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Esta semana la Cámara de Diputados aprobó diversos proyectos de ley en materia de seguridad ligados al secuestro, el sicariato, el control de armas, la inmigración, el auxilio de Gendarmería en las investigaciones y las leyes Naín-Retamal. Si bien varias de estas medidas son necesarias para abordar la crisis de seguridad que se vive en nuestro país, urge que la mirada sobre estos problemas sea extensa e integral, incluyendo no solo reformas a las policías, sino también al Ministerio Público.

Diversos indicadores dan cuenta de que, como órgano encargado de la investigación de los delitos y la protección de las víctimas y testigos, la Fiscalía no está logrando sus objetivos con efectividad. En efecto, en el 2022 la proporción de imputados desconocidos alcanzó el 59%, el 56% de los casos fueron archivados, la tasa de judicialización bajó a un 33%, y los tiempos de tramitación (en días) de las salidas judiciales y no judiciales aumentaron en un 166% y 118% desde el 2012, respectivamente. Si analizamos estas cifras por tipo de delito, el escenario es aún más desolador, sobre todo con respecto a los homicidios y robos. El primero ha crecido en un 110% en la última década y sus imputados desconocidos han aumentado en un 205%. Con respecto a los robos, actualmente en más del 90% de los casos no hay identificación del imputado, razón por la que la víctima no recibe justicia a pesar de hacer la denuncia (Fiscalía, 2023).

Estos datos revelan parte de la profunda crisis en el sistema penal. ¿Qué medidas se pueden tomar para mejorar su desempeño? En primer lugar, urge elevar la cantidad de fiscales. Actualmente cada fiscal se debe hacer cargo de, en promedio, 1.771 casos al año. Así también, es necesario que las futuras discusiones legislativas que creen o modifiquen las leyes penales incluyan igualmente una estimación de los recursos que necesitará la Fiscalía y las policías para investigar y tramitar los delitos contemplados en las nuevas tipificaciones.

Por parte de la coordinación intra e interinstitucional, si bien es un paso importante, no basta con crear nuevas fiscalías supraterritoriales con el objetivo de superar la lógica localizada y segmentada con que se enfrentan los delitos, sino que también se deben reorganizar las unidades especializadas y facultar al ente persecutor para fijar la política criminal de Carabineros y Policía de Investigaciones (Fundación Paz Ciudadana, 2022). Por último, en materia de eficiencia y efectividad de la Fiscalía, es necesario que se definan criterios de éxito en la investigación penal y relacionarlos con indicadores y metas de desempeño para fiscales y fiscalías (Ídem, 2022), resguardando que no se produzcan incentivos perversos que a la larga deterioren su trabajo.

El Ministerio Público es una institución clave para el Estado de Derecho y la democracia. Su rol es garantizar que los delitos no queden impunes y que las personas afectadas por ellos reciban justicia. Para cumplir con esta misión, el Ministerio Público debe adaptarse a los nuevos desafíos que plantea la realidad social y contar con los recursos humanos, técnicos y financieros necesarios.

Una exposición sobre los movimientos sociales y la democracia realizó esta semana la destacada socióloga y politóloga italiana Donatella della Porta, en el marco de la Cátedra Norbert Lechner de la Universidad Diego Portales (UDP).

El objetivo fue hablar sobre “cómo los movimientos sociales pueden salvar la democracia”.

Della Porta (Catania, 1956) es profesora de ciencia política y sociología política en la Scuola Normale Superiore. También es conocida por sus investigaciones en áreas como movimientos sociales, corrupción, violencia política, policías y políticas de orden público. En 2022, fue nombrada fellow de la Academia de Artes y Ciencias de Estados Unidos.

Para la especialista, la crisis financiera que afectó al mundo en 2008 causó transformaciones socioeconómicas, pero también políticas.

