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La situación migratoria en el norte y la seguridad de las fronteras de esta macrozona han ocupado un lugar en la agenda y el debate público de los últimos días. Si bien la prensa, los programas de televisión y las entrevistas a representantes políticos han expresado su opinión al respecto, es necesario precisar ciertos conceptos para explicar y clarificar la situación. La migración, como legítimo movimiento de población, es un proceso complejo que puede ser estudiado desde diferentes disciplinas; sin embargo, ninguna de estas califica a la migración como “ilegal”.

Por otra parte, no hay evidencias teóricas o empíricas que permitan calificar este movimiento de población como ilegal. En el Informe de la Comisión Mundial sobre las Migraciones Internacionales de 2005 se acordó aplicar el concepto de “migración irregular” al movimiento de personas que ingresan o permanecen en un país del cual no son ciudadanos, violando las leyes nacionales. La Comisión también estuvo de acuerdo en que una persona no puede ser “irregular” o “ilegal”, por tanto, identifica a estas personas como “migrantes en situación irregular”.

Aclarado este concepto, es preciso indicar por qué nuestro país se encuentra en una situación de crisis migratoria, especialmente en la frontera de la macrozona norte. Los factores que explican este escenario son variados y solo nos referiremos a dos de ellos: la política migratoria del país y el cambio del perfil flujo migratorio.

La historia nacional demuestra que el proceso migratorio ha pasado por diversas etapas, aunque siempre asociadas al ritmo del desarrollo, pero sin una política migratoria de Estado. Sin embargo, esas medidas tomadas por los gobiernos para atraer inmigrantes siempre fueron superadas por la migración individual, libre y espontánea, cuyo perfil era mayoritariamente europeo. En 1975 se dictó la Ley Nº 1094 o Ley de Extranjería, que, más que una disposición legal calificable como política migratoria, fue un conjunto de normas administrativas sobre ingreso y egreso de extranjeros. Bajo dicha ley llegaron extranjeros que, a partir de las dos últimas décadas del siglo XX, fueron superando la tradicional migración europea, que fue reemplazada por una nueva migración, la de ciudadanos americanos, preferentemente.

Estos americanos que querían avecindarse aumentaron considerablemente desde los inicios del siglo XXI por considerar que nuestro país se había convertido en una sociedad receptora estable en lo político, acogedora en lo social y atractiva en lo económico.

Los datos estadísticos son categóricos para confirmar el cambio de flujo del perfil migratorio. El censo de 2002 registró una población de 184.464 extranjeros, de los cuales el 71.8% era de origen americano, en tanto que para el censo de 2017 se contabilizaron 746.465 extranjeros residentes, con una proporción de 81,3% americanos. En 2018, el Ministerio del Interior presentó un informe que rectificó las cifras del censo 2017, estimando que residían en Chile 961.000 extranjeros y subrayando que cerca de 300.000 de ellos residían en situación irregular. Finalmente, el Departamento de Extranjería y Migración junto con el INE publicaron que, al 31 de diciembre de 2020, 1.462.103 extranjeros vivían en el país.

¿Cómo explicar este crecimiento tan acelerado de extranjeros residentes en el país? Una respuesta simple se relacionaría con la facilidad para cruzar las fronteras y con la falta de una política migratoria de Estado que regulara eficientemente el flujo migratorio. No obstante, la explicación es más compleja y se vincula con el cambio geográfico y geopolítico de la migración internacional y regional.

En la primera década del siglo XXI, la globalización y la economía mundial fueron los factores que transformaron las migraciones internacionales y regionales en un proceso complejo produciendo cambios en las sociedades de origen y de recepción. A partir del 2010, el crecimiento de la migración regional en América del Sur se relacionó directamente con el fortalecimiento de la globalización, la vigencia de la mundialización de la economía y las consecuencias derivadas de las diferentes crisis económicas, sociales y políticas en la región americana. Los datos estadísticos del World Migration Report avalan esta afirmación, al señalar que los migrantes regionales aumentaron 11% entre 2010 y 2015, pues la mayoría se movilizaba buscando trabajo. Por tanto, la orientación de la migración regional se había convertido en Sur-Sur.

Para Chile, la cantidad de extranjeros que habían ingresado al país alcanzaba a 416.028 en 2014, pasando a 965.833 en 2017. Los tres colectivos que más crecieron eran: haitianos de 1.649 a 73.098 (4.332,9%); venezolanos de 8.001 a 84.056 (950,6%); colombianos de 25.038 a 126.981 (407,2%), entre los mismos años.

Respuestas a la migración irregular

Paralelamente a este escenario de migración regional, se presentó un problema de seguridad con el cruce de las fronteras de la zona norte porque la presión del flujo migratorio, conjuntamente con el contrabando de mercaderías y comercio de la droga, era difícil de controlar. La medida principal que aplicó el gobierno, desde 2011, fue el llamado Plan Frontera Norte (PFN), con el objetivo de fortalecer la frontera marítima y terrestre de las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá y Antofagasta, para evitar el ingreso y salida de droga y contrabando del país a través de puertos, sectores costeros no habilitados, complejos fronterizos y pasos no habilitados.

A partir de 2015, con la crisis social y económica de Venezuela se desarrolló una profunda crisis migratoria regional que derivó en un crecimiento del flujo de migración irregular, pero, al mismo tiempo, hubo aumento del tráfico de droga, contrabando, robo de vehículos, tráfico de migrantes y trata de personas, demostrando la permeabilidad de las fronteras nortinas. Por tanto, el control fronterizo se complejizó, porque las policías debieron controlar no solo los intentos de los migrantes que querían cruzar la frontera por los más de 160 pasos no habilitados, sino que también vigilar las fronteras para los negocios ilícitos del Crimen Organizado Transnacional (COT).

