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El arquitecto y urbanista, Iván Poduje, abordó este jueves uno de los problemas que vive la región Metropolitana a diario, la evasión en el transporte público que llegó a su segunda cifra más alta al marcar un 44%. Situación que el experto sostiene que se mantendrá porque el Transantiago es “un sistema que no puede caer”.

Poduje acrecienta sus críticas hacia las empresas privadas que se encuentran a cargo del Sistema Red (exTransantiago), acusándolas de no prestar ningún servicio. “No son eficientes, no son rentables y además capturan recursos del Estado sin ninguna meta de nada”, complementó.

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Asimismo, sostuvo que la evasión es un problema que han tenido todos los gobiernos y que la solución que han realizado es aumentar los subsidios, puesto que no quieren problemas al aumentar la tarifa (aludiendo al estallido social). “El Transantiago ha tenido cinco modificaciones de ley para aumentar el subsidio del Estado de 350 millones de dólares por año (2009) a 1.100 millones y en ese mismo periodo la evasión se disparó de 12 al 44% y la demanda que son las transacciones (personas que marcan su ticket) bajó de 3,8 millones a 1,1 millón”.

Evasión y solución

El arquitecto también alude a una falta en la ética y moral de las personas a la hora de evadir, esto al comparar la situación con regiones -donde los sueldos son de igual o menor proporción que en la RM, según él- la evasión solo llega a un 4%. “Esto no es un problema de plata, es un problema de frescura, cultural, y entre una falta de incentivo en los buses”, expresó.

Poduje alude a la falta de incentivo para los chóferes por parte de las empresas privadas, así como la falta de fiscalización como otro de los factores de los altos números de evasión. “El sistema anterior que era privado y en regiones igual. Entonces, los operadores de buses no tienen ningún incentivo para poner torniquetes, fiscalizadores, etc, porque les van a pagar igual”, comentó.

El urbanista propone como solución al corto plazo el aumento de las fiscalizaciones, pero de forma aleatoria como se realiza en Estados Unidos o en Europa. “La única la salida es lo que hacen los países de Europa y estados unidos que es una fiscalización aleatoria con inspectores con capacidad de reducir o contrastar un ataque, porque hay choferes que sufren ataques”, indicó.

Asimismo, planteó la idea de multar a las personas que no pagan y en caso de no pagar la sanción, que esta sea descontada de los beneficios sociales, puesto que los inspectores no irán a las casas a cobrar.

“Estatización del Transantiago”

Por otra parte, Poduje recalcó que las empresas privadas que controlan el Sistema Red de Transporte se “aprovechan” de que los gobiernos no quieren tener problemas en esta temática y terminan pagándolo, lo que va a terminar “con una muerte lenta y desangrada para el fisco, porque te gastas un hospital regional en evasión”.

Al analizar el sistema actual, el arquitecto propone “estatizar” el sistema actual, esto porque “la función que cumplen los privados es 0. Si tú tienes un servicio al que le pagas con subsidios el 60% del costo de operación, donde no hay ningún incentivo para la calidad y la fiscalización, que va a hacer el privado, se va a llevar la plata”.

Finalmente, cree que tarde o temprano la calidad del servicio comenzará a bajar puesto que es el gasto no es sostenible para el Estado, que “va a tener que sacrificar el costo de mantención, la renovación de flota, que hasta el momento no ha habido problema, pero ya pasamos los 1.000 millones por año más los 1.000 en regiones”.

Video vía YouTube: El Mostrador

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¡Buenas y feliz jueves! El foco de esta edición es la pelea entre los controladores chinos de la salmonera Australis y el empresario Isidoro Quiroga. En juego hay US$ 1.200 millones. El caso amenaza con ser otra pelea entre poderosos que dejará secuelas y heridos en el mercado local.

Hasta ahora hemos conocido principalmente el relato de Australis, que contrató a un grupo de abogados al que una fuente describe como “Los 4 fantásticos” o el “Equipo Marvel” del mercado local. Sus acusaciones son fuertes y han construido una narrativa que apunta directamente a Quiroga. Pero tuvimos acceso a una serie de correos y documentos que ponen en duda parte de ese relato, que apuntan a las responsabilidades de los controladores chinos y al rol del chairman de Joyvio, Shaopeng Chen.

