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Un grupo de diputados de la Unión Demócrata Independiente (UDI), anunció que enviará un oficio al Gobierno del Presidente Gabriel Boric. Esto, a raíz del informe que Gendarmería entregó respecto a seis indultados por el Mandatario, donde recomendaban no otorgar el beneficio.

En concreto, los parlamentarios Juan Antonio Coloma, Henry Leal, y Felipe Donoso, manifestaron que “al menos la mitad de los delincuentes que fueron liberados tienen un alto riesgo de seguir delinquiendo en nuestro país, tal como lo advirtió Gendarmería, pero cuyo informe fue absolutamente ignorado por el Gobierno”.

En complemento de lo anterior, los diputados indicaron que si alguno de los indultados llega a cometer nuevamente un delito, endosarán la responsabilidad política de aquello al Presidente Boric.

“Si alguno de ellos llega a reincidir estando en libertad, el principal responsable político de aquello va a ser el Presidente de la República, y tendrá la obligación de responder a la ciudadanía por haber liberado a estas personas”, declararon.

Por otro lado, los parlamentarios UDI expresaron que “ahora entendemos por qué el Ejecutivo se negó a transparentar todos los informes y prontuarios de las personas beneficiadas, y era porque de esa forma iban a revelar que decidieron liberar a delincuentes avezados, que no han mostrado ningún arrepentimiento por sus actos”.

“Tienen un alto riesgo de volver a reincidir, lo que pone en serio riesgo a todos los chilenos”, concluyeron los parlamentarios.

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Por medio de un acuerdo administrativo, a través de un compromiso suscrito entre los partidos políticos, el pasado miércoles Raúl Leiva (PS) asumió la presidencia de la comisión de Constitución de la Cámara de Diputadas y Diputados. En definitiva, el socialista tomará el cargó que dejó Karol Cariola (PC), quien renunció al puesto en medio del acuerdo de los sectores oficialistas. Leiva, abogado de profesión, con buenas relaciones con la oposición, estuvo muy cerca de llegar a la presidencia de la Cámara, cuando este año finalmente llegó a la testera Vlado Mirosevic. Además, se vinculó a los gobiernos de la ex Concertación, cuando fue gobernador de Talagante en la primera administración de Bachelet y, antes, como abogado de la División Jurídica de Interior, en el gobierno de Lagos.

Pero el arribo de Leiva a la presidencia de esta comisión- clave para el Gobierno- se gesta precisamente en medio de intensas y complejas negociaciones entre las diferentes bancadas y partidos políticos, sumado a la insistencia de algunos sectores- representados en gran parte por la diputada Pamela Jiles- que siguen promoviendo la discusión de los proyectos de quinto y sexto retiro de fondos de AFP. Al respecto, el propio parlamentario reconoció con sinceridad que es probable que se vuelva a poner en tabla el proyecto después del 18 de abril, precisamente cuando se cumpla un año desde que se rechazó la idea de legislar del quinto retiro de las AFP en la Cámara. No obstante, fuentes cercanas al Congreso Nacional admitieron que ante el panorama actual, es probable que la comisión de Constitución rechace nuevamente el sexto retiro, que requiere después del apoyo de 4/7 de la Sala para ser aprobada.

Y si bien el parlamentario admitió que “el tema de los retiros es una realidad”, evitó mostrarse evidentemente a favor o contra de la iniciativa, y aseguró que “los temas no hay que eludirlos, sino que hay que discutirlos”. Cabe recordar que en el propósito oficialista de evitar la viabilidad de nuevos retiros de fondos de AFP, encabezados por un ministro de Hacienda, Mario Marcel, que se ha mostrado como principal “enemigo” de este tipo de retiros desde sus tiempos en el Banco Central,  Leiva (PS) también podría cumplir un rol clave. Hasta ahora, el Gobierno tiene la certeza de que el quinto retiro estuvo lejos de los 89 votos que requiere, en abril del año pasado. Asimismo, la propia comisión de Constitución también le dio un portazo a la reforma que fusionaba tres mociones de autopréstamo, que suponía que el cotizante se comprometiera a reintegrar los fondos retirados en un tiempo acotado.

