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El Presidente Gabriel Boric se refirió la mañana de este lunes a la muerte de la sargento segundo de Carabineros Rita Olivares, quien falleció la madrugada del domingo, luego de que sujetos dispararan en su contra en medio de un procedimiento por robo.

En un punto de prensa, el Mandatario sostuvo que “no podemos seguir con la discusión de trincheras” y llamó a evitar la “pelea chica”.

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“A quienes estén pensando hoy día en perpetrar delitos, la van a tener muy difícil, porque Carabineros y las policías van a responder con toda la fuerza de la ley y el derecho”, sostuvo el jefe de Estado.

A su vez, comentó que “más allá de encuestas coyunturales, lo que la ciudadanía nos exige a todos quienes tenemos responsabilidad hoy día, es que nos pongamos de acuerdo. No que sigamos peleando”.

“Hay más de 16 proyectos con urgencia en el Congreso, varios de ellos se verán esta semana”, complementó.

Recordemos que el Presidente Boric viajó la mañana de este lunes a Quilpué, Región de Valparaíso, para reunirse con la familia de Olivares. En concreto, visitó al viudo de la mártir y a sus hijos de 15 y 12 años.

Tohá destaca proyectos a tramitar

Tras la alocución del Mandatario, la ministra del Interior, Carolina Tohá, dijo que “el Gobierno va a tener reuniones con presidentes de ambas cámaras, con el objeto de hacer un esfuerzo en común para fijar una agenda de prioridades que no vamos a resolver en una semana.

“Es posible, si nos lo proponemos, que en un plazo acotado vean la luz proyectos que son fundamentales: el Ministerio de Seguridad, el proyecto que regula por ley las reglas del uso de la fuerza y establece protección a las policías”, detalló Tohá.

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Fue el único parlamentario de oposición en permanecer en la mesa de seguridad convocada por el Gobierno cuando toda la derecha decidió restarse, como una medida de presión luego del anuncio de los indultos presidenciales, en diciembre pasado. En esa ocasión, el senador Manuel José Ossandón (Renovación Nacional) desafió a su sector y, una vez más, hizo notar su discurso con fuerte énfasis en la seguridad pública y en la necesidad de enfrentamiento a la delincuencia, una agenda que él ha hecho suya y que ha buscado canalizar en sus intentos por llegar a la Presidencia de la República.

Bajo esa óptica, hoy el senador Ossandón observa una “grave crisis de seguridad y emergencia nacional producto de la delincuencia”. Respecto a la iniciativa de demolición de narco-casas impulsada por el alcalde de La Florida, Rodolfo Carter, estima que no resuelve el problema de fondo. Según el parlamentario, lo que hizo hábilmente Carter fue crear una figura comunicacional potente que ha permitido sensibilizar respecto a esta materia y dejar al descubierto la “ineficiencia del Gobierno”.

Descartando la posibilidad de pensar en candidaturas presidenciables –con Carter emergiendo como una de las posibles cartas de un sector de la UDI–, el hoy senador y exalcalde de Puente Alto se refiere también a los desafíos de Chile Vamos en el proceso constituyente que recién comienza, y en el cual apuntan a tener más protagonismo e incidencia. En ese sentido, Ossandón descarta que la nueva Constitución sea igual o muy parecida a la actual Carta Magna, esto considerando las suspicacias que causa en un sector de la izquierda el hecho de que sean los mismos defensores de la Constitución de 1980 los encargados de sepultarla.

-¿Qué opina del alcalde de La Florida, Rodolfo Carter, como figura política, y la demolición de narco-casas en dicha comuna? 
-Creo que hoy estamos viviendo una emergencia nacional producto de la delincuencia, y el Gobierno no se ha dado cuenta. Y ahí está la principal diferencia entre ellos (oficialismo) y nosotros (oposición) en esta materia, y es que el Gobierno ve a la delincuencia como un problema más y no como una emergencia nacional. Y en el fondo, lo que hizo el alcalde Carter es, con una figura comunicacional potente, sensibilizar sobre esta materia. Pero debemos entender que las verdaderas casas de los narcotraficantes que tenemos que detener no tienen orden de detención. Pero, más allá de eso, y en cuanto a la figura política del alcalde Carter, me parece que pensar hoy en candidaturas presidenciales es ridículo. Que una persona sea candidata a la Presidencia porque demolió una casa y logró salir en todos los matinales es ridículo. Aquí tenemos que tener políticas de Estado, y yo felicito a Carter porque creó una figura comunicacional capaz de dejar al descubierto la ineficiencia de este Gobierno.

