Archives

Durante décadas, Carabineros fue una de las instituciones con más prestigio en Chile. Sin embargo, en los últimos años, ha perdido esa categoría debido a casos de corrupción y denuncias por uso excesivo de la fuerza.

Entre los casos de uso excesivo de la fuerza destaca, en la historia reciente, el que ocurrió el 2015, después de que un policía dejara en coma al estudiante Rodrigo Avilés tras lanzarle agua a presión desde un camión blindado o “guanaco”, durante una manifestación por la educación en Valparaíso.

Un año después, estalló el fraude conocido como “Pacogate”, en alusión al nombre coloquial (“paco”) con el que se conoce a la policía chilena y al escándalo político estadounidense “Watergate”. El “Pacogate” es considerado el mayor fraude económico de la historia de nuestro país y tiene más de 130 personas imputadas, incluyendo a importantes exmiembros del Alto Mando de la policía uniformada.

Conocido también como “megafraude” en Carabineros, comenzó a operar el año 2006, aunque se conoció recién en 2016, si bien algunos señalan que las fórmulas para desviar recursos datan desde fines de los 80. Sus últimas esquirlas volvieron a dañar la institución, el 17 de marzo recién pasado, cuando la Corte Suprema rechazó en fallo unánime una solicitud de anulación de sentencia judicial o recurso de casación y confirmó el fallo que condenó a un oficial (r) por fraude al fisco. Se trata del exteniente Guillermo Benítez, sentenciado a 541 días de presidio e involucrado en una “maniobra” para establecer sobreprecio en el valor de los perros policiales con que trabajaba en la unidad canina de la institución.

Posteriormente, el 27 de marzo, la Corte de Apelaciones de Santiago acogió una demanda en contra de otro de los condenados por malversación de caudales públicos. El sargento en retiro José Alberto León, que también es investigado como coautor del delito de lavado de activos y sentenciado a pagar al fisco una suma superior a los 200 millones de pesos.

Cabe mencionar que, a comienzos del 2020, el monto total del “megafraude” fue avaluado en más de 35 mil millones de pesos, siendo señalado como el “caso más grande de corrupción” ocurrido durante la vigencia del sistema procesal penal iniciado en el año 2000. En total, 132 personas han sido formalizadas por el caso, tanto civiles como integrantes de la institución, incluyendo a exmiembros del Alto Mando de la institución, como el otrora general director de Carabineros Eduardo Gordon.

Fraude en la Escuela de Adiestramiento Canino

El máximo tribunal del país rechazó por unanimidad los recursos de casación interpuestos por la defensa del sentenciado Guillermo Alfonso Benítez Paredes, contra la sentencia que lo condenó a 541 días de presidio, con el beneficio de remisión condicional de la pena por el término de dos años, en calidad de autor del delito de fraude al fisco. El ilícito fue cometido entre 2009 y 2011, en la Escuela de Adiestramiento Canino de Carabineros.

De acuerdo con el fallo, en esos años dos funcionarios públicos, uno del grado de teniente coronel de Carabineros y el otro del grado de teniente, ambos de la dotación de la referida Escuela de Adiestramiento Canino, el primero de ellos ejerciendo el cargo de director y el segundo como jefe de la Comisión Adquisición de Canes Fiscales del mencionado plantel, consintieron en defraudar al fisco. Utilizaron la modalidad de adquisición “trato directo”, basándose en informes técnicos evacuados por el señalado teniente coronel de Carabineros para eludir las normas regulatorias de licitación del portal de compras públicas. Sus operaciones consistían en acordar con proveedores formales e informales de ejemplares caninos los valores de los canes que se adquirían para la institución con un sobrevalor respecto a los precios de venta del mercado. Según los informes periciales elaborados por el Departamento Investigación de Organizaciones Criminales de Carabineros (OS-9) y Laboratorio de Criminalística de la Policía de Investigaciones (PDI), las operaciones facturadas suman un total de $101.209.500, causando un perjuicio patrimonial al fisco (Carabineros de Chile) por la suma de $17.073.354.

Condenado a pagar más de 200 millones

La Corte de Apelaciones de Santiago acogió una demanda civil presentada por el fisco en contra de José Alberto León Cisterna, sargento en retiro de Carabineros, condenado en calidad de autor del delito consumado de malversación de caudales públicos y como coautor del delito de lavado de activos. Los ilícitos fueron cometidos entre diciembre de 2011 y diciembre de 2012. También de forma unánime, el tribunal de alzada revocó la sentencia apelada, dictada por el Quinto Juzgado Civil de Santiago, acogió la demanda y condenó a León Cisterna a pagar al fisco la suma de $225.529.406. La cifra es equivalente a la que le fue abonada en su cuenta corriente.

