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A poco más de un mes de la elección de consejeros constituyentes, no se observa en el país una mayor motivación en la materia. El desgaste de la temática constituyente ha sido importante desde la secuencia de la rebelión social de 2019, el plebiscito habilitante de octubre de 2020, la elección de convencionales de mayo de 2021 y, finalmente, el plebiscito de salida del 4 de septiembre de 2022, que terminó frustrando los procesos previos.

El acuerdo político de diciembre de 2022 relanzó el proceso, pero supuso la recuperación del poder constituyente por el Congreso, contrariamente al pronunciamiento ciudadano mayoritario en sentido contrario de 2020. En este espacio institucional se expresa en plenitud el peso de la derecha en el uso de los vetos derivados de los altos quórums existentes para la aprobación de normas constitucionales. Este sector impuso un sistema de elección que, como espejo del que elige a los senadores, limita severamente la proporcionalidad de la representación y establece una gran desigualdad del voto. Penalizar a la ciudadanía de las regiones más pobladas constituye una evidente anomalía democrática.

Se establecieron, además, limitaciones a la potestad de la instancia que será elegida el 7 de mayo próximo notoriamente impropias. Los representantes que resulten elegidos se encontrarán con temas que no podrán discutir y con un borrador hecho por “expertos”, en realidad representantes políticos de la derecha y la centroizquierda e izquierda nombrados por el Congreso. Estos podrán incluso observar articulados y participar en votaciones que diriman discrepancias.

Era todo eso o nada. De este modo, solo el voto obligatorio podrá salvar al nuevo proceso constituyente de una indiferencia generalizada.

Ante la imposibilidad de conformar una lista que agrupara a todas las fuerzas distintas a la derecha, como hubiera deseado el Gobierno, las izquierdas –agrupadas en una lista del PS y Apruebo Dignidad (Frente Amplio, PC, FREVS y Acción Humanista)– probablemente habrán de señalarle a la lista autodenominada de centro –compuesta por participantes de la coalición de gobierno como el PPD y el PR y un partido que, como el PDC, no forma parte de él– que sus votos en muchos casos favorecerán la elección de más constituyentes de derecha. Esto resulta de la mecánica del poco proporcional sistema electoral del Senado adoptado para este evento.

Es posible que los partidarios del Gobierno deban señalarle que puede volver a producirse un voto de castigo en su contra, especialmente por los temas de orden público y la ausencia de iniciativas sociales de envergadura. Promoverán seguramente una narrativa sobre seguridad que resalte los parámetros de acción que no estén al vaivén de los episodios delincuenciales, repercutidos hasta la saciedad por los grandes medios de comunicación y que por desgracia siempre se producirán (la cero delincuencia no existe). Seguirle la corriente al populismo penal no hace sino favorecer a la derecha, pues ese es su terreno.

Y posiblemente los partidarios del Gobierno plantearán la necesidad de más impulsos sociales que se agreguen a los ya logrados. Entre estos se cuenta el avance del proyecto de reducción progresiva de la jornada laboral de 45 a 40 horas y la aprobación del aumento del bono marzo y de la asignación familiar. Y también, asociados al universo que recibe esta última, los subsidios temporales a los precios de los alimentos a través de una tarjeta de compras electrónica. Este es un innovador mecanismo que debiera transformarse en un método permanente de devolución del IVA de productos básicos y medicamentos a los grupos de ingresos medios y bajos. Una mayor provisión de bienes públicos en urbanismo integrador y seguridad, un aumento progresivo de la pensión universal, de los subsidios familiares y a la vivienda, combinado con un nuevo plan de apoyo al cuidado de personas, podría terminar de configurar un sistema de redistribución justa de cierta envergadura que avanzaría en la disminución de las enormes desigualdades de ingresos y de bienestar existentes en nuestra sociedad. Esa envergadura será menor a la que podía concebirse antes del rechazo de la reforma tributaria, pero podrá tener niveles iniciales que tengan un impacto en la condición de vida de la mayoría. Y que generen una aprobación social que facilite nuevos cambios tributarios progresivos en el futuro próximo.

