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Inmediatamente después del anuncio del Presidente Gabriel Boric de indultar a 12 condenados en el marco del estallido social y al exfrentista Jorge Mateluna, el 30 de diciembre pasado, Chile Vamos anunció su decisión de restarse de la mesa de seguridad organizada por el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, junto con señalar que había decidido tomar un camino propio en el tema y priorizar la preparación de proyectos de ley. En la derecha hay coincidencia en que fue la polémica de los indultos el punto de inflexión que marcó su salida de dicha mesa, sin embargo, varios personeros de la oposición reconocen que en un principio varios parlamentarios y dirigentes de partidos (UDI, RN y Evópoli) no estuvieron de acuerdo con la decisión o dudaron que fuera una buena idea.

Los opositores que estuvieron en la mesa recuerdan que la ministra del Interior, Carolina Tohá, pensaba que los indultos se anunciarían a principios de enero y que, cuando supo que el anuncio sería el 30 de diciembre, fue evidente que intentó acelerar y cerrar los acuerdos de la mesa para que no se vieran afectados por los indultos. Finalmente, el anuncio presidencial sobre estos se produjo la mañana de ese viernes y el presidente de la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputadas y Diputados, Jorge Alessandri (UDI), salió inmediatamente a decir que la oposición se bajaría de la mesa de seguridad, a pesar de que en ese momento el tema de la delincuencia aparecía como la prioridad de los chilenos en todas las encuestas.

Todos coinciden en que fue el diputado Jorge Alessandri quien lideró la opción de bajarse de la mesa y que uno de los apoyos importantes que tuvo fue el del alcalde de La Florida, Rodolfo Carter, recuerdan en el oficialismo. Hoy, al interior de la derecha varios señalan que la idea de salirse de la mesa no fue socializada a nivel de parlamentarios y, en un principio, no contó con un apoyo unánime del sector. Jorge Alessandri, por su parte, minimiza las críticas y descarta rencillas internas en Chile Vamos a raíz de dicha decisión: “Donde hubo discusión no fue en Chile Vamos. Creo que el enojo y la rabia emergió en la ciudadanía chilena cuando vio que se estaba indultando directamente a dedo a ciertas personas que habían participado en hechos violentos”, plantea.  Sin embargo, en el sector hay varios que señalan que la dirigencia de los partidos fue sumándose de a poco a la idea de salirse de la señalada instancia, sin mucho convencimiento.

Alessandri puntualiza que su decisión fue para apoyar a la ciudadanía y recuerda que ese viernes fue una jornada extraña en el Ministerio del Interior: “Lo que hizo Chile Vamos fue tomar esa molestia ciudadana y levantarse de la mesa. Habíamos estado con la ministra Tohá todo ese día, ella sabía de los indultos y tampoco los anunció o socializó con nosotros. Estaba muy apurada ese día por sacar los temas de la mesa, para llegar a un acuerdo y firmar en un punto de prensa ese mismo día. Nosotros no entendíamos tanto apuro, después supimos que iban a anunciar los indultos. Ella (ministra Tohá) intuía que los indultos podían traer problemas a la mesa de seguridad, y por eso decidió ocultarlo por una parte y apurar por la otra”.

Fuentes del Ministerio del Interior indican que uno de los parlamentarios que en un primer momento estuvo incómodo con la salida y tuvo acercamientos con la ministra Tohá, fue el secretario general de RN, el diputado Diego Schalper, sin embargo, para esta nota niega tales dudas iniciales y sostiene: “El día de los indultos tomamos esa decisión. Y estábamos en lo correcto: hemos aprobado más proyectos que nunca porque la realidad le metió velocidad”, dice el parlamentario, que consultado sobre si se arrepiente de aquella determinación, agrega: “Para nada. El tiempo nos ha dado la razón”.