Según el fallo, “ninguna prueba se ha rendido, tanto para justificar que el valor apropiado por el demandado sería equivalente solo a la cantidad inferior que habría efectivamente percibido como pago por sus servicios de testaferro para otros eslabones superiores en la cadena de defraudaciones por la que se le condenó”.

“Sobre este punto, si bien se estableció que León Cisterna percibió la suma equivalente a los 12 depósitos que detalla el fallo penal, y que de esa suma descontaba una comisión antes de redistribuir o reintegrar a terceros la mayor parte de lo así apropiado, el perjuicio para el demandante equivale a los fondos públicos distraídos y no al beneficio que de ello pudo obtener este particular coautor del delito de malversación de caudales y lavado de activos”, concluye el fallo.

Impacto del “Pacogate”

El “Pacogate” tuvo un impacto negativo en la percepción de la ciudadanía sobre la fuerza policial. Según la encuesta Cadem, Carabineros pasó de tener un 77% de evaluación positiva en febrero de 2017 a un 52% en julio del mismo año. Por su parte, la encuesta CEP indica que la evaluación positiva de la institución bajó desde el 54% en enero de 2017 al 37% en junio de ese año. A partir de 2018, la imagen de la institución siguió viéndose dañada, sumándose también los efectos de la denominada “Operación Huracán”.

A raíz tanto del caso “Pacogate” como del escándalo de la “Operación Huracán” y la subsiguiente crisis en Carabineros, en marzo de 2018 se realizó una renovación en los Altos Mandos de la institución. En total, fueron 15 los generales que fueron pasados a retiro por decisión del entonces general director Hermes Soto.

El ex general director Mario Rozas, quien asumió dicho cargo tras la remoción de Hermes Soto por el asesinato de Camilo Catrillanca, afirmó en enero de 2019 que la crisis ocurrió “por no controlar, por no observar lo que pasa en nuestro ambiente. Por creernos autosuficientes y no observar lo que pasaba a nuestro alrededor”, y añadió que “la única forma de salir de esta crisis es escuchando críticas y asumiendo culpas, porque hay que asumir que fuimos soberbios como institución”.

El desprestigio de Carabineros alcanzó su punto máximo durante las revueltas de 2019 que dejaron miles de heridos, numerosas personas con daños oculares, y en cuyo contexto se conocieron denuncias contra el cuerpo uniformado por “violaciones generalizadas” de derechos humanos por parte de Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales.

Entre quienes cuestionaron la represión de aquellas manifestaciones populares estaba el entonces diputado Gabriel Boric y algunos de los miembros que después integrarían su Gobierno, una situación que la UDI le recordó recientemente en pleno debate legislativo, exigiéndoles una vez más que pidan perdón a la policía uniformada por sus críticas.

El futuro de la controvertida institución de Carabineros de Chile, policía envuelta en escándalos de corrupción y casos de violaciones de los DD.HH., es un permanente punto de conflicto entre la coalición de Gobierno –que apuesta por reformar la institución– y la oposición conservadora –que pone obstáculos a la posibilidad de reformarla–.

Un pulso que ha vuelto a colocarse en el centro del debate político tras la muerte, en apenas quince días, de dos carabineros en procedimientos rutinarios, pese a que el Presidente Gabriel Boric pidió a los partidos evitar politizar la seguridad, principal inquietud de los chilenos según las encuestas Cadem e Ipsos.

El repunte de la polémica ha coincidido, asimismo, con la publicación del informe anual de Amnistía Internacional, en el que la organización de defensa de los derechos humanos calificó de “preocupante” tanto la permanencia en su posición del actual general director de Carabineros, Ricardo Yáñez –considerando que actualmente está siendo investigado por el delito de omisión ante “apremios ilegítimos” durante el estallido–, como la falta de avances en la citada reforma del cuerpo policial, una de las promesas de campaña del Mandatario.

En este tenso contexto, el Congreso acordó aprobar siete proyectos de seguridad, “legislación en caliente” –según expertos internacionales, el Gobierno y los propios parlamentarios– impulsada por Juan Antonio Coloma, presidente del Senado y miembro de la Unión Demócrata Independiente (UDI), iniciativas entre las que se encuentra la denominada Ley Naín-Retamal.

