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Tal y como lo adelantamos en El Mostrador, el Tribunal Constitucional (TC) rechazó este martes los dos requerimientos de inconstitucionalidad contra siete de los 13 indultos otorgados por el Presidente Gabriel Boric a condenados en contexto del estallido social. Senadores de Chile Vamos y Demócratas ingresaron los recursos ante el TC.

En concreto, el órgano rechazó, en fallo dividido, los beneficios otorgados por el Mandatario en diciembre del año pasado, hecho que provocó la molestia desde la oposición. La sesión comenzó a las 15:30 horas con la intervención de su presidenta, Nancy Yáñez. Luego, los otros integrantes fueron entregando sus argumentos en orden de antigüedad.

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El relator del organismo, José Francisco Leyton informó que “el pleno del Tribunal Constitucional resolvió rechazar los requerimientos de inconstitucionalidad que fueron deducidos por un grupo de honorables senadoras y senadores de la República en relación a decretos supremos que concedieron indultos particulares”.

De esta forma, quienes estuvieron por rechazar los requerimientos de inconstitucionalidad fueron los ministros del tribunal Nancy Yáñez, Nelson Pozo Silva, María Pía Silva Gallinato, Rodrigo Pica y Daniela Marzi Muñoz. En tanto, quienes acogieron el requerimiento fueron Cristian Letelier, José Ignacio Vásquez y Miguel Ángel Fernández.

La amenaza de Vásquez

El TC resolvió la semana pasada adelantar la votación del jueves 23 de marzo a este martes. Ello generó la molestia del ministro Vásquez -cercano al expresidente del TC Iván Aróstica  afín al Partido Republicano- y amenazó con ausentarse de la sesión.

Si Vásquez se hubiese ausentado, el pleno del TC no pudo haber sesionado porque no hubiese alcanzado el quórum para sesionar. Sin embargo, el tribunal resolvió el problema. De acuerdo a La Tercera, tras una “acalorada” discusión, el ministro Vásquez finalmente decidió estar presente.

“Estoy en absoluto desacuerdo con lo resuelto por la señora presidente y con la forma en que se ha comunicado, toda vez que por razones que se desconocen y por tanto ajenas al quehacer del Tribunal y al Pleno, se ha impuesto este cambio que no tiene precedentes en lo que llevo ejerciendo mi función, al realizarse de forma absolutamente inconsulta y sin que mediara un acuerdo de Pleno extraordinario”, escribió Vásquez en un correo electrónico.

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Esta semana, fue el ex Presidente Ricardo Lagos el encargado de criticar la decisión del Gobierno del Presidente Gabriel Boric de indultar “de nuevo” al exfrentista Jorge Mateluna, sumándose así a la larga lista de críticos –sobre todo ligados al Socialismo Democrático y a la esfera de la ex Concertación– surgida a partir de la decisión del Mandatario anunciada a fines de diciembre pasado y que consideró también indultar a otros 12 condenados en el contexto del estallido social. Una decisión del Presidente Boric que, para algunos analistas, fue más bien un “gesto al electorado más duro de la izquierda” que ha implicado enormes costos políticos para el Ejecutivo.

La implicancia más grave que tuvo el caso de los indultos para el Gobierno fue la salida inmediata de la oposición de la mesa de negociaciones donde se estaba preparando el Acuerdo Transversal por la Seguridad. Días después de conocidos los beneficios carcelarios, la ministra del Interior, Carolina Tohá, tenía planificado presentarles a miembros de la oposición y el oficialismo el documento preliminar con las principales propuestas que haría el Gobierno en materia de seguridad. Esa reunión nunca se pudo realizar y la ministra Tohá recién comenzará el trámite legislativo de sus propuestas en los próximos días, sin saber la recepción que tendrá de parte de la oposición.

El timonel de la UDI, Javier Macaya, explicó esa situación el domingo, en una entrevista concedida a El Mostrador: “Durante meses participamos con buena voluntad en esa mesa. La ministra estaba a punto de reconocer esos acuerdos, pero el Presidente Boric indultó a 12 delincuentes y eso puso término a las conversaciones porque eso fue un exabrupto, una señal de impunidad a la mesa de seguridad. Dejó delincuentes peligrosos libres y nosotros salimos de la mesa como una señal de coherencia. Es evidente que no se puede combatir con una mano la delincuencia y con la otra liberar condenados por delitos que le causaron un daño tremendo a Chile”. La ausencia de la derecha en la mesa que preparaba el acuerdo de seguridad obliga ahora a la ministra Tohá a conocer la opinión de la oposición en la discusión parlamentaria.

Otro tema complejo que surge periódicamente es el rol que jugó el Mandatario en los indultos y si tuvo o no conocimiento previo de los antecedentes de los beneficiados. El tema volvió a ser polémico luego que el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, asegurara en un programa de televisión que el Presidente Boric sabía de los antecedentes penales previos al estallido social de los indultados. Se trata de una versión que se contrapone con la que en enero pasado había entregado la ministra vocera, Camila Vallejo, lo que vuelve a dejar al Jefe de Estado en entredicho, un día antes del pronunciamiento del Tribunal Constitucional sobre el tema.

