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El viernes pasado, el Presidente Gabriel Boric puso término a una gestión poco lucida y decepcionante del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio a cargo de Julieta Brodsky. Para dar un giro, el Mandatario sacó del sombrero a un hombre experto en el espectáculo masivo de la televisión, Jaime de Aguirre. El exmúsico y compositor del jingle “Chile, la Alegría ya viene” de la Campaña del No para el plebiscito de 1988, estuvo en la plana mayor de TVN, Chilevisión y Canal 13. En su paso por el espectáculo televisivo dejó huellas en la Teletón, en TVN con la Cultura Entretenida y en Chilevisión, al que tiñó de tinta roja con el enfoque policial. Tras su paso por esta última casa televisiva, De Aguirre fue investigado el 2015 por la emisión de boletas por trabajos presuntamente inexistentes a Soquimich en 2010. En declaraciones ante el Ministerio Público, el ahora flamante ministro de las Culturas sostuvo que tales documentos correspondían a pagos de SQM en forma de bonos de Bancard, la matriz de inversiones de Sebastián Piñera.

Sobre el sorpresivo nombramiento de De Aguirre, el periodista y escritor Óscar Contardo evaluó su designación como “una señal que provoca mucha perplejidad en el ámbito de la cultura, porque es cambiar una forma de enfrentar la cultura por otra. No solamente cambiar un ministro, sino que cambiar una generación por otra y el énfasis que se le dio inicialmente en el programa a la importancia de las comunidades a la hora de generar políticas culturales. Yo no sé cómo se combina con el nombramiento de una persona que viene del mundo de los medios de comunicación masivos”, manifestó Contardo a El Mostrador.

Brodsky y De Aguirre “son dos personas que vienen de mundos muy distintos”, sostuvo el periodista.

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“Además, el rol que ha cumplido Jaime de Aguirre en su ámbito profesional es un asunto más o menos de dominio público. Es una una persona que ha estado muy presente en los últimos 30 años en el ámbito de la televisión. Así que, claro, eso tiene una dosis de orientación cultural, pero solamente una dosis. Y no tiene que ver con la legislación, sino que está ese estar como al otro lado del mostrador”, agregó.

Al respecto, mencionó que el exdirector de Programación de TVN, “en términos de formación profesional y del mundo en el que se mueve, no tiene nada que ver con la ministra anterior. Yo sospecho que Jaime de Aguirre tampoco es una persona que esté muy al tanto de los desafíos legislativos del Ministerio de las Culturas y sospecho que no tiene mayor relación con los gremios”.

Una decisión apresurada

En la ceremonia de cambio de gabinete el Presidente, al referirse al nuevo ministro, expresó: “Primero, gracias por venir acá saliendo del hospital. Tienes una energía que envidio”. Una señal que podría indicar que la elección del perfil del nuevo ministerio fue una elección hecha poco tiempo antes de los anuncios oficiales.

“Todas las señales indican que no había una persona que cumpliera el perfil que se buscaba, o si es que tenían claro el perfil dentro del Gobierno y que alguien sugirió a Jaime de Aguirre y lo convencieron”, analizó Contardo.

En ese sentido, agregó: “No creo que haya sido planificado con mucho tiempo, por las palabras que dijo el propio Presidente Boric, ‘gracias por aceptar a pesar de que estaba enfermo’. Es algo que le ofrecieron dentro de un rango de un par de días”.

La cultura en el Gobierno

Además, el periodista explicó que, cuando asumió el Gobierno de Boric, las expectativas en el sector cultural eran altas. Es más, un gran número de actores, comediantes y escritores apoyaron públicamente la candidatura del Mandatario.

“Lo que se esperaba era que el Ministerio de las Culturas durante este período brillara desde el principio y que no solamente fuera un problema, sino que se destacara y que cumpliera con avances importantes. El mundo de la cultura en general adhiere a las ideas del Gobierno, por lo tanto, era un ámbito en el que las expectativas eran altas por razones muy concretas. Esas expectativas no se han cumplido. No se cumplieron durante el primer año. El avance legislativo fue muy modesto, tal como lo comprobó la propia Bárbara Negrón, del Observatorio de Políticas Culturales (OPC)”, expresó.

Además, la exministra Brodsky, previo a su cargo en La Moneda, fue parte del OPC.

“Entonces, ¿que el mismo observatorio en el que ella había trabajado plantee esta deficiencia es un fracaso? Sí”, aseveró.

En las encuestas, la extitular de las Culturas presentaba uno de los menores índices de reconocimiento en el Gobierno, en ese sentido, Jaime de Aguirre llega a dicha cartera siendo una figura más reconocida, pero solo por algunos sectores de las artes.

“Al parecer, el perfil público que tenía la ministra Brodsky era más bien un perfil muy bajo, que no era muy reconocida públicamente y habrían esperado una persona con mayor reconocimiento público. Jaime de Aguirre es una persona importante que ha estado en los últimos 30 años en primera línea en el ámbito de las comunicaciones, pero tampoco es una persona de una popularidad masificada. O sea, él trabajaba en el ámbito de los medios masivos. Sin embargo, no es un personaje que tú le puedas preguntar a cualquier persona en la calle, le muestres una foto y lo vaya a reconocer”, dijo el autor de Loca fuerte. Retrato de Pedro Lemebel.

