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La balanza ministerial en el Gobierno está a punto de cambiar y es fácil anticipar cuáles serán los principales ganadores en la lista de nuevas designaciones. Existe consenso en el oficialismo en que es muy probable que los partidos del Socialismo Democrático (PS, PPD, PR, PL) aumenten el número de subsecretarías y que, con ello, cambien los equilibrios en el Gobierno. En medio de estos aires de cambio, Revolución Democrática (RD) es la colectividad que vuela con menos viento a favor. 

En La Moneda señalan que hay consenso en la necesidad de cambiar algunas carteras sectoriales y entre las más nombradas se halla el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio encabezado por Julieta Brodsky (Convergencia Social). Si bien nadie apunta a RD como el más posible afectado por los cambios, es evidente que esta colectividad que nació el 2012, en los albores del movimiento estudiantil, no se encuentra en situación de salir a solicitar mayor peso en el gabinete, cuando uno de los ministros cuestionados es su fundador y actual titular de la cartera de Desarrollo Social, Giorgio Jackson. 

Otro que sufre el cuestionamiento de Palacio es el ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, aunque últimamente se ha señalado que se habría optado por mantenerlo en el cargo y fortalecerlo reforzando la subsecretaría. Los problemas del ministro Ávila comenzaron el año pasado, cuando anunció una semana adicional de vacaciones, pero con la posibilidad de que los padres mandaran a sus hijos a los colegios, sin anticipar la molestia que esta medida provocaría. Este anuncio produjo críticas inmediatas desde el Colegio de Profesores, desde donde le advirtieron que “no somos guardería. Esto de venir (a trabajar), porque hay que cuidar algunos niños, no está en nuestro contrato de trabajo”, sostuvo Carlos Díaz, presidente de la organización. 

Otro impasse del titular de Educación fue el anuncio de la rebaja del financiamiento de los Liceos Bicentenario, polémica en la que tuvo que salir a desdecirse, además de rectificar que estos establecimientos seguirían existiendo con el financiamiento del Estado. A fines de año, y además de distintos vaivenes en la prensa con otras autoridades educativas, Ávila figuró como posible cambio en el gabinete; sin embargo, hoy, parece estar más lejos de aquello debido al aumento de su aprobación. 

En este escenario, el ministro de Desarrollo Social y figura clave de RD, Giorgio Jackson, enfrenta este posible cambio de gabinete como uno de los eslabones débiles del Gobierno del Presidente Gabriel Boric. Todos coinciden en que su peor momento fue cuando encabezó el Ministerio Secretaría General de la Presidencia, porque nunca logró establecer una buena relación con los parlamentarios y el Senado terminó siendo su peor enemigo, al punto que se especuló que, si la acusación constitucional en su contra prosperaba en la Cámara Baja, en la Cámara Alta iba a ser complejo detener su destitución. 

Para fortuna del ministro –y del Gobierno– dicha acusación no prosperó por la ausencia de los votos necesarios en la Cámara de Diputadas y Diputados No obstante, según reveló La Tercera, el estilo de Jackson ha generado preocupación en el Mandatario, lo que habría motivado que le llamara la atención por el tono que utiliza en sus redes sociales. 

Pero los problemas del ministro Jackson vinieron antes de ese primer cambio de gabinete que lo sacó de la Secretaría General de la Presidencia. Uno de los momentos álgidos fue cuando declaró, en un programa de Twitch, que “nuestra escala de valores dista de la generación que nos antecedió”. La frase cruzó el Parlamento desde el PPD hasta el Partido Republicano, desde donde salieron a decirle que pecaba de superioridad moral. 

Hoy son justamente los estándares morales los que se toman la agenda del día y ponen en problemas a RD. La polémica nació en la farándula, protagonizada por la diputada RD Maite Orsini, pero el problema terminó instalado en el terreno político. El escándalo comenzó luego que la modelo Daniela Aránguiz, exesposa del futbolista Jorge Valdivia, contara en un matinal que la diputada “habla con fiscales para sacar a gente de detención y le hace desaparecer los papeles”. Orsini desmintió categóricamente tales hechos y anunció acciones legales al respecto. 

Pero el desmentido no era tan categórico, pues apareció la general de la Dirección de Derechos Humanos de Carabineros, Karina Soza, confirmando a la prensa que la diputada Orsini la había contactado para solicitarle que hablara con el exfutbolista Valdivia, por ciertas irregularidades en un control de identidad que terminó con el exdeportista en la 37° Comisaría de Vitacura. 

