Diputada Placencia (PC) y legítima defensa privilegiada: ‘‘Lo que hace es dejar a las policías fuera del Estado de derecho’’

El pasado miércoles, en la Cámara de Diputadas y Diputados se terminaron de votar una serie de proyectos de Ley que se pusieron en tabla, para lo cual se suspendió la semana legislativa con el fin de abocarse exclusivamente a legislar en materia de seguridad.  Se configuró una serie de proyectos- algunos de iniciativa del Gobierno, y otras, mociones parlamentarias-, que tienen que ver con muchas de las medidas que se definieron en la Mesa Transversal por la Seguridad, que trabajó para arribar a 70 medidas aproximadamente, algunas de ellas legislativas y otras administrativas, y que trabajaron con el Gobierno. Así detalla la diputada e integrante de la Comisión de Seguridad de la Cámara, Alejandra Placencia (PC), como fue la acalorada semana en el Congreso esta semana.

Legítima defensa privilegiada. Es una de las medidas más comentadas de la Ley Naín-Retamal, que invoca la presunción del uso justificado de armas de servicio y otros medios de defensa por parte de uniformados y policías de civil. En concreto, el proyecto usa la actual figura del artículo 10, N° 6 del Código Penal, que establece la presunción del uso de legítima defensa cuando una persona trata de evitar que un delincuente entre a ciertas propiedades privadas. Una de estas modificaciones se refiere a las circunstancias que eximen de responsabilidad criminal. Acá se agrega dicho mecanismo de “legítima defensa privilegiada” para los efectivos policiales de las Fuerzas de Orden y Seguridad. Esto aplica en caso de uso de arma letal en el ejercicio de sus funciones.

Una medida que no genera aceptación en Apruebo Dignidad, y sobre la que la diputada Placencia aseguró que: “Nosotros pusimos hace mucho rato la voz de alerta sobre este tema en particular, porque yo soy integrante de la Comisión de Seguridad y ahí ya teníamos un debate abierto sobre si esto había que dejarlo avanzar o no, en este artículo en particular, que como digo, no regula el ejercicio de la labor policial, en tanto las policías tienen la posibilidad de usar su arma de servicio a todo evento y esto no será investigado”.

-¿A qué se debe su disposición contraria a ciertos aspectos específicos de la Ley Naín-Retamal?

-Lo que no aceptamos, en el caso particular de la Ley Naín-Retamal, es un artículo que tiene que ver con la legítima defensa privilegiada. Muchos otros aspectos los votamos a favor, y por ciento que van en la línea de lo que digo, de fortalecer totalmente la labor policial. Pero este en particular lo que hace es dejar a las policías fuera del Estado de derecho, incluso organismos internacionales ya se han pronunciado al respecto, expertos en materias de criminalidad y de seguridad también lo han mencionado. En los pocos países donde esto opera ha significado un aumento de las muertes o de los daños irreparables en la calle a personas inocentes, en procedimientos. Entonces, con todo lo que nos ha costado fortalecer la democracia y nuestras instituciones, sobre todo recuperar legitimidad en las instituciones policiales, hoy con esto nuevamente se estarían- poniendo en cuestión y en entredicho.

-¿Cuándo se dio cuenta de que las implicancias de esta normativa podían contrariarse con la agenda de seguridad del Gobierno? 

-Pusimos hace mucho rato la voz de alerta sobre este tema en particular, porque yo soy integrante de la Comisión de Seguridad y ahí ya teníamos un debate abierto sobre si esto había que dejarlo avanzar o no, en este artículo en particular, que como digo, no regula el ejercicio de la labor policial, en tanto las policías tienen la posibilidad de usar su arma de servicio a todo evento y esto no será investigado. Es decir, se presume de que, aunque se produzcan daños irreparables o incluso la muerte, esa arma de servicio fue bien utilizada.

Por lo tanto, con este tipo de medidas a lo que se avanza es a promover el gatillo fácil, y eso es lo riesgoso, porque finalmente son inocentes los que pueden resultar perjudicados, y no necesariamente cumplir con el objetivo de disuadir o de atrapar a quienes están generando esta sensación de criminalidad en las calles y en las poblaciones. Ese es el riesgo, y esa discusión nosotros la dimos en la Comisión (de Seguridad), y tuvimos diferencias- en este ámbito particular- muy de fondo, y lamentablemente no pudimos saldarlas. Yo entiendo que hay una parte dentro de la coalición y del oficialismo que tiene el mismo objetivo que nosotros: fortalecer la labor policial. Pero nosotros planteamos una alternativa que está dentro del marco del Estado de derecho, una alternativa que fortalece la labor policial y que la hace menos cuestionable, porque nosotros lo que queremos no es desregular sino que dar un marco de certeza y de claridad para que los funcionarios policiales ejerzan bien su labor, y eso es elevar a rango legal las reglas de uso de la fuerza.

-¿Confía en los cambios que sufrirá eventualmente el proyecto de Ley en su discusión en el Senado? ¿Cuál es su visión de la derecha y de su postura a favor de este tipo de iniciativas en materia de seguridad?

