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El analista internacional de la Universidad Central, Samuel Fernández, abordó este miércoles la intervención que tuvo el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, vía telemática con el Congreso Nacional el día de ayer, en la que invitó a nuestro país a “sumarse a los esfuerzos para la paz” y a “liderar la estabilización en el continente”. En dicho encuentro se restaron fuerzas del Partido Comunista y del Frente Amplio.

Al respecto, el exembajador sostuvo que “no se puede seguir viviendo en una época de nostalgia de la Guerra Fría. Los actores son otros, Rusia ya no es la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y Putin está haciendo todo lo contrario, incluso internamente”.

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El abogado de la Universidad Católica fue enfático al precisar que la actitud de los personeros del PC y el FA no tiene cabida en esta situación, puesto que “lo que está defendiendo Zelensky no es un problema de capitalismo o comunismo o de guerra fría, es un problema de un sistema internacional que se ha sido roto por Rusia”.

“Aquí tenemos a un Putin que no solo es el agresor desde el punto de vista del Derecho y desde el punto de vista de la política y el sistema internacional, sino que en este momento es un criminal de guerra declarado por la Corte Penal Internacional”, complementó.

Posición de nuestro país

Fernández aclaró que es importante que Chile y sus actores políticos tomen una postura en el conflicto, puesto que “si identificas un apoyo con Rusia y no lo haces desde el punto de vista geopolítico ni desde el punto de vista de cómo está la situación, estás defendiendo a un criminal de guerra que está en el poder y juzgado”.

“Aquí tenemos que saber dónde estamos colocados como Chile y estoy hablando desde el punto de vista nuestro si estamos a favor del rompimiento del sistema internacional, de las agresiones, de los criminales de guerra, etc.”, complementó.

A recordar que la guerra en Ucrania lleva más de 13 meses luego de que el presidente ruso, Vladimir Putin, instruyera a su ejército a invadir dicho país para ir en defensas de los ciudadanos de etnias rusas que habían sido atacados por el gobierno de Zelensky -una de las razones de la invasión-. Este punto lo precisó el Partido Comunista mediante su medio partidario El Siglo, a lo que el analista internacional, criticó dicha postura al precisar que Chile tiene que tener claro su posición: validar a los mayores violadores del sistema internacional (Rusia) o preservar el sistema”.

Juicio a Donald Trump

Uno de los acontecimientos que ha marcado la agenda internacional es el juicio contra el expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, quien es acusado en 34 cargos por supuesta falsificación en los registros comerciales. Trump se declaró inocente de dichas acusaciones.

Al ahondar en el tema, Fernández indicó que los alcances que tiene este hecho se enmarcan en dos materias, uno político y otro jurídico. En el político ve a un Trump más robustecido entre sus adeptos, incluso ganando más apoyo al acusar a este juicio como una persecución política. A recordar que el empresario busca postularse nuevamente a la presidencia de los Estados Unidos.

Por otro lado, el alcance jurídico es más complicado -a juicio del analista- puesto que el fiscal debe comprobar todos los cargos y muchos de ellos ya prescribieron. “Ahora bien, la complicación mayor está en el financiamiento de su campaña política y esa es la arista más complicada que él tiene”, complementó.

El exembajador sostiene que está situación solo provocará exacerbar las posturas, puesto que Trump sabe aprovechar este tipo de situaciones y por la demora en que la decisión del jurado se implemente, esto “no le va a impedir ser candidato y tampoco le va a impedir ganar o perder”.

Lo que sí ve posible Fernández es que desde los propios republicanos saquen provecho del desprestigio de Trump y logren desbancarlo. “La pelea no está en el adversario, sino en el propio partido”, añadió.

Elecciones en Finlandia

Este domingo se llevaron a cabo elecciones parlamentarias en Finlandia, donde sorprendió a gran parte del mundo el resultado, puesto que el Partido de la Coalición Nacional (PNC) de derecha se impuso en los comicios, seguido del Partido Nacionalista Finlandés -de extrema derecha- y en tercer lugar quedó el partido de gobierno, el Partido Socialdemócrata. Lo que representó un duro golpe para la primera ministra de dicho país, Sanna Marin.