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1- EL CULEBRÓN SALMONERO DE US$ 1.200 MILLONES

La batalla entre los controladores chinos de Australis y el empresario Isidoro Quiroga rápidamente se está convirtiendo en una que podría terminar entrando en el panteón de los escándalos de negocios en Chile. Un lugar donde compartiría la lista en que están el Caso Cascadas, la colusión del papel (CMPC), La Polar y Chispas, entre otros. Las acusaciones van y vienen, y cinco de los abogados más poderosos de la plaza son protagonistas del caso.

Lobby reservado ante Marcel. A eso hay que sumar dos reuniones de lobby, hasta ahora desconocidas, entre los ejecutivos chinos y locales con el ministro de Hacienda, Mario Marcel. Una fue en octubre y la otra en diciembre, en Londres, en el contexto del Chile Day.

• Hasta ahora la ofensiva mediática la ha liderado Australis a través de su gerente general, Andrés Lyon, y el grupo de abogados que encabeza Alberto Eguiguren. Ellos acusan a Quiroga de haber ocultado graves problemas de sobreproducción de salmón en el due diligence (que hizo Pepe Gago, ex CEO de Pesca Nova Chile) a la hora de negociar la venta a la empresa china Joyvio para alcanzar un precio más alto, y dicen ser víctimas de una estafa. Piden deshacer la venta y que Quiroga les devuelva los US$ 921 millones que pagaron y US$ 300 millones en daños. El problema de sobreproducción tiene a Australis enfrentando multas de la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) por más de US$ 70 millones. La empresa se autodenunció por las infracciones.

Los correos reservados que ponen en duda parte de los argumentos de Australis. El Semanal tuvo acceso a una serie de informes, correos electrónicos internos y documentos que sugieren que los controladores chinos estaban al tanto de los problemas y que fueron informados expresamente de los casos de sobreproducción, incluyendo al chairman de Joyvio, Shaopeng Chen; y que este y su equipo ordenaron expresamente a la administración local mantener e incluso aumentar los niveles de producción.

Cabe mencionar que Andrés Lyon alegó, en entrevista a El Mercurio, una ignorancia de la administración china sobre los casos de sobreproducción de la compañía con anterioridad a su llegada. Según Lyon, el grupo chino no habría detectado antes la sobreproducción porque habría existido un “ocultamiento de información” y, como consecuencia del COVID-19, “los chinos no pudieron acercarse a la compañía hasta el año pasado”.

Los correos a los que tuve acceso son parte del juicio laboral que el exgerente de Administración y Finanzas de Australis, Santiago Garretón, mantiene contra la salmonera, y son todos previos a la llegada de Lyon.

La defensa de Quiroga es tajante en señalar que “a todos los antecedentes entregados en el due diligence, la administración china fue informada expresamente, de manera clara y directa, de la existencia de casos de sobreproducción por la administración local”.

• Un correo del 23 de febrero de 2021, del entonces gerente general de Australis, Ricardo Misraji, informó a los ejecutivos del grupo Joyvio Vincent Dong, Jie Tang y Jerome Chen sobre la notificación recibida por parte de la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) respecto a un caso de sobreproducción en uno de sus centros productivos. Con la misma fecha, Jerome Chen contestó derechamente “bien recibido”.

• En una presentación corporativa de Australis Seafoods de agosto de 2021 con la planificación estratégica de 2021 a 2025, y que comparte en septiembre de ese año el entonces gerente general de Administración y Finanzas, Santiago Garretón, a los ejecutivos chinos, se explica exhaustivamente la “contingencia por exceso de producción”, la cual fue validada por la administración china.

• El documento menciona que, en los últimos años, en prácticamente todos los ciclos el rendimiento ha sido mejor en términos de peso promedio de cosecha y tasa de mortalidad, de forma que existe un “exceso de producción en los últimos años” y que se está “convirtiendo actualmente en un riesgo serio” para la compañía. Se informa específicamente que los CES Costa y Córdova 3 han sido notificados por sobreproducción el 2021 y que otras compañías se enfrentan a semejantes situaciones (i.e., Mowi, Blumar, Cooke y Cermaq). La presentación corporativa fue validada en octubre por la administración china en la parte referida al exceso de producción.

