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¡Fuera! Ese fue el grito a coro que un grupo de asistentes propinó al Presidente Gabriel Boric y a la ministra del Interior y Seguridad Pública Carolina Tohá, tras su arribo al responso de la sargento segundo de Carabineros, Rita Olivares, quien recibió un fatal disparo durante un procedimiento policial en Quilpué, en la Región de Valparaíso. La presencia del Primer Mandatario y de la secretaria de Estado provocó la molestia de una parte de la multitud, que además de abuchearlo lo catalogó de “asesino”.

La ministra Tohá fue la primera en llegar a la Iglesia Asamblea de Dios en Villa Alemana. A su llegada, recibió pifias, lo mismo que sucedió con el Presidente Boric minutos después. Sin embargo, también hubo aplausos y muestras de apoyo al jefe de Estado, pero no fueron suficientes para cambiar el semblante de preocupación que mostró posteriormente. Tras las muestras de desaprobación, Gabriel Boric voló a La Moneda, donde, visiblemente afectado, realizó un mea culpa por las “actitudes en el pasado”.

En su llegada al Palacio de Gobierno, el Presidente Boric, primero, hizo un llamado a la unidad de todos los poderes del Estado para trabajar en la agenda legislativa contra la delincuencia. “Tenemos una delincuencia distinta de la que teníamos hace años”, reconoció. Ante esto, según el Mandatario, “nuestras estrategias deben ser distintas y llevadas adelante con unidad”.

A su juicio, “no sirven las guerras de trincheras ni los dimes y diretes entre nosotros”. Al contrario, agregó, “si no estamos todos unidos, alcaldes, parlamentarios, gobernadores, de todos los sectores políticos para enfrentar la delincuencia, los delincuentes son los que van a celebrar”.

Lo cierto es que el Parlamento ya trabaja en proyectos antidelincuencia y en ese sentido, el Presidente Boric se mostró contento con los avances, sobre todo en la ley que tipifica la extorsión y en la llamada Ley Nain. Son siete los proyectos que pretende revisar el Congreso esta semana.

Pero pese a valorar los avances legislativos, a renglón seguido, Boric manifestó que cree que vale la pena “reflexionar respecto a nuestras actuaciones en el pasado, donde siempre creo que vale la pena reconsiderar y actuar de acuerdo al contexto que estamos viviendo en Chile”.

Hoy, dijo, “Carabineros y la sociedad chilena se enfrentan a una amenaza mucho mayor de lo que conocíamos y por lo tanto tienen que contar con todo nuestro respaldo”. Con eso, explicó, “me refiero a las herramientas con las que cuentan, el presupuesto, así como también a una legislación que se atenga al respeto de los Derechos Humanos como corresponde”.

“Estamos viendo cuál es la mejor manera. Por lo pronto, mañana acudiré a la Escuela de Suboficiales para conversar con parte de los 300 carabineros que tendrán despliegue durante la jornada de mañana e iremos definiendo en conjunto cuáles son las mejores maneras de participar activamente en esto. De manera seria y responsable, sin show, sino con el objetivo de que Carabineros sienta el respaldo que tiene por parte de nuestro gobierno para combatir con todas las armas de la ley, del derecho y las herramientas con las que cuentan, a la delincuencia en Chile”, sentenció el Presidente de la República.

Finalmente, el Presidente Boric se refirió directamente a los delincuentes: “Seguramente hoy o mañana hay personas que están preparando actos delictivos. Esas personas tienen que saber que se van a enfrentar a una fuerza policial empoderada que va a responder frente a los ataques y al poder civil que va a prestar el apoyo que corresponde”.

“Los invito a que reconsideren este tipo de acciones y en la medida que nos vean unidos como país, y no solamente la clase política, sino también la sociedad, vamos a poder salir adelante con mucha más fuerza”, cerró.

Cabe mencionar que la bancada de diputados de la Unión Demócrata Independiente (UDI) exigió ayer disculpas públicas del Presidente Gabriel Boric a Carabineros por antiguos dichos que actuales personeros de gobierno formularon en contra de la institución uniformada. A esa petición se sumó el senador del Partido Socialista (PS) José Miguel Insulza, exministro del Interior e integrante de la comisión permanente de Seguridad Pública de la Cámara Alta. “Yo, efectivamente, creo que eso está pendiente. He leído las declaraciones. Camila Vallejo dice ‘hoy día estamos gobernando’… otra cosa es con guitarra ¿no? Pero yo creo que esto requiere decir: ‘mire sí, yo me equivoqué, en realidad esto no debí haberlo hecho nunca’”, sostuvo el senador en entrevista con radio Infinita.

