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Un grupo científico investiga si el uso de manganeso en prácticas de momificación pudo generar envenenamiento crónico de las poblaciones Chinchorro, informó la Universidad de Tarapacá (UTA).

El manganeso es un mineral potencialmente neurotóxico y las antiguas poblaciones Chinchorro lo explotaron ampliamente, refinándolo y utilizándolo como colorante negro para ornamentar los cuerpos de los difuntos durante el proceso de momificación.

Según un grupo de investigadores, su continua explotación causó un impacto importante en la salud de la población Chinchorro por la sobreexposición continua a dicho mineral, ya fuese por inhalación de partículas del polvo o por contacto a través de la piel durante su manipulación.

Para contrastar esta hipótesis, investigadores de la Universidad de Tarapacá estudian colecciones arqueológicas y bioarqueológicas del Museo Arqueológico San Miguel de Azapa. Además, como parte de la metodología, abordan varias matrices analíticas para cuantificar el nivel de este mineral bioacumulado en los tejidos de las momias, así como la pureza y toxicidad del manganeso empleado en la momificación.

La investigación tiene como objetivo estudiar el grado de toxicidad y bioacumulación del manganeso en las poblaciones Chinchorro a causa de su uso recurrente en las prácticas de momificación artificial.

Esto, a través del proyecto “El color de la muerte: El uso ancestral del manganeso y el posible envenenamiento crónico de las poblaciones Chinchorro en el desierto de Atacama”, el cual cuenta con el apoyo del Fondo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico (Fondecyt N°1210036), el que es liderado por el doctor en Antropología Física Bernardo Arriaza, quien pertenece al Instituto de Alta Investigación (IAI) de la Universidad de Tarapacá (UTA).

Recopilación

Arriaza explicó que se han recopilado muestras de fragmentos de hueso de las momias chinchorro y que mediante equipos especializados se analiza la presencia del manganeso.

Los coinvestigadores del proyecto son Leonardo Figueroa, del Departamento de Química UTA; Vivien Standen, del Departamento de Antropología UTA; y Juan Pablo Ogalde, del IAI UTA. En este trabajo participan también los profesionales de la Universidad Mariela Santos, Natalia Aravena, Arnoldo Vizcarra, Jannina Campos, Camila Contreras, Susana Monsalve y Raúl Rocha. Además, colabora Martin Reich (Departamento de Geología, Universidad de Chile), mientras que, internacionalmente, se suma el investigador Dulasiri Amarasiriwardena (Hampshire College, MA, USA). Y recientemente la destacada científica en el área de la Bioarqueología e investigadora de la Universidad de Otago, Nueva Zelanda, Dra. Sian Halcrow, quien se encuentra en Arica, durante dos semanas, para trabajar con el doctor Arriaza, quien es director del Centro de Gestión Chinchorro UTA, además de ser uno de los principales gestores de que la Cultura Chinchorro haya sido denominada patrimonio de la humanidad por Unesco.

Sobre la visita de la investigadora neozelandesa, Arriaza señaló que “con ella hemos ido a ver los sitios Chinchorro y trabajado editando dos trabajos en inglés para enviarlos a revistas especializadas con algunos resultados obtenidos a la fecha”.

Por su parte, Halcrow indicó que están “investigando el uso y consecuencias del manganeso en las poblaciones Chinchorro del Desierto de Atacama. Estamos analizando los datos recolectados hasta el momento y escribiendo unos trabajos para revistas científicas. Todo va muy bien, muy productivo e interesante. He conversado con algunos investigadores en el Instituto de Alta Investigación y están haciendo increíbles trabajos de investigación”.

Cultura ancestral

Desde hace más de 7.000 años hasta el presente, los yacimientos arqueológicos de la tradición cultural Chinchorro que se ubican en la Región de Arica y Parinacota, norte de Chile, conservan un contexto cultural y natural que considera un Valor Universal y Excepcional (VUE) de una sociedad cazadora y recolectora marítima hoy desaparecida, y que expresó la trascendencia ante la muerte mediante la práctica de momificación artificial más antigua de la humanidad de la que se tenga registro hasta el día de hoy.

Los sitios arqueológicos de la cultura Chinchorro se ubican en las desembocaduras de los únicos ríos activos del desierto de Atacama, los cuales funcionaron como verdaderos oasis en medio de un paisaje caracterizado por su hiperaridez.