Contardo, igualmente, identificó otro síntoma que marca el manejo de la cultura en el Gobierno: el Presidente ha demostrado abiertamente su apoyo a las distintas expresiones artísticas, ha citado a poetas y cantantes en sus discursos, ha visitado ferias de libros y se ha reunido con artistas como Mon Laferte. Sin embargo, el Ministerio de las Culturas no ha sido bien evaluado.

“No quiero sonar pesado, pero un Presidente que permanentemente se está sacando selfies con escritores y, a la hora de los quiubos, su Gobierno no presenta avances en términos de la difusión de la lectura y en expandir claramente la lectura en una sociedad no lectora, me parece un contrasentido”, opinó el periodista.

Contardo fue claro y afirmó que el primer año de gestión en el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio “ha sido súper decepcionante”.

“Esa decepción es más bien generalizada. Hay mucha gente que no lo expresa explícitamente para no dañar al Gobierno. Un Gobierno que, es cierto, está enfrentando muchísimo desafío y está enfrentando muchísimos ataques de todos los flancos”, agregó.

La conmemoración de los 50 años del golpe de Estado

El nuevo ministro de las Culturas integró, en los años 80, la productora Filmocentro, donde gestó varios discos del selle Alerce, y fue el creador del jingle “Chile, la alegría ya viene”, del plebiscito de 1988. Justamente, el ministerio que llega a liderar tiene un rol relevante en la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado que se cumplen este 2023, debido al rol que han jugado las diferentes expresiones artísticas en la labor de la memoria.

En tal sentido, Óscar Contardo planteó que “uno puede sospechar que su nombramiento tiene que ver justamente con la conmemoración de los 50 años del golpe. Recordemos que era la ministra la que estaba a cargo de eso. Pero, primero, eso es un tema de corto plazo que es este año y, segundo, yo creo que es un tema en el que, claro, el Ministerio de las Culturas tiene mucho que decir, pero no puede transformarse en la labor central de un ministro de las Culturas”.

“A no ser que lo que tengan pensado es que este ministro va a durar este año y va a estar enfocado en, principalmente, esa conmemoración y después vaya a dejar la cartera. Yo creo que un ministro no puede ser nombrado en función de una conmemoración puntual”, concluyó Contardo.

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El alza de la circulación de droga, como del consumo que le es concomitante, lo que provoca al mismo tiempo una generación de dinero que puede desestabilizar a cualquier país, es un fenómeno y una problemática globalizada que no solo concierne a Chile. Por ejemplo, en septiembre 2022, en el puerto de Amberes, en Bélgica, ciento diez toneladas de cocaína fueron incautadas, es decir casi la mitad de las cantidades totales descubiertas por la policía en todo el territorio de la Unión Europea (27 países) durante ese mismo año. Para que tenga una idea de la cantidad de droga que entra a Europa a través de ese puerto, considere la estimación siguiente: los servicios de ese país estiman que por una tonelada incautada, nueve escapan al control de los funcionarios de aduanas de Amberes.

Así, a finales del año pasado, en Bruselas, se reunieron el Primer Ministro, tres ministros federales (del interior, justicia y salud), el fiscal federal y catorce alcaldes para discutir acerca de la lucha contra el narcotráfico, porque ya se trata de evitar que Bélgica  se convierta en un “narcoestado”. La palabra puede impresionar, pero un riesgo real existe si consideramos el volumen de dinero que mueve ese negocio. La estimación del valor total de la cantidad de cargas de drogas desembarcadas en la ciudad de las Flandes, antes de inundar el mercado informal europeo vía Holanda, oscilaría entre 50 y 60 mil millones de euros al año, es decir, el equivalente al presupuesto anual del régimen de pensiones en Bélgica. Es como si en Chile, tuviéramos la certeza de que el narcotráfico implicaría tanto dinero como el negocio de las AFP. Obviamente, tal situación en el país europeo atrae la codicia de mafias de diversas nacionalidades, que intentan hacerse con este mercado. Lo que altera grave y directamente la seguridad pública. Hay como un aire de “déjà vu”, ¿no?

El gobierno federal belga anunció, luego de ese encuentro, un plan de emergencia concretado por la creación de la Comisión Nacional de Drogas. A su cabeza, se nombró a  Ine Van Wymersch, mujer de 42 años, exfiscal, hoy Comisaria anti-droga, que debe coordinar la lucha contra el narcotráfico y delitos conexos. Una misión que la obliga a unificar la acción de los servicios federales, regionales y locales, con la ciudad-puerto de Amberes. Al mismo tiempo que ese nombramiento, el gobierno belga anunció la duplicación del personal de la policía portuaria, que aumentó en 300 agentes, y de los servicios de policía federal en Amberes. Por otro lado, los expedientes individuales de los 16.000 empleados portuarios fueron escrupulosamente examinados con la ayuda de los servicios de inteligencia. Las administraciones públicas también adquirieron escáneres inteligentes para examinar el 100% de los aproximadamente ¡400.000! contenedores desde América Latina que se descargan cada año en el puerto, especialmente los originarios de Ecuador, Panamá y Colombia, de donde proceden la mayor parte de los cargamentos de droga.

