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Cada vez cuesta más entender a nuestros parlamentarios. A sus constantes exabruptos, uso de disfraces –de cocineros y sheriffs–, vuelos al estilo Avengers –Pamela Jiles–, combos y empujones –De la Carrera es experto–, insultos a granel –la doctora Cordero–, entre otras cuestionables conductas, ahora hemos sumado algo que en términos clínicos se llama el pensamiento mágico. Resulta que convencieron a un país –angustiado por la sensación de inseguridad– de que, con un buen paquete de leyes, esto se puede resolver. Vamos legislando entonces rápido y ojalá con la mayor cantidad posible de proyectos. Es decir, a un problema, una ley. Lo dramático es que esos mismos ciudadanos tienen al Parlamento y partidos políticos en el último lugar de confianza entre todas las instituciones del país. Así y todo, les han creído o, bien, han tenido la necesidad de creer.

Por supuesto que estoy exagerando el recurso para explicar lo que ha sucedido en estas semanas complejas para Chile, porque también valoro el esfuerzo de algunos parlamentarios, especialmente el rol cumplido por la dupla Coloma-Mirosevic. No cabe duda de que, más que un aumento de los delitos, lo que estamos experimentando es una transformación del delito. Los asaltos son más violentos y sangrientos, existen bandas organizadas con poder de fuego –muchas ligadas al narcotráfico–, lo que contribuye a aumentar una sensación de inseguridad, que es agudizada por los medios –especialmente la TV–, que utilizan el miedo como arma para elevar el rating. Pero, sin duda, la muerte de carabineros –el último, Daniel Palma, paradójicamente asesinado el mismo día en que se aprobó la Ley Naín-Retamal– es un remezón fuerte para la sociedad.

Sin embargo, si hay algo que uno debería esperar –o exigir– de los parlamentarios, es que tengan la racionalidad, cabeza fría y el temple para legislar en temas de alta complejidad. Para eso fueron elegidos, no para reaccionar a las encuestas. Una ley es un instrumento que va a regir el comportamiento de los ciudadanos, pero también de varias instituciones, como el Ministerio Público, la Defensoría Penal Pública, los jueces y las policías. Por tanto, debe ser pensada en el largo plazo.

La Ley Naín-Retamal fue aprobada en un tiempo que podría ingresar al récord Guinness. En menos de una semana pasó por cuatro comisiones y el Pleno de ambas Cámaras. Además, la votación en la Sala de la Cámara Baja duró exactamente 20 minutos, pese a que se votaron 18 artículos por separado. No se recibió a ningún experto, no se consideró la opinión de la ONU, ni siquiera se invitó a representantes de las policías, cuando se estaba discutiendo el uso que ellas hacen de las armas. Es decir, esta fue una ley sacada urgentemente, para responder a la premura y la presión ciudadanas. Hace cuatro años, durante el estallido social, el 49% de las personas señalaba que Carabineros solo debía usar sus armas de servicio en ciertas circunstancias, contra el 95% que hoy piensa que sí, de acuerdo a la encuesta Cadem, publicada los mismos días en que se votaba la ley.

Más allá de que era necesario avanzar en la legislación del uso de la fuerza por parte de las policías –no puede ser que Carabineros tenga menos poder de fuego que las bandas de narcotraficantes–, les aseguro que en un par de años más nuestros parlamentarios estarán revisando esta ley, una vez que la percepción sobre la seguridad cambie. Un dato que demuestra que la percepción actual está condicionada por el cambio en la calidad del delito, es que, según la propia Cadem, con Boric la visión de aumento del delito alcanza a 82%, contra el 85% que tuvo Bachelet II y el 89% de Piñera II

No cabe duda de que las leyes, aunque ayudan, no son la única herramienta que puede contener a los delincuentes. Un mejor marco legislativo debe ir acompañado de acciones concretas en la previsión y persecución de los delincuentes, de una mejor inteligencia –un déficit crónico en el Estado–, de control migratorio, mejor tecnología y revisión de las dotaciones. Eso involucra al Gobierno, los gobernadores, alcaldes, etc. De ahí que las medidas anunciadas por La Moneda la semana pasada –incluyendo la firma de un acuerdo por la seguridad en que estuvieron los alcaldes– y los llamados de Boric y Vallejo a abordar esto “con los míos y los de la vereda de enfrente”, van en la línea correcta. Y, claro, la ciudadanía también debe estar involucrada en las soluciones.