-Afortunadamente, el Gobierno entendió y “puso ojo” en que este articulado en particular, el de la legítima defensa privilegiada, tiene un riesgo para la democracia y tiene un riesgo para la ciudadanía, no protege a las policías, y por lo tanto, se ingresaron ya indicaciones en el Senado. Eso nosotros lo valoramos, porque fue el compromiso del Gobierno. Ahora, debemos estudiar esas indicaciones, vamos a colaborar para mejorar lo que salió de la Cámara de Diputadas y Diputados por los riesgos que tiene- y que acabo de mencionar-. Pero quiero decir una cosa: aquí la derecha ha sido considerada e invitada permanentemente para las discusiones legislativas en materia de seguridad, y ellos se han retirado de la mesa. El presupuesto que votamos para seguridad, en el presupuesto de la Nación, fue un aumento histórico, y la derecha lo votó en contra. En la Mesa Transversal por el Acuerdo de la Seguridad buena parte de sus propuestas- incluida la Ley Naín-Retamal- estaban en compromiso de ponerle urgencia ahora.

-Entonces, ¿Le atribuye toda la responsabilidad a la oposición? ¿Cree que hoy existe una sobre politización de la agenda de seguridad?

-Se consideraron muchos aspectos y logramos consenso, sin embargo ellos decidieron hacer el punto político y para golpear al Gobierno se salieron de la mesa. Se concordó un acuerdo firmado para que hiciéramos una mesa para hacer este proyecto de Ley que elevara a rango legal las reglas de uso de la fuerza, y unilateralmente, una parte de la derecha se salió de la mesa. Entonces, tienen frenada la Ley contra el narcotráfico que aprobamos hace poco menos de dos semanas, la tienen parada en el Tribunal Constitucional (TC). Entonces, ellos dicen que se preocupan de la seguridad y de Carabineros en particular, pero la verdad es que todos estos actos demuestran lo contrario, porque lo que debemos hacer es intentar dejar de politizar a las policías, que es lo que hace la derecha y que es muy perjudicial para el país. Yo creo que el Gobierno va a seguir haciendo intentos para que acá prime la cordura, y nosotros también estamos en esa disposición, pero la verdad es que la utilización de la policía para intentar hacer puntos políticos, para llevarla a su trinchera como si fuera de un solo sector y no de todos los chilenos y chilenas, es algo que ellos tienen que recapacitar, porque así no se puede hacer una política de Estado coherente con las necesidades que tiene el país.

-¿Cuál fue el grado de responsabilidad de Chile Vamos y de la derecha en general en el caso de la Ley Naín-Retamal?

-La derecha, lo que ha hecho en esta pasada, es tratar de transmitir que con esta Ley en particular se protegen a las policías, y eso no es así. La seguridad no depende de una sola Ley, y además la derecha lo que hace es intentar inhibir el debate democrático, transmitiendo que si las cosas no se aprueban como ellos quieren, entonces no tienen valor. Eso demuestra cómo la derecha busca imponer sus términos en lugar de llevar adelante una agenda, que como decía, hemos ido construyendo al calor de la diversidad que tiene el Congreso. Lo importante es tener una mirada de Estado, porque finalmente cuando las leyes están mal hechas o se toman medidas erráticas en materia de seguridad, es la ciudadanía la que las padece, no la clase política.

-Y finalmente, ¿Cuán complejo es para ustedes- como Apruebo Dignidad y como Partido Comunista- el estar a favor de medidas que pudiesen conflictuarse con los principios e ideales de su sector? ¿Qué ocurre con los estados de excepción, como en la Región de la Araucanía por ejemplo, que en 2022 contó con el apoyo de su partido y del Gobierno?

-En relación al estado de excepción, eso fue una definición colectiva que tomamos a nivel de partido, y en concordancia con el oficialismo. Salvo excepciones, la gran mayoría entendió que esta era una medida que además se iba a aplicar de manera acotada o, más bien, con ciertas garantías que a todos nos hacía pensar que no se iba a pasar a llevar derechos fundamentales bajo ninguna circunstancia. Había ciertas garantías de parte del Gobierno en que su aplicación tenía un objetivo más bien disuasivo y de generar condiciones para que la labor policial pudiera realizarse, en lo que significaba perseguir bandas en robo de madera y de narcotráfico, que son básicamente quienes tienen hoy más complicado al sur de Chile. Entonces, nosotros tomamos un acuerdo coherente con la definición del Gobierno y concordamos con que esta aplicación del estado de excepción tenía esta línea de generar condiciones apropiadas, que bajaran los niveles de violencia en la zona, para que pudiera entrar el Estado que se había retirado hace muchos años de allí. Eso tenía un valor.

Y claro, evidentemente son temas que tenemos que ir debatiendo para que en el fondo no se transformen en medidas que naturalizan la instalación de las Fuerzas Armadas (FF.AA) en territorios, cuando lo que tenemos que hacer es fortalecer las capacidades de las policías para que puedan hacer su trabajo. Frente a eso, hay un tema que hemos asumido con mucha convicción, y es que sabiendo que hay una necesidad real de la población por alcanzar mayores niveles de seguridad y que esta seguridad sea integral- con un uso equitativo de recursos- nosotros creemos que se hace necesaria una reforma profunda a Carabineros, que la formación sea actualmente distinta para lo que significan los nuevos tipos de criminalidad, fortalecer sus capacidades, brindarles formación en derechos humanos, formación en género y violencia intrafamiliar, entre otros temas que tienen que enfrentar en las poblaciones.

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