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Para la abogada Nancy Yáñez Fuenzalida -presidenta del Tribunal Constitucional (TC) – no cabe duda que el proceso que concluyó este martes y que consagró la constitucionalidad de los indultos concedidos por el Presidente Gabriel Boric, ha sido uno de los más difíciles que ha enfrentado desde que está en el TC. La jornada estuvo marcada por tensiones, discusiones, incertidumbres y un temblor grado 5,7 en medio de la deliberación del Pleno, que obligó a un receso de cinco minutos para que cada uno se comunicara con sus familias. Todo en el contexto de los requerimientos interpuestos por senadores de Chile Vamos y del partido en formación Demócratas en contra de siete de los 13 indultos otorgados por el Presidente Boric a fines del año pasado y que finalmente fueron todos rechazados.

Si bien la reunión del pleno estaba fijada para las 9:30, Yáñez llegó a las 8 de la mañana para juntarse con su equipo y revisar antecedentes orgánicos. “Yo estaba bien entregada a mi suerte hoy. No me fui con mucha tranquilidad, quería revisar las atribuciones, en eso uno está bien adiestrada como abogada: saber bien cuáles son las atribuciones, sus fundamentos, tener claro ese punto, llevar mis notas de argumentos para el acuerdo. Estuve muy concentrada en mis argumentos jurídicos, no me salí ni un minuto del día de eso, nunca. Y cuando todo terminó… fue tranquilizador: fue un: okey cumplimos”.

Para la presidenta “se cumplió el mandato que la Constitución nos impone como Tribunal Constitucional, logramos que las instituciones funcionen de acuerdo con las competencias que establece el Estado de Derecho. El TC hoy hizo un ejercicio que robustece las instituciones”, reflexiona.

“Al final de la jornada me quedo con una sensación republicana, que ha recorrido mi sentir durante todo el día”. 

Una jornada trascendental

– ¿Cuáles fueron los ejes centrales por dónde pasó el debate y que terminó con el rechazo de los requerimientos presentado por senadores de Chile Vamos y del partido en formación, Demócratas?

-Lo que estaba en debate es la constitucionalidad de la prerrogativa, por medio de la cual la potestad del Presidente de la República se pronuncia sobre siete solicitudes de indulto. Y lo que lo que las resoluciones arrojan es que al menos, respecto de cuatro requerimientos, seis ministros del tribunal constitucional estimaron que no se configuraba un vicio de constitucionalidad. Respecto de otros tres indultos, la votación fue de cinco por tres. Y en esos casos, hubo en definitiva, un ministro que concurrió a la votación anterior, pero que estimó que respecto de esos casos en particular, la actuación del Ejecutivo no habría pasado el test de constitucionalidad.

-Precisamente, ¿cómo evalúa la actuación del ministro Miguel Ángel Fernández, quien siendo reconocido como un hombre de ideas cercanas a la derecha, termine por sumarse al voto se mayoría en cuatro de estos siete casos, rechazando la existencia de vicios de inconstitucionalidad?

-Es una expresión del pluralismo democrático, que es propio de cualquier comunidad política, en particular un principio central de la convivencia democrática. No cabe ninguna duda que en el diseño institucional está justificado la integración por personas que provienen de distintas sensibilidades, lo que se salvaguarda a través de que los tres poderes del Estado participen de su designación.  Los magistrados de los tribunales constitucionales deben ejercer ejercer su función en forma autónoma y con estricto apego al derecho. Nuestra actuación es estrictamente jurídica. Por eso nosotros tenemos obligación de prescindencia política, ahora eso uno lo puede transformar en un decir o en una práctica institucional y lo que hoy día ha demostrado el ministro Fernández, es que en el fondo, la práctica de un juez constitucional está determinada por sus convicciones jurídicas, no políticas.

-¿Podríamos concluir que con esta resolución comienza a cerrarse el “binominalismo” en el TC?

-No podría decir que termina el binominalismo o no. Yo creo que han habido muchos casos s durante todo este proceso. Uno puede verlo en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Ahora bien cuando se producen diferencias de votación, cualquiera podría decir “Mira, era esperable que, por la sensibilidad política de esta o de este ministro,  su votación en definitiva estuviera alineada o no con un sector”. Pero yo creo que cuando un tribunal empieza precisamente a romper esa dinámica, es cuando, en definitiva, uno observa que se ha consolidado como una institución jurisdiccional. Desde la presidencia, ese fue mi llamado a los ministros y ministras que ese es nuestro compromiso con el país.

-En el caso del exfrentista Jorge Mateluna, el ministro Fernández estuvo por acoger el argumento de los senadores de oposición sobre la desviación del poder ¿Cómo fue el debate en este punto?

-Cuando uno resuelve respecto a requerimientos de distintas índoles sometidos a nuestra deliberación tenemos que hacernos cargo del argumento de todas las partes: la desviación de poder, la autoría pública, la legalidad, entre otros, todos esos argumentos fueron analizados y bueno, se fueron fijando distintas posiciones jurídicas a favor y en contra de las argumentaciones de las partes. Ese es el ejercicio jurisdiccional que hace el tribunal constitucional. Y es muy importante dejar establecido que es un control jurídico, es un control normativo, respecto a si una potestad pública se ajusta o no al texto constitucional. Esto no es una discusión política, de hecho, el debate político, las afirmaciones políticas no son objeto control jurisdiccional. Lo que es objeto de control jurisdiccional son los actos jurídicos.. Por eso es que yo digo que la sensación con la que uno se queda al final del día es que más allá de nuestras discrepancias, lo que finalmente generó consenso fue el sentido de institucionalidad.