Al respecto, Fernández aclaró que la sorpresa mundial se debe “porque las imágenes que proyectan los líderes mundiales hacia el exterior están en parte distorsionadas y no vemos el punto de vista interno del país”.

Por otra parte, indicó que los problemas de Finlandia han provocado que el péndulo se vaya hacia la extrema derecha, esto porque “los países que están al borde de los problemas mundiales, se les acrecientan los problemas y se busca la solución en los extremos”.

Video vía YouTube: El Mostrador

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La “sala de máquinas” de la política está funcionando mal, ese fue el diagnóstico de la Comisión Experta. Chile tiene actualmente 21 partidos políticos en el Congreso y hay 12 en proceso de formación que intentan entrar a disputar puestos en el Parlamento. Pero es muy probable que muchos de esos 12 en formación no lleguen a puerto y que desaparezcan otros entre los 21 existentes, si se mantiene la propuesta de la Comisión Experta. El martes, en votación unánime, sus 24 miembros aprobaron por unanimidad la propuesta de Sistema Político que terminaría definitivamente con el actual sistema proporcional que favorece la fragmentación de fuerzas políticas y la proliferación de partidos.  

El unánime rechazo al actual escenario con muchos partidos políticos se apoyó en el lapidario diagnóstico preliminar de la Subcomisión de Sistema Político de la Comisión Experta, la que concluyó –en su mes de trabajo– que uno de los grandes problemas del actual ambiente político es la ausencia de gobernabilidad, vale decir, que hace mucho tiempo que los gobiernos electos no son capaces de cumplir sus agendas políticas porque no tienen suficiente apoyo en el Congreso. Clara muestra de esta situación es el Gobierno del Presidente Boric, que cada iniciativa que presenta al Parlamento tiene que negociarla con 21 partidos diferentes y cada uno de estos tiene un precio distinto. 

Ante esta problemática, la Comisión Experta, a eso de las 20:00 horas del martes, dio un duro golpe a esta proliferación de partidos y aprobó por unanimidad la propuesta que define el Sistema Político y regula el mapa de fuerzas en el Parlamento del país. El contenido aprobado es diametralmente opuesto al del proceso constituyente del 2022.

Previo al plebiscito del 4 septiembre del año pasado, el exministro y economista Andrés Velasco decidió votar Rechazo y hacer campaña por esta opción, argumentando justamente que la propuesta postulaba “una estructura política que podría aumentar la conflictividad, debilitaría ciertos controles democráticos y haría aún más difícil tomar decisiones colectivas con criterios de futuro”. Para Velasco –actual decano de la Escuela de Políticas Públicas de la London School of Economics–, una “omisión grave e incomprensible” fue que la Convención Constitucional que funcionó el año 2022 despachase un proyecto que no regulaba los partidos políticos.

Para la Comisión Experta que está sesionando en estos días, el tema fue prioritario. En términos generales, la propuesta habla de un sistema de partidos políticos grandes, que representen ideas políticas amplias y que terminen con la fragmentación que existe en el Congreso actual. Además, los artículos contienen una regulación de los partidos más estricta en términos de democracia interna y transparencia. 

Draconiana legislación

Juan José Ossa (RN), el líder de la Subcomisión de Sistema Político, Reforma Constitucional y Forma de Estado, declara: “Con orgullo y, aunque suene difícil, estamos fortaleciendo los partidos políticos”. Esto, debido a que son claves para la democracia, puntualiza Ossa. Es necesario fortalecerlos, advierte el exministro Secretario General de la Presidencia, dado que “la señal de fragilidad en la que se encuentran es la que genera ingobernabilidad”. 

En cuanto al Congreso, para terminar con la actual atomización de los partidos –es decir, muchos partidos pequeños en un mismo espacio legislativo–, el nuevo texto constitucional exigiría que la persona electa tiene que pertenecer a un partido político que haya obtenido por lo menos el 5% de los votos a nivel nacional. Un partido puede ganar un escaño en su distrito, pero no podría asumir si pertenece a un partido político nacional con menos del 5% de los votos a nivel país. Esto sería un antídoto para los caciques locales. 