Aproximadamente entre 7.000 y 3.000 años atrás los Chinchorro establecieron, entre terrazas costeras y laderas de cerros, sus asentamientos, profundos conchales y cementerios. Estos se ubicaron a lo largo de la costa del desierto de Atacama desde llo, en el Perú, hasta Antofagasta en el norte de Chile.

Se han realizado estudios científicos sobre esta cultura por más de 100 años, estableciéndose que Chinchorro correspondió a un grupo de cazadores, pescadores y recolectores que se diferenció de otras poblaciones por desarrollar una compleja tradición de momificación artificial de sus muertos. Este tratamiento mortuorio se inició con la intervención de lactantes y nonatos en Caleta Camarones (7.500 años atrás), pasando luego a momificar a gran parte de sus muertos sin distinguir edad o sexo.

Tipos de momificación

En específico, para el caso de Morro-1 presente en los faldeos del morro de la ciudad de Arica, son tres los tipos de momificación artificial que se lograron establecer gracias a la diversidad y cantidad de cuerpos exhumados, siendo el tipo momias negras el más antiguo (entre 7.500 y 5.000 años atrás), mientras que los tipos momias rojas y momias vendadas son contemporáneas entre sí (entre 5.000 y 3.000 años atrás). Asimismo, se considera como cuerpos Chinchorro otros tipos de tratamientos de inhumación, como las denominadas pátinas de barro, cuyos cuerpos se encuentran embarrilados con esteras de fibra de totora y la aplicación de capas de pigmento sobre la piel.

A nivel social no se ha logrado identificar quién ejecutó el proceso de modificación corporal. Sin embargo, se ha llegado a establecer que su organización social se basaba en unidades familiares nucleares, agrupadas en pequeñas bandas que no superaban los 30 individuos con una expectativa de vida no mayor a los 40 años de edad.

Entre las características más destacables de los Chinchorro –que se conjugan con su compleja visión de la muerte– se encuentra: la inhumación de sus muertos en cementerios colectivos, el régimen de sedentarismo, su tecnología de pesca y recolección marina altamente especializada y reflejada en artefactos de fina factura, la captura de especies marinas de profundidad y caza de grandes mamíferos marinos sin contar con embarcaciones o medios de flotación.

Rol de la UTA

En 2017, el Ministerio de Bienes Nacionales otorgó a la Universidad de Tarapacá la concesión gratuita, hasta 2037, de una serie de predios con el objetivo de desarrollar investigación y planificar actividades que tienen por fin resguardar y poner en valor la evidencia arqueológica Chinchorro presente en dichos terrenos. Así, el equipo liderado por Dr. Bernardo Arriaza, y los profesionales Iván Astudillo, antropólogo social; y Jannina Campos, arqueóloga, trabajan desde el Centro Gestión Chinchorro UTA.

La misión del Centro es ejecutar el plan de manejo que proporcione cuidado, conservación y difusión de los sitios arqueológicos que existen dentro de los terrenos nombrados anteriormente. Según los antecedentes aportados por investigaciones científicas, el sector del faldeo norte del Morro de Arica se reconoce como un lugar de ocupación donde los grupos Chinchorro hicieron uso desde hace más de 5.000 años, logrando diferenciar áreas domésticas y extensos cementerios.

Los terrenos dados en concesión se localizan en la ladera norte de los faldeos del Morro de Arica. El primero de estos se denomina Estanques de Agua Colón, ubicado en la intersección de calles Colón y Héroes del Morro; mientras que el segundo corresponde a las Reservas Arqueológicas N°1 y N°2, ubicadas en calle Iris Carrasco. Ambos predios forman parte del bien nominado en el Expediente “Asentamientos y Momificación Artificial de la cultura Chinchorro”, para ser incluido dentro del listado de Patrimonio Mundial ante UNESCO.

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El lunes recién pasado, en la reunión del Ejecutivo con parlamentarios del Frente Amplio (FA) en La Moneda, hubo varias críticas hacia la ministra del Interior, Carolina Tohá, exigiéndole que retomara el liderazgo en la agenda de seguridad. “El apoyo de nuestras bancadas va a estar, pero con la agenda del Gobierno”, dijo un parlamentario oficialista. Esta semana ha decantado el debate y las coaliciones oficialistas dicen que las diferencias por la Ley Naín-Retamal están superadas. Sin embargo, todos apuntan a que las divisiones entre Apruebo Dignidad y Socialismo Democrático comenzaron en la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputadas y Diputados y, en particular, en discusiones con el diputado socialista Raúl Levia. 