El 2 de febrero de 2022, el entonces gerente general, Ricardo Misraji, comunicó detalladamente a Shaopeng Chen (chairman) y la plana mayor en China, el nuevo escenario que enfrentaba la compañía y la contingencia de sobreproducción. En particular, Misraji detalló que el nombramiento de nuevas autoridades, incluyendo las ambientales, probablemente implicaría una mayor rigidez en la exigencia de cumplir los máximos de producción autorizados por sitio; y que en algún punto del 2022 habría que comenzar a ajustarse en las siembras con vista a los años siguientes.

• “Nosotros creemos que es imposible que en 2022 cumplamos con las exigencias. Ya estamos a máxima capacidad”… y advierte de posibles multas de US$ 5 millones. Ese mismo día, uno de los altos ejecutivos chinos responde (con copia a Shaopeng Chen) agradeciendo el aviso y proponiendo los pasos a seguir.

Una sobreproducción de más del 50%. En otro correo, fechado 7 de febrero de 2022, Santiago Garretón, entre otras cosas, informó expresamente al equipo de Joyvio que, si bien el potencial de cosecha de los 47 sitios de Australis era de 117.000 toneladas por año, la cosecha autorizada era de tan solo 72.000 toneladas por año.

• En un documento, con fecha 26 de abril de 2022, Garretón informa a sus jefes en China un borrador de resumen ejecutivo en que los pone al día sobre el problema de la sobreproducción y los pasos a seguir en las negociaciones con la SMA. Uno de los ejecutivos chinos le pide que no incluya (o que esconda) “una lámina”, ya que “todos están completamente conscientes de la situación y están de acuerdo con los pasos a seguir”, que no es necesario repetir la seriedad del asunto y solo referirse cuando pidan detalles.

La administración china habría expresamente ordenado mantener e incluso aumentar los niveles de producción. Eso sugiere otra serie de intercambios a los que tuve acceso. En una discusión sobre el presupuesto 2022 y la decisión de aumentar la cosecha de Australis, la administración china (con la intervención expresa de Shaopeng Chen y Qingtong) ordenó aumentar la cosecha para el 2022 a alrededor de 95.000 toneladas. Dicha instrucción fue emitida pese a que Garretón había informado previamente a la administración china que el cumplimiento de los niveles de producción autorizados exigía una disminución de la producción de entre un 25 a un 35 por ciento.

• El 8 de diciembre de 2021, el ejecutivo chino Vincent Dong, con copia a Jerome Chen, señala haber discutido la materia con Shaopeng Chen (el ya señalado chairman de Joyvio) y ordena que no se considere “posponer ninguna cosecha al 2023, pero aumentar la cosecha del 2022 a alrededor de 95kton y las ventas a 97kton”.

La respuesta de Australis:

Sobre los correos y documentos, sostienen que son una foto sin contexto y que hay que mirar toda una serie de eventos que venían ya de 2016. Afirman que el anexo en el acuerdo de venta es engañoso y no cuenta la película entera. Y aseguran que recién a mediados de 2021 se dieron cuenta de que el problema no era aislado en uno o dos centros de producción sino algo sistemático que venía de años y que se lo ocultaron. Y aseguran que los más de 100 correos que ellos eventualmente presentarán son “contundentes y lapidarios”.

También apuntan a omisiones del contrato de compra y venta. Se señala que la empresa cumple con todos los compromisos ambientales “y eso era mentira” y que Quiroga lo sabía. Además, dicen que nunca incluyeron lo de la sobreproducción en “contingencias”. Y sentencian que si “en todos los centros de producción en todos los años te pases un 50% es que es parte de un patrón. Era una política sistemática de sobreproducción para justificar los múltiplos que pagaron los chinos. La empresa vale la mitad de lo que se pagó”.

• Sobre el lobby a Marcel. Los abogados de la salmonera explican que las reuniones con el ministro de Hacienda fueron para explicarle la gravedad del asunto. Joyvio es el principal importador de fruta chilena y China es el principal destino de las exportaciones de nuestro país. Añaden que Australis es una empresa que se transaba en bolsa, que la estafa deja al desnudo debilidades regulatorias de la institucionalidad local y que el caso daña la imagen de Chile.