El otro asunto complejo que generaron los indultos fue el conflicto del Presidente Boric con el Poder Judicial. Tras la serie de críticas que generaron los indultos, el Primer Mandatario reconoció “desprolijidades” –las que nunca explicó en detalle–, lo que motivó las salidas de la ministra de Justicia, Marcela Ríos, y de su jefe de gabinete y amigo, Matías Meza-Lopehandía. Poco tiempo después de la salida de sus colaboradores del Gobierno, el Presidente justificó su decisión asegurando que los beneficiados no eran “delincuentes”. Desde diferentes sectores se reprocharon los dichos del Mandatario, considerando que es facultad del Poder Judicial y no del Poder Ejecutivo determinar si alguien es o no un delincuente.

Otro grave error no forzado que cometió el Presidente fue cuando opinó sobre el caso Mateluna, desatando una crisis con el Poder Judicial que lo obligó a retractarse. Aquel episodio ocurrió durante su gira presidencial a Brasil –en medio de su participación en la toma de posesión de Lula da Silva–. En aquella ocasión, su justificación del indulto al exfrentista no cayó bien en la Corte Suprema. “Tengo la más profunda convicción de que en el juicio a Mateluna hubo irregularidades y una valoración de la prueba que no estuvo a la altura de la Justicia”, señaló Boric en aquella oportunidad.

La Suprema –que en ese momento arrastraba su molestia con el Ejecutivo por la accidentada nominación del Fiscal Nacional y cuando se había filtrado la existencia de una llamada del Mandatario al presidente del máximo tribunal del país– manifestó en esa oportunidad que “ni el Presidente de la República ni el Congreso pueden, en caso alguno, ejercer funciones judiciales, avocarse causas pendientes, revisar los fundamentos o contenido de sus resoluciones o hacer revivir procesos fenecidos”. Un llamado de atención que obligó al Gobierno, y al Mandatario en particular, a cuidar el contenido de sus discursos y la forma de su relato, asumiendo que la seguridad y el combate contra la delincuencia son temas prioritarios y sensibles para gran parte de la población.

Fue la llegada del abogado Luis Cordero al Ministerio de Justicia lo que logró encauzar la áspera discusión que generó el caso y localizarla en el ámbito judicial, específicamente en el Tribunal Constitucional.

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En el Ministerio de Justicia los funcionarios y su ministro se retiraron temprano ayer lunes, preparándose para lo que esperan sea un tranquilo martes en que se conocerá la resolución del Tribunal Constitucional (TC) respecto al requerimiento que presentaron Chile Vamos y el movimiento Demócratas, buscando revocar siete de los trece indultos otorgados por el Presidente Gabriel Boric el 28 de diciembre del 2022. Fuentes oficialistas señalan que el ánimo en La Moneda y en la cartera de Justicia es de tranquilidad, porque es bastante probable que el TC señale que se actuó de acuerdo a la Constitución y las leyes, más allá de desprolijidades e inoportunidades.

El oficialismo espera que la votación sea 5/3 favorable al Gobierno. Los votos en contra serían de Cristián Letelier, Miguel Ángel Fernández y José Ignacio Vásquez. El optimismo radica en que los otros cinco miembros votarían a favor: Nancy Yáñez Fuenzalida, Daniela Marzi, Rodrigo Pica, María Pía Silva y Nelson Pozo.

Lo único que podría dilatar conocer esta votación favorable para La Moneda es que se concrete la amenaza de ausencia del ministro José Ignacio Vásquez al Tribunal Constitucional, conocida anoche y que estaría motivada por su molestia con la presidencia del órgano, que decidió adelantar la fecha de la deliberación del 23 de marzo a hoy, 21 de marzo. Vásquez es muy cercano al expresidente del tribunal Iván Aróstica y es considerado representante de la derecha y afín al Partido Republicano. En La Moneda consideran una maniobra muy extraña lo ocurrido, que solo logrará retrasar la deliberación para el jueves.

En círculos de los tribunales de justicia señalan que el ministro de Justicia, Luis Cordero, tiene buena llegada al TC, especialmente por su cercanía con la presidenta del órgano, Nancy Yáñez, cercana al Gobierno. A pesar de todos estos cálculos favorables, en La Moneda mantienen cierto nerviosismo esperando el fallo, que debería conocerse cerca de las 14:00 horas.

Una vez se conozca el fallo del TC, está planificado que el ministro Cordero lo explique y comente en una conferencia de prensa en el Ministerio de Justicia. La decisión de trasladar las vocerías del caso indultos a la cartera de Justicia pretende sacar el tema de La Moneda, luego de un lunes complejo donde estuvo instalado en Palacio.

Complejo

Las autoridades de Palacio tenían presupuestado para ayer un día tranquilo respecto al tema de los indultos, pero lo único que no hubo en la jornada del lunes fue tranquilidad. Desde temprano distintas autoridades tuvieron que salir a explicar la aseveración que hizo la noche anterior el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve (PS), en el programa ‘Tolerancia Cero’, en cuanto a que el Presidente Gabriel Boric “tuvo a la vista los antecedentes de las personas que iba a indultar”.