Otro elemento importante para poder encontrar soluciones, frente al peak de delincuencia que estamos viviendo, es que nuestra clase política sea capaz de hacer un análisis y diagnóstico más inteligente y menos emocional. Nada más perjudicial ahora que el aprovechamiento político que ha hecho una parte de la oposición, que pareciera usar el drama y las expectativas de la gente intentando polarizar el problema entre una derecha pro-Carabineros y un Gobierno supuestamente antipolicía y condenado por declaraciones en otro contexto histórico. Los ejemplos usados por el diputado Alessandri para apoyar sus argumentos –eso de los “cuerpos fríos” de nueve carabineros rayó en la truculencia– no ayudan al debate racional, así como tampoco la poca inteligencia de algunos diputados de Apruebo Dignidad que parecieron niños amurrados intentando ir al Tribunal Constitucional (TC), haciendo lo mismo que le criticaban a la derecha cuando ellos eran oposición.

Y aunque hoy lo importante es alcanzar un gran acuerdo nacional –que proyecte unidad–, lo primero es dejar fuera las mezquindades políticas de oficialismo y oposición –eso es lo que espera la gente–, que permita enfrentar de mejor manera la delincuencia. No debemos olvidar que este país sigue sufriendo una tremenda amnesia de corto plazo, donde lo que era correcto hasta hace poco, hoy no lo es y viceversa. Qué mejor representación de ello que lo que ha pasado con la percepción sobre Carabineros en estos últimos años. A partir de 2016 la institución comenzó a vivir una larga crisis con el llamado “Pacogate” –una palabra innombrable hoy–, el fraude más grande de la historia de Chile ($35.000 millones), que involucró a 134 uniformados, derribando su imagen a 17% de apoyo público (encuesta CEP). Luego vino el estallido social, en que varios policías se vieron involucrados en violaciones de los derechos humanos –algo que no puede volver a ocurrir y la institución entendió– y que también le significó una fuerte caída en la percepción pública, que se tradujo en que no pudieron llenar las vacantes durante dos años (26% en CEP de diciembre de 2019, una de las instituciones peor evaluadas del país). Hasta hoy, que nuestra policía uniformada ha vuelto a tener una alta valoración (46% en CEP de diciembre de 2022) producto del problema de la delincuencia.

Lamentablemente, en un tiempo corto, cuando el péndulo vuelva a moverse, se producirá un incidente en que población civil inocente va a resultar víctima de un balazo policial. Pero tranquilos, nuestros parlamentarios ingresarán 10 proyectos para revisar las leyes que aprobaron en estos días de manera exprés. Siempre ha sido igual.

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La seguridad quedó instalada como uno de los temas clave que tendrá que gestionar y resolver la actual administración en los tres años que le quedan de mandato. Es que la áspera discusión de la Ley Naín-Retamal dejó en evidencia el tenor que tendrá la discusión entre oposición y Gobierno, así como la cadena de eventos que produjo la muerte del cabo Daniel Palma dejó claro que costará controlar a todos los actores involucrados en el tema. Vienen meses arduos para La Moneda y, particularmente, el Presidente Gabriel Boric.

“La sensación el martes fue que el lunes no había pasado nada”, cuenta una de las personas que estuvo en la compleja negociación de la Ley Naín-Retamal en la sesión de la Comisión de Seguridad del Senado, liderada por el senador Felipe Kast, y que terminó con la sorpresiva retirada de la titular del Interior, Carolina Tohá, el ministro de Justicia, Luis Cordero, y la ministra subrogante de la Secretaría General de la Presidencia, Macarena Lobos.