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2- EL OPTIMISMO DE MARCEL VS. EL GATOPARDISMO DE LA ELITE

Qué pasó. Este martes BTG Pactual Chile celebró su seminario anual en el que tuvo como protagonista al ministro de Hacienda, Mario Marcel, y que cerró un panel en que participaron los líderes de los dos grupos económicos más grandes de Chile: Bernardo Larraín Matte (Grupo Matte) y Francisco Pérez Mackenna, CEO de Quiñenco, el holding que agrupa a las empresas del Grupo Luksic. Ahí también estuvo el exministro de Hacienda de Bachelet I, Andrés Velasco.

• A tablero vuelto. Casi 1000 de los poderosos VIP de Sanhattan participaron. No cabía un alfiler y, a la hora del almuerzo privado que le siguió, había cola de empresarios y ejecutivos de AFP, bancos y aseguradoras, que morían por estar allí.

El optimismo de Marcel. El ministro de Hacienda dijo que lo peor de la recesión ya pasó y que este año incluso podríamos terminar creciendo y no con una economía en contracción. Agregó que la inflación ya alcanzó un punto de inflexión en agosto, cayendo 2,1 puntos porcentuales, y que el IPC anual estará por debajo del 10% a mitad de año y cerca del 5% en diciembre. También destacó la fortaleza del peso desde agosto del año pasado.

• El ministro Marcel fue incluso más enfático en destacar que la incertidumbre ha disminuido en Chile y se acerca a los niveles preestallido social, “mientras que el resto del mundo sigue experimentando altos niveles de incertidumbre económica”.

• También hizo hincapié en que desde el anuncio del plan de consolidación fiscal y el de reforma de pensiones, las tasas largas han disminuido. Y subrayó que la propuesta del Gobierno asegura un rol de los privados. Respecto a la reforma tributaria, reiteró la disposición de su equipo a dialogar y buscar un gran acuerdo:

• La urgencia de un pacto social. Marcel dijo que estamos ante una gran oportunidad para el país de cambiar el modelo de desarrollo. Afirmó que en 10 años la matriz energética ya será 100% renovable y no dependeremos de combustibles fósiles. A eso hay que sumar el boom del litio y la demanda por el cobre, ambos claves en transición energética. Pero el ministro puntualizó que todo eso no es posible sin un pacto social que le dé legitimidad al modelo.

Si Marcel fue casi puro optimismo, el panel en que participaron las cabezas del Grupo Matte y Luksic fue un poco decepcionante, al menos en la mirada de este periodista. Sí, hay un cambio de eje en que el panel completo estuvo de acuerdo en la necesidad de una reforma tributaria y de pensiones, y que la política no está dando el ancho. Pero, si por lo menos hay acuerdo acerca del diagnóstico, las soluciones propuestas fueron un poco más de lo mismo.

• El hecho de que Andrés Velasco fuera el más progre del panel, dice mucho. Sonaban casi todos como viudos de la Concertación. No había nadie en el papel que desafiara a la audiencia a pensar “fuera de la caja”. Todos de acuerdo en que el gran problema de Chile es la política y la urgencia de cambiar el sistema político y electoral.

Larraín Matte advirtió que “evitamos lo peor pero estamos en una ruta mediocre. El sistema político y el Estado están completamente disfuncionales”. Y defendió su apoyo a que se rechazara la idea de legislar la reforma tributaria, pero Velasco se lo discutió: “Está mal que se rechazara la idea de legislar. Ahora pasará lo mismo, pero con 6 meses de retraso y las negociaciones serán por fuera del Congreso”. Y enfatizó que Chile va sí o sí a necesitar más ingresos.

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3- A MESA: UNA CHARLA CON EL CAPO DE COMPASS GROUP

Jaime de la Barra: “Chile ha ido resolviendo sus problemas a través de sus instituciones y las incertidumbres se han ido reduciendo”.

• El socio y estratega jefe de Compass Group fue el invitado de esta semana a La Mesa de El Mostrador.

• En la entrevista afirma que desde el plebiscito constitucional las confianzas se han ido recuperando de a poco y que tanto nuestra economía como el sistema financiero están bien preparados en caso de que la crisis bancaria de Estados Unidos y Europa se globalice.

• De la Barra señala que el mercado chileno es uno de los siete más baratos y es optimista acerca de lo que se viene, pero advierte que el mundo enfrenta un escenario geopolítico, económico y financiero no visto en 30 años.

Para ver la entrevista completa, haz clic en el link o en la imagen.