Por su parte, en una carta que hicieron llegar los diputados UDI a La Moneda, los gremialistas señalaron que es “bastante evidente que la horadación de Carabineros también vino de parte de las autoridades y figuras políticas que, sin medir ninguna consecuencia futura, atacaron de manera sistemática a la institución, exigiendo reiteradamente su refundación e, incluso, incitando a la violencia por medio de símbolos y representaciones que atentaban contra la integridad de los funcionarios, como la figura denominada ‘Negro Matapacos’”. El símbolo aludido es la representación de un perro ya fallecido que acompañaba marchas estudiantiles hace más de una década.

Insulza, también abordó la figura del perro que fue utilizado como ícono durante el estallido social y apuntó a una “mala propaganda” contra Carabineros. “Ayer en el Estado Monumental cuando se tocaba el réquiem para Carabineros, con cornetas para la sargento (Rita) Olivares, hubo gente que pifió, hubo gente que gritó, hubo gente que no guardó silencio”, remarcó.

Video vía Twitter: @belenvelasquez

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La ministra del Interior, Carolina Tohá, se refirió a los proyectos que la Cámara de Diputadas y Diputados revisará durante la jornada. Esto, tras el asesinato de la sargento segundo de Carabineros Rita Olivares, ocurrido en la madrugada del domingo en medio de un procedimiento policial.

La titular de Interior dijo que la Corporación discutirá este martes proyectos de “sicariato, secuestro, extorsión y también porte de armas”. La secretaria de Estado espera que “el debate contribuya a que avancemos y no nos trabe”.

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Consultada si la agenda de Gobierno cambia tras el asesinato de Olivares, Tohá dijo a TVN que “la agenda no cambia, lo que yo creo que cambia es el clima donde se hace evidente que hay que trabajar más unidos y más rápido”.

“Acá no hay piedra de tope, el único tope es cuando no tenemos disposición de encontrar soluciones a las diferencias. Creo que hoy hay clima de buscar esas soluciones”, complementó.

Proyectos de seguridad

Recordemos que tras la muerte de la sargento Olivares, la Cámara de Diputadas y Diputados decidió suspender su semana administrativa para tramitar proyectos ligados a la seguridad.

La ministra Tohá se reunió ayer con los presidentes de la Cámara Baja y del Senado, Vlado Mirosevic (PL) y Juan Antonio Coloma (UDI), donde acordaron aprobar 15 iniciativas sobre seguridad en un plazo de tres meses.

En tanto, la Comisión de Seguridad de la Cámara fusionó el lunes las denominadas Ley Naín y Ley Retamal, esta última añadida mediante indicaciones. La Ley Naín comprende penas más duras para las agresiones contra uniformados, mientras que la Ley Retamal busca fortalecer la defensa de policías.

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El diputado de Renovación Nacional (RN) por la región de Antofagasta e integrante de la Comisión de Seguridad Ciudadana, José Miguel Castro, abordó este martes la problemática de seguridad que afecta a nuestro país las últimas semanas. El parlamentario puso énfasis en la aprobación de leyes que le entreguen mayores facultades a las policías para bridarles garantías.

La muerte de la sargento de Carabineros, Rita Olivares, puso en la palestra la posición que tienen los funcionarios cuando se enfrentan a los distintos procedimientos que deben llevar a cabo. Desde el Gobierno hicieron el llamado transversal a conversar sobre una agenda de seguridad, mientras que la oposición pide actos al ejecutivo para reestablecer las confianzas.

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“Valoro que el Presidente (Boric) diga que va a perseguir a las personas con toda la fuerza del Estado sin duda lo valoro, pero yo quiero ver actos”, indicó el parlamentario en el programa “Al Pan, Pan” de El Mostrador Radio.

Para Castro, lo urgente es lograr blindar a los funcionarios. “No se puede mandar a que se enfrenten al crimen organizado, como el Tren de Aragua o Los Maras, si es que ellos no están completamente blindados”.