-¿Y cómo observa el reciente pronunciamiento del Tribunal Constitucional (TC) respecto a los indultos presidenciales, que le dio un respiro al Gobierno? ¿Cree que con esto se cierra un capítulo?
-Más que un indulto presidencial, fue un insulto presidencial, y va a ser un caso muy grave para el Presidente Boric en el futuro, que le va a acarrear muchos problemas, como le pasó con el caso Caval a la ex Presidenta Bachelet. Y el punto que tocó el Tribunal Constitucional ya está tocado, el problema ahora lo va a tener el Presidente de la República. Al respecto, espero que la nueva Constitución se preocupe de que, en el futuro, los jueces y ministros del TC tengan un origen distinto y no político, para garantizar mayor estabilidad. En este caso, todo el mundo sabía que esta votación iba a ser favorable al Gobierno por 5-3 votos, por lo que se hace necesario que la votación sea según estándares jurídicos y no por percepciones políticas.

-¿Pero cómo es que Chile Vamos se articula en esa tarea? ¿Qué tan dispuestos están a negociar y a ceder, a cambio de evitar perder influencia? 
-Nosotros no sacamos nada con tener de rodillas al Presidente Boric, porque es el Presidente de la República, y si a él le va mal, este país se hunde. Nosotros tenemos la responsabilidad porque juramos –frente a la Constitución y frente a La Biblia algunos– que nos tenemos que jugar por este país, ese es nuestro deber. Por lo tanto, tenemos que sentarnos a una mesa a discutir en materia de delincuencia, y a otra mesa a discutir sobre previsión social, que está vinculado al debate sobre reforma tributaria, pero necesitamos un Gobierno que sepa lo que quiere. Recordemos que fue el propio Presidente Boric quien rompió la mesa de seguridad con los indultos. Se le suplicó que no indultara a delincuentes, lo hizo igual.

Y en cuanto a la reforma tributaria, por su parte, ellos mismos (oficialismo) no fueron capaces de alinear a su gente porque estaban “pasando la máquina”, para después negociar de nuevo. Si aquí lo que queremos es una reforma tributaria que recaude más y que no suba los impuestos por subirlos. En los últimos 10 años hemos hecho seis reformas tributarias, por lo que creo que se hace necesario hacer una a largo plazo. Desde RN y Chile Vamos tenemos una visión pro constructiva, no nos interesa destruir al Gobierno, pero sí queremos que se toquen los temas con transparencia y profesionalismo, y la verdad es que tenemos a un Gobierno absolutamente amateur. El Presidente Boric llegó con una varita mágica, con la cual iba a arreglar todos los problemas, pero le robaron la varita.

-Y en cuanto al nuevo proceso constituyente, ¿cuáles son sus expectativas, considerando que su sector (Chile Vamos), a diferencia del anterior proceso, ahora tendrá mayor participación e incidencia en esta discusión?
-Creo que vamos por un muy buen camino, porque hemos visto que el grupo de expertos está demostrando una gran calidad técnica y republicana. Este no es un tema ni de izquierda ni de derecha. Si aquí creemos que hay que ir a sacar una tajada para agarrar un poco más o un poco menos, estamos absolutamente equivocados. Aquí está en juego el futuro de Chile, y los expertos –por lo que he visto y he conversado– están haciendo un trabajo profesional extraordinario, más allá de las evidentes diferencias que puedan existir. Lo importante es que debemos ser capaces de ponernos de acuerdo en las diferencias, y yo creo que este nuevo proceso, al revés del otro que fue un circo, este está siendo un ejemplo.

-¿Pero no existe el riesgo de un sobreempoderamiento de la derecha y sectores conservadores emergentes en este nuevo proceso, que imposibilite cambios importantes?
-Y todos tendrán que ceder pues, porque, cuando uno negocia y conversa, no puede pretender que todo tenga que salir “a la pinta de uno”. Por lo tanto, no es que queramos una Constitución a medida de Chile Vamos –lo cual sería un error inmenso, porque cometeríamos el mismo error que acaba de cometer la ultraizquierda en el proceso constituyente pasado, donde buscaron imponer sus ideas y dejaron afuera a todo el mundo–, nosotros, al revés, queremos que este proceso y su funcionamiento sean distintos, y están siendo distintos. Porque, además, los expertos que hoy trabajan son personas representativas de todos los colores políticos, gente muy preparada que está en “una parada” muy responsable, que apunta a buscar la unidad para tener la mejor Constitución posible para el futuro de todos los chilenos, no de unos pocos.