“Algunos de los eventos políticos durante la crisis han desafiado los derechos civiles, políticos y sociales, causando lo que ha sido definido como la Gran Regresión. Las crecientes desigualdades sociales han escalado junto a una creciente desconfianza en las instituciones establecidas, desatando una sensación de inseguridad y xenofobia”, explica.

Agrega que mientras los expertos debaten cuánta desigualdad puede aguantar la democracia sin colapsar, la resistencia al retroceso se desarrolló con ciudadanos movilizándose por justicia social y “democracia real”.

“El debate se enfoca en algunas propuestas innovadoras que emergen de los movimientos sociales progresistas, que buscan una mayor participación y deliberación para salvar la democracia”, dice. “Usando la apertura de espacios ofrecidos por las instituciones para una democracia directa, los movimientos sociales han promovido procesos constitucionales y plebiscitos desde abajo”.

Para Della Porta, los sistemas de partidos han sufrido un terremoto, que ha causado la desaparición de algunos partidos establecidos y, en algunos casos, el inesperado surgimiento de partidos de izquierda y populistas de derecha.

Tras estudiar estos cambios en algunos casos europeos, la cientista política cree que “los tiempos de crisis son tiempos de rápidos cambios, que representan un desafío para la instituciones, pero también abren la posibilidad de profundizar la democracia”.

Salvar la democracia

Según la académica, aunque los movimientos sociales han sido mayormente estudiados como actores contenciosos, que luchan en la calle para resistir o promover cambios políticos, algunos estudios han destacado su capacidad de generar ideas innovadoras.

“Por eso mi investigación se centra en los canales a través de los cuales las ideas de los movimientos sociales penetran las instituciones, destacando las condiciones que favorecen o impiden el desarrollo de ideas innovadoras y conocimiento plural. Sugiere que, al suministrar conocimiento alternativo, los movimientos progresistas pueden contribuir a profundizar la democracia, al destacar la importancia de la participación”.

La italiana recuerda que, durante la crisis financiera, la ola de protestas desafió las políticas de austeridad adoptadas por los gobiernos nacionales bajo la presión de instituciones internacionales como la Unión Europea, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Central Europeo.

A su juicio, estas protestas, conocidas por los movimientos de los Indignados o los de Occupy, reflejaron pero también fortalecieron una crisis de legitimidad, causada por lo que los manifestantes veían como una falta de preocupación de las instituciones políticas por el sufrimiento de sus ciudadanos.

“Sin embargo, aquellos que protestaron no se limitaron a reclamar los derechos sociales, sino también criticaron la caída de la calidad de la democracia existente, y promovieron una innovación de las formas democráticas. Lo hicieron internamente, prefigurando formas de participación, pero también entraron a las instituciones políticas”, como en el caso de Podemos, actualmente en el Gobierno en España.

Papel de los partidos

Consultada sobre el papel de los partidos políticos en la democracia, la experta señala que tradicionalmente han jugado un importante rol, al comunicar a la sociedad y las instituciones mediante la movilización y el desarrollo de identidades colectivas y de solidaridad.

Sin embargo, también apunta que, aunque siguen siendo actores claves en las instituciones electorales –como el Gobierno y el Parlamento–, han ido perdiendo su capacidad de representar los intereses e ideales de importantes sectores de la población.

“Específicamente, en muchos países, los partidos políticos de izquierda se han movido hacia el centro, renunciando al objetivo que era considerado antiguamente su principal objetivo: reducir las desigualdades mediante políticas oficiales orientadas a la protección social”, explica.

En sus palabras, en este contexto, los movimientos sociales progresistas han sido importantes para poner bajo presión a las instituciones políticas y también para impulsar nuevas ideas.

“No reemplazaron a los partidos en su rol dentro de las instituciones electorales, sino más bien influyeron en los partidos existentes o crearon nuevos”, analiza.

A la hora de destacar alguno entre los numerosos movimientos que se han movilizado contra las desigualdades y a favor de derechos civiles, políticos y sociales, la especialista señala al movimiento feminista.