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Un mensaje de SQM

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SQM y Corfo: cinco años de un nuevo estándar de Alianza-Público Privada en litio

• En 2018, Corfo y SQM modificaron las condiciones de arrendamiento del Salar de Atacama para la producción de litio sostenible de alto valor agregado. A cinco años de este hito, los resultados han demostrado cómo este nuevo modelo y estándar de alianza público-privada ha traído enormes beneficios para la Región de Antofagasta, las Comunidades Vecinas a las operaciones y todo el país por medio de las mayores tasas impositivas efectivas de alguna actividad económica en Chile que considera aportes directos a las comunidades, municipalidades y gobiernos regionales.

• Durante 2022, el aporte de SQM al Estado fue superior a los US $5.000 millones, una contribución histórica. De ellos, US $3.300 millones corresponden al contrato con Corfo. Dos tercios de este monto son consecuencia directa de los planes de expansión en la producción de químicos de litio que permitieron a SQM triplicar la producción en los últimos cuatro años.

• El gran beneficio que hoy recibe el país por esta industria no sólo obedece a los precios internacionales favorables, sino también a los desafíos y riesgos que asumió SQM adelantándose a los escenarios actuales, aumentando su producción a la par de la reducción del consumo de agua continental y extracción de salmuera en el marco de un Plan de Sostenibilidad con metas concretas que le permiten a empresa tener las huellas ambientales más bajas de la industria en litio y avanzar a paso firme hacia la carbono neutralidad.

• SQM ha invertido en procesos de innovación y tecnología de desarrollo propio con un presupuesto en 2023 en esta área de más de US $40 millones y más de 200 profesionales, 57 de ellos con grado de máster o doctorados, dedicados al estudio hidrogeológico del Salar y a trabajar en procesos productivos y adaptar tecnologías con el objetivo de producir químicos de litio del más alto estándar.

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4- SIN TACOS NI CORBATAS, EXPRÉS

– El despeje de las incertidumbres políticas convence a Lundin Mining de volver a invertir en Chile. Esta semana la minera canadiense, que en Chile es dueña de Candelaria, anunció que pagarán casi US$ 1.000 millones para comprar control de la mina Caserones. Y ya había anunciado planes de invertir US$ 400 millones en Candelaria en 2023. Hace 2 años amenazaba con irse de Chile y anunciaba el congelamiento de una inversión de US$ 500 millones en el país, y que tenían el ojo puesto en su proyecto Josemaría en San Juan, Argentina.

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– El multimillonario André Esteves, cofundador y presidente del brasileño Banco BTG Pactual, fue el anfitrión del seminario en que participó Mario Marcel y que mencioné más arriba en esta entrega. Allí aprovechó de hablar sobre la crisis bancaria en Estados Unidos con una frase lapidaria: “Es una gestión de activos y pasivos muy básica, que cualquier analista junior que trabaje en un banco en Chile, Brasil o Colombia, o cualquier otro país que presente un poco más de volatilidad, conocería”.

• Y agregó: “Fue una muy mala gestión de su descalce de tasas de interés, y cualquier pasante en BTG o Banco de Chile o cualquier otro gran banco chileno aprendió en los primeros tres meses de trabajo que eso no se debe hacer; pero aparentemente no aprendieron”. Esteves afirmó que la volatilidad que afecta a los mercados globales es el resultado de 15 años de complacencia durante las tasas de interés cercanas a cero que condujeron a excesos generalizados. “A la gente la pilló desprevenida el repentino aumento de las tasas y no tenía la experiencia real de cómo gestionar esos riesgos”, sostuvo.

– La Moneda promete ayudar a que Chile sea líder mundial en energías renovables, pero la burocracia sigue confundiendo a la industria. Lo reiteró esta semana el ministro de Hacienda. Bueno, esta semana se supo que la gobernadora regional subrogante de O´Higgins, Natalia Sánchez, rechazó un proyecto de transmisión de US$ 31 millones a Colbún. Consiste en la construcción de una nueva Subestación Seccionadora y una nueva Línea de Transmisión.

• El argumento del Gobierno Regional es que la decisión la toma para prevenir una posible zona de sacrificio ambiental y descarta la mayoría de los informes y conclusiones de Colbún, calificando a estas como “erróneas e insuficientes”.