Debido al difícil escenario el PFN no tuvo el resultado esperado, pues en su objetivo no estaba contemplado patrullar la frontera para evitar que los migrantes cruzaran el límite político y fronterizo por pasos no habilitados. Por esta razón, en 2018 se ideó el Plan Frontera Segura (PFS), que incluyó fortalecer la seguridad en los pasos fronterizos de la región norte, control sobre el narcotráfico y una vigilancia más efectiva del cruce que los migrantes realizaban por pasos fronterizos no habilitados. La aplicación de este Plan tampoco funcionó: las cifras lo demuestran. Entre 2010 y junio de 2021 ingresaron al país 68.435 migrantes en situación irregular. Por otra parte, la medida tomada de cierre de la frontera durante la vigencia del COVID-19 tampoco fue efectiva porque, entre marzo 2020 y junio 2021, las mayores cifras de extranjeros que cruzaron irregularmente la frontera por pasos no habilitados fueron 30.849 venezolanos, 3.887 bolivianos, 1.889 haitianos y 1.691 colombianos, dejando constancia de que estas cifras corresponden solamente a migrantes que se han denunciado y a aquellos que ha detenido Carabineros en control de identidad, en consecuencia hay una cifra “negra” que es imposible calcular.

El control de las fronteras se complicó aún más porque, coincidentemente con el crecimiento de los cruces irregulares, entre 2015 y 2021, hubo un aumento en las incautaciones de drogas por los pasos no habilitados. En la Región de Antofagasta se incautaron 108.504 kg de cocaína, pasta base y marihuana; en la Región de Arica y Parinacota, 44.646 kg; y en la Región de Tarapacá, 19.532 kg.

En este contexto, en 2019, como apoyo al PFS, se dictó el Decreto 265 que autorizó a las Fuerzas Armadas para colaborar con las autoridades civiles y policiales para controlar actividades vinculadas al tráfico ilícito de migrantes, al narcotráfico y crimen organizado transnacional; decreto que se amplió en enero de 2021, permitiendo que se controlara el tráfico ilícito de migrantes y la trata de personas por pasos no habilitados.

Pese a las nuevas medidas aplicadas, el problema no ha terminado, porque la migración irregular sigue presente y los narcotraficantes utilizan otros métodos para ingresar drogas al país. La mejor estrategia puesta en práctica por el narcotráfico es aprovechar el ingreso de migrantes irregulares que, por su desesperación y difícil condición económica, acceden a cruzar la frontera con la droga facilitada por las organizaciones criminales. De este modo, el escenario que presenta la migración irregular en las fronteras de esta zona, junto al negocio del narcotráfico, han complicado el control fronterizo, siendo necesario ampliar las medidas de control con un decreto que declara las fronteras de la zona norte como infraestructura crítica y que permite a las Fuerzas Armadas operar con nuevas atribuciones y herramientas frente al ingreso de migrantes irregulares.

No obstante, la política migratoria de Chile, establecida en la Ley 21.325, de Migración y Extranjería, es el marco jurídico que debe orientar las medidas que protejan los movimientos de población con los principios de la migración segura, ordenada y regular.

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El Banco Central (BC) reportó un nuevo Índice Mensual de Actividad Económica (Imacec), el cual registró un alza de 0,4% durante el mes de enero en comparación a la misma fecha en el año anterior. Se trata del primer reporte positivo tras cuatro caídas mensuales previas en 2022.

En ese sentido, el ente emisor destacó que “la serie desestacionalizada aumentó 0,5% respecto del mes procedente y cayó 0,3% en doce meses”. Enero de 2023 registró la misma cantidad de días hábiles que los presentes en enero pero de 2022.

El resultado mensual del índice fue explicado por los servicios y la minería, siendo -en parte- compensado por la caída del comercio. En términos desestacionalizados, el aumento del Imacec fue determinado por todos sus componentes, exceptuando el resto de bienes.

En cuanto a los servicios, estos aumentaron un 1,6%, a raíz del desempeño de los servicios personales y, en menor medida, por los empresariales. Según las cifras ajustadas por estacionalidad, las actividades de servicios crecieron un 0,7% respecto del mes anterior, influido por los servicios personales, consignó el BC.

El comercio presentó una disminución de 3,2%, explicado principalmente por el comercio minorista, en el cual destacan las menores ventas en supermercados, grandes tiendas, establecimientos especializados de alimentos y bebidas.

En cuanto al comercio mayorista, este no presentó variación, lo que se explica por el aumento de las ventas de alimentos, las que fueron compensadas por la caída del resto de sus componentes. Las cifras desestacionalizadas registraron un crecimiento de 1,1% respecto del anterior mes, influenciado por el comercio mayorista y automotriz.

Por otro lado, el Banco Central destacó que la producción de bienes se alzó un 1,6%, explicado principalmente por el desempeño de la minería, que aumentó un 4,0%. En tanto, el resto de bienes y la industria manufacturera presentó crecimientos de 0,8% u 0,4%, respectivamente.

“En términos desestacionalizados, la producción de bienes no presentó variación respecto del mes anterior, explicado por la compensación entre la caída del resto de bienes y el aumento de la minería y la industria”, sentenció el Banco Central.

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