Síguenos en

Intensas horas se han vivido en el país y especialmente en La Moneda tras el homicidio del cabo primero de Carabineros, Daniel Palma, quién falleció tras recibir dos disparos en la cabeza en el marco de un control policial en el centro de Santiago.

Tras el suceso, la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, anunció que durante la jornada de este jueves darían a conocer una serie de medidas para combatir este tipo de crímenes. A primera hora de este jueves, la ministra del Interior, Carolina Tohá, detalló el plan que llevará a cabo el Gobierno.

También te puede interesar:

En ese sentido, la secretaria de Estado manifestó que “todo Chile está golpeado y como Gobierno nos hacemos parte de esos sentimientos”. “No tenemos la posibilidad de quedarnos en esa indignación y en esa conmoción; tenemos que actuar”, aseguró.

Asimismo, Tohá sostuvo que el Presidente Gabriel Boric “nos ha pedido que hagamos un plan urgente de reforzamiento de las protecciones a las policías”.

“La primera reunión que tendremos hoy día con los servicios de seguridad interior, uno de sus focos será levantar las medidas que sean necesarias para las policías tengan un refuerzo en sus equipamientos”, declaró la titular de Interior.

Síguenos en

Terminan semanas marcadas por los desajustes en la negociación de la Ley Naín-Retamal, que busca regular y darles más atribuciones a las fuerzas policiales. La semana pasada la tensión comenzó entre el Gobierno y los parlamentarios oficialistas para aprobar el proyecto en la Cámara de Diputadas y Diputadas. Luego, el lunes, hubo una crispada negociación entre los ministros Carolina Tohá y Luis Cordero con los senadores de oposición en la Comisión de Seguridad, la que terminó con los jefes de las carteras del Interior y Justicia parándose de la mesa en plena sesión, después que la derecha no aceptara la indicación del Gobierno. Ahora, que el proyecto fue aprobado en la Cámara Baja, parece enfrentar una última instancia: el Tribunal Constitucional (TC). La Moneda advierte que no va a participar de esta iniciativa, señalando que “el Gobierno dejó atrás este proyecto, porque ya se votó. Los parlamentarios están en su derecho de ir al TC, pero la agenda del Ejecutivo avanzará a lo que sigue en los temas de las reglas del uso de la fuerza”, señalan desde Palacio.

Los últimos nueve días han sido complejos para La Moneda. Tras el asesinato de la sargento Rita Olivares el domingo 26 de marzo, la agenda de seguridad que venía trabajando el Ejecutivo sufrió cambios tanto en el calendario como en sus prioridades. Con la coyuntura, el Parlamento cambió su semana distrital para votar distintas leyes y, entre estas, el proyecto de ley Naín-Retamal, que –como aseguran fuentes de Palacio– por temas administrativos del Congreso no fue posible hacer indicaciones y por eso llamaron a aprobarlo, con la apuesta de modificarlo en el Senado. 

A regañadientes por parte de algunos diputados de la alianza de Gobierno, aprobaron el proyecto siempre y cuando pudieran modificar los artículos que más generaban ruido, entre los que destacaba el artículo 7, que contemplaba la “legítima defensa privilegiada”. Sin embargo, las mismas fuentes revelaron que no contaban con la actitud que tendría la oposición en la Comisión de Seguridad liderada por el senador Felipe Kast. 

En dicha comisión, todas las indicaciones propuestas por el Ejecutivo se rechazaron y fracasó el intento del oficialismo de regular el uso de la fuerza y otras atribuciones de las FF.AA., de Orden y Seguridad Pública a través del Código de Justicia Militar. Como la oposición quería regularlo por el Código Penal, se les pasó la aplanadora. “Lo que vinimos a alegar ha sido rechazado de cuajo”, dijo la ministra Tohá antes de retirarse de la mesa junto al ministro Cordero, en medio de la sesión. 

Un día más tarde, el martes, las autoridades gubernamentales asistieron al Congreso en Valparaíso para insistir en las materias que ellos consideraban prioritarias. Ahí encontraron más voluntad de diálogo. A eso de las cuatro de la tarde, la titular de la Segegob, Camila Vallejo; la ministra subrogante de la Segpres, Macarena Lobos; y los ministros Tohá y Cordero, comenzaron a cuadrarse con los senadores oficialistas para preparar una propuesta a la oposición y poder arreglar materias que para ellos eran preocupantes y artículos que habían sido aprobados en la comisión, pero para el Gobierno resultaban “desproporcionados”. 