Dentro de las leyes sobre seguridad que se encuentran en tabla, una de las más solicitadas por la oposición es la “Ley sargento Retamal”, un proyecto que el parlamentario por Antofagasta le solicita al Gobierno que le ponga urgencia, puesto que en opinión de su bancada “estamos seguros de que lo lógico es que se le entreguen mayores atribuciones, mayores armas a Carabineros, para que siempre el uso de la fuerza esté un paso por sobre el uso de la fuerza del Estado”.

“Que no tenga que pasar que un delincuente tenga mayor uso de la fuerza que Carabineros y PDI”, complementó.

Críticas al oficialismo

Si bien, Castro valoró la posición del Presidente sobre los delincuentes que le quitaron la vida a la sargento de Carabineros, Rita Olivares, también fue crítico con miembros del Gobierno y parlamentarios oficialistas que en su momento criticaron la institución y no han pedido disculpas. “Yo quiero ver a los que criticaron a Carabineros, que hicieron perder absolutamente la confianza en la ciudadanía, hoy los quiero ver con leyes que los blinden”, expresó.

“Yo me di cuenta cómo se perdió el respeto a Carabineros producto de los Leonardo Soto (Partido Socialista) sacando fotos con el ‘perro matapacos'”, sostuvo al respecto.

El legislador prosiguió con sus criticas: “Yo nunca he visto ver a ministra Vallejo, la diputada Hertz, la diputada Cariola, al ministro Jackson, al mismo Presidente pedir disculpas por decir que en Baquedano se torturaba, cuando vea eso daré por zanjada la situación”.

Finalmente, indicó que “voy a aplaudir este gobierno cuando ponga urgencia a la Ley sargento Retamal”.

Video vía YouTube: El Mostrador

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La revuelta social dejó en evidencia una gran irritación de los sectores populares y los grupos medios. Si bien en el último tiempo no se han registrado nuevas protestas masivas, en parte por el duro golpe que significó a las familias la pandemia, la irritación social está latente y las causas que la originaron siguen presentes. Frente a ese enorme desafío social y político a la institucionalidad vigente, el programa de gobierno propuso una serie de cambios fundamentales que buscan que Chile transite hacia una sociedad de derechos, similar y más amplia que las sociedades de bienestar europeas.

En el centro de la propuesta gubernamental estaban las reformas de pensiones, de salud y cuidado, y de educación, además de otros cambios importantes. El Gobierno estimaba que los recursos necesarios para financiar su programa eran equivalentes a 3,6% del PIB en régimen, de los cuales 2,9 puntos porcentuales iban a salud y pensiones (solo la PGU requiere US$ 2500 millones) y otros recursos al programa de apoyo al cuidado. Desde luego, el programa de gobierno no se puede implementar plenamente sin una reforma tributaria potente, por lo que cada año que se atrase significa aplazar su implementación, impidiendo el cumplimiento del programa que fue electo para llevar a cabo.

Esto no es ignorado por la derecha, lo que les da una razón poderosa para oponerse a su aprobación. Desde luego, el otro motivo es que son los grupos de altos ingresos los que tendrían que sincerar sus ingresos y pagar más impuestos. La derecha simplemente no está disponible a financiar las reformas propuestas por el Gobierno y que ayudarían enormemente a resolver “los problemas de la gente”, como gustan decir. El que mejor ha expresado esta posición fue el senador Macaya, que –rompiendo con la actitud dialogante que mantenía sobre la continuidad del debate constitucional– ha señalado que estuvieron “ideológicamente obligados a votar en contra de la reforma”.  

En resumen, el Gobierno está obligado a reconfigurar las prioridades programáticas en función de lo que logre negociar, habida cuenta de su posición minoritaria en ambas Cámaras del Congreso.

En ese sentido, es positiva la rápida convocatoria del Gobierno a un amplio diálogo social y político para concordar una reforma tributaria que responda a las necesidades del país. Sin embargo, frente a esta disposición gubernamental, la derecha, al verificar su capacidad de paralizar las reformas, ha adoptado una posición de no negociación en el sentido de exigir que el Gobierno haga nuevas propuestas que ellos evaluarán según sus intereses políticos y pecuniarios. Así, la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC) se retracta en temas que había aceptado en el curso del debate anterior al rechazo. Los órganos de la derecha, partidos y asociaciones empresariales no parecen estar disponibles para la deliberación pública y para enfrentar los graves problemas que dejó en evidencia el 18-O. La actual estructura tributaria les acomoda porque es regresiva, facilita le elusión y la evasión, y es insuficiente para que el sector público pueda resolver los problemas sociales, manteniendo la cruel división en que el sector privado atiende a los que pueden pagar, muchos con grandes esfuerzos, y el sector público no cuenta con los recursos para proteger a las grandes mayorías.