-¿Cómo se gestó su arribo a la presidencia de la comisión de Constitución? ¿Cuál será el elemento diferenciador de su gestión, en comparación con la labor de su antecesora, la diputada Karol Cariola (PC)?

-Asumo este desafío con muchas ganas, seriedad y responsabilidad. Yo quiero agradecer a todas y todos quienes me apoyaron para asumir este desafío: a los diputados Cariola, Calisto, Jiles, Pérez, Soto, Ilabaca, además de Javiera Morales quien también me dio su voto para poder asumir. Y espero tomar este liderazgo dando plenas garantías a todas y todos los miembros de la comisión, de imparcialidad en la conducción, y sobre todo en la generación de acuerdos. Creo que hemos marcado mucho las diferencias que nos distinguen desde el punto de vista político, pero yo creo que tenemos grandes posibilidades de llegar a acuerdos, porque son muchas las cosas que tenemos en común.

-¿Cuál cree que es el principal desafío que enfrenta en la testera de una comisión muy relevante y que en el pasado ha estado marcado por polémicas?

-Debemos ser capaces de recomponer la confianza y el desarrollo del debate, garantizándolo debidamente conforme al reglamento y reconstruir confianzas también entre los miembros de la comisión, para que seamos capaces de dejar de lado las polémicas y asumir una discusión a la altura de lo que la ciudadanía demanda y lo que Chile espera, así que en eso estamos.

-¿Qué opina de que algunos parlamentarios, como la diputada Pamela Jiles, hayan celebrado su arribo a la presidencia de la comisión de Constitución como un paso más hacia la posibilidad de un nuevo retiro de fondos de AFP? ¿Está a favor de seguir discutiendo este controversial proyecto, pese a no contar con el apoyo del Gobierno?

-Yo siento que el tema de los retiros es una realidad. Se debe recordar que solo han sido aprobados tres, dos de ellos han sido rechazados- en condiciones muy distintas, todos- y los temas no hay que eludirlos, sino que hay que discutirlos. Y al respecto, yo lo he dicho públicamente, tal como lo hizo la diputada Cariola en marzo de 2022 en plena discusión del quinto retiro, el que finalmente se votó en la comisión y se rechazó. Allí partió el periodo de vacancia de un año- conforme al Artículo 68 de la Constitución- donde no podemos volver a discutir el mismo tema, si es una moción parlamentaria. Y este 18 de abril se cumple el plazo, y yo creo que hay que hay que discutirlo.

-¿Cómo piensan enfrentar como oficialismo la discusión sobre el proyecto de sexto retiro en la Cámara? ¿Han existido instancias de diálogo con el Gobierno para discutir sobre la viabilidad de esta iniciativa y sus implicancias? 

-En ese sentido, yo voy a seguir el criterio que la saliente presidenta Cariola puso en la comisión de Constitución, y hay que discutirlo y no evadir el problema, porque la generación de expectativas de la ciudadanía- que son altas, y que crecen día a día-, son directamente proporcionales al nivel de frustración que la gente tiene. Entonces, hay que ser muy responsables en estos temas. Hasta el momento, la idea del sexto retiro es algo que he conversado con algunos integrantes de la comisión- con las diputadas Jiles, Cariola, además de los diputados Ilabaca y Soto (PS)-. No lo he conversado con el Gobierno, porque esta tiene que ser una decisión del Legislativo, y lo vamos a discutir dentro del seno de la comisión.

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El notable agravamiento de la crisis habitacional que vive nuestro país debe ser visto como un proceso vivo y en pleno desarrollo, que, como toda crisis, muestra comportamientos inesperados y puede experimentar giros sin retorno. Como ha reiterado en varias ocasiones el ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, la incapacidad del sistema para atajarla puede llevarnos a un abismo.

