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La Comisión de Hacienda del Senado sesionó este martes para revisar el proyecto de royalty minero. Sin embargo, fue una jornada accidentada: el Gobierno no alcanzó un acuerdo con la oposición sobre el tope máximo de carga tributaria.

Desde el Ejecutivo bajaron el tope máximo desde el 50% al 48%, descenso que no satisfizo a la oposición.

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La Comisión de Hacienda de la Cámara Alta -encabezada por el senador Ricardo Lagos Weber (PPD)- empezó a sesionar pasadas las 10:30 horas de este martes. Sin embargo, la discusión se suspendió a las 12:30, con el compromiso de retomarla a las 15:00.

Según el Diario Financiero, la ministra de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres) (s), Macarena Lobos, no llegó a la instancia debido a su participación en la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputadas y Diputados por los proyectos del sexto retiro. Ello causó molestia en algunos legisladores.

En ese contexto, la sesión se suspendió y no volvió a ser retomada.

El senador Weber comentó que “muy probablemente, dado el esfuerzo que se está haciendo, en particular desde el gobierno, para acercar posiciones con la oposición, es que vamos a tratar de introducir nuevas indicaciones al proyecto y muy probablemente tengamos que tramitarlo en las próximas dos semanas o eventualmente con posterioridad a la semana distrital”, consigna Radio Cooperativa.

“Lo relevante es que se han hecho esfuerzos significativos para que tanto las comunas que recogen las faenas mineras, las comunas y las regiones por donde sale el cobre de Chile y todo el resto de las comunas en Chile que lo requieran van a recibir parte de los recursos que se recauden de manera directa, así como también le van a llegar recursos al fisco para financiar la Pensión Garantizada Universal, la salud y la seguridad ciudadana”, añadió.

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Una extensa jornada de deliberación tuvo el Comité de Ministros presidido por la ministra del Medio Ambiente, Maisa Rojas, el cual aprobó este lunes y de forma unánime, la ampliación de la mina de cobre Los Bronces Integrado en la cordillera de la Región Metropolitana.

Si bien el Comité de Ministros aprobó el proyecto, lo hizo con una serie de condiciones ambientales que elevarán los estándares al resguardo de la salud de la población y otras que permiten un seguimiento y monitoreo del recurso hídrico, las especies protegidas de flora y fauna próximas al proyecto y glaciares circundantes. Sin embargo, las críticas de organizaciones medioambientales no tardaron en llegar. Por tal motivo, el Gobierno se defendió de los cuestionamientos apuntando a que no dañará la salud de las personas, pero no tocó el daño que producirá al medio ambiente.

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En diálogo con La Tercera, la ministra del Medio Ambiente se refirió a las medidas exigidas para aprobar Los Bronces Integrado, asegurando que “la principal razón de revisión en el Comité de Ministros del proyecto Los Bronces Integrado fue el componente aire”.

“El proyecto Los Bronces Integrados no modifica la capacidad de los depósitos de estériles, ni de relaves; y tampoco requiere más aguas frescas”, afirmó la secretaria de Estado.

“Con los nuevos compromisos entregados durante la fase de reclamación, el análisis técnico de las medidas propuestas por el titular, así como las especificaciones de las exigencias a cumplir añadidas por el Comité basado en los informes de los organismos con competencia ambiental, permiten concluir que no habrá un impacto significativo sobre la salud de las personas”, agregó Maisa Rojas.

Además, señaló que la decisión se fundamenta en aspectos técnicos, estableciéndose “nuevas condiciones, muy exigentes, que permiten subsanar las observaciones que explicaron el rechazo en la fase anterior”.

En relación a las críticas realizadas por organizaciones sociales por el daño medioambiental que generaría la ampliación de la mina, la ministra indicó que “se procuró incorporar nuevas medidas relativas, por ejemplo, al monitoreo de eventual afectación a glaciares, compromisos asociados a recursos hídricos y biodiversidad, las cuales serán detalladas en el acta de la sesión”.

De igual forma, añadió que “durante el proceso de evaluación ambiental de este proyecto, la empresa descartó la existencia de un impacto significativo sobre los glaciares, lo que fue refrendado por los órganos competentes. Sin embargo, y aplicando un criterio preventivo, en las condiciones exigidas a la empresa se establecerá un Plan de Alerta Temprana (PAT) para glaciares, por lo que su seguimiento y monitoreo será requerido para la operación del proyecto”.

El proyecto de tres mil millones de dólares de la minera Anglo American fue votado además por los ministros de Agricultura (Esteban Valenzuela); Salud (Ximena Aguilera); Minería (Marcela Hernando); Energía (Diego Pardow) y la subsecretaria de Economía, Javiera Petersen.

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La diputada Emilia Schneider, militante de Convergencia Social (CS), el partido del Presidente Gabriel Boric, reconoció la crisis de seguridad pública que se vive en el país, aunque cree que el debate se ha visto afectado por una agenda “efectista”.