“Ha sido especialmente innovador en el desarrollo de prácticas democráticas orientadas hacia una participación inclusiva. Esto también ha sido vinculado con la creciente atención hacia desigualdades intersectoriales y una orientación para el desarrollo de coaliciones entre diferentes grupos discriminados”, sostiene.

Finalmente, al ser consultada sobre la responsabilidad de los movimientos sociales en el fracaso de la propuesta constitucional en el caso de Chile, la especialista comenta que “los efectos de los movimientos sociales deben ser evaluados en una perspectiva de largo plazo y considerando los diferentes canales a través de los cuales pueden jugar un papel”.

“Aunque algunas luchas específicas pueden perderse –dada también la movilización en contra de poderosos intereses–, los movimientos sociales progresistas con frecuencia producen grandes impactos mediante la socialización de la política en nuevas generaciones y grupos sociales, la tematización de problemas emergentes, transformaciones culturales, pero también la creación de nuevos actores, como nuevos partidos políticos y otras organizaciones”, concluye.

No existen antecedentes en la historia reciente en que un imputado –que se ha negado a declarar en cinco ocasiones ante la Fiscalía y que, cuando por fin se presenta, decide mantener la boca cerrada– sea capaz de copar la agenda pública en cosa de semanas, pautear al Gobierno de príncipe a paje, poner al Congreso a legislar frenéticamente sobre materias que favorecen a la institución que encabeza y, de paso, cosechar éxitos políticos donde otros cultivaron fracasos. Esa ha sido la historia en las últimas semanas del general director de Carabineros Ricardo Yáñez, un hombre investigado por el Ministerio Público por hacer vista gorda ante los apremios ilegítimos cometidos por algunos funcionarios de Estado durante el estallido social, y que ahora emerge como el salvador de una institución que hace un par de años se caía a pedazos.

Los homicidios de un carabinero y una carabinera estos últimos días a manos de la delincuencia le abrieron espacios para poner sus temas institucionales en medio de la crisis de seguridad, y no dudó en tomárselos. “Tiene una manera muy afable y parece abierto a las ideas nuevas y distintas formas de pensar, pero sobre todo sabe lo que quiere y cómo lo quiere”, asegura una fuente conocedora de detalles de la personalidad del jefe máximo de la policía uniformada.

Hijo de un suboficial mayor de Carabineros, desde pequeño –aseguran– aprendió a moverse con paso decidido para conseguir sus objetivos. El poder ha estado siempre en la mente y ADN de Ricardo Alex Yáñez Reveco (56).

Debilidad por el poder

Desde el primer momento, Ricardo Yáñez hizo grandes esfuerzos por conocer al Presidente electo. Cuando todo el mundo se trasladaba en procesión a “La Moneda chica” a presentarse, el general director –que había logrado que Boric candidato aceptara la protección de escoltas carabineros (y no PDI) cuando pasó a la segunda vuelta– se las arregló para “coincidir” con él en Punta Arenas y tener una conversación privada, lejos de todo el mundo. “Eso muestra que tiene mucha capacidad de muñeca y que sabe moverse cuando se trata de autoridades”, agrega la misma fuente.

Muchos critican su forma de relacionarse “zalameramente con personeros, especialmente de Gobierno. Lo hacía con el subsecretario (del Interior) Juan Francisco Galli y hoy lo hace con otros personajes de La Moneda”.

Extrovertido y con carisma, le encantan las luces y tomar el micrófono en los actos institucionales. De hecho, cuentan que, para la conmemoración del 8M, subió al escenario a cantar junto a la banda que tocaba para animar a las carabineras.

Hay versiones encontradas acerca de su ascendiente sobre la tropa. Unos señalan que por haber sido instructor en la Escuela de Formación de Carabineros mantiene nexos con varias generaciones que fueron sus alumnos. Por otro lado, hay quienes aseguran que lo siguen porque es la autoridad, pero no se sienten del todo representados. Y recuerdan la polémica interna por su decisión de pintar un radiopatrulla con los colores de la diversidad el día de la Marcha del Orgullo 2022.