La semana pasada, tras aprobarse en la Cámara la Ley Naín-Retamal, las críticas del Socialismo Democrático apuntaron hacia Apruebo Dignidad, por no haber concurrido con los votos favorables para que la ley pasara sin dificultad desde la Cámara al Senado. Pero la situación se complicó para el PS cuando la ministra Tohá calificó de “gatillo fácil”  el texto aprobado. Para los socialistas, eso los dejó expuestos porque aparecieron dando el vamos a una norma que luego el mismo Ejecutivo calificaría de “gatillo fácil”. 

La situación se complicó todavía más después que la ley resultara aprobada en ambas corporaciones y los parlamentarios de Apruebo Dignidad avisaron que recurrirían al Tribunal Constitucional (TC). El Ejecutivo finalmente, en el contexto del asesinato del carabinero Daniel Palma, no les dio margen.

Una vez promulgada la ley, el Socialismo Democrático nuevamente criticó a Apruebo Dignidad por no entregar sus votos favorables al último trámite del proyecto y advertir que recurrirían al TC. “¿Qué sacan con anunciar más esfuerzos, recursos y nuevos proyectos contra el crimen organizado, si sus propios parlamentarios del FA y PC votan en contra? Dejen de mirarles la cara a los chilenos. La delincuencia está desbordada y los suyos no lo comprenden”, publicó en sus redes el senador socialista Fidel Espinoza. 

Orden

Paralelamente a la tregua solicitada por el Presidente Gabriel Boric, las críticas hacia Apruebo Dignidad y su “llamado al orden” continuaron.  Miembros del Frente Amplio advierten que el primero en no atender el llamado del Gobierno fue el mismo Raúl Leiva (PS), que votó todo a favor en la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputadas y Diputados. Esto marcó una división y, con el avance de los trámites legislativos, se transformó en una grieta profunda. 

La historia comenzó antes de que ocurriera el asesinato de la sargento Rita Olivares y antes de fundir en un solo cuerpo legal a la Ley Naín con la Ley Retamal en la Cámara. Parlamentarios oficialistas recuerdan que la Ley Retamal fue propuesta el 2022 por diputados del Partido Socialista y que su principal impulsor había sido el diputado de dicha colectividad Raúl Leiva. 

Esa ley la había impulsado Leiva el año anterior y, al juntarse con la ley Retamal, dio pie al tema más controvertido de las últimas semanas: la legítima defensa privilegiada. Esa primera ley fue la que sirvió como insumo para la redacción de la norma que comenzó a discutirse en el Congreso hace un par de semanas. 

Cuando apareció la primera versión de la Ley Retamal (octubre de 2022), el Gobierno envió una minuta recomendando rechazar o modificar la mayoría de los artículos del proyecto. Sin embargo, Leiva votó a favor del articulado, a contramano de lo que La Moneda había solicitado. Si bien su voto no era clave para que la iniciativa pasara por la Cámara baja, sí marcó posiciones respecto al proyecto de ley. Esto, pues en ese momento el PS apareció desobedeciendo al Gobierno. 

Tras el asesinato de la sargento Olivares a fines de marzo, la agenda cambió y también las prioridades. Fuentes revelaron que en ese momento el Gobierno solicitó que, en vez de rechazar el proyecto, se abstuvieran debido a la contingencia y no necesariamente llamaron a aprobar el articulado, sino que a matizar con la abstención. Sin embargo, el PS votó en bloque a favor. 

Fuentes del Congreso advierten que fue Leiva quien convenció a otros diputados de su bancada para aprobar el proyecto en Sala. Puntualizan que dijo conocer los criterios técnicos de la norma y que había que aprobar. Aún cuando, en ese momento, dicha norma tuvo muchas críticas por desprolijidad técnica. 

Parlamentarios sostienen que Leiva había estado muy interesado en aprobar el proyecto porque él lo había impulsado en sus inicios. Por eso, a mediados de la semana pasada, una vez que la iniciativa volvió del Senado modificado, Leiva quería rechazar el artículo sobre legítima defensa privilegiada, por cuanto no estuvo de acuerdo con la modificación realizada en la Cámara Alta. Además, agregan que, si bien es un diputado que se alinea con el oficialismo, cuando se tratan temas de seguridad, suele estar con la derecha. 