Esas palabras fueron aprovechadas por la prensa instalada en La Moneda para solicitarle una explicación a la titular de la Secretaría General de Gobierno, Camila Vallejo, que en enero había señalado que “si el Presidente hubiera tenido todos los antecedentes a la vista, la situación hubiese sido distinta”.

Como ha sido habitual en el caso indultos, fue el ministro de Justicia, Luis Cordero, el que tuvo que poner paños fríos y, en tal sentido, salió a aclarar: “Los antecedentes obran en su integridad en los expedientes administrativos, que están asociados a indultos (…). Todos los antecedentes existen íntegramente en los expedientes asociados y, por lo tanto, no está comprometida ni su constitucionalidad ni su legalidad, que es los que nos importa de cara a lo que decida el Tribunal Constitucional”. El ministro Cordero no habló nada del Mandatario y la posibilidad de que hubiera visto los antecedentes de los indultados, y supo tirar el tema para hoy martes, cuando se conozca el fallo del TC y la noticia sea otra, no los antecedentes que tuvo a la vista el Presidente Boric.

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Gendarmería emitió informes desfavorables para 10 de los 13 indultados por el Presidente Gabriel Boric. El Mandatario aplicó el beneficio a finales de diciembre del 2022, dirigido a condenados en contexto del estallido social y al exfrentista Jorge Mateluna.

Según reveló El Mercurio, esa información estaba contenida en los nuevos expedientes enviados por el Gobierno al Tribunal Constitucional (TC) el viernes. En primera instancia, el TC pidió los antecedentes de los siete indultos impugnados por senadores de Chile Vamos y Demócratas. Luego, requirió los de los otros seis, más el de una nueva solicitud del beneficio.

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Del primer grupo, Gendarmería emitió informes desfavorables para Luis Castillo Opazo, Brando Rojas Cornejo, Bastián Campos Gaete, Jordano Santander Riquelme, Claudio Romero Domínguez y Felipe Santana Torres.

Del segundo grupo, Gendarmería emitió informes desfavorables para Cristian Cayupal Queipil, Francisco Hernández Riquelme, Matías Rojas Marambio y Juan Olguín Rivera.

Gendarmería presentó informes favorables para tres de los indultados: Jorge Mateluna (del primer grupo), Sebastián Montenegro Coo y Alejandro Carvajal Gutiérrez (ambos del segundo grupo).

Recordemos que el TC establecerá este martes una resolución por la impugnación de los indultos. Se esperan cinco votos favorables al Gobierno y tres en contra. Eso, en caso de que se lleve a cabo la votación, pues el ministro José Ignacio Vásquez amenazó con ausentarse. Ello estaría motivado por su molestia con la presidencia del órgano, que decidió adelantar la fecha de la deliberación del 23 de marzo a hoy, 21 de marzo.

Si Vásquez -cercano al expresidente del TC Iván Aróstica y afín al Partido Republicano- se ausenta, la votación se retrasará hasta el jueves. Esto, porque el pleno del TC no alcanzaría el quórum para sesionar sobre la materia.

Indultados del segundo grupo

Cristian Cayupán Queipil fue condenado a 15 años de cárcel por el homicidio frustrado de una funcionaria de la PDI, en octubre de 2019 en Pudahuel. El Tribunal de Conducta de Colina 1 advirtió un riesgo medio de reincidencia en abril de 2022.

Según la instancia, el sujeto “presenta dificultad para establecer un reconocimiento de sus conductas y de los factores de riesgos asociados a los hechos por los que fue condenado, su discurso difiere de los antecedentes presentados en sentencia, advirtiendo que su participación no se encuentra relacionada como fue expuesta en el proceso judicial, desestimado su responsabilidad respecto de la naturaleza y tipificación del delito”.

Respecto a Francisco Hernández Riquelme -condenado a cinco años y un día por arrojar artefactos incendiarios en la vía pública-, el Tribunal de Conducta de Colina 1 sugirió no otorgar el beneficio en mayo pasado.

“Es posible concluir rasgos de personalidad de tipo antisocial (…) carente de empatía, deshonesta, irresponsable, impulsiva, falta de reconocimiento a las normas y convenciones sociales y escasa capacidad de planificar un proyecto vital”, señalaron.

El Tribunal de Conducta de Colina 1 tampoco recomendó otorgar el beneficio a Matías Rojas Marambio, condenado a cinco años y un día por elaborar artefactos incendiarios.

“No logra dar cuenta de la transgresión a la ley, sin visualizar víctimas y aportar una reflexión crítica frente a los hechos delictuales que había cometido”, indicó el órgano en diciembre.

Por último, Gendarmería igualmente emitió un informe desfavorable para Juan Olguín Rivera, condenado a tres años y un día como autor del delito de incendio, además de 61 días por receptación.

El Tribunal de Conducta indicó en julio del año pasado que Olguín, pese a tener un nivel de reincidencia bajo, apreció “muy altas necesidades de intervención en el factor de actitud de orientación profesional, pues existe racionalización y justificación de la infracción de la ley, minimizando su responsabilidad en los hechos y sus consecuencias”.

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