En desacuerdo 

Uno de los más críticos opositores a la salida de la oposición de la mesa de seguridad fue el también RN, Manuel José Ossandón. El senador, desde el primer momento, fue categórico respecto a que no correspondía abandonar la mesa convocada por el Ministerio del Interior y que no estaba de acuerdo con la decisión de su sector. Ossandón hoy insiste en que Chile Vamos se equivocó al buscar priorizar su agenda propia, tomando en cuenta que los parlamentarios solo pueden tener iniciativas que no involucre gasto fiscal. Ossandón recordó que la situación de la mesa en esos últimos días de diciembre era compleja, “la ministra se dio cuenta que esta mesa era una instancia que se había transformado en una guerrilla política. Esa fue la crítica que yo le hice a mi sector, en cuanto a quienes vociferaron que se retiraban de la mesa para impulsar su propia agenda, cuando lo cierto es que no se puede impulsar una agenda propia”, dijo el parlamento a Radio Infinita.

Para el senador Ossandón “políticamente era un error inmenso bajarse de la mesa. Para qué hacerlo, si dentro de la mesa hay mucho más que decir, pero los cabeza dura se bajaron, pero yo no me bajé ni me voy a bajar de ninguna mesa (…) Yo nunca nunca abandoné ese espacio. Lo que pasa es lo siguiente: creo que sí hay disposición, pero claro, hay cabezas duras por un lado y por el otro. Pero tal como yo se lo planteé a la ministra Tohá, faltan medidas concretas, porque estábamos trabajando solo sobre titulares, pero esos titulares, con los miembros de aquella mesa, se iban a difuminar para cualquier lado”.

Entre quienes respaldaron a Ossandón en la idea de permanecer en la instancia convocada por el Gobierno, está el alcalde de Puente Alto, Germán Codina (RN), que dijo que pese a estar en desacuerdo con los indultos, decidió permanecer en la mesa de seguridad, porque a su juicio, “los sectores políticos deben estar unidos en la lucha contra la delincuencia”. Para el jefe comunal, “hay antecedentes e incoherencias lo suficientemente profundas alrededor de los indultos como para que exista una señal política como la que dieron”, a su juicio, “volver a esa mesa es muy importante. Hay que retomar el diálogo y buscar soluciones rápidamente”.

Insiste en reivindicar su posición, “estuve y estoy convencido de que no podemos usar de moneda de cambio las necesidades más urgentes de la gente, de que había que tragarse la rabia y trabajar para sacar adelante la agenda de seguridad que tanto necesitan los chilenos. Por el bien de Chile estuve dispuesto a ir contra lo que mi sector señaló, porque consideré que era más importante seguir trabajando y de una vez avanzar para derrotar el narcotráfico y el crimen organizado que tanto daño están haciendo a nuestro país”.

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El homicidio de la sargento segunda, Rita Olivares, en la madrugada del domingo generó gran conmoción pública. Fuera del habitual aprovechamiento político en los temas de seguridad por parte de la derecha que responsabiliza al Gobierno y de la izquierda, que asegura no ser responsables de la caída libre en respaldo ciudadano en que se encuentra la institución, el dramático evento impulsó un acuerdo unánime de los parlamentarios para legislar aceleradamente leyes que endurecieran las penas por violencia a Carabineros. 

El transversal apoyo a legislar en esta materia motivó la poco frecuente decisión en el Congreso de cancelar la semana distrital de diputados y senadores, para que los parlamentarios permanecieran esta semana en Valparaíso trabajando un paquete legislativo contundente que demostrara a la opinión pública y las policías que había preocupación por los últimos eventos que han afectado a miembros de Carabineros.

Así comenzó este martes el frenético trabajo legislativo en la Cámara con el objetivo de tramitar leyes emblemáticas como la Ley Sargento Retamal y Ley Nain 2, además de la anti sicariato y anti extorsión. En cosa de horas, la Cámara de Diputados despachó el proyecto de ley que modifica el Código Penal para agravar las penas del delito de secuestro cuando la detención o encierro se prolongue por más de 48 horas, y la iniciativa que busca endurecer la regulación de armas en Chile (Ley 17.798), y que aumenta la pena del delito de porte de armamento en lugares altamente concurridos. En ambos proyectos, no hubo discusión, planteamiento de mejoras, ni reflexión. Se aprobaron por unanimidad y sin abstenciones.