Hace falta un acuerdo o pacto fiscal, social y político, basado en una amplia discusión pública que determine qué queremos financiar en los próximos 10 años y sobre esa base estimar lo requerimientos. En la negociación se podría buscar un punto intermedio en torno a 2,5 puntos del PIB. El resto requerido exigiría alargar en el tiempo el programa de cambios. El pacto fiscal debe incorporar criterios de equidad en que “los que ganan más, paguen más”. También, para crecer más y asegurar la sostenibilidad de las reformas, debemos transitar prontamente hacia una economía basada en el conocimiento, agregando valor a la enorme base de recursos naturales de la que disponemos; a un Estado de Bienestar que asegure educación de calidad, clave para el desarrollo; salud, con atención adecuada y oportuna para toda la población; y pensiones que aseguren que jubilarse no signifique caer en la pobreza. Tampoco podemos olvidar recursos para asegurar nuestras fronteras de la inmigración ilegal y proteger a nuestros compatriotas del crimen organizado.

El pacto fiscal debe tener como principal acuerdo la lucha contra la elusión y evasión. Hay que aprobar una Norma General Antielusión que ponga el peso de la prueba en los evasores y sea calificada por la autoridad administrativa, como es la práctica en los países desarrollados (sin perjuicio de que luego se pueda recurrir a los tribunales); el impuesto al patrimonio cuya meta principal es ayudar al control de la evasión del impuesto a la renta y, finalmente, el fortalecimiento de SII y Aduanas. Fortalecer Aduanas es fundamental para reducir la evasión y la elusión en toda la cadena de comercialización y en el impuesto a la renta. Cabe incluir la reducción del nivel de renta exento, pero eso hay que discutirlo en conjunto con los impuestos indirectos que afectan más a quienes consumen todos sus ingresos, recordando que el IVA representa poco menos del 50% de los ingresos tributarios no mineros, una anomalía entre los países de la OCDE.

Un principio rector es que el sistema no discrimine por origen de los ingresos, sean estos del capital o del trabajo.  Se habla mucho de mejorar la eficiencia y simplicidad del sistema tributario; los especialistas coinciden en que la desintegración es la mejor medida para ello. Finalmente, el pacto podría incluir un compromiso de elevación de la inversión pública orientada a fortalecer la capacidad de crecimiento y la productividad sobre la base de la reformulación de la colaboración pública privada. Ello es el mejor incentivo a la inversión privada.

El Gobierno espera recaudar 0,6 puntos del PIB por royalty y 0,4% por impuestos correctivos. Esos cálculos parecen razonables. Sin embargo, lo que se recaude dependerá de los acuerdos específicos que se logren y la estructura de dichos impuestos. El caso del litio demuestra que es posible recaudar mucho más por participación en las rentas mineras de lo que se ha estimado para diversas formas de royalty a la gran minería del cobre. Algo similar podría ocurrir con los impuestos correctivos, pero estos generan mucha oposición de parte de la población y de potentes grupos de interés. Un aspecto que se ha explorado en el pasado, que es necesario reponer en la discusión pública, es la reducción de exenciones impositivas que favorecen a grupos de interés muy acotados.

Se ha informado profusamente del aumento de la contribución del litio a las arcas fiscales. Preocupan voces que señalan que los mayores ingresos por el litio hacen innecesaria la reforma. No nos podemos dar el lujo de repetir los errores históricos, como en el caso del salitre y del cobre. Las rentas del litio, del cobre y de otros recursos naturales deben ser utilizadas para construir una economía basada en el conocimiento y para impulsar a nuestro país hacia una economía más verde, fundamentales para asegurar la competitividad de nuestras exportaciones. Por ejemplo, el desarrollo del H2V requiere de grandes inversiones; el cambio climático, que ha generado la crisis hídrica que nos aqueja, representa un gran desafío para nuestra producción agrícola.