Ahora la aproximación represiva del fenómeno del narcotráfico, basada sobre la prohibición, no es la única opción existente y hay varias corrientes, esencialmente en los países desarrollados, que promocionan otro enfoque para enfrentar la misma problemática, proponiendo una legalización de las drogas, suaves como duras, apoyándose esencialmente sobre tres ejes argumentativos.

En primer lugar, la prohibición crea dinero que luego se “lava” en la economía nacional y sobretodo global. Este es uno de los efectos perversos más terribles de la aproximación prohibitiva. Porque es un elemento que influye sobre la economía en su conjunto y porque varios países están corriendo el riesgo de volverse dependientes de los créditos cuya gestión estaría en manos de las mafias relacionadas con el narcotráfico, algunos cárteles tienen recursos mayores que el Producto Interno Bruto (PIB) de muchos países soberanos. La realidad de esta situación apareció de manera flagrante, por ejemplo, en el momento de la crisis financiera mundial de 2008. En ese entonces, Antonio María Costa, jefe de la Oficina de las Naciones Unidas Contra las Drogas y el Delito (UNODC) indicaba que se había descubierto que las ganancias del crimen organizado eran “el único capital de inversión líquido” al cual tenían acceso algunos bancos al borde de la bancarrota el año de la crisis.  Según él, la mayor parte de los 352.000 millones de dólares (216.000 millones de libras esterlinas) de las supuestas ganancias del comercio de las drogas habían sido absorbidas por el sistema económico legal e internacional. Ahora, esto no es reciente; ya décadas atrás, todos recordamos lo sucedido con Pablo Escobar, cuando el líder del cártel de Medellín había ofrecido, a cambio del cese de los procesos en su contra, re-comprar, con sus propios fondos, la deuda externa de su país, Colombia.

El segundo elemento planteado por los defensores de la legalización de las drogas duras, consiste en el hecho de que la prohibición crearía una delincuencia y violencia que les serían directamente imputable o a lo menos asociada. En efecto, el precio de la droga no es el valor de su materia prima en sí misma, sino el de la clandestinidad del tráfico y los riesgos que asumen los transportistas y otros traficantes. Así, según algunas estimaciones, el kilo de cocaína pura vendido a $1.500 USD al salir de Colombia, se revenderá a $15.000 USD al llegar a EE.UU. y recaudará $150.000 USD en las calles de Nueva York, es decir, una relación de 1 a 100. De esta observación, se pueden sacar dos conclusiones. La primera, la prohibición ha creado un mercado en el cual se les asegura la exclusividad de las enormes ganancias a las mafias y a otras redes clandestinas. La segunda, radica en el hecho de que el alto costo de los productos y la falta de recursos de los consumidores, en la mayoría de los casos, los empuja a recurrir a la violencia y a caer en la delincuencia.

En tercer lugar, es un hecho que la prohibición crea y pone en circulación productos adulterados. Estos que circulan en la calle o que son vendidos en algunos países a través de determinados portales web, son fabricados por laboratorios clandestinos en condiciones de higiene y limpieza completamente inciertas. Por otro lado, no necesariamente se venden por lo que son: puede haber estimulantes vendidos por cocaína, combinaciones peligrosas de moléculas, cannabis cortado con tranquilizantes, productos de “corte” más o menos tóxicos, etc. De algún modo, sorpresivamente es esencialmente ante esta última constatación que la legalización adquiere todo su sentido como medida real de reducción de riesgos. Sin lugar a duda no va reducir el uso de estupefacientes, este ya existiendo por lo demás, pero aseguraría que ese uso se realice en las condiciones menos peligrosas posibles.

En Estados Unidos, cada siete minutos, en promedio, una persona muere por los efectos del fentanilo. Esa droga sintética barata, creada originalmente para aliviar las dolencias de los pacientes con cáncer, es cincuenta veces más mortal que la heroína y cien veces más que la morfina. Se distribuye en todas sus formas: líquido, polvo, comprimidos. Desde el verano 2022, la Policía Antidrogas Estadounidense (Drug Enforcement Administration, DEA) advierte sobre el nuevo “marketing” del producto, vendido en una versión multicolor para seducir a un público más joven e ingenuo. A título comparativo, en Chile, el llamado Tussi es de color morado. El año pasado, la DEA incautó casi 379 millones de dosis de fentanilo, un récord histórico.

En total, según las autoridades sanitarias de EE.UU., en 2021 se registraron 107.622 muertes por consumo de drogas, de las cuales el 66% estuvo ligado al fentanilo. Los principales importadores son dos redes criminales mexicanas rivales, el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación, unas de las cinco organizaciones más peligrosas del mundo, según el Departamento de Justicia de EE.UU. Para inundar el mercado de las drogas estadounidense, estos grupos ya no necesitan mantener plantaciones en países extranjeros y depender del buen clima, como ocurre con la marihuana, la cocaína  o el opio. Adquieren simplemente los componentes químicos en China y luego fabrican las pastillas y el polvo en sus laboratorios clandestinos. Reduciendo al máximo los costos y por ende la calidad, crean productos peligrosos y definitivamente mortales, a veces desde la primera vez que se consumen.

