Tras golpe por rechazo a la reforma tributaria, oficialismo acelera operación para impedir sexto retiro

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El Gobierno del Presidente Gabriel Boric sufrió un muy duro revés este miércoles en la Cámara de Diputadas y Diputados, al ser rechazada la posibilidad de discusión de la reforma tributaria, uno de los proyectos considerado clave para que el oficialismo impulse reformas emblemáticas como la de pensiones. Dentro de los que rechazaron y entre los que no se presentaron a votar, a pesar de estar en la Sala, estuvo la independiente Pamela Jiles, conocida por ser una impulsora del sexto retiro de fondos de pensiones.

En La Moneda temen que, con este rechazo a la reforma tributaria, aumenten los apoyos que puede recibir un nuevo retiro, sobre todo si la ciudadanía lo demanda –o eso hace creer Jiles–, por lo que se pondría presión extra a un Ejecutivo que tiene una compleja agenda de demandas por la amenaza de una recesión y el alto costo de la vida. De hecho, a un año del rechazo al quinto retiro, un grupo de parlamentarios está intentando reimpulsar la iniciativa que tuvo éxito en el Parlamento en tres ocasiones anteriores.

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Por tal motivo, en el Ejecutivo y en el oficialismo ya están moviéndose para alinear a sus parlamentarios con un mensaje claro: el proyecto de sexto retiro de los fondos de las AFP es inviable y se tiene que rechazar de todas maneras.

Desde el Socialismo Democrático, el senador PPD por la Región de Valparaíso, Ricardo Lagos Weber, planteó la necesidad que el oficialismo evite a toda costa un posible nuevo retiro de fondos de pensiones, pues –a su juicio– la situación actual del país es “distinta” a la que había al inicio de la pandemia. Al respecto, el parlamentario enfatizó que un sexto retiro de las AFP sería un “problema para la economía del país” y que perjudicaría el futuro de muchos chilenos. “El Gobierno ha tenido una sola línea respecto a esto. El oficialismo se debe ordenar. La primera decisión es política”, apuntó el senador Lagos Weber a Radio Pauta, evidenciando sus pocas expectativas en torno a un proyecto de ley que no convence a la mayoría de Apruebo Dignidad ni de Socialismo Democrático.

Hace unos días, de hecho, la propia ministra del Interior y Seguridad Pública, Carolina Tohá, definió a este polémico proyecto “como un fantasma que hay que expiar”. “Si Chile ha ido teniendo una capacidad de contener una crisis catastrófica es, entre otras cosas, porque no siguió cediendo a las tentaciones de los retiros (…). Si se hubieran hecho los retiros que se intentaron el año pasado, no estaríamos en la situación que estamos ahora, estaríamos con la inflación descontrolada, probablemente no hubiéramos logrado el equilibrio que fuimos alcanzando y que nos permite empezar a mostrar una cifra levemente positiva que va a ir tomando fuerza en el transcurso del año”, enfatizó.

¿Y la oposición?

La diputada Pamela Jiles, quien ha sido la principal impulsora de este tipo de iniciativas, es la autora de uno de los proyectos de sexto retiro, además del diputado independiente (ex PPD) René Alinco, quien también ha operado para lograr los apoyos necesarios para que esta norma se apruebe. Por su parte, el Partido de la Gente (PDG) es la única colectividad completamente comprometida en esta iniciativa, aunque la dispersión y renuncia de militantes en la tienda les ha afectado en dicho propósito.

Cabe mencionar que, para su aprobación, la iniciativa requiere del apoyo de tres quintos (3/5) en ambas cámaras –93 diputados y diputadas, y al menos 30 senadores y senadoras–. Vale decir, no basta con el apoyo de un sector político en particular, por lo que resulta necesario contar con una fuerza transversal. Con el oficialismo disperso, el apoyo de la oposición tampoco está garantizado. De hecho, el nuevo jefe de la bancada de diputadas y diputados de RN, Frank Sauerbaum –quien asumirá su nuevo rol en dos semanas–, aseguró a El Mostrador que le dará libertad de acción a los militantes de su partido.