El martes era un día importante porque en La Moneda no existía claridad del efecto que tendría la decisión de la ministra Tohá de abandonar la Comisión de Seguridad. En el círculo de la secretaria de Estado argumentaban que la decisión de retirarse había sido consultada con todos los senadores oficialistas que estaban presentes, a través de un papelito que hizo circular la ministra subrogante de la Segpres, Macarena Lobos. Pero no se sabía cuál iba a ser el ambiente que los recibiría en Valparaíso.

Para sorpresa de los ministros y asesores del Gobierno, fue un alivio constatar el buen recibimiento que tuvieron en el Senado por parte de la oposición. El tema continuó en manos del presidente de la Comisión de Seguridad, Felipe Kast, pero la instancia estuvo moderada e intervenida por el presidente de la Cámara Alta, Juan Antonio Coloma –que enfrentaba el primer momento complejo tras asumir a la cabeza de la Corporación–, junto a los abogados especialistas en la materia, los senadores Galilea y Ebensperger. “La discusión alcanzó otro nivel, fue muy profesional y pudimos introducir cambios en el tema de ‘legítima defensa’, discutir el delito de apremios ilegítimos y sacar la ley de exención de responsabilidad del mando que había sido aprobada el lunes”, detallaron.

Lo más complejo se hallaba en las tribunas del Senado, donde estaban sentados los familiares de los carabineros asesinados en un lado y, en el otro, los familiares de los detenidos desaparecidos. La imagen mostraba a qué estaban dispuestos el oficialismo y la oposición a la hora de discutir la agenda de seguridad. Sin embargo, varios de los presentes destacaron el comportamiento sereno y tranquilo que mantuvieron durante la jornada ambos grupos de familiares. Pero, para el Gobierno, la señal no era buena: el tema había logrado polarizar y monopolizar la discusión política.

Las cosas, sin embargo, lograron moderarse ese martes. Como cuenta un miembro del equipo negociador, “la derecha tiene mayoría en el Senado, podría haberla votado a favor sin las modificaciones”, señala, destacando el rol que jugó en esta etapa el presidente de la Cámara Alta, Juan Antonio Coloma.

Otro punto que abrió la discusión y que hizo sonar las alarmas fue la disposición que mostraron el Frente Amplio (FA) y el Partido Comunista (PC) para no seguir las órdenes digitadas por el propio Presidente. Los diputados de dichas colectividades insistieron en su malestar por el tema de la legítima defensa. En Palacio confirmaron que el propio Mandatario habría llamado a la presidenta de la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputadas y Diputados, Maite Orsini, pero su llamada no logró cambiar su posición (votó nulo), ni la de otros parlamentarios del FA. Lo mismo pasó con el PC, cuyo jefe de bancada, Boris Barrera –luego de aprobada la ley el miércoles en la tarde–, lideró las voces que postulaban enviarla al Tribunal Constitucional (TC).

El jueves fue otro día y la ministra vocera Camila Vallejo (PC) estuvo a cargo de dar las condolencias a la familia del carabinero Daniel Palma Yáñez y estuvo presente en todos los anuncios que coparon esa jornada: nuevas medidas en el plan de seguridad, inmediata publicación de la Ley Naín-Retamal y nueva partida presupuestaria para Carabineros. La trágica muerte del uniformado logró ordenar al sector más de izquierda del oficialismo, pero quedó como una marca en La Moneda la constatación de las dificultades que tiene ese sector para cerrar filas con su Gobierno.

Desde ese jueves en adelante, surgió el otro punto que preocupa a las huestes oficialistas y que es el descontrol de los principales actores involucrados en el tema de seguridad. La imagen del general Álex Chaván llamándole la atención a la periodista Paulina de Allende-Salazar y exigiendo que se fuera para seguir la conferencia de prensa que iba a dar en ese momento, o del Fiscal Nacional, Ángel Valencia, anunciando que pedirá prisión preventiva para los extranjeros sin identificación, fueron solo algunos de los problemas que ocasionó el intento por marcar la agenda y dejaron en evidencia las dificultades del Ejecutivo para conducir el tono de la conversación.