Otra fuente afirma “que, si no fuera él, no hay muchos de donde echar mano, pues Sebastián Piñera descabezó al Alto Mando y no hay nombres de peso –por decirlo con palabras publicables– que se hagan cargo”.

Está casado y tiene dos hijos (uno abogado y el otro carabinero). Nació en San Fernando, la misma ciudad de donde proviene el director general de la PDI, Sergio Muñoz Yáñez. Luego de egresar de la Escuela de Carabineros –donde conoció y se hizo amigo de su antecesor, Mario Rozas–, ascendido a subteniente, se instaló en Viña del Mar. Fue comisionado de la embajada de Chile en Buenos Aires (2015-2016), donde fue investigado –según Interferencia– por gastos excesivos en arriendo.

Ejerció como prefecto de Colchagua (2016-2017). Ascendido a general, asumió la jefatura de la 1ª Zona de Tarapacá y, en medio del caso Catrillanca, tras la salida de Hermes Soto como general director de la institución, asumió la Dirección Nacional de Orden y Seguridad. El 6 de noviembre de 2020, fue nombrado como subdirector de Carabineros. Una semana después, el 19 de noviembre, ocupaba el cargo de general director de Carabineros en reemplazo de su amigo Mario Rozas.

Tiempos de arenga

El general director es reconocido entre sus subalternos y sus excompañeros por sus arengas, interpelaciones y, también, por las vueltas de carnero.

Hace unas semanas todo el país escuchó una de ellas mientras visitaba al carabinero Alex Salazar, que murió luego de ser atropellado intencionalmente en Concepción. Entonces interpeló directamente al Parlamento para que legislara, pidiendo mayor protección para Carabineros y, de paso, incluyó al Ministerio Público.

“Este caso va a abrir nuevamente el debate y hago una invitación a todos los parlamentarios por todas las indicaciones, por todos los proyectos de ley que se han mandado al Congreso, para que de una vez por todas esta ley salga a la luz, donde el rayado de cancha esté claro, donde los carabineros no tengan que dudar, donde no tengan miedo a tener que enfrentar la delincuencia (…) y entreguen las herramientas suficientes para que el carabinero salga a trabajar con tranquilidad, y pueda tener la certeza de que lo que va a hacer, no va a ser cuestionado, ni por el Ministerio Público, ni por las autoridades, ni por nadie, sino que sepa que está cumpliendo con la ley”, señaló.

Claro, cambió el discurso después de que la ministra del Interior, Carolina Tohá, lo llamara a dar explicaciones. Esto, porque rápidamente se dio cuenta de que “esas declaraciones vulneran un deber principal que tienen que cumplir las Fuerzas Armadas y Carabineros: el principio de no deliberación. Un acto de deliberación política que está prohibida por la Constitución. Lo más preocupante es que lo que él está pidiendo en sus comentarios y opiniones, a través de la prensa, es una especie de cheque en blanco para los carabineros. Que se les apliquen todo tipo de facultades, sin cortapisas, basadas en la concepción de la Doctrina de Seguridad Nacional: el concepto de que el delincuente es el enemigo interno y, por lo tanto, hay que combatirlo como tal. Eso es lo que está interpelando Yáñez Reveco al Parlamento y al Gobierno: ‘Dennos todo tipo de facultades y que no tengamos que rendir ningún tipo de cuentas’”, sostiene el presidente de la Comisión Chilena de Derechos Humanos, Carlos Margotta.

Hace unos días, tras la muerte de la suboficial mayor póstuma Rita Olivares, volvió a hablarles a los de “corazón verde”, como suele decir: “Queridos carabineros, les hablo como hijo y padre de otro carabinero. Hemos vivido momentos de dolor y tristeza. La pérdida de Álex y Rita ha sido un golpe que hemos sentido cada uno de nosotros. Estas heridas son las que no sanan y son las que cargamos en memoria de todos y cada uno de nuestros mártires, pero todos los días, cuando nos levantamos al servicio, nos recuerda por qué somos y seguimos siendo carabineros”.

