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Pasadas las 15:00 horas de este lunes, la Comisión de Seguridad Pública del Senado continuó con la discusión particular de la denominada Ley Naín-Retamal. Esta ley busca, entre otras cosas, aumentar las penas para quienes cometan delitos contra funcionarios policiales y de Gendarmería. La jornada estuvo marcada por la polémica salida de los ministros de La Moneda.
Durante la discusión se abordó una de las indicaciones clave del Ejecutivo, la cual buscaba eliminar uno de los artículos más controvertidos de la normativa. Este artículo concede una presunción del uso justificado de las armas de servicio de los uniformados policiales, más conocida como “legítima defensa privilegiada”.
Sin embargo, la indicación del Gobierno fue rechazada por 3 votos en contra y 2 a favor. Esto motivó que los ministros del Interior, Justicia y Segpres, Carolina Tohá, Luis Cordero y Macarena Lobos (s), anunciaran que se retirarían de la instancia al haber quedado el rol colegislador del Ejecutivo “totalmente imposibilitado”.
“Presidente, los ministros presentes nos vamos a retirar. Creemos que lo que vinimos a alegar a esta comisión ha sido rechazado de cuajo. Lo que teníamos por proponer, respecto a que se hiciera valer el Código de Justicia Militar, ya no tiene sentido, porque todo lo que está legislando la comisión es para profundizar en el Código Penal y, por consiguiente, nuestro rol de colegislador ha quedado totalmente imposibilitado”, apuntó la ministra Carolina Tohá.
“Por consiguiente, no tiene sentido que permanezcamos. Este es un debate propio entre parlamentarios y sus indicaciones. Queremos lamentarlo, porque creemos que se había propuesto una solución que acogía las inquietudes de los parlamentarios y parlamentarias y que conducía a una solución que, desde el punto de vista de las preocupaciones de las policías, era mucho más sustantiva”, complementó la secretaria de Estado.
Tras la decisión de los ministros de Estado, el senador del partido en formación Demócratas, Matías Walker, manifestó que “esto es insólito en los 13 años que llevo en el Congreso, que el gobierno, en pleno trámite, perdiera una votación y se parara y se fuera”. “Esperemos que el Gobierno reforme las indicaciones para mañana”, agregó.
En cuanto a la legítima defensa privilegiada, el Gobierno había presentado una redacción más atenuada, restringiendo el uso de armamento sólo en casos de delitos contra la vida de los funcionarios o que atenten gravemente contra su integridad, y no en los tres escenarios que propone el proyecto despachado desde la Cámara de Diputados (cuando actúen en defensa propia, de terceros o para impedir un delito).
En ese sentido, la indicación presentada por el Ejecutivo indicaba que “se entenderá que hubo necesidad racional en su uso (armas de servicio) si se hace para impedir o tratar de impedir la consumación de delitos que atenten contra su vida o gravemente contra su integridad física”.
Tras el rechazo de la enmienda, la ministra del Interior lamentó que “a veces uno tiene la impresión de que pesa más la idea de hacer un punto político que la de generar una buena ley y creo que es lamentable que eso suceda en esta materia”.
“Pero eso será parte del debate político, ya no es parte del debate de la comisión, así que no tiene sentido profundizar en el punto aquí por más tiempo”, sentenció la ministra Tohá.
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