Columbia Británica, provincia del Estado de Canadá, para combatir a este fenómeno del cual también padece, obtuvo por parte de las autoridades federales, en mayo de 2022, una medida derogatoria a la ley de estupefacientes, con el fin de despenalizar el consumo de drogas, incluyendo las más duras. Una primicia en Canadá, siguiendo el modelo de lo que ya se intentó más al sur del continente, en el Estado federado estadounidense de Oregón, o en Europea, más precisamente en Portugal, a partir de 2001, hace más de 20 años, esa legislación está aún vigente.

En la provincia canadiense, la medida entró en vigor el 31 de enero pasado, por un período experimental de tres años: a partir de esta fecha, cualquier persona adulta que posea “2,5 gramos o menos de ciertas sustancias ilícitas para su uso personal ya no será detenida, acusada y sus bienes no serán objeto de incautación. En cambio, la policía brindará información sobre los servicios sociales y de salud disponibles y ayudará a orientar a las personas que lo soliciten”, indicó hace poco la ministra federal canadiense de Salud Mental y Adicciones, Carolyn Bennett. Las “sustancias ilícitas” a las cuales se refiere son la cocaína, las metanfetaminas, el MDMA (éxtasis) y los opioides, incluyendo la heroína, la morfina, el fentanilo y sus derivados.

Concomitante a aquello y conforme al tercer eje argumentativo que hemos explicitado más arriba, hace pocos días atrás, en la misma provincia, dos empresas recibieron la autorización para vender cocaína. El otorgamiento de esas licencias es obviamente parte de esta nueva opción de gestión pública del gobierno, que busca enfrentar y frenar la grave crisis de sobredosis de opiáceos que ellos también han enfrentado al igual que Estados Unidos, asegurándose en parte, así de la calidad de los productos que van a circular en el mercado.

Los especialistas en adicciones saludan este nuevo enfoque, que consiste en considerar la adicción a las drogas como un problema de salud pública y ya no como un problema delictivo. Pero queda la cuestión de las sobredosis: la gran mayoría de ellas serían causadas por “suministros envenenados”. Los opioides adulterados llegan directamente desde China en barco, o desde laboratorios clandestinos instalados en suelo canadiense y controlados por redes de crimen organizado, que han proliferado desde los cierres de fronteras vinculados a la epidemia de Covid-19.

Si nos referimos a Chile, observamos algo asimilable a esto último. El informe del área especializada de la Policía de Investigaciones (PDI) en el cual se analizan los resultados operativos, del primer semestre 2020, mostraba que pese a las restricciones de movilidad impuestas para prevenir mayores contagios de COVID-19, el tráfico de las tres principales drogas presentes en el país no había disminuido. Por lo contrario, había incrementado, especialmente en el caso del clorhidrato de cocaína y de cannabis procesada, cuya incautación había aumentado en ese período cerca de un 94% y 50%, respectivamente. ​El balance que entregó la PDI para el año 2022 indicó que las incautaciones aumentaron en un 191% con respecto al 2021. Es decir que año tras año, el incremento de las incautaciones no para de subir de manera exponencial, lo que nos deja lógicamente pensar que la cantidad de droga en circulación conoce la misma dinámica, aún más si nos referimos a la relación de 1 a 9 que establecieron las autoridades de Amberes  entre droga incautada y droga que no fue detectada. En 2022, en Chile, la PDI detalló cuáles fueron las 6 drogas sintéticas que más se incautaron: 25 Nbome, DOCE, Foxi, Ketamina, Tussi, Éxtasis. Todas esas drogas son frecuentemente aludidas en las canciones populares dentro de la juventud. Por ende masividad debe haber, a lo menos podemos observar una vulgarización y banalización de su consumo.

Frente a estos datos, no debemos sorprendernos que los Agentes de la Brigada Investigadora de Sustancias Químicas Controladas (BRISUQ) de la PDI y del Servicio Nacional de Aduanas de Chile, gracias a coordinaciones internacionales realizadas a través del Programa Global de Control de Contenedores de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc), culminaron el año 2022 con un decomiso inédito en el Puerto de Arica. Nos referimos acá a la incautación de decenas de contenedores con más de 690 toneladas de precursores químicos utilizados para la fabricación de drogas. Esos precursores de narcóticos encontrados permiten elaborar, disolver, purificar, secar y neutralizar químicos esenciales en el proceso de elaboración de estupefacientes. Con el volumen de materia prima incautado se hubiese podido producir unas 60 toneladas de clorhidrato de cocaína. Sin sorpresa y al igual de lo que sucede con el origen de los productos químicos utilizados en los laboratorios clandestinos en EE.UU, los contenedores decomisados en Arica eran provenientes de… China.