El histórico 10 de La Roja habría hablado con la diputada para contarle su traslado a la comisaría y ella habría advertido que la detención no se ajustaba a derecho y que habrían ocurrido algunos apremios ilegítimos en el procedimiento policial. En ese contexto es que Orsini habría llamado a la general Soza, porque “habría habido una vulneración de los derechos a Jorge Valdivia”. Al conocerse las gestiones de Orsini, la diputada defendió su proceder señalando que “cualquiera tiene derecho a reclamar por un procedimiento” y contó que ella se había autodenunciado en la Fiscalía con el objeto de que la justicia confirmara que no existió ningún acto de corrupción. 

El senador y presidente de Revolución Democrática, Juan Ignacio Latorre, declaró que los principios de probidad y transparencia del partido “siempre van a guiar nuestras acciones y, en ese sentido, valoramos que la propia diputada se autodenuncie al Ministerio Público y que hoy día la investigación esté en manos de esa instancia para aclarar si es que acá hubo una falta, una irregularidad, un eventual delito, o no”. Además, agregó que la última palabra está en manos del Ministerio Público: “Nosotros vamos a respetar y respaldar que la diputada pueda poner todos los antecedentes a disposición. Creo que este caso no tiene nada que ver con el eventual cambio de gabinete”, puntualizó ayer a El Mostrador.

El timonel de RD también ha sido protagonista de los problemas que ha tenido dicha colectividad en el Gobierno, como cuando –en una entrevista a El Mercurio en octubre del año pasado– le mandó a decir a la dirigencia de Socialismo Democrático que son ex Concertación, lo siguiente: “No vengan a decir cómo gestionar una coalición, en su momento (en la Concertación) también tuvieron crisis”.

Los problemas que generaron las palabras de Latorre obligaron a la ministra vocera, Camila Vallejo (PC), a salir a declarar inmediatamente que “ningún partido por separado gobierna, ninguna coalición por separado logra gobernar, nos necesitamos a todos y a todas en nuestra diversidad y por eso es tan importante para nosotros hacer ese llamamiento desde el Gobierno a la unidad”. 

Luego de esas declaraciones y tras un comité político al que asistió, el senador Latorre salió a desdecirse y asumió su error: “Acojo el llamado que hace la ministra vocera Camila Vallejo a la unidad de los partidos que sustentan al Gobierno. Necesitamos construir una nueva síntesis intergeneracional”. 

Otro RD que está cuestionado en La Moneda es el director de la Secretaría de Comunicaciones (Secom), Pablo Paredes, debido al manejo comunicacional sin resultados en la popularidad del Presidente Gabriel Boric y a sus dificultades para relacionarse con el equipo de prensa del Mandatario.

Esta lista de incomodidades y traspiés que le ha generado Revolución Democrática al Gobierno es lo que hace pensar en el oficialismo que la colectividad de Jackson posiblemente no termine siendo favorecida en un eventual cambio ministerial. 

Y en RD existe preocupación respecto a que estos errores no forzados puedan contribuir al debilitamiento de la colectividad en momentos en que el partido del Presidente, Convergencia Social (CS), solo parece ganar terreno y fortalecerse dentro del oficialismo. En tal sentido, uno de los peores escenarios que puede tener la colectividad es que se concrete el cambio del ministro Jackson, porque sería la segunda vez, en menos de un año, que lo sacan de un ministerio. Así, a Revolución Democrática solo le queda mirar con cautela la posibilidad de un eventual cambio de gabinete.

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En medio de rumores de cambio de gabinete de cara al primer aniversario del Gobierno del Presidente Gabriel Boric, la última edición de la encuesta Criteria reveló la popularidad del gabinete ministerial, con dos claros triunfadores: el ministro de Hacienda, Mario Marcel y su par de Interior, Carolina Tohá.

De acuerdo a los resultados de la encuesta -que tuvo una muestra total de 1.000 personas- de los 24 ministerios, solo 11 de sus jefes superan el 20% de conocimiento de la ciudadanía. De este grupo, únicamente 2 cuentan con más del 50% de aprobación de los encuestados.

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Ellos son Marcel y Tohá, con un 59% y un 54% de aprobación, respectivamente. Detrás de ellos, se encuentran la ministra del Trabajo, Jeannette Jara (48%) y la vocera Camila Vallejo (45%).