El voluntarismo parlamentario, muy dado a endurecer en tiempo exprés normativas penales, que en tiempos normales requieren de una discusión pausada para evitar la colisión con las libertades individuales, fue dando paso -según diversos expertos- a un “peligroso populismo punitivo”. La difusa línea entre la voluntad de mejorar la legislación vigente para enfrentar con vehemencia la violencia delictual y el autoritarismo, quedó reflejada en ideas de varios parlamentarios que buscan reinstalar el Estado de Excepción en la Región Metropolitana, una medida ampliamente usada durante y después del estallido social, en pandemia, en la región de La Araucanía y en el norte del país, y que convirtió al país en una de las naciones con el uso mas prolongado de esta medida constitucional de excepción en el mundo.

Uno de los primeros en plantear la idea de poner a los militares en las calles para inhibir la acción delictiva y restringir de paso el derecho a la libre circulación de personas, mediante el toque de queda, fue el senador socialista Juan Luis Castro (PS), quien tuiteó: “Apoyo el Estado de Excepción en la Región Metropolitana, ¿Si incluye toque de queda, por qué no? Hay comunas capturadas por la delincuencia, es necesario que haya un factor disuasivo potente”. 

También se subió a este carro el diputado Tomás Lagomarsino (PR) que señaló en la misma red social: “Por lo menos vemos en el Estado de Excepción una forma de apoyar a Carabineros en su labor cotidiana, que en el caso del Gran Valparaíso podría ser de contingente la Armada”, algo que también sugirió el candidato a Consejero Constitucional y ex ministro del Interior, Rodrigo Delgado, en días anteriores. En esta lista de propuestas también destacó la realizada por el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, que propuso acelerar la tramitación de un nuevo Código Penal.

Es este contexto de propuesta legislativas y de solicitudes de endurecimiento de las penas y las medidas de seguridad, que dos expertos penalistas llaman a evitar medidas más bien “efectistas” y tener la precaución de cuidar los derechos individuales básicos y esenciales. Tanto Cristián Riego como Marcelo Ducce coinciden que esta batería de proyectos es más de lo mismo y que se está volviendo a legislar en leyes destinadas a aumentar las penas por delitos contra Carabineros, restringir las penas alternativas o que re tipifiquen penas en algunas categorías de delitos. Para la experta en seguridad ciudadana de la facultad de Gobierno de la Universidad de Chile Alejandra Mohor lo visto en el Congreso es la confirmación que el populismo punitivo se ha instalado, ya que las medidas planteadas no han demostrado ser efectivas en la reducción de las tasas de criminalidad. 

“Nadie todavía en el país ha sumido la pregunta respecto de qué es lo que explica que hayamos tenido las tasas de homicidio más altas durante 2020, pese a estar en pandemia, con condiciones de restricciones a la movilidad por el Estado de Excepción ¿Qué explica que haya ocurrido esto?, se pregunta.

Muchas promesas

Para el abogado penalista y académico de la Universidad Diego Portales, Mauricio Ducce, es muy probable que los parlamentarios estén legislando “promesas que no van a poder cumplir” porque no está demostrado que cambios en penas reduzcan delitos o la violencia contra Carabineros y señala que sería mejor ver propuestas más orgánicas y racionales porque “hoy día, más bien, lo que estamos viendo es que hay una presión por ir hacia cuestiones que exceden los márgenes de racionalidad”.