-¿Qué dice de aquellas suspicacias que genera este mayor protagonismo de su sector (Chile Vamos) en el proceso constituyente, debido a su fuerte ligazón ideológica con la Constitución de 1980?
-Pienso que el 62% de los chilenos rechazó una Constitución que quería refundar el país, y eso nos dice que este país es mucho mejor del que conocíamos y nos dice también que la Constitución de 1980 no es el demonio. Y más allá de que compartamos la necesidad de tener una nueva Carta Magna, entendiendo que las constituciones no son mágicas, por lo que va a combinar elementos nuevos con otros aspectos del pasado, porque la Constitución de 1980 tiene la tradición republicana de todas las constituciones para atrás. Por eso, si alguien cree que aquí se va a hacer una Constitución completamente nueva, con todo distinto, está equivocado. Por supuesto que aquí se está considerando toda nuestra historia republicana, desde la primera Constitución hasta la de 1980.

En ese sentido, creo que quienes trataron de demostrar que Chile quería una refundación para convertirnos en un país plurinacional que no somos, se dieron cuenta de que la gente demanda mayores derechos sociales y que tengamos también una mayor responsabilidad social. Estoy muy confiado en que este va a ser un proceso transversal y responsable. Creo que hay muchas constituciones modernas que funcionan ya hace muchos años en países desarrollados, por lo que no tenemos que inventar la pólvora. No debemos cometer ese error, porque ya trataron de hacerlo en el fallido proceso anterior y, finalmente, se transformó en un circo vergonzoso, con una muy mala propuesta para el país.

-Finalmente, y en cuanto al reprochable comportamiento de la diputada María Luisa Cordero –en contra de la senadora Fabiola Campillai–, ¿comparte la decisión de la bancada de diputados de RN de no expulsarla, lo cual generó malestar en un sector de su partido?
-La principal sanción le corresponde a la Comisión de Ética de la Cámara. El gran castigo en política es el castigo de la gente, y la doctora Cordero será castigada, porque lo que hizo no tiene nombre. Lo que debió haber hecho la diputada es haber tenido un acto de grandeza y haberse disculpado con la senadora Campillai, porque se equivocó. La senadora Campillai tiene pensamientos diametralmente opuestos a los míos, pero eso no quiere decir que no merezca todo mi respeto y toda mi solidaridad por lo que le pasó. No podemos estar jugando políticamente con el sufrimiento de nadie, eso no se hace, ni en la izquierda ni en la derecha.

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La desorientación estratégica de los sucesivos gobiernos democráticos frente al problema del narcotráfico amenaza con transformar a Chile en un Estado fallido en el manejo del tema. En 20 años o más, poco o nada se ha hecho para desarrollar mecanismos eficientes de ordenamiento territorial y seguridad pública, además de los policiales y penales, para contener la ola colonizadora del narcotráfico en diversas comunas y barrios de las ciudades del país. Se sabe que este precisa territorios y poblaciones adeptas para enmascarar y proteger la base social de su negocio, pero nadie toma medidas de fondo.

El peso y los esfuerzos normativos se han puesto en leyes que resultan una maraña de competencias cruzadas y elementos de fuerza muchas veces inútiles, en vez de poner el foco –principalmente– en componentes de prevención y defensa de los territorios amenazados, y perseguir la dimensión patrimonial del delito, pues este no es una ideología sino que un negocio ilegal cuyo conflicto con la sociedad mina los derechos civiles, la paz social y la salud pública. Por supuesto, también, usando toda la fuerza legítima del Estado, a través de las policías, reforzadas en lo que fuere necesario, especialmente en sus labores de inteligencia policial.

Las sucesivas acciones del alcalde de La Florida, Rodolfo Carter, empeñado en una cruzada personal de defensa de los barrios de su comuna ante la acción corrosiva del narcotráfico, han generado reacciones ambiguas de las autoridades y de la política en general, que son un ejemplo de la mencionada desorientación estratégica. Un uso focalizado y discrecional de la Ley General de Urbanismo y Construcciones (LGUC) para demoler las llamadas casas narco, va más allá de la ilegalidad de las construcciones y, también, más allá de la escasa efectividad concreta de esta medida (Demolición de casas de narcotraficantes).