El académico de la USACH y exdirector de Seguridad Pública durante el primer Gobierno de Michelle Bachelet, Jorge Araya, se sorprende. “Resultó ser un personaje más poderoso de lo que se pensaba, más autónomo de lo que el Gobierno pudo prever. Tiene agenda propia, un poder de veto importante y de manejo político también. Ha logrado que el Gobierno deba declarar de forma majadera su apoyo a Carabineros”.

Y agrega que ha desarrollado una estrategia inteligente. “Ha logrado dos cosas al mismo tiempo: activar a la institución y, a través de una serie de operativos y de accionar de la policía, dar respuesta a la presión que tenía encima el Gobierno. Esta administración partió con la violencia fuerte en La Araucanía y con los temas de inseguridad ciudadana muy al tope. Entonces, desde sus inicios y durante todo este tiempo, ha estado muy presionado por ese contexto. Yáñez le entregó éxitos puntuales, como atrapar a determinadas bandas criminales, decomiso de drogas… En fin, se posicionó bien y, de paso, mejoró la imagen de la institución. Y de alguna manera, el Gobierno ha terminado siendo rehén de Carabineros, en la medida que necesitan que la policía funcione para dar respuesta a la presión por mayor seguridad. Y ha tenido que entregarle un apoyo incondicional, y ya nadie se acuerda de la reforma”, puntualiza Araya.

La abogada Karinna Fernández está de acuerdo con que Yáñez Reveco es un estratega. “Que un imputado haga llamados hacia la impunidad y hacia el Parlamento, muestra una gran capacidad de estratega, de saber acumular buenos resultados en las encuestas, pero que no impidieron que una carabinera fuera asesinada, y eso quizá es lo más doloroso de las complejidades políticas que se hacen lejos del valor público de la justicia”.

La contrarreforma

En agosto de 2022, se creó la Comisión para la Reforma de Carabineros de Chile. Una promesa del Presidente Boric que hoy es una página web desactualizada. “Hay integrantes que ni siquiera siguen en el Gobierno, la gente no ha sido citada hace meses. En un tema que era de interés nacional, no hay avances. Otro punto para el general Ricardo Yáñez”, acota el académico Jorge Araya.

Esto lo explica así: “Su estrategia de llegada fue hablar de modernización, porque era un tema que estaba instalado en la opinión pública, algo aceptado por los distintos sectores. Pero evitó conceptos como refundación o reforma de fondo. Él siempre ha pensado en reforma en el sentido de entregar herramientas: mayor tecnología, más recursos, modernizar los procesos administrativos, pero que no llegan a temas de fondo, como el carácter militar que tiene la policía uniformada, el tipo de formación que tienen los sistemas de control, de disciplina, la Ley Orgánica Constitucional de Carabineros. Hay que tomar en cuenta que, cuando él asumió, estaba todavía ahí presente otra realidad, otra imagen de Carabineros que –de alguna manera– se ha ido revirtiendo”.

Araya agrega que además tuvo un poco de suerte, porque se produjo un péndulo político en el país.

“Se han hecho análisis desde la ciencia política, como el país que parecía haberse izquierdizado, luego se movió hacia el otro extremo rechazando proyectos demasiado reformistas. Y la incertidumbre que produjeron la pandemia, la economía, la inseguridad, son factores que hacen que la gente se vuelva conservadora. Creo que él se benefició de ese contexto político y también de la presión que tenía el Gobierno por mostrar resultados rápidos en materia de seguridad ciudadana. Entregó algunos logros policiales al Gobierno y a cambio se empoderó para frenar, digamos, cambios mayores”.