Ducci es enfático en aclarar que “un sistema criminal tiene que construirse sobre bases con equilibrios que permitan, por una parte, entregar herramientas para la eficacia de la persecución penal y, por otra parte, defender los derechos individuales básicos de las personas. Cuando tu sólo avanzas en un componente, sin equilibrar el otro, terminan pagando justos por pecadores” ·

Ducce también llama la atención respecto a insistir en el aumento de las penas: “Cuando entregas un cheque en blanco, necesitas los contrapesos adecuados para el ejercicio del monopolio de la fuerza. Si no colocas los contrapesos, se corre el riesgo de abuso policial, casos de gatillo fácil, lo que tampoco es convenientes”

“En mi opinión -agrega- la probabilidad que tienen estas leyes de efectivamente resolver los problemas de seguridad es bajísima o muy marginal, porque no se está haciendo cargo de los problemas de fondo”.

Respaldo a policía

Para el abogado penalista y profesor de la Universidad Diego Portales, Cristián Riego, los problemas en seguridad “no son de tipo legislativos, son operativos” y señala que estos paquetes pro seguridad no están apuntando a ayudar a los carabineros en su trabajo diario: “Sería mucho más importante lograr mejorar la coordinación entre las fuerzas policiales y el resto del sistema. Hay que mejorar el entrenamiento, el respaldo a los policías que son objeto de un cuestionamiento o ha sido imputado penalmente porque en estos casos el carabinero no tiene una defensa apropiada, queda suspendido del cargo y no tiene un respaldo institucional importante”. 

Riego considera también que sería mejor apoyar el entrenamiento de los carabineros para encarar situaciones violentas, mejorar sus prácticas de defensa propia y en uso de armas. “Lo lógico sería hacer un estudio con los propios policías en que les preguntes a ellos cuáles son las dificultades que encaran y sobre esa base realizar una propuesta de cambios destinado a resolver las falencias”. 

Aumento de la letalidad

La socióloga Alejandra Mohor, del Centro de Estudios de Seguridad de la Facultad de Gobierno de la Universidad de Chile, también es crítica del trabajo legislativo que hemos visto esta semana: “Me preocupa muchísimo este refundido de los proyectos de ley que han denominado Naim y Retamal. En particular, me genera mucha preocupación la legítima defensa privilegiada (…) Puede ser una garantía procesal respecto del uso de la fuerza letal. Lo que vemos en la experiencia de Estados Unidos es que este tipo de medidas sólo han redundado en una mayor letalidad sin que con eso se reduzca para nada la criminalidad (…) Creo que el tenor de la discusión que tenemos hoy día esta lejísimos de acercarnos a los verdaderos caminos para mitigar los problemas de violencia y delito a los que hoy día nos enfrentamos”.

Mohor también señala su preocupación porque terminemos “dispuestos a sacrificar las libertades individuales bajo la falsa premisa de que esto va a venir a disminuir la criminalidad”.

Para la socióloga de la Universidad de Chile, esta reacción de la clase política es resultado de las encuestas: “Creo que hoy están mandando las encuestas, encuestas que reflejan una opinión pública que se conforma a través de algunos medios de comunicación masivos y que tienen una orientación política. A Chile lo veo como un país que muy fácilmente asume que es normal e inevitable vivir bajo estados de control total, porque no nos han ofrecido muchos caminos alternativos y cuando se han presentado, se han visto gravemente amenazados”.

En cuanto a extremar las medidas como los Estados de Excepción para controlar la violencia delictual, Mohor es categórica en afirmar que ello no da resultados.

“Basta de ver lo que ocurrió durante la situación de pandemia, con toque de queda, con limitaciones a la movilidad extremas ¿Y qué pasó? Tuvimos las más altas tasas de homicidio de nuestra historia reciente. Entonces, no hay nada en la realidad empírica que respalde este tipo de afirmaciones. Nada. Sin embargo, se construyen estas falsas realidades, estas falsas seguridades, y nos desvían de los problemas reales, de los problemas que efectivamente subyacen al incremento de la violencia, al incremento de criminalidad, sobre cómo están funcionando nuestras instituciones, cómo se ha hecho durante estos años el trabajo preventivo en el territorio, en los sectores más marginalizados. La realidad que ha llevado al populismo punitivo se construye con intereses políticos”, concluye.