Hay que destacar que, en materia de tráfico y colonización de barrios por el narcotráfico, la mayor información la tiene el propio vecindario, además del municipio, el que, con sus patentes de comercio y permisos de edificación y control de ruidos molestos, identifica plenamente lo que ocurre en la vida de los territorios de la comuna. Los vecinos saben cómo se mueve la calle. Toda esa información ha estado desde hace décadas disponible para su uso en materia de inteligencia policial, lo que –dada la precariedad de estos servicios– no se ha utilizado realmente. El municipio sabe dónde se están enjambrando cuadras enteras por el interior de sus manzanas, transformando la contigüidad en oportunidad de bodegaje, escape y control poblacional, además de bienestar narco.

Uno de los objetivos de Carter es (además de –como es evidente– su figuración política, exacerbada por el escándalo mediático) poner una barrera al deterioro delictual de los barrios de su comuna, asumiendo que el mecanismo que usa golpea a la organización criminal donde más le duele: su dinero y su imagen de impunidad frente a la población. Toma una cuota elevada de riesgo personal sin tener un respaldo abierto y claro de parte de las autoridades.

También se ha llamado la atención sobre la creación de riesgos nuevos de diversa naturaleza, entre ellos, el de usar información sesgada sobre casas narco y verse involucrado en una lucha entre bandas rivales. Ello es efectivo, en cierta medida, pues es evidente que un municipio no tiene forma de procesar información de inteligencia policial y civil, ni coordinar los sistemas de comunicación interinstitucional que requieren estos casos –es de esperar que las leyes que hoy se tramitan en el Congreso solucionen en parte estos problemas–.

Pero la esencia política de lo que hace Rodolfo Carter es desafiar precisamente la ausencia de acción concreta e inteligencia del Estado y sus autoridades en materia de seguridad en los barrios. Lo suyo es un grito de barrio ante La Moneda, muy de clase media, que busca inhibir de alguna manera el modelo narco que corroe con sus ganancias y ostentación la vida cotidiana decente del país, basada en el trabajo y la adhesión a las pautas cívicas.

De la misma manera que la LGUC no ha sido concebida como un instrumento de penalización frente al narcotráfico, Carter no es el problema por derrumbar casas narco. El problema es el narcotráfico en los barrios, que los coloniza y controla. Y que ya logra paralizar actividades cívicas como el funcionamiento normal de establecimientos de educación, con el solo rumor de que habrá un funeral de rito cultural narco, es decir, con armas y fusilería al aire para exhibir impunidad y poder.

El problema es también la autoridad política, principalmente el Ministerio del Interior, que no usa con decisión, coraje y eficacia los inmensos recursos con que cuenta: financieros, para pagar asesores, coordinadores, informantes, intervenciones en los barrios, etc.; recursos políticos, para la coordinación intersectorial y de los distintos órganos que tienen que intervenir en la lucha contra las bandas delictuales; recursos de inteligencia de que dispone (y coordinación de la inteligencia policial), y el enorme recurso de las poderosas fuerzas policiales del país, como jefatura superior de Carabineros y PDI.

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Varios países acompañaron la infamia impulsada por Nixon-Kissinger en contra del gobierno democrático del presidente Allende. Así, por ejemplo, después de que el diplomático Ronnie Burroughs visitó América Latina en 1961 mandado por la Foreign Office (Cancillería) y el MI6 (servicio de inteligencia exterior) y a pesar de que Londres le dejaba la iniciativa a EE.UU. en su zona de influencia, decidieron aumentar las acciones encubiertas en la América Latina. En el contexto de la Guerra Fría, la región era vista por Reino Unido como de creciente importancia para los intereses nacionales como detener al comunismo, afianzar la amistad con EE.UU., aumentar los intercambios comerciales con la propia región, su proyección Malvinas-Antártica, entre otros, de acuerdo a documentos desclasificado del Foreign Office.

A pesar de que Joint Intelligence Committee británico reconoció que “el gobierno de Allende ha estado dirigiendo sus esfuerzos económicos principalmente a efectuar una redistribución de los ingresos”, “corregir lo que consideraban injusticias económicas y sociales”, su herejía era que estaba anclada en la decisión de “demostrar que el socialismo se puede implantar en Chile de un modo pacífico y democrático” y en particular la nacionalización del cobre (1971) y de varios bancos (1972) a pesar de que la compensación acordada había sido justa de acuerdo a una nota del Partido Conservador británico (Contexto y Acción 21/03/2018).