Asegura que “el 90% de la institución piensa así. Y está con él en eso. Tienen un fuerte espíritu corporativo de defensa. Ingresan muy jóvenes a la institución (de 17, 18 años) y son formados valóricamente ahí. Tienen un fuerte arraigo, un espíritu de cuerpo muy cerrado, una especie de ideología, de cultura común que es capaz de defenderse y de tener una práctica autocrática de autogobierno muy fuerte, que impide la intervención del mundo civil y del mundo político”, agrega Araya.

El general en su laberinto

A finales de 2019, tanto Amnistía Internacional como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), además del Alto Comisionado de la Naciones Unidas y Human Rights Watch, denunciaron que el Estado chileno estaba atropellando los derechos humanos de los manifestantes a través de Carabineros.

Durante el primer mes y medio del estallido, se realizaron 4.170 denuncias en Fiscalía contra Carabineros y 12.500 personas fueron atendidas de urgencia en hospitales públicos.

El general Ricardo Yáñez entonces era director nacional de Orden y Seguridad de Carabineros, el encargado de controlar el orden en las calles. Ocupó el cargo desde 2018 hasta el 6 de noviembre de 2020, cuando asumió como subdirector de Carabineros. Es considerado, por lo mismo, la mano derecha de Rozas durante todo ese periodo.

Es por ello que es sindicado por los querellantes como el responsable, por jerarquía de mando, de las violaciones a los derechos humanos durante el estallido social.

La querella más notoria –porque se ha negado a asistir a declarar ante la fiscal Ximena Chong en cinco ocasiones y, cuando fue, hace una semana, se acogió al derecho a guardar silencio– es la que interpuso la abogada Karinna Fernández, en conjunto con otras abogadas e instituciones. Es por delitos de omisión en apremios ilegítimos durante el estallido social, desde una responsabilidad superior o “altos mandos”.

“No es una persona confiable alguien que, cuando fue citado a declarar por la demanda, en agosto del año pasado, dijo: ‘Yo como cualquier ciudadano y particularmente quienes ejercemos roles como directores de instituciones, tenemos que ser los primeros llamados a prestar toda la colaboración y cooperación en las investigaciones que está llevando a cabo la Fiscalía y, por lo tanto, concurriré a todas las instancias que sean necesarias’. Pero no asistió en cinco citaciones y a la última concurrió, pero se acogió a su derecho de guardar silencio. La principal autoridad policial del país tiene que dar el ejemplo de colaboración con la justicia. No puede ampararse en un derecho que retarda las investigaciones en curso”, añade el presidente de la Comisión Chilena de Derechos Humanos, Carlos Margotta.

La abogada querellante, Karinna Fernández, señala que la posibilidad de guardar silencio la tienen todos “y él como cualquier imputado se acogió a esta posibilidad. Aquí es más complejo el tiempo que se dio (9 meses) para decidir guardar silencio. Eso contradice una de las obligaciones que tienen las autoridades del país en términos de rendición de cuentas, que es de transparencia y de colaboración con las investigaciones, en particular, cuando se trata de graves violaciones a los derechos humanos. El principio y obligación internacional de la debida diligencia, que exige a las autoridades entregar toda la información de manera oportuna, ágil, transparente”, subraya.

Es por esto que desde el Espacio de Memorias Londres 38, se solicitó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos pedir explicaciones a las autoridades de las que depende el general Yáñez (el Gobierno), sobre las medidas que adoptaron para que alto oficial acudiera a declarar.

“Porque tan pronto como fue citado, en agosto pasado, la ministra Vallejo dijo que se iba a colaborar de todas las formas y eso no ocurrió. Yo solicité una reunión con la ministra del Interior, Carolina Tohá, para que me informara y se me negó esa reunión. Entonces, así los obstáculos no solo han sido del imputado, sino también de Carabineros y de la institucionalidad civil que dirige su accionar, precisamente el Ministerio del Interior”, agrega la abogada Fernández.