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En junio de 2021 publiqué una columna con el nombre de “La Constitución del Agua”, señalando que “no es exagerado señalar que el tema más importante, el de mayor relevancia e interés público, que se discutirá en la próxima Convención Constitucional, será el agua y su regulación en la Carta Fundamental. Es verdad que pueden existir otros asuntos aún más relevantes, pero no cabe duda de que este es el que ha despertado mayor interés y debate”.

Creo que tal vaticinio se ajustó bastante a lo que ocurrió. Ahora sabemos que el tema del agua fue de gran interés público en el anterior y fracasado proceso constitucional.

No viene al caso analizar las propuestas que sobre el agua y su gestión se hicieron en ese proceso. Pero, si queremos que el actual esfuerzo constitucional sea exitoso, no podemos dejar de tener presente esas iniciativas, buscando que en esta oportunidad las propuestas sí sean apoyadas por la ciudadanía.

En la columna del 2021 hice una proposición sobre cómo abordar el tema del agua en la nueva Constitución, la cual no fue considerada. Ahora que el tema vuelve a ser de interés la he revisado, intentando recoger, al menos en parte, la discusión al respecto en el proceso fallido.

Así, propongo incorporar en el nuevo texto constitucional las siguientes normas relacionadas con las aguas:

“Las aguas son bienes nacionales de uso público, por lo que su dominio y uso pertenece a todos los habitantes de la nación.

El acceso al agua potable y saneamiento es un derecho humano esencial e irrenunciable, que debe ser garantizado por el Estado en condiciones de igualdad y no discriminación.

Es deber del Estado proteger las aguas para la conservación de la naturaleza y los ecosistemas, en resguardo de las generaciones futuras.

Los particulares podrán hacer uso privativo del agua cuando previamente se les otorgue una concesión para ello, la que se denominará derecho de aprovechamiento de agua, que será regulado por ley”.

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El Gobierno respondió a los dichos de la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, quién aseguró que Carabineros cometió violaciones a los derechos humanos durante las múltiples manifestaciones del estallido social de 2019 porque los funcionarios “no tenían la forma de defenderse”.

El primero en referirse a las declaraciones de Matthei fue el Presidente Gabriel Boric, quien a través de Twitter manifestó que “las violaciones a los derechos humanos nunca tiene justificación, y entrar en esa deriva argumentativa es muy peligroso para la democracia. Respaldar claramente a Carabineros en la lucha contra la delincuencia, de lo que no tengo ninguna duda, no es a costa de los DD.HH.”.

Por otro lado, la ministra del Interior, Carolina Tohá, sostuvo que la alcaldesa de Providencia “ha cometido un error con esa frase”, y que los derechos humanos se deben respetar siempre. Asimismo, apuntó que cuando los DD.HH. no se respetan, es cuando “son más débiles las policías”.

“Ha cometido un error la alcaldesa con esa frase. La protección de las policías no puede descansar en la debilidad de la defensa de los derechos humanos. Es un grave error que no es nuevo, muchas veces hemos conocido de gente que cree que para proteger la seguridad nacional hay que debilitar los DD.HH. Hay gente que cree que para defender sus principios morales o religiosos hay que pasar por encima de los derechos humanos. Hay gente que piensa que para proteger su proyecto político hay que pasar por encima de los derechos humanos”, declaró la secretaria de Estado.

“Pero quienes creen realmente en los DD.HH. saben que se deben respetar en toda circunstancia. Que no deben ser un límite; al contrario, ahí donde no se respetan los derechos humanos es donde son más débiles las policías, donde son más cuestionadas. Es donde están permanentemente frágiles en su legitimidad las policías”, complementó.