El Gobierno debiera, además, dar un fuerte impulso a una política del litio que recupere este recurso para el país, en vez de dejar su extracción y ganancias principales en manos de empresas privadas como SQM, que se ha permitido interferir de manera ilegal en las decisiones del sistema político y en las campañas electorales. Sus contratos de explotación en el Salar de Atacama no debieran ser renovados y ser puestos en manos de una entidad pública.

También debe fortalecerse Codelco y el cobro de regalías sustanciales a la minería privada, ampliando la capacidad recaudatoria antes que vaciando de contenido el proyecto de ley en tramitación. La nueva legislación debe incluir tasas muy altas sobre las ventas –eliminadas en el Senado– cuando se supere un umbral de precios del cobre, como estableció el proyecto aprobado en la Cámara. Centrar la regalía en los márgenes operacionales se presta para la elusión del pago, pues depende de información proporcionada por las empresas. La necesidad de una legislación seria sobre regalías no es arbitraria: todas las proyecciones indican un nuevo ciclo largo de altos precios del cobre.

Esta renta no tiene por qué seguir siendo regalada a inversionistas privados. Si esos recursos pertenecen a la colectividad, lo que es el caso desde 1971, es esta la que debe recibir su valor económico. Hacer otra cosa no sería congruente con cualquier idea de mayor progreso social y de retención nacional de la renta en las coyunturas de altos precios de los recursos naturales no renovables. Sin esto, la propia noción de Estado democrático y social de derecho carece de mayor sentido.

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El jueves tarde en la noche, la Comisión de Expertos dio término a la primera etapa del proceso y el viernes a primera hora las cuatro subcomisiones presentaron públicamente sus propuestas para el anteproyecto constitucional. Algunas subcomisiones terminaron su texto muy cerca de la hora límite de la medianoche del jueves, pero todas cumplieron con ingresar las normas que ahora deberán ser votadas en general el lunes. Está previsto que lo que entregó esta comisión se apruebe por unanimidad el día lunes en la votación del proyecto en general. Será en la discusión en particular cuando se ingresen las indicaciones y se conozcan las diferencias entre un sector y otro. El abogado Juan José Ossa, que encabezó la subcomisión de Sistema político, reforma constitucional y forma de Estado, estimó que lo que se conoció el viernes es “un gran primer acuerdo, pero no hubo renuncias a temas claves por parte de los distintos actores, aunque sí las hubo en otros temas”.

De las cuatro subcomisiones, en solo una hubo un conflicto serio, que terminó con uno de los expertos parándose y haciendo amago de querer salir de la sala. Eso ocurrió esta semana y fue en la subcomisión de Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Medio Ambiente, mientras se discutía el “Estado Social y de derecho…”, que una experta de derecha se paró de la mesa cuando no logró convencer sobre elevar a rango constitucional la libertad de elección de los cotizables en materia de salud y previsión social.

En contraste a lo anterior, en la subcomisión de Sistema Político no hubo grandes divergencias y desde el principio de la discusión existió total acuerdo en la composición del Congreso. Todos los expertos coincidieron en la urgencia de terminar con la actual fragmentación de partidos representados en el Parlamento.

El otro elemento que distinguió este mes de trabajo fue el total hermetismo con que trabajaron los comisionados expertos discutiendo y redactando sus propuestas. Cuando la prensa consultaba a los miembros de las distintas subcomisiones durante este mes, la respuesta habitual fue “estamos trabajando, no podemos declarar nada por ahora”. Entre los miembros de la comisión existía un pacto de silencio para no repetir los errores cometidos en la Convención Constitucional del 2022, donde fue normal que los convencionales fueran protagonistas en los medios de comunicación y las redes sociales.

El conflicto

La principal batalla ideológica entre los expertos este mes fue respecto a cómo se consagrará el “Estado social y democrático de derecho…” en el proyecto de nueva Constitución. Distintos personeros del Comité de Expertos cuentan que el tema estuvo presente en las cuatro subcomisiones y en cada una de estas se evaluaron las distintas variantes e implicancias que este tema trae consigo. Así, cada una evaluó en diferente profundidad el concepto, pero fue en dos subcomisiones donde la discusión resultó más ardua.