Los resultados del Catastro Nacional de Campamentos que entregó Techo ayer debieran estremecernos: desde el 2021 hasta la fecha, aumentó en casi un 40 por ciento el crecimiento de los campamentos. Según el informe, en Chile 113.887 familias viven en 1.290 asentamientos que carecen de los beneficios de la urbanización, como el agua, la luz y el alcantarillado.

Especialistas como Sebastián Bowen de Déficit Cero han reiterado que las tomas de terrenos son la punta del iceberg de la crisis de la vivienda. En el fondo, esconden una desconocida profundidad que se reconoce en los patios de atrás de las poblaciones y en los comedores convertidos en dormitorios de los blocks en altura. El Estado ha sido incapaz de medir estas cifras, no sabemos a ciencia cierta la magnitud del déficit habitacional en el país, evidentemente los datos del CENSO 2017 están desactualizados. Así como gracias a Techo podemos cifrar la cantidad de familias que viven en campamentos, también debiéramos saber cuántas viven allegadas y en arriendos precarios o abusivos.

El problema de la vivienda esta indudablemente enlazado con la crisis económica que atraviesan cientos de miles de estas familias. La inflación galopante, las alzas de precios, el deterioro de los sueldos reales y la ausencia de medidas que defiendan el bolsillo de los pobladores evidentemente están arrasando con la posibilidad de acceso a la vivienda. A la gente que no le alcanza para llegar bien a fin de mes, mucho menos le alcanza para ahorrar. En las poblaciones, la inflación se traduce rápidamente en aumento del hacinamiento, ya que es cada vez más difícil pagar arriendo. Tampoco sabemos ni medimos cómo impacta el hacinamiento en la calidad de vida de niños, niñas y adolescentes.

Si los resultados del Catastro Nacional de Campamentos 2020 y 2021, que demostraron una poderosa alza de las tomas de terrenos y que 81.643 familias estaban viviendo en 969 campamentos, generaron una fuerte polémica y obligaron a las autoridades del gobierno anterior a realizar un giro de timón en materia habitacional, debiéramos esperar que el nuevo informe, al menos, despierte un debate sobre cómo se esta ejecutando el Plan de Emergencia Habitacional del Minvu y las medidas sociales del Gobierno que espera la población, como los reajustes salariales y el control de las alzas de precios.

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En una extensa columna publicada el día 16 de marzo en El Mercurio, los senadores Kast y Rincón realizaron una crítica al funcionamiento del sistema penal y penitenciario, que, en base a cifras parciales, a críticas normativas ajenas al tenor literal de la ley, y a partir de una extraña combinación de planteamientos de Beccaria con nociones del rational choice, plantean que la solución se trata de una “ecuación fácil”, que se traduciría en la necesidad de  establecer: 1) salidas alternativas solo para primerizos; 2) penas efectivas de un año para crímenes y simples delitos; 3) un sistema legal de determinación de pena que elimine la aplicación del mínimum de la pena en caso de reincidencia; y 4) asegurar la oferta de reinserción en los recintos. Estos planteamientos merecen, al menos, cinco comentarios:

Primero, se sostiene la necesidad de las medidas argumentando un aumento en la victimización bruta entre 2000 y 2019, señalando que ello se habría dado de la mano con un aumento en casi el doble del presupuesto estatal en seguridad, lo que daría cuenta –a juicio de ellos– de la inefectividad del mero aumento del gasto público en seguridad y custodia. Ello, curiosamente, se interpreta como un argumento para potenciar justamente el encarcelamiento y el gasto en seguridad, bajo recetas tan infundadas como poco innovadoras en la materia. Lo cierto es que, comparativamente (Centro Justicia y Sociedad –CJS–, 2023), las cifras de victimización muestran tendencias a la baja, sin que exista tampoco evidencia sobre una correlación entre el aumento de penas sustitutivas y el incremento de los índices de delincuencia (véase, por ejemplo, las fluctuaciones derivadas de la entrada en vigor de la Ley 20.603). Pero, aunque el diagnóstico fuera cierto, ello daría cuenta de lo contrario a lo que los senadores pretenden, pues acreditaría que el mero incremento del encarcelamiento (con sus costos), no es garantía de una disminución correlativa en las cifras de temor y de criminalidad, por lo que su propuesta sería –en sus propios términos– inconducente para los fines propuestos.