Cabe recordar que las declaraciones de Matthei se dieron en medio de diversas consultas sobre que la institución tenga mayores libertades en el uso de armas, aunque aquello pudiera reflotar las violaciones a los derechos humanos cometidas durante el estallido social. “Si hubo violaciones a los DD.HH. fue porque no tenían (Carabineros) la forma de defenderse”, aseguró a TVN.

En vista de lo anterior, la titular de Interior concluyó que “yo le diría a la alcaldesa Matthei, salga de ahí, de ese lugar donde los derechos humanos se contraponen a otros principios. Vamos a ese lugar donde los derechos humanos se protegen siempre. Cuando nos conviene y cuando no nos conviene, cuando son de nuestros amigos y cuando son de nuestros adversarios. Cuando es funcional a nuestro proyecto y cuando es incómodo a nuestro proyecto. Esa es la única tierra verdadera de los derechos humanos”.

 Cámara de Diputados aprueba cinco proyectos en materia de seguridad

En medio de la extensa jornada que registró la Cámara de Diputadas y Diputados donde discutió y aprobó cinco proyectos de ley relacionados a la seguridad pública luego del asesinato de la sargento segundo de Carabineros, Rita Olivares.

El primero de ellos, el proyecto de “antisicariato”, el que sanciona con la pena de presidio menor en su grado máximo a quién conspirare para cometer sicariato, o sea, homicidio calificado por premio o promesa remuneratoria o por cualquier otro medio que implique ánimo de lucro.

El segundo es el proyecto de ley que refuerza las competencias de Gendarmería de Chile y crea un delito general de extorsión, flexibiliza las condiciones de intervención de Gendarmería como auxiliar de la investigación. Además, permite que Gendarmería acceda al Banco Unificado de Datos para el cumplimiento de función como custodio.

También se visó la iniciativa que amplía las facultades de control policial en materia de migraciones, establece una modificación en la aplicación efectiva de las penas establecidas para los delitos de hurto, robo y receptación, y mejora la persecución penal en dichos delitos. Si una persona no puede acreditar el encontrarse en situación migratoria regular, el funcionario deberá trasladar al individuo para ponerlo a disposición de la PDI dentro del más breve plazo, el cual no podrá superar una hora, para corroborar su situación migratoria.

El funcionario policial deberá considerar como documentos válidos (para acreditar situación migratoria) su cédula de identidad vigente, el certificado otorgado por el Servicio Nacional de Migraciones, que consiste en que la persona realizó una solicitud de otorgamiento, cambio o prórroga de un permiso de residencia, o la resolución expedida por la autoridad migratoria en la que conste el otorgamiento de un permiso de residencia.

Al respecto, la ministra del Interior, Carolina Tohá, apuntó que los proyectos aprobados “nos van a permitir perseguir y sancionar de mejor manera delitos gravamos que estamos viendo en nuestras ciudades, como el secuestro, el sicariato, la extorsión”.

“Nos va a permitir que Gendarmería tenga más facultades para poder colaborar en las investigaciones penales, sancionar con más fuerza a que portan de manera irregular armas en lugares concurridos y es un proyecto que va a significar mecanismos más efectivos para fiscalizar la migración irregular”, adicionó.

Tras la aprobación de las medidas, la titular de Interior indicó que “un día de trabajo intenso no va a resolver los desafíos que tenemos en materia de seguridad. Lo que necesitamos es tomar esto como una prueba de que podemos trabajar más y mejor, como una muestra de que si nos ponemos metas exigentes, podemos, en un plazo razonable, despachar proyectos que son muy importantes”.

Horas antes, la Corporación aprobó por un amplio margen el proyecto de ley que modifica el Código Penal para agravar las penas del delito de secuestro, iniciativa presentada el pasado 12 de diciembre por el Ejecutivo. La medida consiguió ser visada con 143 votos a favor, ninguno en contra ni abstención.

Luego, fue el turno de la iniciativa que busca endurecer la regulación de armas en el país, y que aumenta la pena del delito de porte de armamento en lugares altamente concurridos. El proyecto, que contaba con suma urgencia por parte del Gobierno, fue respaldado con 147 votos a favor, sin abstenciones ni votos negativos.