El documento con propuestas fue y volvió en el oficialismo, y la oposición, a su vez, con propuestas y contrapropuestas, mientras en la Sala del Senado los legisladores daban sus discursos sobre la materia. Finalmente, el proyecto quedó en el Código Penal, a contracorriente de los deseos del Gobierno, al igual que muchas otras indicaciones. Sin embargo, el Ejecutivo logró el objetivo de corregir los riesgos de proporcionalidad del uso de la fuerza y establecer una normativa más coherente y clara respecto a los casos en que las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública pueden utilizar sus armas, además de puntualizar que la legítima defensa fuese en protección de la vida del funcionario o de un tercero, mas no de bienes. 

En la tarde del martes, la propuesta fue aprobada en general en la Cámara de Diputadas y Diputados con 137 votos a favor, 2 en contra y 2 abstenciones. Luego, en particular, tras 18 votaciones, todos los artículos consiguieron cruzar la barrera de aprobación.

Desde el Gobierno advirtieron que lograron solucionar sus temas prioritarios en el Senado, sin embargo, es un proyecto “mucho más grande que esos artículos”. Parlamentarios oficialistas advirtieron que llevarán la ley al Tribunal Constitucional para que revise la constitucionalidad de algunas normas contenidas en ella. El primero en anunciarlo fue el jefe de bancada PC, Boris Barrera, ese mismo martes en la tarde: “Estamos estudiando el camino, tenemos un texto avanzado y ahora solamente lo estamos afinando. De acuerdo a lo que salió del Senado, hay inconstitucionalidad”, manifestó el parlamentario.

También lo plantearon varios senadores del oficialismo, previo a que se cambiaran los artículos clave. El senador y presidente de Revolución Democrática, Juan Ignacio Latorre, anunció que recurriría al TC por tres artículos que están “lejos de atender los problemas estructurales que aquejan a las instituciones policiales”. Incluso, la senadora Yasna Porovoste (DC) advirtió que estima que existen artículos que “no protegen a las policías, se les termina judicializando y afecta el principio de legalidad y proporcionalidad”.

Sin embargo –como se señaló–, desde el Ejecutivo son categóricos en afirmar que no participarán de tal iniciativa: “El Gobierno dejó atrás este proyecto, porque ya se votó. Los parlamentarios están en su derecho de ir al TC”.

En tanto, la senadora Fabiola Campillai fue más lejos aún, con una posibilidad que el Gobierno no ha mencionado. La legisladora independiente advirtió que, si era aprobada la ley, iba a solicitar el veto presidencial, “porque creo que es necesario”. Por su parte, Francisco Huenchumilla (DC), vicepresidente del Senado, tampoco quedó muy satisfecho con la propuesta que emanó de su Corporación y planteó, en caso de que se aprobara en la Cámara de Diputadas y Diputados, lo siguiente: “Creo que debería estudiarse la posibilidad de tener un veto para hacer un ordenamiento dentro del texto y no tener cuestiones contradictorias. No es bueno legislar a la rápida. Sobre todo cuando son materias complejas y difíciles desde el punto de vista jurídico”, recalcó.

Síguenos en

A solo horas de ser despachada por el Senado la Ley Naín-Retamal, funcionarios de Carabineros fueron atacados con armas de fuego en la comuna de Santiago en el marco de un procedimiento policial, resultando el cabo primero Daniel Palma herido de gravedad.

El coronel Pedro Álvarez, Prefecto de Santiago Central, confirmó en un caótico punto de prensa que la institución se encuentra “realizando acciones para determinar a los responsables de este lamentable hecho que tiene a uno de nuestros funcionarios en el servicio de urgencia, luchando por su vida”.

El uniformado relató que se trató de un servicio focalizado en el sector del Teatro Caupolicán, en el corazón de la capital, al cual acudió Carabineros y en ese procedimiento el cabo Palma recibió dos disparos. “Uno de ellos impactó su cráneo”, contó el coronel Álvarez.

También te puede interesar:

La Ministra del Interior, Carolina Tohá, dijo que “los hechos son devastadores, son de la mayor gravedad”. Igualmente desde la ex Posta Central, la secretaria de Estado comentó que el cabo se encontraba realizando un procedimiento a propósito de un vehículo que fue visto emitiendo disparos. “Él iba en una moto y apenas se aproximó recibió dos balazos en la cabeza”.

La ministra Tohá hizo hincapié en el hecho de que el carabinero fue baleado apenas se acercó a los desconocidos que dispararon a matar. Eso sí, destacó que el cabo Palma está vivo, pero en condiciones críticas y está recibiendo atención.