Además, para proteger la fuerza de dichas colectividades dentro del Congreso, la norma establece que aquel legislador que renuncie al partido por el cual fue electo, perderá inmediatamente su escaño dentro del Parlamento. Esto, a propósito de que últimamente se volvió un vicio ocupar la plataforma de un partido para acceder al Legislativo y luego presentar la renuncia y declararse independiente. Los comisionados afirman que esta nueva norma aumenta la disciplina partidaria y deja fuera la política de los díscolos. 

Mauricio Morales, doctor en Ciencia Política y académico de la Universidad de Talca, sostiene que “la Comisión Experta avanza en dirección correcta”. Una clave, para Morales, son las bases institucionales que se establecieron previamente, pues permiten que el debate se aborde “desde una perspectiva estructural, en mejoras muy concretas”.  

El hecho de atacar la fragmentación de manera mecánica en el Congreso es “prácticamente eliminar la probabilidad de éxito de los partidos regionales”, añade Morales. Además, explica que “es como una quimioterapia: mata las células buenas y también las malas”. Sin embargo, advierte que los partidos regionales “canalizan intereses locales, pero en este contexto de ultrafragmentación es mejor renunciar a ese beneficio a cambio de una mayor estabilidad política”. El cientista político estima que es una “decisión adecuada”.

Por su parte, Antonia Rivas –la comisionada de Convergencia Social– valora el diálogo y el diagnóstico que se hizo en la subcomisión. Además, declara que “los partidos políticos juegan un rol fundamental en la democracia”, sin embargo, recalca que el “problema no es el multipartidismo” y agrega que “es incluso deseable en la medida que esa diversidad logre representar intereses sociales relevantes”. 

“Los partidos políticos de nuestro país están en deuda con el pueblo”, afirma, y sostiene que, por más que se incluyan incentivos en fortalecer estas entidades, “si esto no va emparejado en la práctica política, en la forma en que se debaten los asuntos públicos, no quedarán en nada”. 

Rodrigo Espinoza, actual director de la Facultad de Administración Pública de la Universidad Diego Portales, considera que la propuesta tiene más luces que sombras y es clave el fortalecimiento tanto de los partidos políticos como de fórmulas para disminuir la fragmentación, sin embargo, advierte que estas no pueden apuntar a un binominalismo –dado que se potencia la presencia de partidos más grandes– y transformarse en dos bloques: uno oficialista y otro de oposición. 

Ese punto –dice– podría “atentar contra la representación del sistema político, ya que en el último Congreso hemos visto tres grandes bloques”. Ahora, sí cree que existen soluciones dentro del diseño institucional, como lo son el establecimiento de listas cerradas, lo que podría favorecer, por una parte, grandes proyectos políticos y, por otra, terminar con la política de los díscolos

Entre otras innovaciones, propone un sistema de participación y democracia directa: iniciativa popular de ley y la iniciativa popular de derogación de ley. “Un grupo de personas habilitadas para sufragar equivalente al dos por ciento del último padrón electoral podrá presentar a cualquiera de las ramas del Congreso Nacional una iniciativa popular de ley para su tramitación legislativa”, detalla la norma que se presentó en el informe. Antonia Rivas (CS) destacó la iniciativa, ya “que funciona como un catalizador de la voluntad”. 

Para la derogación de ley, establece un umbral del tres por ciento del último padrón electoral y, además, un plazo temporal de cuatro meses siguientes a haberse publicado una ley para presentar la iniciativa de derogación total o parcial de la misma. 

Respecto a la participación ciudadana, Ossa advierte que es un cambio necesario, debido a cómo se entiende la democracia hoy, pues esta cambió: “Los ciudadanos dialogan directamente con sus autoridades, pero lo hacen de forma poco institucional. De ahí que valoro profundamente lo que se está incorporando en iniciativas populares de ley e incluso las derogatorias de ley”, expresa.

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El peor ambiente de inseguridad en un país no se vive tanto por la ocurrencia habitual de delitos violentos sino, sobre todo, por el descontrol de las autoridades encargadas de controlarlos. Este descontrol se caracteriza por una reacción compulsiva de populismo legislativo y la aprobación de más leyes con penas más duras, sin que medie un razonamiento crítico sobre la calidad y eficiencia de los medios que se tiene, lo que finalmente termina por amenazar los derechos civiles de los ciudadanos y minar la calidad de la democracia.