En el grupo de los ministros que superan el 20% de conocimiento de la ciudadanía, los que tienen peor evaluación son la canciller Antonia Urrejola y el ministro de Economía, Nicolás Grau, con 30% y 29%, respectivamente.

Los desconocidos

La evaluación de Criteria en cuanto a aprobación de los ministros sólo se realizó con los 11 que superaron el 20% de la aprobación. Es decir, hay 13 carteras que no son conocidos por la ciudadanía.

Quien estuvo cerca de entrar al grupo de los 20% fue el ministro de Transportes, Juan Carlos García, ya que tuvo 19% de conocimiento. Por otro lado, muy lejos quedaron Diego Pardow, ministro de Energía, con un 11% y la de Ciencias, Silvia Díaz.

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La defensa de Marco Enríquez Ominami presentó sus alegatos ante el Tercer Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago, en el marco de una nueva jornada de los alegatos de apertura del juicio oral por cohecho y delitos tributarios en el caso SQM.

En concreto, el abogado Ciro Colombara acusó que, tanto el Ministerio Público como el Servicio de Impuestos Internos (SII), han actuado de manera parcial, favoreciendo así a contendores de ME-O, cuando este fue candidato presidencial.

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Colombara apuntó a que “la investigación ha sido torcida, parcial, ha protegido irregularmente a algunos y ha atacado a otros. En cuanto a las imputaciones, que se le hacen (a ME-O), no tuvo conocimiento de una factura específica, de un monto determinado, sino que obviamente tenía información general de los aspectos financieros de su campaña”.

En ese sentido, el defensor explicó que en una campaña presidencial los candidatos hacen diversas tareas durante las 24 horas del día, por lo que delegan funciones. En vista de lo anterior, Colombara señaló que “es imposible, es irracional, es contrario a las máximas de la experiencia, pretender que un candidato pueda hacer todo, entre otras cosas, preocuparse de los detalles de la administración”.

“Al transformarse en el candidato mejor aspectado en octubre de 2014, pensemos que este caso se inicia en febrero de 2015, obviamente amenazaba tanto a los candidatos de la derecha como de la Concertación, que fueron aquellos favorecidos o protegidos en la investigación del Ministerio Público y en las querellas del Servicio de Impuestos Internos. Lo cierto es que el señor Enríquez-Ominami no emitió facturas, no las vendió ni las facilitó, y respecto a la acusación en relación al año 2009, habiendo querella solo muchos años después, evidentemente hay prescripción”, adicionó Colombara.

Por otro lado, el abogado defensor cuestionó la desigualdad respecto al trato de otros imputados en el caso SQM, donde se decidió no perseverar la investigación a 51 personas, a otras 127 se les ofreció la suspensión condicional del procedimiento y 68 fueron directamente sobreseídas. Y diez personas fueron condenadas en procedimientos abreviados.

“Además, hubo dos desafueros rechazados porque no son delitos las conductas que se le imputan al señor Enríquez Ominami, y con la evidencia de que tanto el Ministerio Público como el Servicio de Impuestos Internos en esta investigación han actuado de manera torcida e irregular, protegiendo a políticos y empresarios poderosos, negándose a investigarlos”, sostuvo Colombara.

Finalmente, la defensa solicitó la absolución de ME-O apelando a su inocencia, aludiendo a que “este caso ha excedido -con creces- el plazo razonable de acuerdo a los estándares del derecho internacional de los derechos humanos”.

Colombara solicitó también la condena en costas tanto para la Fiscalía como para el SII, afirmando que “ha habido frivolidad, parcialidad y manipulación” por parte de las entidades estatales.

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La defensa del exsenador y expresidente de la UDI, Pablo Longueira, pidió la absolución de los delitos que se le imputan al también exministro de Economía en el primer gobierno de Sebastián Piñera, durante esta jornada de alegatos de apertura del juicio oral por cohecho y delitos tributarios en el denominado “caso SQM”, ante el Tercer Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago.

La abogada Joanna Heskia definió la jornada como de “dulce y agraz”, pues, luego de años y “tantas vulneraciones a los derechos de nuestro representado”, comienza el juicio en el cual asegura lograrán “demostrar de manera pública y ante un tribunal imparcial la total inocencia del señor Longueira”.

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El juicio oral contra algunos de los involucrados en el caso de financiamiento ilegal de la política por parte de la minera SQM, arrancó tras ocho años de investigación. El Ministerio Público ha presentado cargos de soborno, cohecho y delitos tributarios contra ocho imputados, entre los que se encuentran Longueira, su secretaria, el excandidato presidencial Marco Enríquez-Ominami, y el exgerente general de SQM, Patricio Contesse.