Ni derecha ni izquierda

Al consultarle al diputado Leiva por su versión de los hechos, responde que no ha recibido ningún comentario negativo de parte del Socialismo Democrático o del Gobierno. Además, explica que el proyecto de ley que fue fusionado con la Ley Retamal en primera instancia, fue uno que apoyó toda la bancada socialista: “Siempre nos alineamos con el Gobierno en las votaciones en la Cámara, siguiendo la línea del Ministerio del Interior y de Justicia”, señala.

Entre los integrantes de Apruebo Dignidad en la referida comisión, surgieron muchas críticas porque Leiva aparecía alineado con la derecha y no habría atendido al llamado del Ejecutivo. Al respecto, Leiva sostiene que “no conocía la indicación antes de la sesión, nunca se me informó. Luego de analizarla, estimé fundamentalmente en contrario, votando en consecuencia”. 

Sobre su alineamiento con la derecha, el parlamentario dice: “No estoy alineado ni con la derecha ni con la izquierda, primero con el Gobierno y luego con la seguridad, que es la primera necesidad que tienen las y los ciudadanos de Chile”. Además, Leiva plantea que, cuando la población tiene miedo, “no se avanza y siempre ganan los conservadores, por eso hay que avanzar contra la percepción de inseguridad y considerar que la seguridad es un derecho humano que habilita otros derechos. Por eso, la izquierda no puede renunciar a la seguridad y al orden”, recalca.

Sobre el hecho de instalar la legítima defensa privilegiada, Leiva indica que el proyecto fue ingresado en octubre del 2022 y que era el único, en ese momento, que versaba sobre la regulación de la legítima defensa de las policías y agrega que esta ley no respondía a la misma redacción que presentaron ellos. El hecho de fusionarlas “fue una jugada que desarrolló Chile Vamos”, afirma Leiva, y manifiesta sentirse “responsable de hacer mi trabajo y de sintonizar con la necesidad de contar con mayor seguridad”. Además, desdramatiza el hecho de que Apruebo Dignidad se abstuviera o rechazara, pues “son diferencias legítimas, pero que yo no comparto”. 

El diputado socialista sostiene, además, que la legislación sobre seguridad es siempre perfectible, “pero es una materia que el propio Gobierno conocía y apoyó en el primer trámite de la Cámara de Diputadas y Diputados”. Ahora, está por verse la posición que las coaliciones de Gobierno mostrarán en la agenda de seguridad que está alojada en el Congreso y cuánto lograrán influir las recomendaciones del Ejecutivo en sus parlamentarios. 

La exjefa de la oficina de Litigación Penal del Servicio de Impuestos Internos (SII), Marisa Navarrete, comentó este miércoles sobre la crisis de seguridad pública que se enfrenta país y cómo se puede combatir al narcotráfico mediante investigaciones a la ruta del dinero de estos.

La abogada penalista se pregunta en el programa “Al Pan Pan” con Mirna Schindler de El Mostrador Radio: “¿El SII está actuando correctamente con su atribución?”, esto porque “el SII busca vigilar que la gente cumpla con sus obligaciones tributarias. Sin embargo, hay una atribución de querellarse de delitos tributarios y allí es donde tiene al debe”.

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“El delito tributario es un inhibidor de conductas posteriores”, acotó.

“Apretando un botón se conocen los bienes del narco”

Al profundizar en su crítica, la exfiscal detalló que “los narcotraficantes tienen lucro, puesto que el tráfico de drogas como de personas son negocios, esos negocios rinden ingresos que ‘teóricamente’ deben pagar impuestos. Incluso los ingresos ilícitos son objetos de tributación”.

Asimismo, enfatizó en que el Servicio de Impuestos Internos tiene la capacidad de ver todos los ingresos personales y sus compras; por lo tanto, “se aprieta un botón y se conoce los bienes que tiene una persona, que son elementos importantes cuando hablamos de organizaciones dedicadas al tráfico de drogas”.

En este punto en que radica la crítica que realiza la abogada penalista al organismo tributario, al precisar que el ‘modos operandi’ es incorrecto. “El problema es que el SII solo ve su esfera. No fiscaliza a todas las personas, solo a algunas. Al ver ciertas irregularidades llaman a la persona pidiendo justificaciones y no hace nada más”, manifestó.