La Moneda empieza esta semana ingresando la Ley de Reglas de Uso de la Fuerza en un escenario marcado por la polarización en el Congreso, fisuras en la alianza de Gobierno y la necesidad de responder con solidez a una agenda de seguridad en la que todos tienen algo que decir, proponer o por la que reaccionar. Arduo trabajo para un equipo político que recién comienza a trabajar junto y que está liderado por la jefa de la cartera del Interior, Carolina Tohá; el ministro de Justicia, Luis Cordero; y la ministra subrogante de la Secretaría General de la Presidencia, Macarena Lobos, que espera el regreso de su titular, Ana Lya Uriarte.

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La peor amenaza a la gobernabilidad en América Latina, y también en Chile, es el crimen organizado. Y cuando se habla de crimen organizado, no se trata solo de narcotráfico. Por cierto, el narcotráfico lo es, pero es mucho más que eso: es un foco de delitos y persecución penal compleja. Esto, porque además de implicar bandas violentas, corrupción de las policías, de jueces, asesinatos y barrios liberados, cárceles corrompidas, amén de una pandemia de violencia casi incontrolable, el crimen organizado también es más amplio y sutil. Implica redes financieras complejas, lavado de activos, uso de sistemas digitales transfronteras, y se infiltra como corrupción en el cuerpo político y social. En su detección es fundamental la investigación financiera, el control de los sistemas de transporte y de comunicaciones digitales. Inteligencia más que fuerza, pues ahí está la información dura también sobre el narcotráfico.

La semana pasada en Chile estuvo marcada por una tensa actividad político-legislativa sobre seguridad policial, y por el tercer asesinato de un carabinero en acto de servicio en menos de un mes. Un antes y un después en la crisis de seguridad que experimenta el país. A nivel político, decantó una abierta crisis del oficialismo, con acuerdos transversales entre fuerzas opositoras y partidarios del Gobierno, así como una explosión de solidaridad ciudadana con la policía de Carabineros, que estrecha la capacidad de maniobra política del oficialismo.

La presión social persuadió a las fuerzas oficialistas y al propio Ejecutivo a concurrir a un acuerdo en el Parlamento sobre modificaciones legales que, si bien no son la solución a los problemas institucionales que agobian al sector seguridad, por lo menos implican un estímulo de confianza en que es posible trabajar juntos y que no es tarde para enmendar.

Pero el país debe abocarse también a una reflexión de más largo plazo que dé certidumbres en la materia. Y ha de imperar la templanza, cualidad esencial que deben exhibir los gestores de política en momentos de crisis, la que induce a actuar con prudencia, moderación y racionalidad, para satisfacer la finalidad del bien público que persigue el Estado, como persona moral que es. Porque cuando los gobernantes se entregan a la satisfacción de sus intereses individuales, los Estados devienen en fallidos y las instituciones pierden consistencia lógica y legitimidad. Es útil recordarlo, pues el período que se abre pudiera resultar paradigmático para el futuro del país.

La valorable disposición de la Hacienda Pública a inyectar importantes recursos financieros para fortalecer el funcionamiento policial y hacer frente a la ola de inseguridad y delincuencia, no debe pasar por alto que a la situación actual no se ha llegado de improviso. Y que no es solo un tema de dotación tecnológica, poder de fuego o cantidad de funcionarios, sino también de diseño y organización, algo que el Alto Mando institucional de Carabineros ha sido renuente a mejorar. Hace más de diez años que se tiene registro claro sobre el aumento permanente de la violencia y crímenes de sangre en el país, con bandas armadas y sicarios, y nuestra policía de Carabineros  sigue actuando prácticamente igual, con los mismos procedimientos de antaño, sin mejorarlos ni adaptarlos. Por supuesto que esto también es responsabilidad del poder civil –gobiernos sucesivos, de distintos colores políticos–, del cual depende dicha institución.