“Creemos que los retiros del 10% deben ser evaluados uno a uno. Renovación Nacional, en parte, ha votado a favor de ellos, pero vamos a dar libertad de acción para cada uno de nuestros diputados y cada uno reflexionará sobre los efectos negativos y positivos que podrá tener”, detalló Sauerbaum.

Finalmente, desde el Gobierno fueron enfáticos en que un nuevo retiro implicaría retroceder en los avances que –a su juicio– han logrado para enfrentar la inflación. Para la ministra vocera, Camila Vallejo, “sería autoboicotearnos con la reforma previsional, que es una de las prioridades del programa de Gobierno, porque se requiere aumentar y mejorar las pensiones en nuestro país (…). Ha habido un aprendizaje. Desde el año pasado impulsamos una política fiscal y una política pública, tanto para atender a las necesidades de bolsillo de las familias chilenas, las familias trabajadoras, las mujeres que perdieron el empleo, tanto en la macroeconomía, para ir disminuyendo la inflación”, sostuvo.

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Ejército elimina de su web documento del excomandante Martínez en que cataloga de «inaceptable» no haber entregado cuerpos de detenidos desaparecidos

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El Ejército de Chile removió de su sitio web un documento escrito por el excomandante en jefe Ricardo Martínez, actualmente investigado por fraude al fisco, en donde abordaba las violaciones a los derechos humanos cometidas por la institución durante la dictadura.

Según consigna La Tercera, la institución castrense confirmó que el texto “fue publicado en nuestra página web luego que fuera anunciado por quien era -en esos momentos- el Comandante en Jefe del Ejército, y dado que se trata de un documento de carácter personal y no institucional, se bajó de nuestro portal una vez que el autor deja su cargo”.

En conversación con Ex-Ante, el excomandante en jefe Ricardo Martínez lamentó que “el documento que estuvo a disposición de todos los ciudadanos a partir del 2 de marzo del año pasado, se haya bajado de la página web del Ejército a las pocas semanas de haber renunciado, con la pasividad de muchos”.

El documento en cuestión tenía como título “Reflexión sobre las actuaciones del Ejército y sus integrantes en los últimos 50 años y sus efectos en el ethos militar”.

La Caravana de la Muerte fue el nombre con que se conoció a una comitiva que viajó por distintos puntos del país para acabar con los opositores que podían ofrecer un mayor enfrentamiento a la dictadura de Pinochet. En el escrito, el entonces oficial aseguró que dicha acción dejó una “huella de ejecuciones que afectó gravemente a la institución y que significó posteriormente que integrantes del Ejército, en su mayoría de baja graduación jerárquica, fueran procesados y condenados”.

“No se puede violar derechos internacionalmente establecidos, que incluyen la prohibición de la tortura, la prohibición de ejecuciones sumarias, la no discriminación, y el respeto a los detenidos”, aseguraba Martínez en el documento.

“Es también inaceptable, que no se hayan entregado los cuerpos a sus familias en todos los casos para que pudieran ser sepultados según sus creencias. Este aspecto, ha sido uno de los más determinantes en las imputaciones que se le hacen al Ejército, que hasta el día de hoy tienen los distintos organismos de derechos humanos”, concluye el texto.

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Caso Torrealba: grupo transversal de diputados (sin la UDI y RN) pide investigar gestión del exalcalde RN

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En una de sus primeras sesiones tras el receso legislativo de febrero, la mesa directiva de la Cámara de Diputadas y Diputados, presidida por Vlado Mirosevic, recibió un oficio en donde pedían indagar, a través de la instauración de una comisión investigadora, una serie de desvíos de caudales públicos en la comuna de Vitacura, bajo el mandato del exalcalde Raúl Torrealba (ex RN).