“Las instituciones tienen que ser eficientes”

La crítica de Marisa Navarrete va más allá del SII y también incluye al Ministerio Público (MP) en esta ‘pasividad’ en las investigaciones sobre la ruta de los dineros del narcotráfico. Lamentó que la Unidad de Delitos Financieros (UAF) -organismo auxiliar al MP- no tenga la capacidad para analizar de forma eficiente las irregularidades en las adquisiciones de distintas personas, esto debido a que es “un órgano pequeño”.

Para ella la solución está en cambiar la forma en que trabaja la Unidad Especializada en Lavado de dinero, Delitos Económicos y Crimen Organizado (ULDDECO), puesto que es la que recibe los informes de la UAF y toma la decisión de indagar o no una posible irregularidad económica.

Sin embargo, profundizó aún más el problema y aclaró que uno de los grandes contratiempos que tiene el Ministerio Público es el nulo incentivo que tienen los fiscales para investigar casos que requieran tiempo.  “Los fiscales tienen incentivo por disminuir los tiempos de tramitación de una causa, para obtener condena, pero no tiene incentivo para investigar, por lo que no se van a hacer los esfuerzos para ver más allá de la inmediatez”.

Este punto, según la exfiscal provoca que el Ministerio Público ponga su foco investigativo en delitos menores y no en investigar las bandas de traficantes de forma más exhaustiva con la ayuda del SII y sus unidades contra este tipo de delito. “Me parece insólito perder tiempo por investigar el robo de un queso en un supermercado que, en investigar otros casos, no hay meta en los fiscales por investigar”.

A ello, sumó la nula intención del SII en denunciar delitos que se detectan en las indagaciones correspondientes a delitos tributarios. “Las instituciones tienen que ser eficientes”, acotó.

Video vía YouTube: El Mostrador

La Cámara de Diputadas y Diputados aprobó este martes las enmiendas del Senado al proyecto de 40 horas laborales. De este modo, tras seis años de tramitación, la Corporación despachó la iniciativa a ley.

La Cámara Baja aprobó las enmiendas del Senado -a excepción de algunas, que votaron en separado a petición de un grupo de diputados- con 127 votos a favor, 14 en contra y tres abstenciones.

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Los votos en contra fueron del Partido Republicano, tal como lo anunciaron previamente. Las abstenciones fueron de los diputados Gustavo Benavente (UDI), Sergio Bobadilla (UDI) y Christian Matheson (IND-Evópoli).

La ministra del Trabajo, Jeannette Jara -una de las grandes artífices de los acuerdos generados en el Congreso para aprobar el proyecto-, señaló que “ha quedado demostrado que aunque algunos pensaran que era imposible avanzar en una mejor calidad de vida para los trabajadores y trabajadoras del país, sí se puede”.

“Han sido largos seis años para que lleguemos a la jornada laboral de 40 horas. Es una demanda que viene desde hace muchos años atrás”, complementó.

La tramitación del proyecto, desde que la ministra Jara lideró los acuerdos, destacó por un respaldo transversal a la iniciativa. De hecho, el Senado aprobó el proyecto con unanimidad el 21 de marzo. Eso sí, el Gobierno tuvo que ceder en algunas materias, como la flexibilidad laboral.

Desde los gremios calificaron como clave el trabajo entre el expresidente de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC) Juan Sutil y la titular de Trabajo, antes de que Sutil dejara la presidencia de la entidad.

Las diputadas Karol Cariola (PC) y Camila Vallejo (PC, ahora ministra vocera de Gobierno) presentaron el proyecto en 2017. El Gobierno del Presidente Gabriel Boric reactivó la discusión de la iniciativa.

El proyecto

El proyecto abarca a los trabajadores del Código del Trabajo sujetos a la jornada ordinaria y también a las especiales, como las de trabajadoras de casa particular, y excepcionales, que son aquellas que requieren procesos continuos, como la minería.

La iniciativa se implementará con gradualidad: la reducción será de 45 a 44 horas al primer año de vigencia de la ley, a 42 horas al tercer año y a 40 al quinto año.

El proyecto contempla la posibilidad de implementar una distribución de jornada de cuatro días trabajados por tres de descanso, conocida como 4×3.

Además, posibilita que el empleador acuerde con el trabajador o trabajadora que la jornada ordinaria de 40 horas se cumpla en un promedio de hasta cuatro semanas, con un máximo de 45 horas semanales.