmente, y de modo que logre reconectar con la ciudadanía, la mayoría de quienes ocupan posiciones de poder hoy van a salir trasquilados. Para ser claro, me refiero a los principales actores del sistema, en el Gobierno y en la oposición.

-¿Habría una renovación?
-Una alternancia más dramática de la que hemos vivido hasta ahora.

-Se refiere a figuras cómo Kast, Carter, Parisi…
-De nuevo, el protagonista está por definirse, pero el guion está escrito.

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Los ministros de Energía y Medio Ambiente del G7, reunidos en la ciudad japonesa de Sapporo, se marcaron este domingo el objetivo de reducir las emisiones de CO₂ de todos sus vehículos al menos en un 50 % para 2035 (respecto a los niveles del año 2000).

Los ministros del G7, en las reuniones preparatorias para la cumbre de los próximos 19 a 21 de mayo en Hiroshima, se comprometieron también a abandonar los combustibles fósiles más rápido e instaron a otros países a hacer lo mismo, pero no acordaron ningún nuevo plazo para poner fin a las fuentes de energía contaminantes como el carbón.

Aunque el lenguaje empleado en la declaración final refleja la profundidad de los desacuerdos en el grupo de las naciones más industrializadas, con el anfitrión, Japón, liderando un rechazo contra las propuestas más ambiciosas discutidas, la ministra francesa de Transición Energética, Agnes Pannier-Runacher, dijo que la redacción de “eliminación gradual” era, sin embargo, un “fuerte paso adelante” antes de las cumbres del G20 en septiembre en Nueva Delhi y la COP28 que tendrá lugar a finales de año en Dubái.

Industria automotriz

La reducción de emisiones de los vehículos se enmarca en el objetivo global de alcanzar las emisiones netas cero del sector del motor para 2050, lo que requerirá acciones claves en la industria de todos los países, incluyendo las medidas ya aplicadas por los miembros del G7 para lograr que el 100 % de las ventas de nuevos vehículos de pasajeros sean modelos sin emisiones para 2035.

Para lograrlo, se comprometen a cooperar en los trabajos para desarrollar infraestructuras de producción de vehículos eléctricos, así como sistemas de carga, además del apoyo de combustibles neutros en emisiones, según la declaración conjunta.

Otras medidas mencionadas son los esfuerzos para “armonizar métodos que garanticen el suministro de materiales para baterías”, y para apoyar el reciclaje de estos dispositivos de almacenamiento energético.

Críticas de Lemke

La ministra alemana de Medio Ambiente, Steffi Lemke, dijo en una rueda de prensa tras la firma del documento que “no es un secreto que los diferentes países del G7 tienen diferentes opiniones con respecto a la energía nuclear”.

El Gobierno alemán, que ayer desconectó sus últimas centrales nucleares, criticó en Sapporo el compromiso del grupo para alcanzar “cada uno a su propio ritmo” una sociedad libre de combustibles fósiles, que incluye la dependencia de la energía nuclear.

El documento firmado hoy por los países del grupo dice que “los países que optan por utilizar la energía nuclear reconocen su potencial para proporcionar energía baja en carbono asequible que pueda reducir la dependencia de los combustibles fósiles, para abordar la crisis climática y garantizar la seguridad energética mundial”. El texto destaca que estos países se comprometerían a “maximizar el uso de los reactores actuales de forma segura y eficiente y al avance de una operación segura a largo plazo”, siendo Japón, el anfitrión del encuentro, el país que más ha abogado por este punto.

Otro punto de desacuerdo es el vertido al mar del agua contaminada y tratada que se acumula en la central nuclear de Fukushima.

“Tenemos un respeto profundo por los esfuerzos del Gobierno japonés, pero no podemos dar la bienvenida al vertido de estas aguas”, dijo Lemke.

El texto firmado hoy también hace referencia a este vertido y asegura que se llevará a cabo “de conformidad con las normas de seguridad y el derecho internacional sin causar daño a los seres humanos y al medioambiente”.

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La ausencia de la ministra de la Secretaría General de la Presidencia es uno de los temas recurrentes que se escucha en el Congreso y en La Moneda. Es que tras 34 días de ausencia llaman la atención y más aún ahora que existe una abultada agenda legislativa de la cual la ministra no ha participado. Una preocupación del partido socialista, a parte de la salud de la ministra, es que Ana Lya Uriarte es parte del comité político y, en caso de no poder seguir asistiendo, el PS perdería un importante escaño en el comité político del Presidente Boric. 

El último evento en que la ministra fue protagonista, fue luego del rechazo de la reforma tributaria y, antes, en el cambio de mando se le vio abrazando a la ex ministra de Relaciones Exteriores Antonia Urrejola luego de que la removieron del cargo. Luego del rechazo de la reforma tributaria, la ministra ha presentado tres licencias médicas seguidas debido a un cuadro de anemia y complejidades respiratorias que se vienen arrastrando desde el 31 de diciembre, cuando se contagió de covid-19.

Nunca es un buen momento para estar ausente, pero definitivamente este es uno de los momentos más comprometedores. Con el acuerdo de 31 proyectos de ley en seguridad que ingresarán al Congreso, la Moneda tiene su carta negociadora en el banco de suplentes y, como advierten los presidentes de las cámaras, este acuerdo es una priorización de materias, lo que no significa que no vaya a haber debate. 