Segundo, los senadores dan por cierta la aplicación a rajatabla de una explicación de la criminalidad en base a la llamada rational choice, que aplican a todo tipo de delito, como si toda decisión de delinquir fuera una tomada en base a la lógica costo-beneficio. Esa explicación se encuentra ya completamente superada como máxima generalizada de explicación de la criminalidad, siendo plausible sostenerla en ciertos ámbitos vinculables con la criminalidad empresarial, pero en ningún caso para explicar la criminalidad ordinaria y sus complejidades. Citar, por lo demás, a Beccaria para fundar una mayor intervención punitiva del Estado, basada en esa lógica, es sencillamente incomprensible.

Tercero, los senadores plantean que se detiene a muchos reincidentes, que estos acceden con mucha frecuencia a términos anticipados mediante acuerdos entre la Fiscalía y defensas, y que adicionalmente se les aplican con mucha frecuencia penas sustitutivas, lo que daría cuenta de la puerta giratoria. Valgan algunas precisiones normativas: la única salida alternativa que procede por acuerdo de la Fiscalía con el imputado es la suspensión condicional del procedimiento, la que requiere, por el tenor literal del art. 237 b) del Código Procesal Penal, que se trate de una persona no reincidente (primeriza), con lo que la crítica es abiertamente contra normativa. Lo mismo ocurre con los arts. 1, 4 letra b), 8 letra b), 15 letra b), N° 1, y 15 bis inciso final de la Ley 18.216, que expresamente prohíben la aplicación de penas sustitutivas respecto de personas reincidentes, con lo que el diagnóstico normativo de la propuesta es derechamente errado.

Cuarto, en base a un conjunto de propuestas que plantean el fortalecimiento prácticamente irrestricto de la pena de prisión y la supresión de sus alternativas, resulta al menos contrario a la evidencia plantear la importancia de la reinserción social dentro de los recintos penitenciarios. La privación de libertad, en particular aquella que se da en recintos sobrepoblados como los que tenemos en Chile, es en sí misma desocializadora, más aún si ella es prolongada y sin acceso a medidas de cumplimiento en libertad. Como dijo Alessandro Baratta, la resocialización no es posible a través de la cárcel, sino a pesar de ella. La idealización y romantización de los alcances de esta herramienta dan cuenta de un desconocimiento de la realidad penitenciaria. En ello es particularmente reveladora la propuesta de un año de cumplimiento efectivo, que no solo se trata de una pena corta incompatible con todo posible objetivo de reinserción, sino que ha sido insistentemente cuestionada por nuestro Tribunal Constitucional, por su carácter infundado y desproporcionado (STC 6163-2019).

Por último, y en contraste con lo ya mencionado, las penas sustitutivas de la privación de libertad, que se cumplen en libertad, muestran precisamente lograr aquellos objetivos que los legisladores sostienen que se persiguen a través de sus propuestas, pues tienen cifras de reincidencia comparativamente inferiores a aquellas de cumplimiento efectivo (Morales y otros[as], 2012: 98), e impiden que se verifiquen los efectos perniciosos intrínsecamente asociados a la pena de cárcel.

En suma, se trata de propuestas basadas en diagnósticos confusos o derechamente errados, que buscan impulsar medidas contraproducentes, de comprobada ineficacia, que apuntan precisamente en la dirección contraria a aquella que contribuiría a avanzar en lo que todos(as) queremos: reducir progresivamente la inseguridad ciudadana y la delincuencia. Todo ello exige, en el fondo, mesura política, pues la reincidencia política, es decir, la insistencia en los sucesivos e históricos esfuerzos punitivos vacíos de contenido, nos ha traído a la situación de fragilidad institucional en la que nos encontramos.

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