– Saieh sigue haciendo caja y vende uno de sus juguetes favoritos. En los últimos días finalmente vendió su avión privado. Quienes conocen de la operación dicen que el precio fue US$ 29 millones, de los cuales US$ 15 millones eran para saldar deuda, según cuentan dos fuentes que saben los detalles.

• El Gulfstream G550 que vendió el empresario tiene dos motores Rolls-Royce, capacidad para 18 pasajeros, baño, ducha, cocina y audífonos inalámbricos. Vuela más rápido que un avión comercial: 940 km/h versus 880 km/h. El precio del modelo nuevo asciende a US$ 55 millones. Su avión tenía matrícula norteamericana: N676AS. Las dos últimas letras corresponden a las iniciales del empresario, lo que es posible hacer pagando un adicional.

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El asesinato de dos carabineros produjo una semana frenética en el Congreso. La Cámara de Diputadas y Diputados despachó buena parte de lo que llamaba “su agenda de seguridad”, incluyendo el proyecto que se asumió iba a ser más polémico, la así llamada “Ley Naín-Retamal”.

No me interesa aquí analizar el modo en que esta agenda fue instalada. En parte, porque no entiendo muy bien los mecanismos que la hicieron tan radicalmente exitosa –cómo fue posible que políticos que habían seguido una agenda de construcción simbólica de víctimas del Estado terminaron sumándose con entusiasmo a una agenda de afirmación simbólica de la dimensión de víctimas de las policías–. Tal vez, porque el reclamo exitoso del estatus de víctima es lo único que mueve voluntades en la actualidad.

Aquí, solo quiero analizar el contenido de la agenda de seguridad y sus problemas. Esos problemas pueden resumirse en dos: irrelevancia y, en algunos casos, excesos.

La gran mayoría de los proyectos de la “robusta agenda de seguridad” son irrelevantes. Son populismo, no en el sentido en que se ofrecen soluciones altamente riesgosas para obtener ganancias electorales, sino en el de tratarse de oferta de soluciones que se sabe que no producen efectos. No quiero aquí decir cuestiones tales como la criminalización no reduce la violencia, que debamos apuntar a las causas estructurales para que sea realmente eficiente. Nada de eso: simplemente no producen efectos operativos.

La mayoría de las medidas de seguridad hacen lo que la política chilena tiende a hacer: crean delitos ya existentes, suben penas en márgenes que no producen diferencias, o crean agravantes cuya aplicación probablemente tampoco es relevante. Así, por ejemplo, el proyecto Naín-Retamal establece una pena de presidio perpetuo simple a calificado para una nueva forma de homicidio calificado de carabinero. Sus defensores la consideran una medida robusta de protección de las policías. Pero la pena actual en una situación equivalente es, con alta probabilidad, la misma. Con seguridad no cambiará la conducta de nadie. Pero producirá el efecto de declarar que “ahora sí se están tomando medidas enérgicas contra la delincuencia”, cuando en realidad no se hace nada.

En algunos aspectos, los proyectos contienen excesos. Los excesos son principalmente simbólicos, pero algunos son operativos. El proyecto Naín-Retamal –siguiendo un modelo ya generalizado de comportamiento del Congreso– hace inaplicables las así llamadas penas sustitutivas respecto de delitos que afecten la vida o la integridad física de funcionarios policiales. Esto es: si hay condena, cárcel efectiva obligatoria. En la mayor parte de los casos, la regla es irrelevante: este ya es el caso. Pero la regla también parece aplicarse a delitos menores. Quien tenga un espíritu más conservador pensará que está bien: ¡cárcel efectiva para todo el que se enfrente a Carabineros, aunque no cause ningún daño grave! Yo creo que ello tiene riesgos, creo que si se aplicara llevaría a internar en la cárcel a individuos envueltos en conflictos menores con policías, y que genera riesgos de tener efectos carcelarios nocivos, siendo todo ello contraproducente a la seguridad pública. Pero nada de esto parece importar mucho en la era de los eslóganes.