“El debate sobre seguridad ha sido tomado por una agenda efectista donde solo hablamos de policías y armas”, manifestó la parlamentaria frenteamplista durante una conversación con Mirna Schindler en el programa Al Pan Pan de El Mostrador Radio. Asimismo, cuestionó la efectividad de la Ley Naín-Retamal recientemente promulgada pero destacó el proyecto del Ejecutivo que busca normar el uso de la fuerza para el personal de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública. En opinión de la Diputada Schneider, “eso es una dimensión importante a corto plazo, pero no olvidemos que el narcotráfico se apodera de los barrios no solo por su presencia, sino también por sus redes laborales y económicas, ya que el Estado no está presente”.

Según Schneider, en sectores con altos niveles de delincuencia, “los servicios sociales y la educación no llegan, y parece que todo ese debate queda opacado por las medidas que responden a la coyuntura”. La diputada oficialista también expresó su preocupación por el alto índice de desaprobación del Congreso, que según la encuesta Pulso Ciudadano es superior al 70%. “Cuando las instituciones tienen tan poco respaldo, se genera una crisis política y las instituciones no llegan a tiempo”, afirmó Schneider, culpando a la oposición por retirarse de la mesa de seguridad tras los indultos presidenciales del año pasado.

“El debate sobre seguridad es un ejemplo excelente de esto. La oposición busca impulsar proyectos efectistas y pirotecnia, pero ¿cuándo se aborda la seguridad en serio? Escucho a los diputados repetir como loros las consignas que más pegan en las encuestas, como mano dura, deportar inmigrantes, temas que son mucho más complejos en la realidad y que requieren soluciones mucho más complejas”, reflexionó la legisladora.

Además, coincidió con Juan Pablo Luna, cientista político y profesor de la Escuela de Gobierno de la Universidad Católica, quien señaló a El Mostrador que estamos metidos en un circo donde hay una especie de show diario, un espectáculo de cuñas, ideas y frases, “un payaseo permanente, donde las únicas reformas que se tramitan son las que tienen apoyo masivo en la opinión pública y donde todo el sistema político queda más o menos arrinconado del mismo lado”.

Para la diputada Emilia Schneider, “esto se ha vuelto un espectáculo y nos estamos preocupando poco por responder con políticas públicas serias”, sentenció, criticando al alcalde de La Florida, Rodolfo Carter (exmilitante UDI). “En lugar de colaborar con el Gobierno, demuele casas, no hay detenidos, no se incautan armas y no se aporta a la investigación del delito”.

La parlamentaria también abordó la detención del profesor Roberto Campos Weiss por romper un torniquete del Metro de Santiago, en el contexto del estallido social, y quien nuevamente fue detenido por vandalizar una iglesia patrimonial. Dijo que su detención en 2019 fue “injusta y abusiva”. Pero, “no por eso validamos la destrucción de mobiliario público”, dijo.

Revisa la entrevista completa:

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El proyecto del royalty minero vive una jornada clave este martes, ya que la iniciativa -uno de los ejes programáticos del Gobierno- será visto en la Comisión de Hacienda del Senado.

Es tanta la importancia de la iniciativa que una vez que la reforma tributaria fue rechazada por el Congreso, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, ha liderado distintas reuniones con la oposición con el objetivo de llegar a acuerdos que permitan el avance del royalty. La piedra de tope, en este caso, ha sido la carga tributaria máxima para las grandes empresas.

La administración del Presidente Gabriel Boric quería un 50%, mientras que la oposición aspiraba a bajarlo a un 47%. Finalmente, la indicación ingresada este lunes en la noche fija la carga en un 48%, lo que no dejó contentos a la oposición, quienes se retiraron de la cita sin comprometer respaldo.

Debido a esto, el ministro Marcel emplazó a la oposición a que lleguen a acuerdos con el Ejecutivo. “Este es un buen momento para demostrar que también es posible llegar a acuerdos en materia tributaria, en este caso, en el caso del royalty minero”, señaló.

“Creemos que la voluntad de lograr acuerdos no es algo que se dice, sino que se tiene que practicar y el Gobierno ha hecho todo lo posible para que los acuerdos sean posibles también en materia tributaria”, agregó.

Sobre incrementar la carga tributaria, Marcel explicó que con esto se busca que “todo el país pueda percibir los beneficios de estos recursos, invirtiendo no solamente en gasto corriente, sino que especialmente en planes de desarrollo, para que todas las regiones del país puedan ser competitivas y puedan generar nuevas oportunidades productivas”.

La votación que se dará en la comisión -“con o sin acuerdo” con la oposición, como señaló el presidente de la instancia, el PPD Ricardo Lagos Weber- es relevante además para el futuro de la estrategia nacional del litio, que el Presidente Boric presentará de manera general este jueves desde el Salar de Atacama.

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Existe en el país una crisis de seguridad y falta de agenda política y técnica para administrarla. Solo hay respuestas en términos coyunturales, sin una agenda de largo plazo para gobernar la Seguridad.

