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La venezolana Guarequena Gutiérrez llegó a Chile el 2018 como una inmigrante venezolana más de los tantos que llegaban al país escapando de la compleja situación económica y social que vivía Venezuela bajo el gobierno de Nicolás Maduro. Tras años de elecciones declaradas irregulares por la comunidad internacional, la oposición de ese país ideó como una manera de rearticularse políticamente nombrar al entonces presidente del Parlamento venezolano, Juan Guaidó, como “presidente encargado” (enero 2029-enero 2023). Esta jefatura pretendía levantarse como la autoridad legítima frente al gobierno de facto de Nicolás Maduro, sucesor de Hugo Chávez.

Fue ese proceso de reconocimiento del “presidente encargado” Juan Guaidó por Chile durante el segundo gobierno del Presidente Sebastián Piñera (2018-2022) que apareció Guarequena Gutiérrez como representante de la comunidad venezolana en Chile al ser nombrada embajadora del gobierno de Guaidó el 29 de enero del 2019.

Abogada y técnico en administración, Guarequena Gutiérrez, explica en esta entrevista su reacción al saber que los principales sospechosos del asesinato del cabo Daniel Palma Yáñez eran venezolanos, entrega su apoyo las medidas anunciadas por el Fiscal Nacional, Ángel Valencia, de prisión preventiva para los extranjeros que no puedan probar su identidad, solicita no caer en una generalización de toda la comunidad venezolana por el caso de dos venezolanos involucrados en este asesinato  y aclara “indudablemente la comunidad venezolana apoyamos a que caiga todo el peso de la ley en los delincuentes en Chile, de la nacionalidad que sea.

-¿Cómo está?

-Con pena, con vergüenza. Con de todo.

-¿Cómo recibe que sean venezolanos los principales sospechosos de la muerte del carabinero?

-Lo importante en este caso es distinguir que son delincuentes, sean chilenos o extranjeros. La delincuencia está desatada. Justamente el miércoles se aprueba en el Parlamento la Ley Naín-Retamal y ese mismo día, tristemente, tenemos un funcionario de Carabineros asesinado. Carabineros es una institución que los venezolanos admiramos, respetamos, queremos y apoyamos porque en nuestro país tenemos una policía totalmente corrupta.

-¿Cómo ha visto la reacción de la comunidad venezolana?

-Es una vergüenza, es penoso, que estén además venezolanos detrás de este hecho, como lo vimos también con el funcionario Alex Salazar, también fue un venezolano y de verdad que es una vergüenza profunda para nosotros, pero también nos llama a la reflexión, a la reflexión que deben tener los actores políticos de Chile para que no venga una cacería de brujas en contra de toda la comunidad venezolana, porque la mayoría vinimos a aportar.

-¿Está preocupada por lo que pase con los venezolanos?

-Salió el Fiscal Nacional diciendo que dará prisión preventiva a todos aquellos extranjeros que no tengan cómo probar su identidad, personalmente apoyo esta medida porque desde hace tiempo se necesita control en la migración. Hay venezolanos que entraron a Chile por pasos no habilitados, como una migración irregular, pero tiene que haber un control. Por qué esa persona entraron de esa forma.

-¿Considera que la migración ilegal ha afectado a la comunidad venezolana residente en Chile?

-Hay que evaluar distintos factores en el tema de la migración e indudablemente la comunidad venezolana, en su mayoría, apoyamos que caiga todo el peso de la ley en los delincuentes en Chile, de la nacionalidad que sean. En lo personal cuando son venezolanos nos afecta directamente porque es nuestro gentilicio o país el que se está manchando.

-¿Cómo explica el nivel de violencia de estos grupos?

-Esta conducta que vemos en delincuentes venezolanos ha sido producto de la descomposición social que se da con un régimen como el que impera en Venezuela, donde el delito es la regla, la corrupción es la regla. Cuando tu tienes un vecino en la región donde básicamente se cometen tantos delitos, tantos crímenes, lo más seguro es que vas a tener también el peligro de que esas personas vayan a tu país y eso es lo que estamos viendo ahora.

-¿Qué se puede hacer?

-Yo creo que el tema de la migración hay que verlo con lupa, porque también hay muchas personas que estamos aportando en Chile. Es beneficiosa la migración pero bien administrada, no dejarla como se ha dejado en algún momento que han entrado como sea, sin tener los registros.

-¿Cómo podría actuar el Servicio Nacional de Migraciones en estos casos?

-Hace unos meses vimos que el Servicio Nacional de Migraciones iba a empezar un proceso de empadronamiento, pero no ha ocurrido. Hoy vemos el asesinato de un funcionario que estaba en cumplimiento de su deber y que fue a mansalva, directamente a la cara, ni siquiera era que le estaba pidiendo un documento de identidad a estas personas.

-¿Este caso podría detener la migración de venezolanos?