No hay mucha claridad respecto al futuro próximo de Ana Lya Uriarte. Es por eso, que el PS lleva al menos dos semanas evaluando distintos escenarios para no perder ese lugar en el comité político, según constató El Mercurio. 

Una opción es que el actual subsecretario del interior, Manuel Monsalve (PS), sea el reemplazo de Uriarte en Segpres. Es que Monsalve goza de una buena evaluación, experiencia parlamentaria y capacidad de negociación con la oposición. Además, fue una opción real que casi se concreta el pasado 6 de septiembre. Cambio que se vio frustrado tras la revelación de los tuits de Nicolás Cataldo. 

Un contra, sin embargo, es que Monsalve figura como uno de los principales personajes que sostienen la agenda de seguridad del Ejecutivo. Otras opciones, según constata El Mercurio, serían el ex presidente del Senado Álvaro Elizalde, José Miguel Insulza o Isabel Allende. Sin embargo, estos dos últimos no parecen estar cerca de llegar al cargo. Insulza no estaría disponible y Allende no cumple con el perfil. 

Ahora, la otra preocupación para el PS es el gran desempeño que hace Macarena Lobos como reemplazo de Uriarte como ministra subrogante. Al interior del Congreso destaca su estilo dialogante y conocimiento legislativo. Además, ha logrado establecer nexos en ambas cámaras. Su trabajo brilló entre los parlamentarios luego de negociar la Ley Naín – Retamal y los movimientos que hizo para evitar la aprobación del auto prestamos. 

Según voces al interior del Congreso Lobos ha logrado un trabajo “espectacular” e incluso, advierten algunos, que es más práctica y presente que Uriarte. Comentario que preocupa al PS porque Lobos no forma parte del partido y, ante su buen trabajo, podría ocupar el puesto dentro del comité político. 

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Un 52,7% de la ciudadanía está muy de acuerdo/de acuerdo que para disminuir la delincuencia se debe decretar Estado de Excepción Constitucional en la Región Metropolitana, según la última encuesta de Pulso Ciudadano, informó radio Biobio.

Asimismo, de acuerdo al sondeo realizado durante la primera quincena de abril, el Presidente Gabriel Boric obtuvo una aprobación de un 30,8%, un aumento significativo de 5,4 puntos respecto a la aprobación de marzo 2023 (25,4%).

En tanto, marcó una desaprobación de un 54,8%, una baja de 6,2 puntos con relación a la desaprobación de marzo 2023 (61%). Mientras que un 14,3% no sabe cómo evaluar su gestión.

En preferencias presidenciales a futuro, con menciones espontáneas, asoma José Antonio Kast con un 14,7% (-0,4), Evelyn Matthei 11,4 % (-4,9), Rodolfo Carter 6% (+2,1), Camila Vallejo 5,4% (+1,4), Michelle Bachelet 4,6% (-0,8), Sebastián Piñera 4,4% (-2,4), Franco Parisi 4,0% (+ 1,8) y Carolina Tohá 2,5% (+1,0).

Mientras tanto, el 22,6% prefiere otros, 7,1% ninguno y 17,3% no sabe.

Inseguridad

Los principales problemas del país, a juicio de la ciudadanía, son la delincuencia 50%, inflación–alza de precios 29,3%, inmigración 29,2% y narcotráfico 26,2%.

Un 36,8% de la población indica que él o algún miembro de su hogar ha sido víctima de algún robo, asalto o intento de algún robo, asalto, ya sea dentro o fuera del hogar en los últimos 3 meses.

A juicio de la ciudadanía, las 3 principales razones del aumento de la delincuencia en el país son el aumento de la inmigración ilegal (66%), aumento del narcotráfico (48,7%), y aumento del tráfico de armas (28%).

Un 78,3% de la ciudadanía está muy de acuerdo/de acuerdo que, para controlar y disminuir la delincuencia en el país, Carabineros de Chile necesita de mayor formación, preparación especializada y mayor equipamiento y tecnología.

Asimismo, un 75,9% de la ciudadanía está muy de acuerdo/de acuerdo que el mayor control y diminución de la delincuencia en el país será un proceso que llevará varios años.

Un 73,7% de la ciudadanía está muy de acuerdo/de acuerdo que para controlar la delincuencia y disminuirla se necesita una política de estado con el apoyo y participación de todos los sectores políticos del país.

En tanto, un 52,7% de la ciudadanía está muy de acuerdo/de acuerdo que para disminuir la delincuencia se debe decretar Estado de Excepción Constitucional en la Región Metropolitana. Un 22,2% está muy en desacuerdo/desacuerdo y un 25,1% no está ni de acuerdo ni en desacuerdo.

Proceso constituyente

Un 29,8% de la población está muy interesado/interesado en el Nuevo Proceso Constituyente que está viviendo el país. Un 47,9% está nada /poco interesado en este proceso y un 22,3% esta medianamente interesado.

Por otra parte, un 62,5% de la población tiene nada/poca confianza en el Nuevo Proceso Constituyente que está viviendo el país. Un 13,9% tiene mucha confianza/confianza y un 23,6% tiene mediana confianza.

Con la información que maneja la ciudadanía, hasta el momento, del Proceso Constituyente, un 27,1% estaría votando en contra del texto constitucional en el Plebiscito de diciembre 2023. Un 20,9% estaría votando a favor y un 52% no sabe aún.

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