“Esta es una causa demasiado exacta. Busca establecer, a partir de la existencia de patrones, que el Alto Mando omitió tomar decisiones que eran parte de su deber. Es un tipo penal bastante específico, novedoso y que, a mi juicio, se ajusta perfectamente al tono de lo que vivimos durante el estallido. Hay pruebas suficientes, así que la declaración del general ayudaría, pero puede no estar. Así que espero una pronta formalización por parte del Fiscal Regional Xavier Armendáriz/Fiscal Nacional subrogante”, indica la abogada.

Otra querella contra el general director la lleva adelante la Comisión Chilena de Derechos Humanos. “Él era la tercera autoridad de Carabineros, un cargo muy relevante, porque tiene atribuciones de control y planificación del orden público. Y, por cierto, le tocó operativizar en el estallido social lo que fue, a nuestro entender, una política de violación masiva y sistemática de derechos humanos implementada a partir del 18 de octubre de 2019, bajo el Gobierno del ex Presidente Sebastián Piñera. Y por eso no solo nos querellamos ante los tribunales nacionales, además, después de un tiempo, cuando vimos que habían concurrido todos los requisitos exigidos por el artículo 7 del Estatuto de Roma, denunciamos al ex Presidente Piñera junto a otras altas autoridades políticas y policiales, entre los que está Ricardo Yáñez Reveco, en su condición como director de Orden y Seguridad, a cargo de los operativos de control de orden público y luego como subdirector”, detalla Carlos Margotta.

De hecho, hace poco adjuntaron nuevos antecedentes, incluidos en el Informe de Derechos Humanos 2022 de la UDP, ante la Corte Penal Internacional.

La reforma de Carabineros está pendiente y los tiempos parecen no estar para que ello ocurra. “Además, el actual general director no puede liderar una reestructuración por su condición de imputado en múltiples procesos que lleva la Fiscalía en Chile y la Fiscalía de la Corte internacional. Estamos en un cuadro de retroceso total y desoimiento de las recomendaciones de la principal instancia de protección de los derechos humanos. El Gobierno mira para otro lado, porque las lógicas políticas no son las de los derechos humanos, y porque trata de satisfacer las demandas más sentidas de la ciudadanía sobre la delincuencia. Fue un error no haber cambiado, desde el primer momento, al general director de Carabineros, como una expresión de compromiso con los derechos humanos y con las víctimas del estallido. Sin embargo, a más de un año de mandato, lo mantienen en el cargo… Las explicaciones tiene que darlas el Gobierno”, concluye Margotta.

El ministro de Justicia, Luis Cordero, señaló la mañana de este jueves que la Ley Nain-Retamal (aprobada ayer por la Cámara de Diputadas y Diputados) tiene defectos técnicos que generan “condiciones de riesgo” para policías y ciudadanos.

El proyecto busca endurecer las penas para aquellos que atenten contra policías. Además, permite a esos funcionarios usar su arma letal para repeler ciertas acciones, en casos donde peligre su integridad física, su vida o la de otras personas. Así, establece para ellos la legítima defensa privilegiada considerando hipótesis objetivas.

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El titular de Justicia dijo a Radio Infinita que “el proyecto que acaba de pasar de la Cámara de Diputados al Senado adolece de un gran defecto, y es que dispone de la legítima defensa privilegiada en el Código Penal y eso tiene varios problemas”.

Uno de esos problemas, dijo Cordero, es que “omite que Carabineros tiene reglas específicas de uso de la fuerza, incluido la legítima defensa, en un lugar distinto que es el Código de Justicia Militar”.

“¿Por qué es un riesgo? En su oportunidad, el Ejecutivo lo que advirtió es que este tipo de situaciones tiene que estar amparadas en las reglas de uso de la fuerza. Cuando uno mira el derecho comparado, hipótesis que se aproximan a este debate, están asociadas a reglas del uso de la fuerza”, sostuvo.