-La migración existe y hay que ordenarla y cuando se habla de ordenarla es que tienen que hacer un operativo para un empadronamiento. Verificar en qué situación están, sea venezolano, cubano, francés, estadounidense. Vemos retrasos en el Servicio Nacional de Migraciones de personas que hicieron una solicitud de visa y tienen más de dos o tres años sin una respuesta. Estos retrasos de extranjería están generando la informalidad de la población migrante, porque tienen que trabajar, de algo tienen que subsistir. ¿Y dónde va a subsistir? en el mercado irregular, en el trabajo informal.

-¿Eso permitiría un mayor control de este tipo de delincuentes?

-Hay que buscar la forma de mejorar la regularidad de los extranjeros en Chile para que caiga todo el peso de la ley sobre quienes realmente están cometiendo delitos, sean extranjeros o sean chilenos.

-¿La comunidad venezolana ha pensado en realizar una declaración pública?

-Me han escrito muchas personas realmente preocupadas por lo que puede pasar. Uno se siente amenazado porque entiende la rabia de una persona nacional en Chile que dice vemos en 23 días tres asesinatos de carabineros en los cuales dos han sido en manos de venezolanos. Realmente nos preocupa que se dañe el gentilicio de la mayoría que estamos aportando. Hay una preocupación de la comunidad venezolana respecto de esta situación.

-¿Cree que este tipo de casos van a generar una revisión de la política migratoria?

-La inseguridad nos atañe a todos los que vivimos  en Chile. Este es un país de 19 millones de habitantes de los cuales 1 millón 500 somos extranjeros. Y la mayoría venimos de un país al que posiblemente no vayamos a regresar en el corto plazo. Queremos a Chile, nos preocupa Chile y respaldamos a Carabineros para que el país vuelva a tener la seguridad de hace 6 o 7 años. Esa era una de las cosas que nos gustaba de Chile y valoramos de Chile.

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Desde hace un par de semanas los parlamentarios comenzaron a postular la necesidad de declarar Estado de Excepción Constitucional en partes de la Región Metropolitana, en particular, en el corazón de la capital, la comuna de Santiago. Esa idea no generó mucho interés hasta que en la madrugada del jueves se confirmó la muerte del cabo primero Gabriel Palma tras recibir dos impactos de bala en su rostro. 

Ahora incluso entre parlamentarios del oficialismo hay quienes postulan que no sería mala idea decretar Estado de Excepción, pues ha mostrado avances positivos en el norte, como dijo el presidente de la Cámara de Diputadas y Diputados, Vlado Mirosevic. La ministra del Interior, Carolina Tohá, declaró que: “No descartamos ningún tipo de herramientas”.

El analista político, académico y director de la escuela de Gobierno y Comunicaciones de la Universidad Central, Marco Moreno, sostiene que la medida del Estado de Excepción singificaría escalar el clima de miedo que puede instalarse en la ciudadanía y además implicaría una dificultad para gobernar la región. 

-¿Qué viabilidad tiene el gobierno de implementar estado de excepción?
-Desde el punto de vista práctico, pueden hacerlo porque los parlamentarios, especialmente de oposición que han instalado el tema, podrían poner los votos en el Parlamento. Lo claro es que eso significaría escalar en el clima de miedo que puede instalarse en la ciudadanía. No estamos en condición de escalar el conflicto decretando el Estado de Excepción. 

Esto implicaría una dificultad para gobernar la región desde el punto de vista del orden público. Sería una muy mala señal sobre la capacidad del Gobierno para hacer frente a estos problemas. 

-¿Cuál es el efecto político de aplicar esta medida? 
-Simbólicamente significaría la incapacidad del Gobierno para contener esta crisis de orden y seguridad, tal como ocurre en la Araucanía o en el norte. Entonces, decretar un Estado de Excepción en la Región Metropolitana implicaría una insuficiencia del Gobierno para poder procesar y dar una solución a un problema de orden público. Claro, es un problema estructural que no se va a resolver con medidas transitorias. Los problemas de orden público y de seguridad requieren soluciones complejas, no soluciones simples como las que pone la oposición. 

– ¿Qué puede hacer el Gobierno frente a esta ola de demandas sobre seguridad? 
-Es buena la señal de intervenir en 30 comunas que tienen alto niveles de inseguridad, eso va en la dirección correcta. El Gobierno al promulgar la ley hoy rápidamente le da una herramienta a las policías, son un conjunto de medidas que van en esa dirección y que permiten bajar la sensación que está instalando la oposición y algunos medios de comunicación sobre un clima ingobernable del orden público y seguridad en la región. 

-¿Cómo afectan estos asesinatos en la escena política? 
-Lo que hemos visto es ganancia para la institución de Carabineros en términos de respaldo político. No solo la oposición los apoya, el Gobierno también se ha cuadrado con la institución. Vimos a los ex presidentes en el velorio del cabo Palma. Esas son señales políticas de respaldo a la institución, que como nunca ha tenido un alto nivel de respaldo político. Vamos a ver si eso consigue un cambio de la opinión pública porque es un factor de polarización a sólo un mes de la elección de Consejeros Constitucionales. Evidentemente aquí hay un intento de la oposición de aprovechar electoralmente la situación de orden público y seguridad. 