El embajador de EE. UU., Davis, le dijo a su homólogo británico, Reginald Seconde (quien miraba con buenos ojos las políticas sociales de Allende), que el gobierno de EE. UU. estaba preocupado “no solo por la pérdida de las empresas de cobre, sino también por el precedente que la medida chilena establecería en la nacionalización de otros intereses estadounidenses en todo el mundo”. Solo tres meses después de que Allende asumiera su cargo, el Joint Intelligence Committee (JIC) concluía que “Washington está claramente afectado por los acontecimientos en Chile” y Seconde y otros funcionarios británicos también se autoconvencieron, sin embargo, de que las políticas del gobierno de Allende estaban llevando al país a la ruina económica y al caos político (Contexto y Acción 21/03/2018).l sitio especializado Declassified UK expresa que los cables secretos demuestran cómo el Departamento de Investigación de Información (IRD) británico trabajó con la CIA para intervenir en las elecciones presidenciales de 1964 y 1970 e impedir el triunfo de Allende (biobiochile.cl 23/09/2020). Precisamente, bajo el gobierno laborista de Harold Wilson (1964-1970), una unidad secreta del Foreign Office inició una ofensiva propagandística con ese objetivo, reuniendo información diseñada para dañar a Allende y otorgar legitimidad a sus oponentes políticos, y distribuyó material a figuras influyentes dentro de la sociedad chilena (Daily Maverick 22/09/2020).

Con esta meta, Londres aumentó el personal que trabajaba en la propaganda en la región y el MI6 abrió nuevas sedes. Estas actividades fueron ocultas y centradas, por una parte, en la llamada propaganda “negra”, la que incluyó material falso o actividades en las que los ciudadanos fueron deliberadamente engañados acerca de las fuentes de la información (se sobornaron para conseguir espacios en radios, además de usar revistas y panfletos); organizaron campañas de asesinato de imagen de Allende entre 1970 7 1973; y canalizaron “millones de dólares para fortalecer los partidos políticos de la oposición”, según un informe del Senado de los EE.UU.

El IRD también compartió inteligencia vital sobre la actividad de la izquierda con la CIA. Funcionarios británicos en Santiago ayudaron a una organización de medios financiada por la CIA que fue parte de una amplia acción encubierta, entre otras. También trabajaron en iglesias, sindicatos y partidos políticos infiltrándolos y captándolos o interfiriendo en sus reuniones. Elizabeth Allott, una funcionaria del IRD, también le propuso al jefe del IRD, Kenneth Crook, que Gran Bretaña entrenase al ejército chileno en “contrasubversión”, incluyendo técnicas de tortura tal como se hizo en Brasil.  En general, el Reino Unido estaba utilizando una acción encubierta en parte para “mantener, a bajo costo, un papel global” (BBC Mundo 11/12/2020).

Los archivos muestran con claridad que los estrategas británicos en Santiago y Londres agradecieron absolutamente el golpe de estado e inmediatamente se dispusieron a entablar buenas relaciones con el gobierno militar mientras la represión aumentaba, e incluso se confabularon en secreto con la Junta para engañar a la opinión pública británica a pesar de que estaban conscientes de la magnitud de las atrocidades. Tres días después del golpe, el embajador Seconde informaba al Foreign Office que “es probable que el número de víctimas ascienda a varios miles, indudablemente está lejos de ser un golpe incruento”. Seis días después, mencionaba que “las historias de los excesos militares y el aumento del número de víctimas ha empezado a circular de forma creciente. La magnitud del baño de sangre ha conmocionado a los ciudadanos” (Contexto y Acción 21/03/2018).

Otro país activo en el golpe de Estado en Chile fue Australia, la democracia más secreta del mundo como la catalogo The New York Times. A instancias de la CIA, el Servicio de Inteligencia Secreto de Australia (ASIS) estableció una “estación” en Santiago en 1971 con la aprobación del ministro de Relaciones Exteriores del Partido Liberal, William McMahon y llevó a cabo operaciones de espionaje clandestinas para apoyar directamente la intervención estadounidense en Chile, según los registros australianos desclasificados. En la primavera y el verano de 1971, los empleados de ASIS enviaron agentes y equipo a Chile para organizar la estación.