Parafraseando la frase introductiva del “Manifiesto del Partido Comunista”, podríamos decir que “un espectro se cierne sobre el mundo occidental: el espectro del tráfico y consumo de droga”. Ya sea Bélgica, con una aproximación prohibitiva, Canadá con una aproximación relacionada con la legalización de las drogas duras, ambos países, frente al imperativo de reaccionar ante un fenómeno que crece de manera exponencial, lo están haciendo de manera decidida. En Chile, no asistimos a lo mismo sabiendo que numerosos indicios nos indican la gravedad y profundización de la situación. Si bien en el país las cifras de los muertos por sobredosis no llegan a ser alarmantes, sería quizás útil empezar a contabilizar los muertos debido a consumo excesivo de drogas desde un enfoque relativamente amplio. Pero todos podemos observar el disparo de un cierto grado de violencia como de delincuencia relacionado con el narcotráfico. Por otro lado, las cifras de drogas incautadas, al igual que un cierto ambiente social y societal dentro de la juventud, nos ponen en alerta y hacen llamado a una toma de medidas drásticas. Que sea, en primer lugar, a nivel de prevención (educación en la escuela, facilitar y popularizar el acceso a varios deportes), como también utilizando medios eficientes de control, vigilancia, coordinación y represión que requieren una masiva inversión por un resultado que sabemos que no será el equivalente a lo invertido. Por fin, queda la opción de la legalización, y sin duda alguna, es difícilmente concebible aquello en Chile, en un corto y mediano plazo, porque implicaría tener otros estándares nacionales a niveles de acceso a la salud como en numerosos otros ámbitos. Sin embargo, existe la necesidad imperiosa de tomar el pulso del fenómeno que estamos viviendo como sociedad, para poder mitigar los efectos negativos y controlar lo más posible la situación antes que esta se nos escape definitivamente de las manos.

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El rechazo a la idea de legislar la reforma tributaria fue un duro golpe para el Gobierno. Lo que más duele en La Moneda es que la pelota pegó en el palo. La reforma tributaria era la base para sostener las medidas y promesas que el Gobierno pretendía poner en marcha en salud, pensiones, salas cunas, etc. El miércoles de la derrota, La Moneda apuntó directamente a la derecha e incluso al ex Presidente Sebastián Piñera. Sin embargo, ayer, el Jefe de Estado dio término a ese discurso y efectuó un giro en el tono que adoptará el Gobierno en este tema.

La primera reacción que esgrimieron desde Palacio fue del ministro de Hacienda Mario Marcel, cuando fue testigo del sorpresivo rechazo de una reforma que aparentemente contaba con los votos necesarios, por lo menos, para la idea de legislar. Eso no ocurrió, pues la oposición se alineó para rechazar la reforma y las diputadas de izquierda Viviana Delgado, Pamela Jiles y Mónica Arce se ausentaron de la Sala y, con eso, echaron por tierra la posibilidad de aprobación de la reforma que había propuesto el Gobierno.

Con esos votos, del Partido Ecologista Verde, Partido Humanista y uno independiente, que estaba por aprobar, se cayó la reforma. La primera reacción del Gobierno apuntó fuerte y directo a la oposición y Marcel fue el vocero con frases muy duras: “La ideología se impuso sobre el pragmatismo”, “quienes simplemente se ampararon en slogans, en ideología, son los que hoy día desgraciadamente se han impuesto en esta votación” y “comenzó la celebración por los partidos más a la derecha del espectro político. Estoy seguro que van a celebrar quienes evaden impuestos y quienes evaden a los contribuyentes para evadir impuestos (…), seguramente van a celebrar los lobistas que hasta el último minuto de la tramitación de este proyecto estuvieron enviando comunicaciones a los parlamentarios”. Así disparó el Gobierno ante este rechazo.

La ministra vocera, Camila Vallejo, aparte de reconocer la falta de votos en partidos más cercanos, agregó que “la irrupción del ex Presidente Sebastián Piñera para alinear a la derecha en el rechazo a aumentarles los impuestos a las personas que más tienen, yo creo que también fue decisiva”.

La ministra del Interior, Carolina Tohá, también apuntó al mismo lugar que sus colegas, marcando así, un relato consistente desde las carteras que pertenecen al Comité Político. “El Presidente Piñera hace dos días apareció. ¿Por qué ahora después de un año de no aparecer? Aparece justo en ese momento para impedir que Chile avance en una reforma, pero no podemos caer ahora en esa guerrilla”, dijo Tohá. Días más tarde, en un programa de televisión dominical, se le volvió a preguntar por si creía que la aparición del ex Presidente Piñera influyó y ahí se notó que la impronta del discurso cambió, pues relativizó los dichos y no apuntó directamente al ex Mandatario.

Esto se habría confirmado días más tarde, ayer, cuando el Presidente Gabriel Boric apareció en la entrevista en Mega con un mensaje apuntando al diálogo tras el rechazo a la reforma y el cambio de gabinete.