Un ejemplo: Carabineros aún no tiene entrenamiento táctico SWAT, que es netamente policial (no militar), y que se viene aplicando en casi todo el mundo desde los años 60 del pasado siglo. Desarrollado primariamente en Los Angeles (EE.UU.), el enfoque SWAT implica un puente técnico entre la dotación de cercanía y patrullaje, con la operación de alta complejidad que tiene una policía en el Estado moderno. Este enfoque no evita las muertes, riesgo propio de la profesión, pero las disminuye y hace más eficientes a las policías.

Para colmo, en vez de diferenciar las funciones de seguridad policial y militar, el Estado chileno ha insistido el último tiempo en mezclarlas.

Los cambios en los escenarios globales de seguridad, particularmente en lo que se refiere a la acción del crimen organizado, y el amplio desarrollo de delitos complejos en determinados entornos territoriales, o procesos como los migratorios, no pueden enfrentarse eficazmente si no se cuenta con inteligencia estratégica adecuada. Ello afecta la calidad de los medios de fuerza que se selecciona y los diseños de unidades requeridas. En este mismo momento, aunque suene absurdo, existe una alerta pública respecto a que en los Puertos de Antofagasta, San Antonio y ZEAL de Valparaíso, hay un total de 8 camiones escáner sin operar u obsoletos. Mientras tanto, la ONU, en un informe anual, ha declarado como puerto rojo por narcotráfico a San Antonio (el cual no tiene ningún escáner operativo).

En el caso de las migraciones, muchos de los delincuentes que las infiltran provienen de países de alta letalidad por acción policial, como Venezuela y Colombia, por lo que se trata de delincuentes avezados en la violencia. Ello expone tanto a policías sin entrenamiento táctico como a sistemas carcelarios lábiles, basados en el control perimetral de los recintos y no en la segregación y rigurosidad de alta seguridad. En este contexto, no se entiende si la decisión del Fiscal Nacional de instruir a los fiscales para que soliciten cárcel preventiva para extranjeros indocumentados es una medida “para la galería” o realmente tiene base técnica y jurídica, y si fue conversada previamente con los ministerios de Justicia y del Interior, así como con el Poder Judicial –surgen muchas más preguntas, por ejemplo: ¿existen lugares de detención adecuados y suficientes?–.

Es verdad que se requieren acciones prontas y concretas (siempre dentro de la legalidad) cuanto antes, pero también se necesita una mirada sistémica, multisectorial, liderada por una autoridad pública responsable, aunque esto lleve algo más de tiempo.

En este escenario, es imprescindible contar con el apoyo de la población civil, pues la policía es parte sustancial en la tutela tradicional de las libertades civiles, como la libertad personal, política, económica y de expresión. Por lo tanto, las policías no pueden corporativizarse ni en el uso discrecional de sus fondos institucionales ni, menos, en la lesión de espacios fundamentales que están llamadas a defender, como la libertad de prensa e información. En tal sentido, y no obstante la solidaridad que merece la institución de Carabineros de Chile por las sensibles muertes de miembros de sus filas, este medio no concuerda en absoluto con el exabrupto del general Alex Chaván, que vetó de participar en una conferencia de prensa a una periodista de TV por el mero hecho de haber usado al “aire”, en un evidente lapsus lingüístico, el concepto coloquial “paco” –de lo cual, por lo demás, la profesional se disculpó de inmediato, también al “aire”–.

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El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, abordó este domingo la crisis de seguridad que vive el país. Al respecto, manifestó que una vez concluido el Gobierno, será el que más respaldo le habrá dado a Carabineros de manera “objetiva”.

“Cuando termine el gobierno del presidente Gabriel Boric, este Gobierno va a ser el que más respaldo le va a haber dado a Carabineros en materia objetiva. Vamos a tener policías más fortalecidas, más preparadas, más profesionalizadas y también más cuidadas”, dijo Monsalve en conversación con el programa Mesa Central de Canal 13.