A juicio de la defensa de Pablo Longueira, los acusadores “han construido en contra de mi representado una causa artificial, basada en hechos incompletos, descontextualizados, acusándolo por conductas que no constituyen delito alguno”. La abogada Joanna Heskia sostuvo que las conductas atribuidas al exparlamentario, en las acusaciones del SII y del Ministerio Público, presentan “graves defectos formales y de fondo que van a hacer imposible dictar sentencia condenatoria”.

Además, de acuerdo a la defensa de Longueira, la figura de cohecho/soborno que se le imputa, presenta “falencias técnicas e interpretativas”.

Cabe mencionar que el Consejo de Defensa del Estado (CDE) expuso anteriormente ante el tribunal la existencia de un “pacto ilícito” entre Longueira y Contesse, calificando su relación como “corruptiva”.

Respecto de la postura del CDE y las conductas imputadas, la abogada defensora aseguró que demostrarán “el contexto real” en que estas fueron desarrolladas, las cuales –a su juicio— “se alejan mucho de ser constitutivas de este ‘pacto ilícito'”.

Así, dando cuenta de lo que consideran son “graves afectaciones” en las garantías constitucionales de su representado, la defensa afirma que Pablo Longueira “no aparenta ni pretende falsamente ser una víctima de este caso, como señaló el CDE, sino que efectivamente ha sido objeto de una persecución implacable, parcial, dirigida e ilegitima, en su contra”.

Las acusaciones en contra de Longueira, según los acusadores, “describen actos que, tanto en su calidad como senador en el año 2010 y luego como ministro de Economía en 2011, se habrían realizado a cambio o motivados por beneficios económicos, solicitados o aceptados recibir de la empresa SQM para las fundaciones Chile Justo y Fundación Web, como también para la actividad propia o de su partido político, la UDI. Estos últimos, a través de la emisión de 23 boletas ideológicamente falsas”.

“Estos hechos son completamente falsos”, alega la defensa, junto con manifestar que el exsenador “jamás solicitó o aceptó recibir de SQM o de sus apoderados, incluyendo a Patricio Contesse, beneficio económico alguno, ni para sí ni para la UDI, ni para las fundaciones Web y Chile Justo”. Es más, no solo eso, “también lograremos demostrar que todos los actos del señor Pablo Longueira incluidos en las acusaciones, fueron motivados exclusivamente por el interés general del país, el respeto a la Constitución y sus convicciones políticas”, agrega.

“Lograremos demostrar que él jamás se benefició económicamente, que ningún peso de SQM fue a parar a sus cuentas, a las de su familia o a las de la UDI. Más aún, demostraremos que el señor Longueira, en su vida política, se autoimpuso estándares muy altos de probidad”.

La defensa recalca: Pablo Longueira, “no recibió dinero de privados, jamás, cuando desempeñó cargos públicos, no obstante eso ya lleva una década siendo arrastrado en una pesadilla de acusaciones infundadas”.

La abogada Joanna Heskia fue enfática en señalar que el caso en contra de su representado es una “construcción artificiosa”, que intenta constituir un delito en donde no existe, haciendo una interpretación “antojadiza” de los hechos.

“Por lejos, las acusaciones presentadas no logran satisfacer los estándares de los requisitos típicos del delito de cohecho”, cerró la abogada penalista.

Defensa de Roberto León Araya

Durante la misma jornada de alegatos ante el Tercer Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago, también expuso el abogado Marcelo Torres, en defensa del agrónomo Roberto León Araya, hijo del exdiputado DC Roberto León Ramírez, quien arriesga cuatro años de presidio acusado de facilitar boletas faltas.

León Araya fue formalizado el 31 de agosto pasado por emitir 63 boletas de honorarios a SQM entre 2009 y 2014 por $157 millones, sin haber prestado servicios reales, según el Servicio de Impuestos Internos (SII), lo que ocasionó un perjuicio tributario de $56,6 millones.

Para la defensa de Roberto León Araya, es incorrecto en este caso atribuir a su representado el término “boletas ideológicamente falsas”, ya que —según argumentó ante el tribunal— “la falsedad ideológica en un ‘documento privado’ no es punible, salvo excepcionalmente cuando la normativa legal impone, en términos determinados, la obligación de ser veraz respecto de determinados hechos o circunstancias”. En esto, en base a la jurisprudencia de la Corte Suprema y de la doctrina a nivel nacional, de acuerdo al abogado defensor, tampoco habría dolo.