“Por lo tanto, el Ejecutivo considera que las normas aprobadas son defectuosas y, por el contrario, generan condiciones de riesgo no solo para la policía, sino que también para ciudadanos”, complementó.

Recordemos que la Cámara de Diputados aprobó ayer, en particular, el proyecto. La ministra del Interior, Carolina Tohá, dijo que el Gobierno ingresará indicaciones a la iniciativa en esa Corporación.

Tohá leyó una de las indicaciones que ingresará el Ejecutivo:  “se entenderá como racional el uso de armas en defensa de personas cuando se intente impedir alguno de los delitos de homicidio o lesiones graves contra las policias, salvo que el tribunal indique que no es razonable, donde se podrá aplicar un atenuante de la pena en 1, 2 o hasta 3 grados. Y cuando se considere que es racional el uso del arma, no se podrá culpar al carabinero”.

En medio de la vorágine legislativa tras el asesinato de la sargento segundo de Carabineros, Rita Olivares, el Instituto Nacional de Derecho Humanos (INDH), dejó ver su preocupación ante la recién aprobada Ley Naín-Retamal en la Cámara de Diputadas y Diputados, que propone mayores atribuciones para las policías. Lo anterior, aseguran, eleva los riesgos en materia de derechos humanos.

En concreto, la directora del INDH, Consuelo Contreras, apuntó que desde 2017 el organismo “ha insistido en la urgencia de determinar por ley las Reglas del Uso de la Fuerza por los cuales deben actuar Carabineros, la Policía de Investigaciones (PDI), así como las Fuerzas Armadas cuando estas se encuentran desplegadas en situaciones que impliquen el contacto con población civil”.

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Sin embargo, Contreras aseveró que “los proyectos de ley ahora discutidos en el Congreso no sólo fracasan en hacerse cargo de los verdaderos problemas, operativos en seguridad, sino que se inclinan desproporcionadamente hacia Carabineros”.

“Al establecer presunciones legales a su favor que dificulten en demasía la posibilidad de la prueba en contrario, lo que se hace en la práctica es juzgar de antemano la calidad de delincuentes de sus posibles víctimas algo que sólo pueden establecer los tribunales de justicia. ¿Habían cometido un delito Camilo Catrillanca y Fabiola Campillai, o eran víctimas? Parece que en la nueva normativa propuesta ellos, así como sus derechos humanos, no poseen relevancia”, lamentó la directora del organismo.

Por otro lado, Contreras abordó la “impunidad a las policías” que podría desencadenar el proyecto, teniendo en consideración que tiene una serie de “disposiciones” que significan retrocesos en materia de derechos humanos.

“La nueva normativa podría, en la práctica, favorecer la impunidad de las policías y dificultar que la investigación se realice con los estándares mínimos del debido proceso. Además de la regla sobre legítima defensa privilegiada, el proyecto contiene disposiciones que constituyen retrocesos en estándares de derechos humanos que tampoco resuelven los problemas operativos del trabajo policial y que puede tener efectos que aún no se pueden prever”, adicionan.

En complemento de lo anterior, la directora del INDH asevera que “los proyectos plantean dudas sobre la igualdad ante la ley, una garantía de la cual todos quienes habitan en este país son titulares. Esto dado que no solo afectarían a quienes presuntamente están infringiendo la ley, sino de todos aquellos que están cerca y pueden sufrir sus efectos”.

“No olvidemos que se le entrega prácticamente inmunidad a Carabineros por los daños que causen a terceros o a sus bienes materiales durante un operativo policial. Esto último, además, viola el deber del Estado de entregar justicia a todos los afectados por su actuación”, expresó Contreras.

La directora del organismo sentencia que el “INDH “no puede, sino plantear su profunda preocupación por el avance, en los términos actuales, de los proyectos de ley que buscan entregarle una ‘legítima defensa privilegiada’ a las Fuerzas de Orden y Seguridad. La delincuencia debe ser enfrentada desde la democracia y el resguardo de los derechos humanos de todos”.