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Sobre ello, detalló una serie de medidas tomadas por el Ejecutivo. Por ejemplo, indicó que el “55% del parque estaba obsoleto, esa fue la herencia que recibió el gobierno y se hizo cargo de esa herencia. Se destinaron recursos a la reposición del parque vehicular, y acabamos de adjudicar 1.054 autos que vienen blindados”.

La autoridad de Interior también ahondó en medidas como la renovación del uniforme y la inclusión de chalecos antibalas.

A su vez, apuntó que en la frontera norte “los carabineros recibían una asignación de riesgo del 10%, históricamente siempre había sido así. Este gobierno decidió cambiarlo al 20% porque hay más condiciones de riesgo en esa zona”.

Veto a periodista: “No lo podemos normalizar”

El subsecretario del Interior también abordó el veto del general de Carabineros Alex Chaván a la periodista Paulina de Allende-Salazar en un punto de prensa, luego de que esta, por error, se refiriera como “paco” al asesinado suboficial mayor Daniel Palma en un despacho.

“Yo creo que un principio básico de la democracia es la libertad de prensa y la autoridad no puede condicionar esa libertad de prensa. Por lo tanto, coincido que son hechos que no podemos normalizar”, comentó Monsalve.

“Uno puede comprender el contexto pero también tiene que mirarlos en los principios que guían la conducta del país, y a mí me parece que no son ese tipo de hechos los que deben conducir el país”, complementó.

Recordemos que De Allende-Salazar se refirió el jueves, por error, como “paco” al carabinero Palma. Tras ello, el general Chaván dijo: “si aquí se encuentra presente la periodista Paulina de Allende, que fue capaz de tratar a uno de nuestros mártires como ‘paco’, esa periodista no puede estar acá”.

“No vamos a dar ninguna declaración mientras esa periodista este acá. Luego vuelvo y vamos a dar las declaraciones con el fiscal”, reiteró.

Por el hecho, el canal Mega despidió a la periodista. “La actuación de hoy (…) que ha sido de público conocimiento, transgrede abiertamente la línea editorial y las orientaciones programáticas de nuestro medio de comunicación”, señalaron en un comunicado.

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El sociólogo Eugenio Tironi abordó este jueves el creciente liderazgo que está registrando el alcalde de La Florida, Rodolfo Carter, en la opinión pública debido a su política en materia delictual con la demolición de las denominadas “narco-casas” en medio de la crisis de seguridad que atraviesa nuestro país.

“El alcalde Carter ha tenido un discurso congruente en este tema, ha logrado un posicionamiento que ofrece una respuesta simple a problemas complejos, lo que es típico del populismo”, precisó el Doctor en Sociología en el programa “Al Pan Pan” de El Mostrador Radio.

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Para el académico la irrupción de Carter es una advertencia para la política, puesto que a su juicio el edil se “está aprovechando del miedo para ofrecer una respuesta mesiánica, algo típico del fascismo”. Ante esto, realiza un llamado a la clase política a actuar rápido en materia de seguridad o sino “ese espacio va a ser llenado por los Carters”.

Asimismo, Tironi llama a la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, a separarse de la agenda de Carter “porque si se levanta como una figura más convocante, más nacional, podría tener un futuro más promisorio”.

Dilema de Chile Vamos

Por otro lado, el investigador también analizó las elecciones del próximo 7 de mayo para elegir a los miembros del Consejo Constituyente, en concreto la disputa entre Chile Vamos y el Partido Republicano.

Eugenio Tironi valoró que la trastienda que engloba a la UDI, RN y Evópoli haya logrado llegar a un acuerdo con el Gobierno en la Ley Naín-Retamal, puesto que “deben abandonar las pasiones para conseguir una gobernabilidad al país” y diferenciarse del Partido Republicano.

“Yo creo que nuestro país puede contar con Chile Vamos, porque si obstruye al Gobierno puede dar paso a un monstruo que está creciendo en sus propias entrañas y que se lo va a terminar por devorar, ese monstruo es el populismo autoritario de derecha”, complementó.

Video vía YouTube: El Mostrador

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