“Dialogar hasta que duela”, fue la frase que dijo el Mandatario en la ceremonia de cambio de ministros y la que resonó el fin de semana en distintos sectores de la oposición con buena recepción. Además, el Presidente Boric agregó: “La gente está cansada de que nos apuntemos con el dedo, diciendo ‘la culpa es tuya’”. Incluso, representando a los mandatarios millennials, graficó la situación que se vive respecto a la reforma tributaria con aquel meme en el que aparecen tres Spiderman apuntando como culpables los unos a los otros. En un tono más serio, dijo: “Nosotros tenemos las manos abiertas para mejorar el proyecto en la medida que busquemos una mejor distribución del ingreso”.

En un programa de televisión, emitido el fin de semana, luego de denostar la actitud del Gobierno posrechazo de la reforma tributaria, el diputado Guillermo Ramírez (UDI) reconoció que el Ejecutivo “está en otra lógica que a mí me alegra, que es que hay que conversar”. El diputado UDI celebró la frase del Presidente, “Dialogar hasta que duela”, e incluso dijo: “Hago mía esa frase, yo también estoy dispuesto a hacerlo, pero esa actitud no la había tenido el Gobierno”.

Sergio Solís, secretario general de Amarillos y muy cercano al Presidente Ricardo Lagos, en entrevista con Ex-Ante, valoró la frase del diputado UDI y reconoció que existe un cambio en el Gobierno que ojalá logre “mejorar las relaciones”. Solís, quien se declaró de oposición y lejano al Gobierno, advierte que la actitud de dialogar es necesaria, sin embargo, señala que el Gobierno debe tener claro que “dialogar no es lo mismo que negociar. Cuando uno negocia, busca un objetivo determinado y el éxito de la negociación es cuando uno llega a un acuerdo”.

Ahora mismo, la ministra del Trabajo Jeannette Jara está con el fierro caliente y el “dialogar hasta que duela” como guante. Ayer ella celebró la conformación de la mesa técnica previsional de la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputadas y Diputados, sin embargo, los parlamentarios de Chile Vamos decidieron no presentarse a conversar a la mesa. En medio de días claves para la elaboración de un proyecto que incorpore a un amplio espectro político, Jara declaró que el desaire no cambiaba las condiciones: “Sigue existiendo la completa voluntad por parte del Ejecutivo de que se puedan sumar los parlamentarios de la oposición, en particular de Chile Vamos”, e incluso los invitó a “no tener líneas rojas”.

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Los senadores de la colectividad en formación Partido Demócratas, Matías Walker y Ximena Rincón, anunciaron su incorporación administrativa al comité de la bancada Evópoli, incorporándose de este modo a la bancada de oposición al Gobierno del Presidente Gabriel Boric.

La información la entregó la propia senadora Ximena Rincón, cuando pidió la palabra en la Sala del Senado para comunicar la determinación asegurando que no tienen espacio “en las decisiones de la Corporación”.

“Quiero comunicarle a la Mesa que va a ingresar un oficio, por el cual, como parlamentarios que hoy no tenemos espacio ni en las decisiones de la Corporación, ni en la infraestructura, vamos a llegar a un acuerdo aceptando un ofrecimiento de la bancada de Evópoli para integrarla administrativamente”, indicó la otrora democratacristiana.

El hecho cambia de forma radical el panorama de la composición del Senado, ya que ahora es la oposición la que pasa a tener 27 de 50 posibles votos, por lo que se convierten en mayoría en las instancias decisivas al interior de la Corporación.

Lo anterior no se debe pasar por alto, más aún teniendo en consideración que se aprontan una serie de discusiones importantes en el Congreso, entre ellas, medidas relacionadas al combate de la delincuencia, el sexto retiro desde los fondos de pensiones, o sin ir más lejos, la reforma tributaria del Ejecutivo.

Cabe recordar que el pasado 14 de febrero, el Tribunal Superior de la Democracia Cristiana (DC), resolvió la expulsión oficial de la tienda a los parlamentarios Matías Walker y Ximena Rincón, tras haber realizado campaña en favor del Rechazo, postura contraria a la adoptada por la colectividad en su Junta Nacional.

Este paso al costado del oficialismo que da Ximena Rincón ocurre después de su polémica intervención en la Reforma Tributaria el miércoles pasado, cuando la senadora entró al hemiciclo de la Cámara para instruir a ex diputados del Partido Demócrata Cristiano que no votaran a favor de la idea de legislar esa iniciativa. Esto generó indignación en el oficialismo, que vio caer uno de los proyecto de ley más relevantes y esperados de este gobierno porque suministraría los recursos para reformas clave como la de pensiones y ayudaría a financiar políticas públicas como salas cunas, reducción de listas de espera, aumento de la Pensión Garantizada Universal, entre otras.

El diputado Gonzalo Winter fue muy duro respecto al rol que tuvo Demócratas y Ximena Rincón: “Me sorprendió que la bancada de Demócratas (ex-DC) no votara a favor. Me sorprendió por la posición pública que ellos toman diciendo que entienden la necesidad de un nuevo pacto tributario en Chile, que entienden la necesidad de la redistribución y de alzar la Pensión Garantizada Universal (PGU). Si eso era cierto, la bancada Demócrata podría haber pedido votación separada en todo aquello que no les gustaba o haber presentado indicaciones, pedir votación separada, pero nada de eso ocurrió en la Comisión de Hacienda”, señaló a El Mostrador después de rechazada la idea de legislar la Reforma Tributaria.