Sin embargo, después de más de 18 meses de operaciones que parecen haber involucrado a varios chilenos reclutados por la CIA en Santiago, en la primavera de 1973 el nuevo Primer Ministro, el laborista Gough Whitlam, ordenó al director de ASIS cerrar las operaciones de Chile. Whitlam estaba “incómodo” con la participación de Australia porque si se hacían públicas estas operaciones “le resultaría extremadamente difícil justificar nuestra presencia allí”, aunque también le preocupaba que la CIA lo interpretara como un como un gesto hostil hacia EE.UU. o la propia CIA. La estación australiana de ASIS parece haber sido cerrada en julio de 1973, aunque según los informes, un agente de ASIS permaneció en Santiago hasta después del golpe militar del 11 de septiembre del mismo año. El ASIS también ha tenido operaciones secretas en países como Indonesia y Camboya.

Un informe secreto de ocho volúmenes, escrito por el juez Robert Hope, incluía un relato detallado de las operaciones en Chile, de las cuales algunas partes se filtraron a los medios de comunicación: ya en octubre de 1974 el Sydney Morning Herald publicó un artículo titulado “Espías ayudaron a la CIA a planificar el derrocamiento de Allende”. Sin embargo y como dice el Dr. Clinton Fernandes, ex analista de inteligencia del ejército australiano y profesor de estudios internacionales y políticos en la Universidad de Nueva Gales del Sur, “el gobierno australiano insiste en mantener esta información en secreto para evitar admitir ante la ciudadanía que ayudó a destruir la democracia chilena” y evitar un debate de cómo deben usarse los servicios de inteligencia (Ciper 10/09/2021).

Otro país que jugó un rol importante en el golpe cívico-militar fue Brasil y la dictadura Garrastazu Médici. El 4 de septiembre de 1970 y tras el triunfo del Presidente Allende, el embajador de EE.UU. Korry se reunió con el embajador de Brasil en Santiago, Antonio Cândido da Câmara Canto, y compartió detalles de los esfuerzos iniciales de Estados Unidos para bloquear la investidura de Allende. Por órdenes de la Casa Blanca (dijo Korry) la embajada estadounidense pasaba información hostil sobre Allende a los comandantes militares chilenos, y amenazaba con cortar la ayuda económica y los créditos si asumía la presidencia de Chile. La reunión del embajador Cámara Canto con Korry fue tan importante en Brasil, que el canciller Mario Gibson Barboza la resumió en un informe al líder del régimen militar, general Emílio Garrastazu Médici.

Archivos desclasificados de Brasil, Chile y Estados Unidos revelan una reunión entre el dictador de Brasil, general Emílio Garrastazu Médici, con Nixon para acelerar la acción de Brasil con el fin de instalar una dictadura en Chile. Garrastazu Médici le dijo a Nixon que Allende sería derrocado “por las mismas razones por las que Goulart había sido derrocado en Brasil” y “dejó en claro que Brasil estaba trabajando para lograr este fin”. Nixon respondió que era “muy importante que Brasil y EE.UU. trabajen de cerca en esta materia” y ofreció “ayuda discreta” y dinero para operaciones brasileñas contra el gobierno de Allende. También detalla de cómo el régimen militar brasileño ayudó a Patria Libertad, movimiento terrorista de ultraderecha y a altos mandos de las FF.AA. que organizaban la desestabilización y el derrocamiento de Salvador Allende y cómo al fracasar el rapto de Schneider brindó protección y asilo a los altos mandos de Patria y Libertad.

En marzo de 1971, un cable enviado por el embajador de Chile en Brasil, Raúl Rettig, informó a Cancillería que “ejército brasileño estaría realizando estudios sobre la introducción de guerrillas en Chile”, en una sala de guerra tenía mapas y modelos de la cordillera de los Andes, y que había infiltrado agentes como turistas, con la intención de recabar más antecedentes (DW 31/03/2021). El cable de Retting es uno de los cientos de documentos obtenidos sobre Chile, EE.UU. y Brasil por el periodista de investigación Roberto Simon y que relata en su libro “O Brasil contra a democracia. A ditadura o golpe no Chile e a Guerra Fria na America do Sul”. El libro muestra cómo la dictadura militar brasileña trabajó activamente para socavar la democracia durante los años de Allende y cómo ayudó a la junta militar gobernante a consolidar su poder después.