El tono del debate parlamentario y político generado por el asesinato de dos carabineros en actos de servicio en el último mes, dio lugar a una inusitada premura en la aprobación de iniciativas legales sobre seguridad –tanto en la Cámara como esta madrugada en el Senado–, entre las cuales está la llamada “defensa legítima privilegiada” o Ley Naín-Retamal, que favorece a policías que en el desarrollo de un operativo generan letalidad civil. Todo ello, en una atmósfera general demasiado enrarecida. 

Evitar lamentables muertes de funcionarios policiales en actos de servicio, el principal riesgo de la profesión policial, es uno de los mayores compromisos éticos y prácticos del Estado al momento de reclutar a su personal policial, y para lo cual debe extremar su formación, su equipamiento y los procedimientos policiales aplicables. De la misma manera que el Estado es el garante de la paz social y la seguridad de toda la población, también está obligado a equipar y mantener una policía capaz de sostener el desafío de reforzar la ley ante la criminalidad, en todos sus niveles. Por lo tanto, el nudo del debate es sobre qué calidad de policía se desea tener y qué está dispuesto a hacer el país para ello.

En este contexto, útil es recordar que el uso de la fuerza policial debe ser legítima, legal y proporcional, para lo cual las policías diseñan planes y operativos que, según la información de inteligencia general que tienen sobre los delitos, se aplican con diferentes grados de pericia técnica y fuerza en los operativos. Esos planes y normas deben estar siempre sujetos a escrutinio público. 

No es del caso traer a colación los innumerables episodios sobre el proceso de pérdida de confianza de la ciudadanía en la institución de Carabineros. El tema central hoy es la calidad y eficiencia de su servicio versus el aumento de la violencia criminal, así como de organizaciones y técnicas criminales establecidas con creciente arraigo en el país, y que superan claramente las capacidades policiales actuales. 

Esta realidad es el resultado, en gran medida, de la desorientación estratégica de las autoridades civiles que las gobiernan o han gobernado, y que han sido incapaces, en 30 años de gestión democrática, de elevarlas en sus desempeños técnicos e institucionales, reformas necesarias de por medio –que se han anunciado innumerables veces, pero que no se han materializado–. Un ejemplo, entre muchos, está en materia de información e inteligencia: en 30 años el país no ha sido capaz de dar origen a un sistema robusto y estable de coordinación interinstitucional y asesoría estratégica al Gobierno en materias de seguridad. 

La desorientación de las autoridades y su tendencia al populismo penal, les impide diferenciar los planos en que deben actuar el Gobierno y el Congreso Nacional. Entender que las leyes y normas que inciden sobre los procedimientos y protocolos de la policía son, en realidad, normas sobre la producción de paz social, legalidad, y legitimidad. Y que ellas deben estar sujetas al escrutinio público para resguardar el uso legítimo de la fuerza, pilares esenciales de las libertades y los derechos civiles. 

El crimen organizado se ha asentado orgánica y territorialmente en el país hasta un punto en que el principal bien amenazado no es solo la vida segura y tranquila en los barrios, sino también la legalidad e incorruptibilidad del Estado con actividades a gran escala, como tráfico de personas, juego clandestino o simplemente ilegal, control de rutas de narcotráfico en los principales puertos, descontrol territorial y presión criminal sobre los órganos políticos locales. Y lo más grave, ha dejado que la sociedad desconfíe y se arme. 

La ciudad pánico sirve para justificar el populismo penal de la elite y mostrar unanimidad en torno a una voluntad política de gobernanza de la seguridad, que en realidad no se tiene. Porque nada de lo que se está decidiendo de manera apresurada apunta a las grandes falencias institucionales y claridad de objetivos compartidos. Culpa no es lo mismo que responsabilidad, y el problema es que nadie se siente responsable del punto de inseguridad estratégica y humana en que se encuentra el país. 

Así, Chile está viviendo la teoría del vaso roto. ¿Quién lo quebró? Nadie. Se quebró solo. O sea, el animismo factual de una elite política incompetente y sin sentido de responsabilidad por lo actuado.