El conflicto más complejo en este tema se produjo en la subcomisión de Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Medio Ambiente y lo protagonizó Bettina Horst (UDI), investigadora del Instituto Libertad y Desarrollo. Voces al interior de la UDI declaran que Horst actuó a título personal y que no representa la posición del partido. La molestia de Horst se produjo el lunes pasado, cuando defendía férreamente elevar a nivel constitucional la libertad de elección de los cotizantes en materia de salud y previsión social.

El momento más álgido de este enfrentamiento ocurrió cuando ella, muy molesta, se levantó de la mesa de conversación para retirarse de la reunión. El altercado logró subsanarse cuando la presidenta de esta subcomisión, Alejandra Krauss (DC), logró conversar con la experta UDI y la convenció de reintegrarse al debate. 

En este tema en conflicto, los expertos oficialistas defienden un “Estado social robusto” e insisten en la definición de “Estado social y democrático de derecho…”, tal y como quedó en las bases del acuerdo que permitió el proceso constituyente. Bettina Horst, por su parte, defiende la idea de que esto sea compatible con el principio de subsidiariedad y de libertad de elección. Los comisionados oficialistas dicen que esa idea es incompatible, pero Horst está en desacuerdo y quieren asegurar que el Estado no pueda echar mano a las cotizaciones para generar solidaridad. 

Finalmente, esta discusión respecto al “Estado social y de derechos” y la medida en la que los privados participen, quedó pendiente. El lunes se votarán en general estos anteproyectos entregados por las subcomisiones, los comisionados tendrán que preparar las indicaciones respectivas, especificando qué es lo que quiere cada sector. Solo será la votación en el pleno lo que determine si la propuesta consignará un Estado de carácter social o, bien, tendrá algún matiz subsidiario. 

Este tema también fue muy debatido en la subcomisión de Principios y Derechos Civiles y Políticos, liderada por el UDI Máximo Pavez. Nuevamente salió a colación el interés de los representantes de Chile Vamos por relativizar el concepto y lograr acuñar la subsidiariedad, la participación de privados en los derechos sociales. Pavez fue el que tuvo la posición más dura, pero testigos señalan que no logró armar un bloque con los otros militantes de la derecha que estaban en la subcomisión. Al final el conflicto no se extendió y se decidió que las asperezas serán limadas en el pleno mediante las indicaciones que se le ingresen a esta norma. 

Todos felices

La subcomisión de Sistema Político fue una en que la discusión se desarrolló de manera más fluida y armónica. En este sentido, este mes de trabajó en Sistema Político fue la antítesis de lo ocurrió en el proceso del 2022, cuando esta fue la comisión donde hubo más enfrentamientos y terminó siendo el centro de atención de todos los medios de comunicación.

El trabajo de esta subcomisión comenzó con un diagnóstico común que se enfocó en la incapacidad de los últimos gobiernos para gobernar y cumplir su agenda política. Luego, tras audiencias con otros expertos, aparecieron alternativas que generaron consenso por parte de todos los integrantes de la comisión y esas fueron, primero, que el Congreso está fragmentado y eso entorpece las negociaciones de las fuerzas políticas del Ejecutivo con el Parlamento y entre los mismos legisladores; segundo, que la situación de fragmentación aumenta porque los diputados pueden renunciar al partido apenas sean electos para el cargo. 

“La fragmentación del sistema político nacional ha provocado un deterioro en la gobernabilidad y estabilidad política”, señala el oficio entregado por la subcomisión de Sistema Político a modo de antecedente. Además, afirma que “son casi 10% de los actuales parlamentarios los que han renunciado a sus partidos o cambiado de su original comité o bancada. Aquella es una fracción relevante que contribuye a la inestabilidad política, debilita la institucionalidad partidaria y provoca una situación de falta de rendición de cuentas ante los electores”. 