A través de información obtenida por Inteligencia, Brasil conoció detalladamente los primeros planes golpistas, incluyendo la identificación de los oficiales militares que participaban de la conjura y se preparaban para derrocar a Allende. En una reunión celebrada en la Base Aérea El Bosque, el 2 de agosto de 1973, algunos oficiales chilenos (Cesar Ruiz Danyau, Ernesto Jobet, Ernesto Huber Von Appen, entre otros) analizaron los elementos del golpe militar brasileño de 1964 -que derrocó al presidente constitucional Joao Goulart- para ver qué de esa experiencia podrían utilizar para sus planes de tomar el poder. El Ejército de Brasil estableció comunicaciones con oficiales militares chilenos que se oponían a Allende, e incluso organizó que algunos de ellos viajaran secretamente a Brasil para discutir sobre la conspiración golpista.

El libro destaca una escena dramática acaecida en diciembre de 1971, cuando el jefe del régimen militar de Brasil, el general Emílio Garrastazu Médici, llegó a Washington y se reunió en privado con el presidente Richard Nixon en la Casa Blanca. Los dos líderes discutieron con franqueza los esfuerzos para deponer a Allende. Nixon dejó en claro que Brasil podría ayudar a Estados Unidos a derrotar a Allende, Fidel Castro y otros gobiernos y movimientos de izquierda en toda América Latina. Y agregó: “espero que podamos cooperar estrechamente, ya que, al ser un país sudamericano, hay muchas cosas que Brasil puede hacer y que EE.UU.” (El Popular 31/03/2021). El libro de Simon revela que Brasil hizo su propio “trabajo sucio” en Chile, así como en Uruguay, Bolivia y otros países del Cono Sur. Aunque el régimen militar pudo haber colaborado con la administración Nixon, la dictadura de Brasil actuó en función de su propia preservación geopolítica.

En los días posteriores al 11 de septiembre, el ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil (Itamaraty) ayudó en presentar el golpe cívico-militar en Chile de la manera más positiva posible, fue el primer país en reconocer al régimen de facto e invirtió una considerable ayuda económica y créditos financieros para ayudar a la Junta Militar. Los funcionarios brasileños también ayudaron a redactar algunos de los discursos iniciales de los representantes del régimen de Pinochet para justificar el sangriento golpe en la Asamblea General de la ONU.

Pero Brasil entró de lleno en la represión. No sólo entrenó a decenas de funcionarios de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), entre ellos a agentes que participaron en misiones de asesinatos internacionales, como el coche bomba que acabó con la vida el 21 de septiembre de 1976 del ex embajador Orlando Letelier y su colega Ronni Karpen Moffitt en Washington DC o el homicidio fallido de Bernardo Leighton y su esposa en Italia, en 1975, también altos oficiales militares pasaron un largo tiempo en Brasil, como el general Humberto Gordon, destinado en Brasilia como “agregado militar” en 1974 y quien ascendió hasta convertirse en jefe de la Central Nacional de Informaciones (CNI), que sucedió a la DINA en 1977.  Brasil envió un equipo de agentes de inteligencia a Santiago, dirigidos por el coronel Sebastião Ramos de Castro, del Servicio de Inteligencia de Brasil (Serviço Nacional de Informações, SNI) para participar en los interrogatorios, tortura y ejecución, a los que se sometió cientos de prisioneros del Estadio Nacional, el principal centro deportivo del país.

Basándose en registros de inteligencia estadounidenses desclasificados en 2019, la investigación presenta una descripción detallada del papel que jugó Brasil cuando los servicios de inteligencia del Cono Sur se aunaron secretamente para perseguir y exterminar a sus detractores (léase políticos de izquierda y líderes sociales). Una acción coordinada conocida como “Operación Cóndor”. Brasil, según un documento de la CIA, intentó “controlar” las misiones de la “Operación Cóndor”, resistiendo los esfuerzos de Chile, Uruguay y Argentina por participar en operaciones de asesinatos selectivos fuera del Cono Sur, y prefiriendo participar en operaciones bilaterales de entrega para secuestrar y desaparecer a opositores (Ciper 31/03/2021). De acuerdo a documentos desclasificados en EE.UU., la CIA obtuvo información que vinculó al general Pinochet directamente con las operaciones de asesinatos que planificó y ejecutó la red Cóndor.