“Los diputados y diputadas que suscribimos venimos en solicitar la creación de una Comisión Especial Investigadora a fin de reunir antecedentes respecto de la labor de los órganos públicos competentes en el funcionamiento de organizaciones comunitarias funcionales, en particular, respecto de la situación que afecta a las organizaciones funcionales coadyuvantes de la función municipal conocidas como corporaciones ‘Vita’ de la comuna de Vitacura”, indica el documento, de 5 páginas, y que cuenta con firmas de 66 transversales diputados, ya que cuenta con rúbricas del PC, PS, PPD, la DC, el PDG y Republicanos. Sin embargo, no cuenta con apoyos de RN y la UDI. Este martes, la propuesta fue sometida a votación en sala, siendo aprobada.

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De esta manera, la comisión tendrá 90 días para indagar las irregularidades cometidas entre 2008 y 2021 en la comuna, lapso de tiempo en el que Torrealba fue alcalde. De este modo se sumó una nueva instancia que indagará estos delitos, ya que desde 2021 es investigado por parte de la fiscalía por presunta malversación de caudales públicos, cohecho, fraude al fisco, falsificación de documentos públicos y lavado de activos. Además, en diciembre del año pasado el Consejo de Defensa del Estado (CDE) se querelló en su contra, sumándose así a la acción penal presentada por la actual alcaldesa de Vitacura, Camila Merino (Evópoli).

Las irregularidades

Los diputados firmantes piden aclarar 5 ilegalidades, por lo que solicitan “reunir antecedentes relativos a los actos de Gobierno, especialmente de las actuaciones de la Subsecretaría de Desarrollo Regional, Dirección del Trabajo, Ministerio del Deporte, Ministerio de Salud, Servicio de Impuestos Internos, Corporación de Fomento (CORFO), sin perjuicio de los demás organismos que resulten competentes, en relación al funcionamiento de las organizaciones comunitarias” de Vitacura.

En el primer punto, afirman que de acuerdo a publicaciones en prensa y a la querella del CDE, Torrealba “habría creado un mecanismo para desviar recursos públicos con fines particulares, mediante la creación de organizaciones comunitarias funcionales coadyuvantes de la función municipal y el otorgamiento de subvenciones, las cuales, habrían sido desviadas, entre otros fines, para el financiamiento ilegal de la política, tal como lo habrían expresado testigos”.

“Que, por ahora, el perjuicio fiscal se estima en más de 2.500 millones de pesos, afectando la ejecución de programas comunitarios que van en directo beneficio de la comunidad, lesionando el presupuesto destinado para la misión de las referidas organizaciones, entre ellas, VitaEmprende, VitaSalud y VitaDeporte”, dice en otra arista.

Según se sabe -dice el documento- “la creación de este mecanismo data desde el año 2001 hasta el presente y se estima que hasta el 2020 los traspasos ascenderían a 41 mil millones de pesos. Solo el año 2021 se traspasaron a las corporaciones Vita, por ejemplo, fondos aprobados por un monto cercano a los $3 mil millones”.

“Que, tal como han consignados diversos testigos en medios de comunicación, el mecanismo consistía en crear organizaciones coadyuvantes de la función municipal, hacer que estas recibieran subvención municipal, solicitar a personas particulares integrantes de las mismas el retiro de dinero en efectivo, luego depositarlos en cuentas personales o de otros funcionarios, para posteriormente ser retirado cuando el ex alcalde señor Raúl Torrealba del Pedregal se los requiriera”, agregan.

Finalmente, indican que Domingo Prieto Urrejola, testigo clave del caso, “ha señalado que el mecanismo habría sido ideado por el ex alcalde y ex intendente señor Felipe Guevara y que el accionar tendría como una de las finalidades el financiamiento de campañas políticas”. El ex intendente ha rechazado públicamente la acusación”.

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Duro revés para el Gobierno: Cámara de Diputados rechaza proyecto de reforma tributaria

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Un duro revés para el Gobierno. La Cámara de Diputadas y Diputados rechazó este miércoles, en general, el proyecto de reforma tributaria del Gobierno.

La Cámara Baja rechazó el proyecto con 73 votos a favor, 71 en contra y tres abstenciones. La iniciativa requería 78 votos favorables para pasar a la votación en particular.

Los votos en contra fueron de Chile Vamos, el Partido Republicano y del PDG.

 

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