La declaración de la titular de la cartera de Interior y Seguridad Pública fue escueta, y tras reunirse con el General Director de Carabineros Ricardo Yáñez, quien también llegó hasta la ex Posta Central, Tohá se dirigirá a La Moneda para juntarse con el Presidente Gabriel Boric, para “tomar medidas adicionales que vamos a resolver en los próximos momentos”.

“Trabajo día a día con Carabineros, quienes exponen sus vidas para dar seguridad a la ciudadanía. El ataque al cabo Daniel Palma me conmociona profundamente. Chile debe unirse contra el crimen organizado, sin mezquindades. Estamos con su familia, la institución y todo el país”, agregó la delegada presidencial en la Región Metropolitana, Constanza Martínez.

En redes sociales, la alcaldesa Irací Hassler (PC) condenó el “cobarde ataque contra funcionarios de Carabineros de nuestra 4ta comisaría de Santiago, que tiene al cabo Daniel Rodrigo Palma luchando por su vida”. Y agregó: “Enviamos toda la fuerza y cariño a él, su familia e institución. Esperamos pronta detención y entrega a la justicia de los culpables”.

En esa misma línea, el senador Juan Luis Castro (PS) sentenció que “la situación requiere una acción concreta”. A su juicio, no bastan las leyes que ya se han aprobado. “Este combate requiere medidas aún mayores”, señaló en una declaración publicada en Twitter, junto con un llamado a “evaluar, reflexionar, un Estado de Emergencia acotado en algunas comunas de Santiago, como en Santiago Centro, donde el delito se ha tomado las calles”.

“Nadie puede descartar un Estado de Excepción en la Región Metropolitana, ante este nivel de agresividad contra Carabineros pese a las leyes recién aprobadas”, reiteró el senador Castro.

El diputado de la DC, Eric Aedo, por su parte, pidió a los partidos oficialistas y republicanos no acudir al Tribunal Constitucional por la recién aprobada Ley Naín-Retamal. “Les quiero pedir a esos sectores políticos que insisten en proteger el crimen organizado y el narcotráfico, que no vayan al Tribunal Constitucional”, solicitó.

Desde RN, en tanto, el senador Francisco Chahuán recalcó que “el mismo día en que finalmente logramos aprobar la ley Naín-Retamal, conocimos la dramática noticia de que un nuevo carabinero ha sido herido con una bala en la cabeza”. En ese sentido, el senador Chahuán pidió al presidente Boric “que ejerza su liderazgo y promulgue de inmediato la ley que otorga facultades y atribuciones a la policía”.

“Este mismo día, dos partidos de la coalición de gobierno han anunciado que recurrirán al Tribunal Constitucional para dilatar la entrada en vigencia de la ley, lo que es impresentable. Presidente, ejerza su liderazgo, el país se lo reclama”, fustigó el legislador de RN.

Cabe mencionar que, tras ser ingresado, se determinó que el carabinero Palma sería intervenido quirúrgicamente por un equipo neuroquirúrgico en una operación que podría tomar varias horas, según indicó el director de la ex Posta Central, Valentín López.

“He hablado con el equipo de neurocirugía de la ex Posta Central y han decidido que lo llevarán al quirófano debido a un traumatismo encefalocraneano, por lo que se encuentra en pabellón (…) Las lesiones son lo suficientemente graves como para que esté en un pabellón para neurocirugía”, afirmó López.

Diputados UDI exigen promulgación de Ley Naín-Retamal

En tono más crítico, luego del ataque perpetrado contra Carabineros, la bancada de diputados de la UDI exigió que el presidente Gabriel Boric promulgue este jueves la batería de leyes en materia de seguridad despachada desde el Congreso esta semana, “en especial la Ley Naín-Retamal”.

“Este atentado, que tiene a un carabinero en estado grave, afecta el alma de Chile y vuelve a impactar a la ciudadanía”, afirmaron los legisladores a través de un comunicado.

“Por eso”, agregaron, “en honor a los mártires y a los funcionarios de las policías atacados por la delincuencia, es que exigimos al presidente Boric que promulgue en el día de mañana la Ley Naín-Retamal, como una señal a estos enfermos delincuentes que asesinan o hieren gravemente a nuestras policías”.

“Además, le pedimos que, en su calidad de jefe de su coalición política, solicite a su partido y al PC que no presenten este recurso dilatorio ante el TC, para que esta ley comience desde ya a proteger a quienes nos protegen”, cerraron los diputados gremialistas.