Al final, es claro que estos países (y otros) promovieron y estuvieron directamente involucrados en el golpe de Estado de 1973 y, por lo mismo, están en deuda con la memoria histórica nacional y con reparación de esta tragedia que ocurrió hace medio siglo para un  “Nunca Más”.

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El presidente de la Cámara de Diputados, Vlado Mirosevic, ha confirmado que la semana distrital será suspendida para enfocar las sesiones especiales en temas de seguridad legislativa. Esta medida se produce como respuesta al asesinato de la sargento segundo de Carabineros, Rita Olivares, quien falleció durante un procedimiento por robo en la comuna de Quilpué después de recibir un disparo en la cabeza.

Mirosevic señaló que la mesa de la Cámara de Diputados y Diputados está trabajando para acordar la suspensión de la semana distrital y tener sesiones especiales enfocadas únicamente en leyes de seguridad. Añadió que ha habido una buena disposición de los sectores políticos de izquierda y derecha para hacer esto posible, y que están trabajando en los días de sesión especial y los proyectos que se tratarán.

El titular de la Cámara Baja lamentó la muerte de la uniformada y describió el día como “triste para Chile” y “triste para Carabineros”. Mirosevic envió sus condolencias al director general de Carabineros, a la institución pública y a la familia de Rita Olivares por lo que calificó como un “asesinato cruel y brutal” que todo el país debe condenar.

Quienes hicieron la solicitud formalmente fueron los diputados de la UDI, Juan Antonio Coloma y Marta Bravo, que exigieron al presidente de la Cámara, Vlado Mirosevic, suspender la semana distrital y convocar a sesiones especiales para tramitar una serie de proyectos de ley en materia de seguridad.

“Si el gobierno no quiere darle urgencia a proyectos que vayan en defensa de carabineros y la PDI, y en vista de la impunidad con la que actúan delincuentes, atacando con armas de fuego a nuestras policías, urge que saquemos adelante las iniciativas que están en la Comisión de Seguridad de la Cámara y que cuentan con un apoyo transversal para aprobarlas”, argumentaron los legisladores.

Por último, Coloma y Bravo hicieron un duro llamado a sus pares oficialistas “a demostrar con hechos si están o no a favor de frenar estos hechos de violencia y darles las atribuciones necesarias a los funcionarios de Carabineros y PDI a poder defenderse, de lo contrario, la ciudadanía entera verá que siguen a favor de la violencia y defienden a los delincuentes, en lugar de nuestros habitantes”.

El senador Manuel José Ossandón (RN) pidió al Ejecutivo que incluso convoque al Consejo de Seguridad Nacional: “Hago un llamado al Presidente de la República a que cite al COSENA, al Consejo de Seguridad Nacional, ahí tendrá asesoría técnica para enfrentar el desastre que estamos viviendo con la delincuencia y con la muerte de carabineros y carabineras”.

Desde el oficialismo, el senador Ricardo Lagos Weber (PPD) manifestó: “Que el asesinato de la sargento Olivares marque un punto de inflexión en la lucha contra la delincuencia. El Senado debe avanzar esta semana en proyectos de seguridad y en especial en dar protección a las policías que resguardan a la ciudadanía”.

Por su parte la senadora Alejandra Sepúlveda (exFRVS) también hizo un llamado a sus colegas parlamentarios y parlamentarias y al Gobierno a suspender la semana regional y realizar conclave en el Congreso y “no salir hasta revisar, tramitar y despachar todos los proyectos de ley, mociones y mensajes, que tengan que ver con el combate a la delincuencia y el crimen organizado, tal como lo hicimos para enfrentar la pandemia del Covid-19”.

El subsecretario de prevención del delito, Eduardo Vergara, abordó las críticas al Gobierno por presentar una querella criminal a los responsables del homicidio de la funcionaria policial y no otras medidas más ejemplares. “Yo concuerdo plenamente en que la presentación de querellas no necesariamente tiene un impacto en la capacidad que vamos a tener de llevar a la justicia un responsable”, afirmó Vergara.

El General Director de Carabineros, Ricardo Yáñez, tras ser consultado por si se siente respaldado por el Gobierno, respondió que: “Tenemos absolutamente el respaldo del Gobierno, nunca habíamos tenido tanta compra de equipamiento y material para ejercer nuestra labor policial”, sentenció.

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