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La Secretaría de Participación Ciudadana para el nuevo proceso constituyente se puso en marcha hace algunos días en una sala con la Comisión Experta completa, autoridades universitarias y políticas varias. Sin ninguna organización social que participara de la actividad, Claudio Troncoso –uno de los encargados del proyecto– dijo estar “acompañado de un muy buen equipo, así que eso es un elemento que tranquiliza para llevar a cabo esta enorme tarea, que creo que es muy importante, de llevar a cabo junto a la ciudadanía y los demás órganos del proceso constituyente”. Desde ya las universidades están trabajando para, en un tiempo muy acotado, lograr hacer llegar las aprensiones ciudadanas a sus próximos representantes que escribirán el proyecto de nueva Constitución.

La Pontificia Universidad Católica de Chile y la Universidad de Chile están a cargo de llevar a cabo la tarea de propiciar un proceso de participación ciudadana que sea capaz de involucrar a la población con el proceso constituyente. Proceso que, hasta ahora, no se sabía bien cómo se implementaría y que era necesario, pues existe un mandato constitucional que lo ordena: 

“El reglamento contemplará mecanismos de participación ciudadana, la que tendrá lugar una vez instalado el Consejo Constitucional y será coordinada por la Universidad de Chile y la Pontificia Universidad Católica de Chile, a través de fórmulas que permitan la participación de todas las Universidades acreditadas. Dichos mecanismos contemplarán la iniciativa popular de norma”, dice el artículo 153 de la Constitución actual.

Antes de que los mecanismos establecidos se pongan en marcha (el 7 de junio), se llevarán a cabo dos procesos. El primero, que está en curso, es una recopilación de los trabajos de participación ciudadana que se hicieron en los procesos constitucionales anteriores, el de Bachelet y el de la Convención Constitucional. Se desarrollará un trabajo colaborativo con Organizaciones de la Sociedad Civil y Biblioteca del Congreso Nacional, que busca entregar un informe sistematizado para fines de marzo. 

Por otro lado, a partir del 6 de abril, comenzará el proceso de formación ciudadana, educación cívica y difusión del proceso constituyente. Este último se materializará en actividades que buscan preparar a la ciudadanía para poder, efectivamente, ser parte del proceso. Difusión, educación cívica, explicación sobre el proceso constituyente e instancias presenciales serán las formas que adoptará el proceso de formación ciudadana. En esto, será aún más importante la colaboración de las universidades acreditadas y los órganos del Estado. 

Una vez electo el Consejo Constitucional, comenzarán a operar los mecanismos. El primero, de Iniciativas Populares de Norma, recoge la idea de la Convención Constitucional para que las personas sugieran enmiendas (suprimir, sustituir, modificar o adicionar normas) a artículos del anteproyecto, a través de la recolección de firmas digitales que obtendrán con su Clave Única. Es evidente que no todas las sugerencias llegarán al Consejo Constitucional, sino las que alcancen 10 mil firmas, de al menos cuatro regiones distintas y cumplan los demás requisitos reglamentarios. Este proceso tendrá una duración de un mes y comenzará el 7 de junio.

Otro proceso es el de Audiencias Públicas. En esta instancia, diferentes grupos y organizaciones de la sociedad civil, podrán solicitar un audiencia para plasmar su punto de vista en algún asunto que tenga relación con el anteproyecto de nueva Constitución. A diferencia de la Convención Constitucional, solo algunas audiencias se llevarán a cabo ante el Consejo Constitucional, las otras, serán recibidas por las distintas universidades acreditadas sobre la base de un criterio de distribución territorial determinado por la Secretaría Ejecutiva. El periodo para solicitar audiencias comienza el 7 de junio y termina el 14 del mismo mes. 

Una instancia similar son los Diálogos Ciudadanos, que pretenden ser un mecanismo de diálogo y deliberación sobre el anteproyecto. Pretende ser un espacio de alta diversidad, representatividad e interacción entre grupos de ciudadanos, no con los Consejeros. La instancia se llevará a cabo a través de una convocatoria que se encargará a la Secretaría y la otra, de forma abierta, participarán personas o grupos con una pauta entregada por el mismo organismo. Los diálogos se llevarán a cabo durante los primeros 30 días de iniciado el Consejo y, luego, la Secretaría tendrá 15 días para sistematizar lo que se recogió de dichos diálogos. 

El último mecanismo es ya más conocido y rescata la metodología hecha por el proceso anterior: Consultas Ciudadanas. Las personas, de manera virtual con Clave Única, podrán expresar breves opiniones respecto a normas contenidas en el anteproyecto. Este mecanismo estará habilitado durante los primeros 30 días luego de iniciado el Consejo Constitucional. 

En la experiencia anterior, el proceso de participación ciudadana fue uno de los puntos en donde se dedicó mucha energía y trabajo, pues el hecho de vincular a la ciudadanía con el proceso mismo parecía ser la llave para su éxito. Como se sabe, no fue necesariamente así y, si bien este proceso cuenta con mecanismos de participación, su conexión para con la ciudadanía aún está al debe. Así mismo lo asumió la presidenta de la Comisión Experta, Verónica Undurraga, a El Mercurio este fin de semana: “La ciudadanía no está comprometida con este proceso”. 