Al actual Gobierno, y también a los anteriores, les ha costado entender que, siendo la inseguridad un problema que proviene de muchas causas, su manejo requiere, sobre todo, de coordinación interinstitucional, y de acciones conjuntas y sincronizadas de todos los órganos del Estado –y no solo control o uso de la fuerza, aunque esta es indispensable–.

La seguridad es una función primaria del Estado y, por lo tanto, parte esencial de su rol estratégico frente a la sociedad. Hoy está comprometido un financiamiento de 1.500 millones de dólares adicionales para apoyar la solución de la crisis, pero si no existe una visión de mediano y largo plazo en la gestión de seguridad, parte de ese dinero muy probablemente se malgastará. 

El Parlamento y el Gobierno acaban de converger políticamente en una agenda legislativa miscelánea de seguridad de 31 proyectos de ley, y el Ejecutivo ha anunciado 46 comunas para la acción policial preferente contra el crimen. 

Estas iniciativas, que poseen aspectos positivos, corren también el riesgo de transformarse en un híbrido de informalidad jurídica, un “piño” de leyes, y en una criminalización de territorios y exportación de delincuentes a otras comunas no priorizadas. Y, probablemente, no hará variar sustancialmente la situación actual, pues los delitos son nacionales y su control depende de la eficiencia de la policía.

La eficacia en prevención y en la persecución penal, en general, no deriva solo de un marco legal claro, que por cierto es indispensable, sino además de una capacidad operativa policial y de una investigación penal acuciosa y rápida. Para esto, se debe mejorar radicalmente la capacitación de las policías y desarrollar una coordinación interinstitucional entre los órganos del Estado con tareas de base para la Seguridad, como el Registro Civil, el  sistema carcelario, el Ministerio Público, el conjunto de servicios de inteligencia policiales y militares, y el Poder Judicial.

Ayudaría mucho, también, una acción gubernamental coherente en desarrollo urbano y seguridad vial, así como la existencia de una infraestructura robusta de información y base de datos. 

Es preocupante el debate  sobre “territorios” en abstracto, como si fueran entidades vacías de habilitación urbana, y que el principal gestor y regulador de políticas en ellos, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, guarde silencio. Algo parecido a lo que ocurre con el sistema carcelario, dependiente del Ministerio de Justicia, pese a que las cárceles –además de insuficientes y deterioradas– van camino a transformarse en islotes autorregulados por los propios presos, funcionando bajo un régimen de control perimetral, pero plenamente conectados y activos delincuencialmente desde el interior hacia el exterior. 

Estos y otros elementos que sería largo enumerar, hacen que la crisis no consista solo en la asimetría de fuerzas entre delincuentes y policías, sino en algo más profundo. 

Las reglas de uso de la fuerza policial (RUF), que se intenta regular por estos días en detalle mediante una ley, pueden llegar a ser más una traba que una ayuda para la eficiencia de las policías. Entre otras cosas, por la falta de coordinación interna de los organismos del Estado. 

Lo normal es que las RUF estén referidas a una Ley Marco y a su Reglamento para el uso de la fuerza por parte de los agentes del Estado, en la que se determinan principios de resguardo y categorías de acción. Ahí se desarrollan y articulan los principios y procedimientos para que, luego, las autoridades con competencias de planificación, diseño táctico y disciplina de las diferentes fuerzas, aprueben e impartan, mediante ordenanzas generales, los criterios operativos prácticos. Siempre controlados estos por un órgano supervisor y sujetos a la auditoría civil del ministerio respectivo. 

Poco se ha hablado hasta ahora de impulsar la instalación a corto plazo de un centro de entrenamiento SWAT para las policías, que mejore y redireccione su desempeño operativo. Y que se generen al menos dos laboratorios nacionales de alta tecnología para apoyar la eficiencia policial y la investigación judicial del Ministerio Público: uno de balística, para formar el banco de datos general sobre armas, su trazabilidad, uso y origen; y otro de ADN, de registro obligatorio para delincuentes condenados. Ambos funcionando en línea y coordinadamente con los servicios de tanatología y de salud pública del Estado.  

En materia de cooperación internacional, poco o nada se ha mencionado la posibilidad de solicitar apoyo para formar a corto plazo un centenar o más de oficiales SWAT, como semilla de futuras unidades de este tipo; ni de realizar estudios de funcionamiento urbano y de vialidad estructurante para mejorar los controles georreferenciados en los territorios, con cámaras profesionales y barreras físicas para dar mayor eficacia a los desplazamientos operativos en los distintos barrios de la ciudad. 

Parlamentarios y Gobierno insisten en sus discursos sobre la multicausalidad del crimen, lo que es cierto, pero hasta ahora no se está pensando acerca de los requerimientos políticos e institucionales para lograr un gobierno eficiente de la Seguridad. La Subsecretaría de Prevención del Delito está al debe.

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