Para enmendar estos vicios, los expertos y las expertas propusieron un sistema de entrada al Parlamento que asegure la presencia de menos partidos políticos, pero más grandes. De esa manera, no dividir las fuerzas en muchos colectivos, sino que concentrarse en fuerzas políticas definidas. Así dice la norma: “Solo los partidos políticos que alcancen, al menos, un cinco por ciento de los votos válidamente emitidos, a nivel nacional, en la elección de los miembros de la Cámara de Diputados y Diputadas respectiva, tendrán derecho a participar en la atribución de escaños en cada rama del Congreso Nacional. El cálculo del porcentaje señalado se hará según el escrutinio general practicado por el Tribunal Calificador de Elecciones”. La misma exigencia quedó establecida para el Senado.

Esto quiere decir que solo podrán acceder al Parlamento los que ganen las elecciones y además hayan inscrito su candidatura con un partido político que haya obtenido el 5% de los votos a nivel nacional. Si un candidato o candidata obtiene la mayoría electoral en su circunscripción, pero su partido no tiene el 5% de los votos a nivel nacional, quedará fuera del hemiciclo, no podrá ser elegido. La otra novedad en este punto es que, si un diputado renuncia al partido por el que fue electo, también deberá renunciar a su puesto en el Parlamento. 

Si esta norma se aplicase a la actual Cámara de Diputadas y Diputados, habrían quedado fuera parlamentarios democratacristianos, Evópoli y varios de los partidos chicos, porque no obtuvieron más del 5% nacional. Si esta normativa se aplicara al actual Parlamento, tendrían que salir 55 de los 155 diputados que están actualmente en ejercicio.

Juan José Ossa explica que la idea no fue dejar a parlamentarios fuera, sino que existan partidos más grandes que puedan ejercer mayor poder sobre sus parlamentarios. “Hoy existen 21 partidos políticos y dos en formación. Una configuración en que es muy difícil negociar con todos, pues cada uno tiene su precio”.

La presidenta de Evópoli y candidata a Consejera Constitucional, Gloria Hutt, asume que “a nosotros nosotros nos pone una presión”, pero valora la propuesta, ya que “obliga a formar alianzas, obliga también a encontrar acuerdos y a tener bloques representativos de la voluntad popular más equilibrados de lo que tenemos ahora”. Hutt mira con buenos ojos la medida y cree que es posible que esa propuesta “nos lleve a una estabilidad democrática y a que las decisiones que se tomen en el Parlamento tengan el soporte de una cantidad de votantes importantes”. 

El presidente RN, Francisco Chahuán, sostiene que el tema de establecer el umbral de ingreso al Congreso es algo que los partidos políticos han conversado y cree necesarias estas medidas, para combatir la “atomización de la política”. Esto porque, en caso contrario, pueden aparecer “liderazgos que no responden a la ciudadanía y que, en definitiva, actúen sin responsabilidad”. 

Optimismo

Entre académicos y especialistas en el tema constitucional hubo coincidencia en que esta parte del proceso tuvo importante avances. El académico UDP especializado en tendencias globales de constitucionalismos, Javier Couso, destaca, en primer lugar, que “un grupo de un amplio espectro político haya llegado a un mismo diagnóstico: que la fragmentación que existe en el Congreso hace muy difícil gobernar el país”. Lo más relevante, advierte Couso, es el umbral del 5% para poder tener representación parlamentaria y, con eso, “un sistema político que sea capaz de responder a las demandas de la ciudadanía”.

El hecho de que aquellos parlamentarios que renuncien a su militancia o a la bancada a la que pertenecen pierdan su calidad de legislador, es otro punto a rescatar para el experto. “Una democracia no funciona sin partidos políticos fuertes”, puntualiza el catedrático de la UDP, y cuando no hay partidos fuertes aparecen líderes carismáticos, mesiánicos y personalistas, agrega. Entonces, “hay una apuesta aquí por fortalecer los partidos, pero a su vez fortalecer que haya pocos, pero fuertes”, sostiene. 