La discusión sobre quiénes deben ser los que invierten, si el sector público o el privado, es secundaria. Lo que hay que asegurar es que el país capte una proporción razonable de las rentas de los recursos naturales, propiedad de todos los chilenos, que nos permita financiar un programa acordado de inversiones que lleve nuestra economía hacia tasas de crecimiento de 4% anual o más. Alcanzar una meta como esa elevaría los niveles absolutos de ingreso y, al mismo tiempo, mejoraría significativamente la distribución de los beneficios del crecimiento.

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“¿Qué son esas cosas verdes?”, preguntó Isidoro Quiroga en un viaje a Estados Unidos con una delegación de agricultores chilenos. El hombre criado en el campo, en Los Andes, no sabía lo que eran los kiwis a principios de los 80.

De la curiosidad pasó a la acción: trajo las primeras plantas de kiwis a Chile, instaló un vivero y se dedicó a venderles a los productores. Con las ganancias compró 150 hectáreas que eran de propiedad de su padre y sus tíos en San Esteban, el pueblo donde creció, a 150 kilómetros de Los Andes, y las llenó del fruto con más vitamina C.

Puso sus ojos en la uva de mesa que ya era un producto de buena salida en Chile. No tenía dinero, pero le dio vueltas a una idea: usar los cerros, secos y sin agua, como tierras agrícolas. Plantó 200 hectáreas de parras en altura y aprovechó de sembrar orégano en el suelo que quedaba libre. No pasó mucho tiempo y la mayor exportadora de la época, David del Curto, le compró sus plantaciones.

Entre una cosa y otra se armó de un capital cercano a los US$ 6 millones, según calculan los pocos que conocen su historia. Era una fortuna hace 25 años. Desde entonces la invirtió y multiplicó por muchas veces en la bolsa chilena.

Por eso, Isidoro Quiroga nunca aparecerá en el ranking de billonarios de Forbes. Habiendo forjado su patrimonio comprando y vendiendo acciones no es posible contabilizar sus activos como ocurre con los Luksic, los Matte, Horst Paulmann o Sebastián Piñera (aunque, en su caso, también la rueda le dio fortuna) que figuraron en la última edición de la revista norteamericana.

Quienes han operado para él en la bolsa aseguran que su patrimonio ronda los US$ 1.000 millones. Compró cuando las empresas chilenas iniciaban su despegue y cosechó en grande. En una primera etapa fueron papeles de Iansa y Campos Chilenos porque era un sector que conocía. Más tarde, se especializó en empresas eléctricas, convirtiéndose en uno de los mayores conocedores del rubro. Tuvo paquetes de Chilectra, Enersis, Gener, Colbún y llegó a ser dueño del 1% de Endesa. Fue director de Soquimich, nombrado por Julio Ponce Lerou, de quien es muy amigo, hasta que salió en 2001. Es un misterio saber a cuánto ascendió su participación en la minera no metálica.

Pilmaiquén es la única empresa abierta donde figura como accionista con un 10,8%. Dedicada a las inversiones, entre ellas, eléctricas en Brasil, vale US$ 216 millones en la bolsa y retomará su giro original –la producción de energía– con tres centrales de pasada por 160 MW en el río Pilmaiquén. La primera, Rucatayo, de 51 MW, entrará en operaciones el próximo año, pese a la oposición de la comunidad.

Ingeniero civil de la Universidad de Chile, de la misma generación de José Yuraszeck, a quien lo une una estrecha amistad, es de los pocos chilenos que transa acciones de mineras junior en bolsas de Canadá y Australia. Se trata de compañías con un proyecto del que se tiene alguna idea de sus reservas y que se abren a la espera de socios dispuestos a comprar acciones y desarrollarlos.

Andina Minerals es un ejemplo. En 2008 hizo un canje: aportó derechos de agua de su propiedad para el proyecto de oro El Volcán, en Copiapó, el gran activo de Andina, recibiendo a cambio un 8,4% de la compañía. Aunque no producía un gramo, estaba valorada en US$ 280 millones en la Bolsa de Toronto.

Quiroga vendió ese mismo año y recibió US$ 23,5 millones. Hoy, la capitalización bursátil de Andina es de US$ 67 millones.