-¿Es el momento de la derecha antes de las elecciones del 7 de mayo?
-Es el momento político que ellos están generando. Temas de clima electoral para obtener un resultado electoral que les sea satisfactorio. La gente va a ir a evaluar, no solo va a elegir consejeros, sino que va a evaluar al Gobierno en esta materia. La agenda de orden público y seguridad le viene como anillo al dedo a la oposición.

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Después de asistir al responso del cabo de Carabineros Daniel Palma, el Presidente Gabriel Boric anunció una serie de medidas para combatir la delincuencia. En su discurso desde el Salón O’Higgins de La Moneda, explicó que se destinarán 1.500 millones de dólares para fortalecer la acción del Estado en contra del crimen organizado, con el objetivo de mejorar la protección de las policías.

El Mandatario comenzó su intervención lamentando el dolor que causó el hecho en el Gobierno y la ciudadanía. Destacó la importancia de actuar unidos, resaltando que se están realizando diversas reuniones con los poderes del Estado y las policías. Boric agradeció la colaboración de los sectores políticos que trabajaron en conjunto para alcanzar acuerdos, subrayando la importancia de la reciente promulgación de la Ley Naín-Retamal.

En este sentido, el Presidente aseguró que en el Estado chileno no hay fisuras en cuanto al combate a la delincuencia. Explicó que se enfrentará al crimen con la colaboración del Estado y la sociedad organizada, y se harán responsables de las actuaciones de carabineros.

“Quiero agradecer la generosidad y patriotismo de todos los sectores que fueron capaces de dialogar y generar acuerdos. Todas las autoridades respondemos a ese llamado, y lo seguiremos haciendo sin claudicación. El mensaje cuando se trata del combate a la delincuencia, en el Estado chileno no hay fisuras”, declaró el Presidente Boric desde el Palacio de Gobierno.

Asimismo, destacó la importancia de mantener la unidad como arma poderosa contra el crimen y la delincuencia. Boric anunció recursos adicionales para el combate al crimen, que se sumarán a los ya asignados en el Presupuesto 2023. Este incremento representará un 40% real del presupuesto público a las funciones de seguridad.

“No hay izquierdas ni derechas. Estamos en esta cruzada todos unidos. Nos hacemos responsables todos. El crimen y la delincuencia tienen claro que su principal adversario es un Chile en unidad. Por eso, están tratando permanentemente de dividirnos, de corromper las instituciones, de sembrar la desconfianza”, comentó el jefe de Estado.

Y agregó: “respecto a las legítimas diferencias políticas, no vamos a dejar de trabajar para proveer de seguridad a las familias:seguridad ciudadana, social y económica. Si somos capaces de sostener y ampliar esta unidad, los días del crimen están contados. Es importante desarmar a los criminales, quitarles su poder de fuego. vamos a limpiar de armas nuestros barrios”.

Con los recursos adicionales, se comprará nuevo equipamiento y material para las policías, y se invertirá en la focalización de la persecución del Ministerio Público para esclarecer homicidios y toda la acción investigativa. El Presidente reafirmó su compromiso de trabajar en conjunto para enfrentar la delincuencia y garantizar la seguridad de los chilenos.

“Son recursos extra que se irán aportando a medida que se tomen las medidas administrativas y salen del tesoro público: no corresponde a desvío de fondos de otras áreas”, afirmó, reiterando el llamado a la unidad. “Es a través de los hechos que este gobierno va a hablar: no más cuñas peleando entre nosotros”.

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El Presidente Gabriel Boric, además de los exmandatarios Ricardo Lagos, Michelle Bachelet y Sebastián Piñera, llegaron en la tarde de este jueves al responso fúnebre del cabo primero de Carabineros Daniel Palma. Un sujeto disparó en la cabeza del funcionario, en medio de un procedimiento realizado la noche del miércoles en el centro de Santiago.

El Presidente Boric llegó a la iglesia institucional de Carabineros para estar presente en el responso. Algunas personas apostadas en el lugar pifiaron al Mandatario y le gritaron “asesino”.

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Más temprano, los expresidente Piñera, Lagos y Bachelet arribaron al lugar.

También están presentes la delegada presidencial de la Región Metropolitana, Constanza Martínez; el fiscal nacional, Ángel Valencia; el comandante en jefe del Ejército, Javier Iturriaga, y el director de la Policía de Investigaciones (PDI), Sergio Muñoz.

El Servicio Médico Legal (SML) entregará próximamente el cuerpo del funcionario. Tras ello, se realizará cortejo fúnebre hasta la iglesia institucional de Carabineros.

Recordemos que tras la muerte de Palma, el Gobierno promulgó hoy la Ley Naín-Retamal -despachada ayer por el Congreso-, que otorga mayores facultades a policías. A su vez, la coalición oficialista Apruebo Dignidad indicaron que no acudirán al Tribunal Constitucional (TC).

A su vez, el Ejecutivo anunció que adelantarán un plan de intervención de espacios públicos, en particular en comunas con altos números de crímenes violentos.

• Llegada de los exmandatarios.

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