El abogado Marcelo Torres descartó tanto el dolo directo como el dolo eventual, ya que si se realizó la conducta con dolo eventual sería un caso “atípico” y por ende “no es punible porque no es constitutivo de delito”.

“En esta causa no se va a acreditar que mi representado haya obrado con dolo directo porque no obró con el propósito de que SQM o algún personero cometiera un delito”, concluyó.

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En medio de la álgida discusión parlamentaria que enfrentaron esta semana las reformas de pensiones y tributaria del Gobierno, el presidente de la UDI y senador, Javier Macaya, interpela al oficialismo diciendo: “Hemos tenido una disposición dialogante que demostramos con hechos concretos en noviembre pasado. Haber suscrito la continuidad del proceso constituyente nos da credibilidad para exigirle ahora al Gobierno que mejore sus reformas mal concebidas”.

Con estas palabras Macaya justificó, en conversación con El Mostrador, la posición crítica y protagónica que los partidos de Chile Vamos –UDI, RN y Evópoli– están decididos a asumir en el trámite legislativo y en el nuevo proceso constituyente.

En febrero, la Comisión de Hacienda del Senado despachó a la Sala de la Cámara el proyecto de reforma tributaria y la Comisión de Trabajo aprobó la idea de legislar la reforma al sistema de pensiones, que comenzará su discusión en particular el 31 de marzo.

En este contexto es que Chile Vamos enfrentará dos importantes tareas en los próximos meses: demostrar capacidad de coordinación como oposición para frenar, dilatar o acelerar las reformas que comienzan a discutirse en el Congreso y, paralelamente, iniciar el trabajo en el nuevo proceso constituyente participando del Comité de Expertos, donde hubo polémicas nominaciones, como la de Hernán Larraín por la UDI.

Ante este medio, el presidente de la UDI, Javier Macaya, defendió el rol de su sector y señaló que “creemos que la reforma tributaria y la del sistema de pensiones son malas reformas, que generan problemas en la economía”, explicó.

En Chile Vamos advierten que la calidad de las reformas presentadas y el sigilo mostrado por el oficialismo para lograr aprobarlas con la menor cantidad de cambios posible, es una buena oportunidad para concitar la unidad en la derecha y replicar lo que consiguieron en la campaña del Rechazo. El timonel de la UDI aseguró que “siempre hemos tenido disposición a actuar como oposición conjunta cuando hay confluencia de intereses y ponemos a Chile por delante. Creo que el Senado será una instancia para conversar con todos los sectores políticos para mejorar las malas reformas presentadas por el Gobierno, de lo contrario, el Gobierno se va a encontrar con una oposición que le va a decir que no a sus malas reformas”.

El problema, para lograr esta unidad de la derecha, es que en la historia reciente ha habido varios desencuentros entre Chile Vamos, Republicanos y el Partido de la Gente (PDG) para lograr coordinarse en instancias clave, como fueron las acusaciones constitucionales contra el ministro Giorgio Jackson y la exministra Marcela Ríos.

Respecto al nuevo proceso constituyente, el parlamentario indicó que los partidos de Chile Vamos tienen interés en contribuir con contenido a la nueva propuesta constitucional y buscar un rol más protagónico del que tuvieron en el anterior proceso. Macaya cree que Chile Vamos enfrenta esta etapa “con voluntad de construir con diálogo un futuro mejor para Chile, para que no se repitan los excesos del proceso anterior”. Respecto a las diferencias que pueden surgir dentro y fuera de su coalición, puntualizó que “debemos lograr la voluntad de ponernos de acuerdo en este escenario donde efectivamente van a existir diferencias al interior de ese Consejo Constitucional, porque el reto es pensar en Chile más que en cómo hacemos crecer el nicho electoral de un proyecto político determinado”.

Finalmente, Macaya sostuvo que su coalición tiene la fortaleza necesaria para competir con éxito en las elecciones de consejeros constitucionales y, en tal sentido, dijo que “tenemos una red territorial compuesta por alcaldes, concejales y parlamentarios que son un buen soporte en el trabajo de cualquier campaña. También tenemos a figuras presidenciables muy bien posicionadas, como Evelyn Matthei o el propio Rodolfo Carter, que no tengo ninguna duda que van a colaborar en este trabajo. Vamos a competir con las reglas de la democracia”, concluyó el senador.

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