Minera Fuego es el holding que agrupa sus activos en la minería. No son pocos: el yacimiento de oro Andacollo en Neuquén, que le compró al exsocio de Enersis, Arsenio Molina, y que no arroja utilidades; numerosas pertenencias mineras principalmente de cobre en Arica, Antofagasta, Calama y Vallenar, y de carbón en Colombia. Además de un 8% de la junior Metminco, que transa en las bolsas de Toronto y Sydney, y es dueña de reservas de cobre en Arequipa.

Caracol, un proyecto de cobre en Sierra Gorda, Antofagasta, es el único que está desarrollando, lo que quiere decir que hizo sondajes, sabe que puede ser interesante y hay socios con los que está negociando para venderles el control.

Maneja inversiones en las bolsas europeas en los sectores que conoce –minería, energía y alimentos–, pero nadie en su holding Asesorías e Inversiones Benjamín sabe cuáles son las empresas que elige. Ese es un negocio que reserva para él. Convertido a estas alturas en un gurú bursátil, muchos quisieran saber qué está mirando, qué compró o de qué se deshizo.

Su círculo estrecho lo conforman cuatro ejecutivos: el gerente general del holding, Rodrigo Arriagada, ex Laboratorios Davis; el abogado y fiscal Federico Rodríguez (ex Barahona Marré); Cristián Ramírez, quien venía de LarrainVial (la corredora con que más opera), en la gerencia de estudios; y Martín Guiloff, la última incorporación, en finanzas.

De su holding cuelgan Electro Austral y Minera Fuego. La primera posee derechos de agua suficientes como para construir centrales de pasada por mil MW. Aunque, hasta ahora, le han aprobado solo dos por 135 MW en el río Achibueno de la Región del Maule.

Quiroga opera a veces en sentido contrario del mercado. Se hizo de derechos de agua entre la VI y X regiones cuando Chile cambió su matriz energética a gas natural argentino. Y aprovechando un dictamen que obligó a Endesa a desprenderse de derechos de agua en la Patagonia, le compró el equivalente a 150 MW en el río Ibáñez.

Negocio del salmón

Lo mismo sucedió con los salmones. Cuando la industria estaba reventada por el ISA, compró activos a precios de liquidación. Primero, Chile Seafoods, que tenía concesiones de mar en Aysén. Después, la mayor productora de ovas en Chile. Todo lo que terminó convertido en Australis, la que abrió a la bolsa el año pasado y cuyos precios han caído como en el resto del sector. En su caso, de los $ 185 de la colocación a $ 115.

El fallecido empresario Felipe Cubillos fue un actor importante, aunque indirecto, en esta historia. Quiroga aportó capital a senegocia.com –suele escuchar a todo aquel que le ofrece un proyecto– y Cubillos le dejó en garantía dos pisciculturas (donde crecen los alevines) en Peñaflor. Y cuando llegó el momento las usó como punto de partida de un negocio que culminó con la compra de la segunda mayor comercializadora de salmones en Estados Unidos. La mejor forma de amarrar a los clientes, porque compra salmón en todo el mundo, incluyendo el propio, y asegura un suministro permanente. Hasta ese momento Australis era la única salmonera integrada en Chile.

Entre fines de 2018 y comienzos del 2019, Quiroga hizo el mayor de sus negocios. Vendió Australis a la empresa china Joyvio, filial del inversor asiático Legend Holding Corporation, por US$ 921 millones. Hoy, el nombre de Quiroga ha vuelto a la escena pública, luego que los chinos denunciaran que él los engañó, que les entregó información incompleta, y piden la restitución de los US$ 921 millones. El empresario chileno acusa calumnias.

Un sector al que entró y salió para no volver fue el inmobiliario. En 2004, Delta estaba muy endeudada y aprovechó de comprar un 20% de la división Delta Edificación. Subió su participación al 70% y, como no obtuvo los retornos esperados, le vendió a un grupo venezolano.

Quiroga no es lo que se llama un empresario tradicional chileno. Vivió con su familia en San Esteban hasta hace 10 años y viajaba diariamente en bus a Santiago, porque según decía “aprovechaba el tiempo para leer”. Si va a cuatro eventos empresariales al año –estuvo en el del BICE el mes pasado con el economista Nouriel Roubini–, es mucho.

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