El aspecto más sustancial de toda esta discusión se encuentra en un espacio que media entre la irrelevancia, la posibilidad de excesos o de efectos derechamente contraproducentes. El proyecto Naín-Retamal introduce una regla de “legítima defensa privilegiada” para el uso de fuerza letal por las policías en tres clases de situaciones: ante agresiones con armas (blancas), ante agresiones físicas por dos o más individuos con riesgo de causar lesiones graves, y para impedir la perpetración de delitos graves. En su orientación, parece no apuntar a nada que no sea lo que sus autores llaman “sentido común”. En estos casos, si el uso del arma de fuego resulta necesario –y muy probablemente lo sea–, es razonable que sea lícito. Pero el proyecto lo hace por una vía que, en el derecho chileno, solo genera confusión.

Los tribunales no saben exactamente qué se presume. Si un particular o un policía es imputado por homicidio en condiciones que no se parecen en nada a una agresión, ¿debe presumirse que estaba en legítima defensa si simplemente alega que lo agredieron? Eso sería absurdo, pero la regla está redactada de ese modo. ¿Qué implicancias tiene, en este contexto, que “se presuma” la concurrencia de los requisitos de la legítima defensa? Los tribunales no tienen respuestas unívocas y hay interpretaciones dispares. Aplicar una técnica confusa a un ámbito que necesita claridad regulatoria parece ir contra el sentido común.

En su mejor interpretación, lo que los legisladores quieren es que la defensa del policía sea considerada lícita si se demuestra que hubo un uso conectado a agresiones con cuchillos o al impedimento actual de delitos graves, a menos que la acusación demuestre fehacientemente que hubo un exceso. Esa distribución de cargas de la prueba puede ser razonable. Probablemente no se aleje mucho de lo que hacen los tribunales. Pero en un contexto de falta de claridad y confusión como el chileno, lo último que uno querría es producir regulación con una institución oscura y confusa antes que con reglas claras.

El comportamiento político actual no deja muchas esperanzas de sensatez. Pero tal vez haya algo todavía en el Senado y prefiera producir reglas claras.

Este martes, en el Palacio de La Moneda, un grupo de alcaldes representativo de tres asociaciones de municipalidades se reunió con el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, con el objetivo de discutir los avances en materia de proyectos de ley sobre seguridad ciudadana y retomar el trabajo avanzado en la mesa de seguridad. Entre los temas importantes que conversaron en la reunión, estuvieron los de otorgar mayores facultades a los inspectores municipales y el aumento de recursos para las labores de seguridad municipal. Todas estas iniciativas están contempladas en la agenda de seguridad del Gobierno, pero no tienen plazo definido para iniciar su tramitación.

Al finalizar la reunión, la alcaldesa de Peñalolén y presidenta de la Asociación Chilena de Municipalidades (ACHM), Carolina Leitao, declaró que esperan el pronto ingreso de este proyecto al Parlamento, para que forme parte de la agenda de seguridad que la clase política busca acelerar y de la cual los municipios forman parte importante. “En el ámbito municipal tenemos una preocupación que es transversal. Respecto del tema de seguridad, tenemos muchos puntos en común y lo que queremos con este proyecto es impulsar, justamente, los puntos en los que estamos de acuerdo”, planteó la jefa comunal de Peñalolén.

El tema más delicado en esta agenda municipal es el uso de armas de fuego por parte de vigilantes municipales, pero no estaría considerado en este proyecto de ley destinado principalmente a reforzar la labor preventiva y de combate a la delincuencia que realizan las policías. De hecho, el pasado 9 de enero, la Asociación de Municipios de Chile (AMUCH) –que congrega a 95 municipalidades– envió una propuesta al Gobierno, con miras a que los equipos de seguridad municipales pudiesen estar más preparados para enfrentar delitos. Se trataba de dos iniciativas que apuntaban a fortalecer y perfeccionar las atribuciones en seguridad con las que cuentan, mediante modificaciones a la Ley 18.883 sobre el Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales y cambios a la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades.

Pero, pese a la insistencia de algunos alcaldes, desde el Gobierno descartaron la posibilidad de que funcionarios municipales porten elementos de defensa y tengan mayor participación en labores de seguridad. Hoy, tres meses después de la solicitud de la AMUCH, el tema de las armas pareciera ser un debate que genera desencuentro y constituye una demanda que ha perdido fuerza al interior de la organización. Su propio presidente, el alcalde de Zapallar, Gustavo Alessandri, reconoció que sus propuestas no contemplan que inspectores municipales manejen armas de fuego, contradiciendo lo planteado en el oficio enviado a principios de este año, y cuyo rechazo desde el Ejecutivo causó molestia en la asociación.