El abogado, académico y exembajador en Estados Unidos, Arturo Fermandois, tiene una visión que coincide con Couso en cuanto al umbral del 5% de votos a nivel nacional por partido. El abogado lo califica como un “acierto” y señala que “es un paso que venía siendo indispensable para recuperar un nivel básico de gobernabilidad parlamentaria” .

En cuanto a la cesación del cargo de aquellos parlamentarios que renuncien a su partido una vez que lleguen al Parlamento, Fermandois cree que es “una contribución a la gobernabilidad y a la disciplina parlamentaria”. No obstante, explica que es una medida “dura y sacrifica un principio democrático”, que lo hace buscando “una mejor previsibilidad en el ideario y en la organización parlamentaria”. Entonces, este “sacrificio” no sería tanto, pues tiene un balance, debido a que existe un “componente de representación, por cuanto el votante lo asocia al partido”.

El candidato a consejero constitucional del oficialismo y uno de los fundadores de Convergencia Social, Yerko Ljubetic, cree que “la propuesta ingresada el día de ayer da una buena señal al incorporar mecanismos de democracia directa, equilibrio entre poderes para que prime la colaboración y fortalecimiento”. Sin embargo, advierte que hay materias pendientes que deberán resolver quienes integren el Consejo Constitucional, como “la paridad de género que llegó para quedarse y la consagración de escaños de pueblos indígenas en el Congreso, cuestiones que parte de la derecha comprometió en el plebiscito de salida”. 

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El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, abordó el cambio de postura del Presidente Gabriel Boric con Carabineros y la relación del Gobierno con la institución. Esto, a propósito de los emplazamiento de sectores de la oposición para que el Mandatario pida disculpas a Carabineros por antiguos dichos de él y de personeros de Apruebo Dignidad.

“En el ejercicio del poder, la humildad es una realidad esencial. Reconocer que se pudo haber actuado de otra manera, reconocer que no hubo la suficiente comprensión de los efectos de determinadas posiciones, me parece algo necesario e indispensable en el ejercicio del poder”, sostuvo Monsalve en conversación con Radio Infinita.

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Sin embargo, apuntó que “también es importante reafirmar ciertas cosas que no deben olvidarse, la democracia requiere distintos componentes, la seguridad social, requiere también la seguridad pública y también requiere respeto a los derechos de las personas, nada de eso es contradictorio”.

Recordemos que el Presidente Gabriel Boric asistió el martes al responso de la sargento mayor de Carabineros Rita Olivares, quien falleció en la madrugada del domingo, luego de que un sujeto le disparar en la cabeza en medio de un procedimiento policial realizado en Quilpué, Región de Valparaíso.

Asistentes pifiaron al Mandatario a su llegada al responso. Posteriormente, el jefe de Estado dijo que “vale la pena reflexionar respecto a nuestras actuaciones en el pasado, donde siempre creo que vale la pena reconsiderar y actuar de acuerdo al contexto que estamos viviendo en Chile”.

Tras ello, sectores de la oposición emplazaron al Mandatario a que pida disculpas a Carabineros por sus antiguos dichos contra la institución.

“El presidente Boric debe tener acciones: pedir perdón a Carabineros por criticarlos cuando no se debía y hoy convencer a sus parlamentarios que voten y aprueben leyes tan importantes, como la Ley Retamal y Ley Naín. No hay más espacios para reflexiones, es el tiempo de las acciones”, instó el senador y presidente de RN, Francisco Chahuán, el martes.

Ley Naín-Retamal

La autoridad de Interior también se refirió a la Ley Naín-Retamal, que la Sala del Senado votará el próximo martes. La iniciativa busca endurecer las penas para aquellos que atenten contra policías. Además, permite a esos funcionarios usar su arma para repeler ciertas acciones, en casos donde peligre su integridad física, su vida o la de otras personas. Así, establece para ellos la legítima defensa privilegiada considerando hipótesis objetivas.

“Se ha instalado la idea de que Carabineros no se atreve a usar sus armas de fuego porque puede recibir sanciones por usarlas”, dijo Monsalve. “Ese es el sistema, por decirlo así, de política pública que hay que resolver. A nosotros nos parece que la ley actual no resuelve ese problema”, añadió.

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