De esta forma, todas las iniciativas aprobadas antes mencionadas recaerán en el Senado, donde deberán continuar con su trámite legislativo para finalmente convertirse en ley.

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En una sesión especial contemplada desde las 10:00 hasta las 14:00 horas, la Cámara de Diputadas y Diputados comenzó la extensa jornada que vivirá este martes, donde votará una batería de un total de cinco proyectos de ley relacionados a la seguridad pública. Lo anterior, luego del asesinato de la sargento segundo de Carabineros, Rita Olivares. La sesión comenzó con un minuto de silencio en su honor.

En primer lugar, se discutió el proyecto de ley que modifica el Código Penal para agravar las penas del delito de secuestro cuando la detención o encierro se prolongue por más de 48 horas, iniciativa presentada por el Ejecutivo el pasado 12 de diciembre -junto a otras medidas- y que llegó con informe positivo por parte de la comisión de Constitución de la Cámara. La medida consiguió un amplio respaldo tras ser aprobada por 143 votos a favor, ninguno en contra ni abstención.

La ministra del Interior, Carolina Tohá, informó sobre el aumento del delito de secuestro en el país. Del 2021 al 2022, el ilícito aumentó un 79%, mientras que respecto al 2019 creció en un 51%. Eso sí, precisó que “desde el 2019 no hemos tenido secuestros que estén asociados a homicidios, a violación o lesiones graves.

Después, se procedió con la discusión de la iniciativa que busca endurecer la regulación de armas en Chile (Ley 17.798), y que aumenta la pena del delito de porte de armamento en lugares altamente concurridos. La iniciativa, que contaba con suma urgencia por parte del Gobierno, fue visada de forma transversal,  al conseguir 147 votos a favor, sin abstenciones ni votos en contra.

El presidente de la Cámara de Diputados, Vlado Mirosevic (PL), manifestó que “hay muchas peleas artificiales y muchas divisiones de las cuales la gente está cansada. Por eso es importante la señal que hemos dado esta semana. Una cuestión concreta. Siete proyectos de ley van a ser votados esta semana, de izquierda a derecha en un acuerdo para sesionar de manera extraordinaria y que esto avance lo más rápido posible”.

“Ya nos hemos coordinado con el Senado y también con La Moneda para que esto sea un acuerdo nacional. Podemos tener diferencia en otras cosas pero en esto necesitamos un acuerdo nacional”, añadió Mirosevic.

Tras un receso, desde las 17:00 y hasta las 19:00 horas, y continuando con el cronograma establecido por la Mesa de la Corporación, se votarán otros dos proyectos que también fueron ingresados por el Ejecutivo el 12 de diciembre del 2022. El que busca modificar el Código Penal para sancionar el delito de sicariato, y además, la medida para tipificar el delito de extorsión y entregar mayores herramientas a los funcionarios de Gendarmería en materia de investigación de eventuales delitos en los recintos penales.

Posteriormente, se debatirá el texto que establece la legítima defensa privilegiada en actuaciones vinculadas al ejercicio de la función policial, iniciativa mejor conocida como “Ley Sargento Retamal”.

Para mañana miércoles, el otro proyecto que se espera votar es el ingresado -a través de una moción parlamentaria- por la diputada ex DC Joanna Pérez, que busca modificar la Ley 20.931 para ampliar las facultades de los policías en materia de control migratorio. La medida fue ingresada el 10 de agosto del año pasado, y todavía se encuentra en su primer trámite constitucional.

La última propuesta que de discutirá será la llamada “Ley Naín II”, iniciativa que aumenta las penas por delitos cometidos contra todos aquellos funcionarios de Carabineros, PDI y Gendarmería. El informe se encuentra pendiente desde la comisión de Seguridad Ciudadana, que lo abordará durante esta jornada.

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