Alessandri, como parte de AMUCH, señaló que están buscando impulsar la iniciativa con la bancada municipal de diputados, “que van en la línea de fortalecer a los equipos de seguridad ciudadana mediante la dotación de equipamiento técnico; facultar el uso de medios de protección ante la eventual agresión ilegítima ocasionada a equipos municipales que cumplen funciones de seguridad y la definición de protocolos de coordinación y actuación con los policías. Estas propuestas no contemplan que los inspectores usen armas de fuego, ya que su rol es de apoyo y prevención ciudadano, no de orden y seguridad, que corresponde a Carabineros”.

Por su parte, desde la ACHM, su presidenta, Carolina Leitao, manifestó que hay distintas posturas al interior de la asociación que preside, respecto de los beneficios e inconvenientes que tendría dotar de armas al personal de seguridad y vigilancia municipal. Estos equipos de seguridad municipal existen en una minoría de los municipios del país. “En mi opinión, esta sería una medida con la que se corren altos riesgos. Manejar un arma requiere niveles de capacitación, preparación y entrenamiento, además de un protocolo claro de acción; todas áreas que hoy manejan las policías del país. Por lo tanto, y si bien hay posturas disímiles, la mayoría de alcaldes y alcaldesas comparte que esto sería un riesgo, más que una respuesta adecuada a la delincuencia que tenemos que enfrentar en el país”, recalcó Leitao.

La enfática postura del Gobierno

El jueves 26 de enero pasado, la directiva de la AMUCH recibió la respuesta del Ministerio del Interior ante sus requerimientos, y se mostró disponible a avanzar tan solo en algunos aspectos, lo que causó malestar entre algunos jefes comunales. Y es que desde el Ejecutivo dejaron claro que no están dispuestos “a apoyar que los agentes preventivos de seguridad municipal porten y utilicen medios de defensa”, pero sí a analizar la tipificación de delito agravado a la agresión a fiscalizadores o funcionarios municipales de seguridad que porten identificación visible.

Asimismo, se mostraron de acuerdo con que los funcionarios puedan coordinar acciones de seguridad con la autoridad competente; gestionar de manera colaborativa las acciones del Consejo Comunal de Seguridad Pública; recibir denuncias y canalizarlas a la autoridad competente; y canalizar los requerimientos para que sean recibidos periódicamente desde las juntas de vecinos, juntas de vigilancia rural y organizaciones comunitarias.

Al respecto, el subsecretario de Prevención del Delito, Eduardo Vergara, fue de una sola línea en el debate por las atribuciones de los guardias municipales y el posible uso de armas de fuego. “Quiero ser muy claro: como Gobierno no vamos a avanzar en que el personal municipal esté armado. No somos partidarios de tener una policía municipal. La evidencia muestra que ha sido un error en otros países y ese error no lo replicaremos”, subrayó el subsecretario.

Según Vergara, su objetivo es robustecer el rol preventivo de los municipios en dos ámbitos. “En primer lugar, el mínimo común preventivo: pusimos fin a la concursabilidad de los fondos para avanzar en nivelar la cancha, maximizar el rol del Estado en seguridad. Además, aumentamos en un 65% el presupuesto para las municipalidades. Con acciones efectivas estamos ayudando a los alcaldes, que es la puerta de entrada de los ciudadanos en su relación con el Estado”, planteó el subsecretario.

Finalmente, Eduardo Vergara agregó que “es muy necesario robustecer el rol preventivo de los municipios a través del proyecto de ley que prontamente enviaremos al Congreso y que cuenta con un amplio respaldo de las tres asociaciones de alcaldes con quienes nos reunimos el pasado martes en La Moneda, para entregarles detalles de esta iniciativa legal. El proyecto busca fortalecer el rol de las municipalidades en las tareas de Seguridad Pública y Prevención del Delito. Para ello, se crea nueva institucionalidad en la materia, fortaleciendo los patrullajes mixtos, fortaleciendo al inspector de seguridad municipal, incorporando mayor coordinación entre los actores del sistema de seguridad, que vienen a complementar y enriquecer el Consejo y Plan Comunal de Seguridad Pública, y se dispone que los instrumentos de planificación territorial incluyan enfoques de seguridad”, detalló.