La seguridad quedó instalada como uno de los temas clave que tendrá que gestionar y resolver la actual administración en los tres años que le quedan de mandato. Es que la áspera discusión de la Ley Naín-Retamal dejó en evidencia el tenor que tendrá la discusión entre oposición y Gobierno, así como la cadena de eventos que produjo la muerte del cabo Daniel Palma dejó claro que costará controlar a todos los actores involucrados en el tema. Vienen meses arduos para La Moneda y, particularmente, el Presidente Gabriel Boric.

“La sensación el martes fue que el lunes no había pasado nada”, cuenta una de las personas que estuvo en la compleja negociación de la Ley Naín-Retamal en la sesión de la Comisión de Seguridad del Senado, liderada por el senador Felipe Kast, y que terminó con la sorpresiva retirada de la titular del Interior, Carolina Tohá, el ministro de Justicia, Luis Cordero, y la ministra subrogante de la Secretaría General de la Presidencia, Macarena Lobos.

El martes era un día importante porque en La Moneda no existía claridad del efecto que tendría la decisión de la ministra Tohá de abandonar la Comisión de Seguridad. En el círculo de la secretaria de Estado argumentaban que la decisión de retirarse había sido consultada con todos los senadores oficialistas que estaban presentes, a través de un papelito que hizo circular la ministra subrogante de la Segpres, Macarena Lobos. Pero no se sabía cuál iba a ser el ambiente que los recibiría en Valparaíso.

Para sorpresa de los ministros y asesores del Gobierno, fue un alivio constatar el buen recibimiento que tuvieron en el Senado por parte de la oposición. El tema continuó en manos del presidente de la Comisión de Seguridad, Felipe Kast, pero la instancia estuvo moderada e intervenida por el presidente de la Cámara Alta, Juan Antonio Coloma –que enfrentaba el primer momento complejo tras asumir a la cabeza de la Corporación–, junto a los abogados especialistas en la materia, los senadores Galilea y Ebensperger. “La discusión alcanzó otro nivel, fue muy profesional y pudimos introducir cambios en el tema de ‘legítima defensa’, discutir el delito de apremios ilegítimos y sacar la ley de exención de responsabilidad del mando que había sido aprobada el lunes”, detallaron.

Lo más complejo se hallaba en las tribunas del Senado, donde estaban sentados los familiares de los carabineros asesinados en un lado y, en el otro, los familiares de los detenidos desaparecidos. La imagen mostraba a qué estaban dispuestos el oficialismo y la oposición a la hora de discutir la agenda de seguridad. Sin embargo, varios de los presentes destacaron el comportamiento sereno y tranquilo que mantuvieron durante la jornada ambos grupos de familiares. Pero, para el Gobierno, la señal no era buena: el tema había logrado polarizar y monopolizar la discusión política.

Las cosas, sin embargo, lograron moderarse ese martes. Como cuenta un miembro del equipo negociador, “la derecha tiene mayoría en el Senado, podría haberla votado a favor sin las modificaciones”, señala, destacando el rol que jugó en esta etapa el presidente de la Cámara Alta, Juan Antonio Coloma.

Otro punto que abrió la discusión y que hizo sonar las alarmas fue la disposición que mostraron el Frente Amplio (FA) y el Partido Comunista (PC) para no seguir las órdenes digitadas por el propio Presidente. Los diputados de dichas colectividades insistieron en su malestar por el tema de la legítima defensa. En Palacio confirmaron que el propio Mandatario habría llamado a la presidenta de la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputadas y Diputados, Maite Orsini, pero su llamada no logró cambiar su posición (votó nulo), ni la de otros parlamentarios del FA. Lo mismo pasó con el PC, cuyo jefe de bancada, Boris Barrera –luego de aprobada la ley el miércoles en la tarde–, lideró las voces que postulaban enviarla al Tribunal Constitucional (TC).

El jueves fue otro día y la ministra vocera Camila Vallejo (PC) estuvo a cargo de dar las condolencias a la familia del carabinero Daniel Palma Yáñez y estuvo presente en todos los anuncios que coparon esa jornada: nuevas medidas en el plan de seguridad, inmediata publicación de la Ley Naín-Retamal y nueva partida presupuestaria para Carabineros. La trágica muerte del uniformado logró ordenar al sector más de izquierda del oficialismo, pero quedó como una marca en La Moneda la constatación de las dificultades que tiene ese sector para cerrar filas con su Gobierno.

Desde ese jueves en adelante, surgió el otro punto que preocupa a las huestes oficialistas y que es el descontrol de los principales actores involucrados en el tema de seguridad. La imagen del general Álex Chaván llamándole la atención a la periodista Paulina de Allende-Salazar y exigiendo que se fuera para seguir la conferencia de prensa que iba a dar en ese momento, o del Fiscal Nacional, Ángel Valencia, anunciando que pedirá prisión preventiva para los extranjeros sin identificación, fueron solo algunos de los problemas que ocasionó el intento por marcar la agenda y dejaron en evidencia las dificultades del Ejecutivo para conducir el tono de la conversación.

La Moneda empieza esta semana ingresando la Ley de Reglas de Uso de la Fuerza en un escenario marcado por la polarización en el Congreso, fisuras en la alianza de Gobierno y la necesidad de responder con solidez a una agenda de seguridad en la que todos tienen algo que decir, proponer o por la que reaccionar. Arduo trabajo para un equipo político que recién comienza a trabajar junto y que está liderado por la jefa de la cartera del Interior, Carolina Tohá; el ministro de Justicia, Luis Cordero; y la ministra subrogante de la Secretaría General de la Presidencia, Macarena Lobos, que espera el regreso de su titular, Ana Lya Uriarte.