General Director de Carabineros, Ricardo Yáñez: “Los vamos a encontrar”

La máxima autoridad de la policía uniformada expresó que están golpeados y dolidos. “El delincuente que hoy intentó matar a este carabinero, ojalá se atreva a esconderse, porque lo vamos a buscar y lo estamos buscando con todos nuestros medios”, señaló visiblemente emocionado el general Yáñez después de visitar al cabo Palma en la ex Posta Central.

“Basta de que sigan matando a quienes nos cuidan. Hoy, hay un hijo, una esposa, sufriendo, una institución que está sufriendo, pero no vamos a descansar y los vamos a encontrar, no vamos a descansar hasta que los encontremos”, reiteró el general director de Carabineros, confirmando que también se reunirá con autoridades de Gobierno.

Consultado por las leyes actualmente en tramitación en el Congreso, el oficial Ricardo Yáñez valoró “el esfuerzo que está haciendo el país y las autoridades que van en la dirección correcta de entregarnos mayores facultades”.

“Enfrentamos una delincuencia terrible. Personas que disparan sin ninguna causa”, sentenció el jefe policial. Y concluyó: “Somos una institución preventiva, que es cercana con la comunidad. No podemos andar a punta de balazos con todo el mundo, pero obviamente la forma, la violencia con la que están actuando estas personas, obviamente nos va a obligar a buscar otras estrategias para poder enfrentarlas”.

“Condeno absolutamente lo que está ocurriendo, estamos desplegados como institución al máximo; una, apoyando a la familia, completa; segundo, todos mis carabineros están desplegados buscando a este delincuente. Esto no puede seguir pasando y no lo vamos a permitir”, cerró.

Síguenos en

En calidad de imputado, el exministro del Interior durante la administración de Sebastián Piñera, Andrés Chadwick, declaró ante la fiscal de Alta Complejidad Centro Norte, Ximena Chong, a raíz de la investigación por delitos de lesa humanidad y responsabilidad del alto mando de Carabineros registrados durante el estallido social.

Según consigna La Tercera, la instancia tuvo lugar el pasado viernes 31 de marzo en una oficina de la comuna de Vitacura, donde la persecutora le formuló un total de 132 preguntas al exsecretario de Estado.

También te puede interesar:

En primer lugar fue consultado sobre las funciones que realizó con respecto al orden público durante las manifestaciones de la revuelta social. En ese sentido, indicó que “la situación que se produce a partir del 18 de octubre es una situación completamente inédita y lo señalo porque cuesta encontrarlo en períodos más recientes. Fue una situación de orden público que generó sorpresa en el gobierno, Carabineros, y toda la ciudadanía. Era un situación que nunca habíamos experimentado”.

En vista de lo anterior, aseguró que el expresidente Piñera “se vio obligado a tomar (medidas) en torno a la superioridad de la violencia. La forma como el gobierno o el presidente aborda el tema de este orden público descontrolado y de violencia inusitada, es recurrir a un Estado de Excepción”.

En la misma línea, Chadwick sostuvo que el entonces subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla, le informó que Carabineros no tenía “la posibilidad o capacidad de poder cubrir las estaciones del Metro por un problema de dotación. Ante eso y dados los riesgos inminentes, el presidente decide recurrir al Estado de Emergencia”.

Posteriormente, la persecutora de Alta Complejidad Centro Norte le preguntó respecto al actuar de Carabineros durante las manifestaciones. En ese sentido, aseguró que se le dispuso a los funcionarios policiales transparentar la información y hacer valer el uso de la fuerza con “responsabilidad” y “respeto a los derechos humanos”.

Para esto, reveló que pidió la “información detallada de las personas lesionadas, detenidas, la entrega de información a la Fiscalía, cuántos sumarios internos se estaban desarrollando, que me entregaran toda la información que me permitiera ir formando una opinión de la situación y cómo estaba siendo realizada y fiscalizada”.

Respecto a si conocía o no los resultados que Carabineros encargó sobre el contenido de la munición que se utilizaba en las escopetas antidisturbios, afirmó que “no. Siempre yo asumí y entendí que las municiones, como siempre se señaló, eran de goma. El general no me informó nada previamente, los resultados los supe por los medios de comunicación”.

“A mi me genera una situación de profunda…contraria a todo lo que yo he querido hacer en mi vida, que surjan situaciones en que yo no he actuado en forma correcta de acuerdo a la ley, al Estado de Derecho. Es como yo me he formado, entonces me perturba”, sentenció Chadwick.

Síguenos en