El sociólogo de la Universidad de Los Lagos, director del Centro de Investigación Sociedad y Políticas Públicas, Gonzalo Delamaza, es un referente en el tema de participación ciudadana y fue director de la Secretaría de Participación Popular en el proceso constituyente anterior. De la experiencia en la Convención Constitucional rescata el número de audiencias y participación en las Iniciativas Populares de Norma: “Fueron unas 1.600 audiencias que se sostuvieron en la etapa de elaboración de reglamento y definición de comisiones y las IPN donde 980.000 personas participaron”. Si bien admite que hubo problemas de diseño, reconoce que otros aspectos, como los mencionados, “fueron muy positivos”. 

El principal problema del proceso anterior, que de alguna manera sirve para contrastarlo con el que ya está en curso, es el tiempo. Delamaza destaca que se necesita “un tiempo adecuado” para sistematizar y a la vez cumplir con la entrega de la propuesta de nueva Constitución. Además, cree que “el hecho de que en Chile nunca se hubiese realizado una como la que hizo la Convención, dificultó que se tuviera conciencia de eso, tanto para la participación como en general para la deliberación constitucional”. 

Hasta ahora, la ciudadanía no ha sido parte del proyecto constituyente y, para el académico, “es obvio que este proceso, este tercer intento, es un intento diseñado en función de los intereses de resolución política del Congreso y en cierto modo el Ejecutivo”. En definitiva, advierte que hay que tener en cuenta que el actual tiene menos tiempo que el proceso anterior y “es un proceso con límites muy claros y, por lo tanto, las posibilidades del proceso participativo son menores”. 

Sin embargo, el sociólogo destaca el hecho de que exista un periodo de formación y socialización ciudadana y, como son menos mecanismos a desplegar, “se pueden explicar más fácil”. Un punto que cuenta con factores ambivalentes es que los resultados de la participación estarán dirigidos a la discusión del anteproyecto. Para Delamaza eso “es un punto en contra en cierto modo, porque cierra el proceso, lo estrecha, pero por otro lado permite que, si se hace bien, pueda ser mucho más trazable. Se puede ver con mucha claridad cómo son recogidas las enmiendas que la ciudadanía plantee”. El énfasis debe estar, dice, en la sistematización y en la devolución de los contenidos de participación, “que es un elemento muy significativo que no debe perderse”.

Otro punto importante que rescata la Secretaría de Participación Ciudadana, según Delamaza, son las Iniciativas Populares de Norma. En términos metodológicos el académico califica con nota positiva este mecanismo: “El 30% de las iniciativas estaban completamente contenidas en el texto, lo cual es una incidencia altísima. Un 60% estuvieron parcialmente contenidas. Solamente el 10%, 8 iniciativas, se puede considerar que no estuvieron incluidas de ninguna manera, entre ellas ‘Cárcel para Piñera’, ‘Cannabis ahora en la Constitución'”. 

El problema que tuvo ese mecanismo, y que es importante de sopesar para este proceso, es que “las iniciativas que se propusieron y obtuvieron amplio apoyo, como por ejemplo ‘Con mi plata no’, hizo una campaña muy desleal o no comprendiendo el mecanismo, asumiendo que por haberse presentado con un número importante de firmas, poco menos que debía entrar a la Constitución, cuando el mecanismo que había suponía un nuevo canal para ingresar iniciativas y no para aprobarlas”, explica el sociólogo. Lo importante, puntualiza, es que después de muchos años “se considera como un mecanismo válido, incluso por aquellos sectores políticos que se oponían acérrimamente”. Por lo demás, explica que, para que estas propuestas se materialicen, “siempre tendrá que haber una mayoría política que esté de acuerdo con los planteamientos de la iniciativa, pero si no, no hay posibilidad de prosperar”. 

Si bien el académico de la Universidad de Los Lagos señala que el hecho de que las universidades estén a cargo de este proceso es porque cuentan con la confianza ciudadana, cree que “lo lógico hubiese sido que el Consejo Constitucional hubiese tomado la responsabilidad”. Sin embargo, califica como “buena cosa” que sean universidades que cuenten con experiencia del proceso anterior, como lo son la Universidad Católica y la Universidad de Chile. 

Un punto a considerar, que no se ha tomado en cuenta, tiene que ver con el “diseño tan restringido”, sostiene Delamaza. El experto explica que una de las ausencias más significativas que existe en el proceso actual “es la presencia de las regiones, pues ni en la Comisión Experta ni el el Comité Técnico y tampoco en la Secretaría de Participación se consideró algo más allá de la ciudad de Santiago, y eso es una limitación que se tiene que resolver”. A pesar de eso, evaluando el contexto actual, Delamaza piensa que “el rol de las universidades puede ser bueno para llevar la Secretaría de Participación” y que no hay que olvidar que la responsabilidad de los mecanismos “la va a tener el Consejo Constitucional”.

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