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Ante la presencia de viudas y parientes de Carabineros víctimas de la delincuencia, así como agrupaciones de familiares de detenidos desaparecidos, la Sala del Senado comenzó la discusión de la Ley Naín-Retamal. Esto, tras la aprobación en general de la instancia por parte de la comisión de Seguridad de la Corporación.

En medio de un ambiente tensionado, la senadora Fabiola Campillai (IND), fue la primera parlamentaria en intervenir en contra de la iniciativa, se puso de pie para dirigirse ante la Cámara Alta y tildó al proyecto como una “aberración”. Además, anunció que en caso de ser aprobada la iniciativa pedirá el veto presidencial, ya que le ofrece impunidad a Carabineros.

“Me pongo de pie para hablar porque, al parecer, a este Senado no le basta con tener una colega, a la cual un carabinero le disparó en la cara con un arma que supuestamente era un arma no letal y que pudo haber sido letal para mí, porque estuve entre la vida y la muerte”, manifestó Campillai.

“Hoy, ese carabinero, gracias a dios y la justicia, está preso, a doce años de cárcel. Esta ley, ‘gatillo fácil’ ¿dice que puede haber impunidad retroactiva? O sea, que se le va a poder revisar el caso a la persona que me disparó. ¿Qué le decimos a las personas que perdieron familia”, agregó la parlamentaria.

En complemento de lo anterior, la senadora aseveró que “este proyecto salió peor de la comisión de Seguridad, es una aberración como está hoy. No se escuchó ni siquiera al alto comisionado de la ONU. Es impresentable y lo digo de pie, porque quiero ver quiénes votan a favor de este proyecto, porque este proyecto no va a evitar que mueran más personas”.

Al terminar su alocución, fue el momento de la palabra de la otrora integrante del Partido Republicano, senadora Carmen Gloria Aravena (IND), quien emplazó a Campillai y aseguró que votará a favor ya que “estamos en una democracia, no en una dictadura”.

“Contrario a lo que manifestaba mi colega, la senadora Campillai, esta ley para nada es el gatillo fácil, tampoco es un privilegio, más bien es un derecho, principalmente vinculado a la legítima defensa privilegiada, que no es un privilegio pero sí es claramente una necesidad devolver a Carabineros, policías y Fuerzas Armadas, la legítima defensa frente a una situación en la que ellos no la pidieron, cumpliendo sus funciones y hoy día son muchas veces perseguidos y condenados a perder sus carreras porque tuvieron que defenderse o defender a otro”, indicó.

“Este proyecto de ley que aumenta penas en delitos cometidos contra autoridades en ejercicio del resguardo del orden público era esperado hace mucho tiempo. Sé que estamos divididos en esto, y no tengo problema en decirle a la senadora Campillai que sí, yo voy a votar a favor de este proyecto y lamento que nos amenace a quienes votamos a favor o en contra”, complementó Aravena.

En la misma línea, la senadora independiente aseguró que “estamos en democracia, no en dictadura. Y tenemos derechos a defender nuestros principios, valores y principalmente defender una región como La Araucanía, que ha vivido más de 7 mil atentados terroristas y en muchos de ellos han sido víctimas Carabineros, personas mapuche y civiles”.

Los parlamentarios continuaron con el debate sobre la iniciativa cuando llegó el turno de la palabra del senador Iván Moreira (UDI), quién también respondió a Campillai y afirmó que sus dichos “nos da la fuerza necesaria para votar” la Ley Naín-Retamal.

“Esta es una cámara política, no es una cámara de expertos. Cuando yo escuchaba anteriormente a una señora senadora (Campillai) usar el término ‘aberración’, qué pena, y nos amenaza del cómo vamos a votar. Yo les puedo decir que nos da la fuerza necesaria para votar con mayor convicción este proyecto”.

Fue en aquél momento cuando los asistentes en el público comenzaron a vociferar distintas consignas, por lo que Moreira les respondió que “cuando escuchamos estos gritos sabemos perfectamente que es el odio de hace 50 años atrás, y en estos últimos 30 años los que más hablan de democracia son precisamente una izquierda resentida con un discurso de odio”.

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