Tiembla la institución

-Más allá del temblor de ayer, lo que sí hizo temblar a la institución fue la incertidumbre de que no se llevara a cabo la deliberación, fundamentalmente porque el ministros José Ignacio Vásquez  puso en duda su participación luego que usted adelantara la audiencia. ¿Por qué anticipó la deliberación de un proceso que ya tenía fecha establecidas?

-Se adelantó fundamentalmente para salvaguardar los antecedentes que constaban en el expediente respecto de los cuales nosotros tenemos obligación de custodia por la ley, por tratarse de datos sensibles e involucrar derechos de personas. Estos habían sido entonces ventilados por los medios de prensa y por lo tanto, había que prevenir la cadena de custodia que nosotros tenemos respecto de esos documentos. El día viernes, yo recibí en mi oficina, a gran parte del pleno el tribunal, comenzando por el ministro Letelier, quienes me hicieron presente la gravedad de esta situación y la necesidad de tomar medidas urgentes. 

Es importante dar cuenta que no se adelantó la vista de la causa, porque esta ya había tenido lugar. Por lo tanto, lo único que se hizo por parte del Tribunal fue convocar al pleno para adoptar el acuerdo, tan pronto como tuvimos los antecedentes que permitan tomar la decisión.

-No lo entendió así el ministro Vásquez parece.

-Lo entendió todo el pleno del Tribunal. Yo envié el día viernes un correo, dando cuenta precisamente de la preocupación de la mayoría del pleno por la gravedad de los hechos de que se ventilaban en la prensa, antecedentes que estaban bajo nuestra custodia y que por lo tanto, podría haber sospecha de nuestra filtración, porque tampoco nos consta que la filtración provenga el Tribunal Constitucional. Pero lo que es evidente es que nosotros somos una de las instituciones que tiene obligación de custodia respecto de esa información. Y es en ese ánimo en que se toma la decisión y no hubo ni un ministro que le observara. Lo que se ha ventilado en los medios que dice relación con la oposición del ministro Vásquez, la verdad que el ministro Vásquez vino a hacer su observación al final del día lunes, en circunstancias que la decisión fue informada al pleno para que la eventualidad se pudieran hacer observaciones, no obstante, contar con una prerrogativa discrecional en mi calidad de presidenta.

-Él acusa una decisión arbitraria

-Mal se puede estimar como una decisión arbitraria, puesto que se comunicó con la suficiente antelación al pleno. Se publicó como corresponde de acuerdo a las normas que regulan nuestro funcionamiento. Nadie hizo observación alguna. Y yo creo que las observaciones se hicieron en forma extemporánea. Y yo creo que eso es precisamente lo que hoy día llevó a que el tribunal, por unanimidad resolviera ver esta causa en pleno extraordinario el día martes, porque finalmente hubo coincidencia en la razonabilidad de la decisión y en la importancia que tiene para la institución en cumplir nuestras funciones con el mayor celo. Y se hizo con la anuencia unánime del pleno, incluido el ministro Vasquez, y eso dice relación precisamente con que es persuadido. Nosotros nos debemos a nuestra función jurisdiccional y que no había otro ánimo en la decisión de esta presidencia.

-El ministro puso en duda su participación por la prensa, no es esto una señal de polarización de las posiciones…

-Es muy complejo la forma en que se da el debate mediático. Porque en el debate mediático se instala la idea de un Tribunal partisano. Y cuando se instala esa idea, se polariza las posiciones dentro de la institución también. Y yo creo que hoy día lo que ocurrió es que el tribunal Constitucional dio una lección y eso incluyó a todos los ministros, porque todos concurrieron, incluido el ministro Vasquez. Y yo valoro muchísimo, el que, sin excepción, el pleno de ministras y ministros, hubiera concurrido a  a tomar el cuerpo como corresponde a nuestras funciones y hubiera puesto por delante de cualquier diferencia a la institución.

-Dentro de los argumentos que dio el Presidente para conceder los indultos estaba el restablecer la paz social. ¿Piensa que habiendo terminado el control constitucional, ese objetivo podría comenzar a cumplirse?

-Nosotros estamos contribuyendo a la jurisprudencia constitucional, ni más ni menos. O sea, nuestro rol no es político. Nuestro rol es constitucional. Pero por supuesto que somos una parte fundamental de la paz social, porque somos un eje rector del Estado derecho.

Críticas al TC y la Tercera Cámara

-Una de las principales críticas al Tribunal Constitucional es que muchas veces termina actuando como una tercera cámara cuando revisan decisiones del Poder legislativo ¿Cómo se corrige esa situación?

-Yo creo que la base del trabajo jurisdiccional de un tribunal de estas características debe estar regido por el principio de deferencia al legislador y por lo menos desde que asumí mis funciones como ministro del Tribunal Constitucional y, posteriormente, como presidenta he enfatizado que lo que previene del cuestionamiento de legitimidad democrática que tienen los tribunales constitucionales es precisamente que guarde particular deferencia a los otros poderes del Estado, particularmente al Poder Legislativo, a efecto de salvaguardar el pluralismo democrático y que actúe como última ratio. Es decir, que actúe ahí donde efectivamente se han generado defectos constitucionales no previstos por el legislador o en el caso del legislador populista, que es precisamente cuando actúan los tribunales constitucionales y cuando estamos hablando de aquellos aspectos inconstitucionales no previstos por el legislador.

-Bajo esta lógica debiesen verse solo casos de excepción

 -En esa lógica, obviamente implica que, en general, los casos en los cuales el tribunal constitucional enmienda el diseño institucional fijado por el legislador o saca del sistema jurídico una norma, sean efectivamente casos de excepción. Es así que un Tribunal Constitucional prevé no transformarse en una Tercera Cámara. Eso es lo que tiene que prevenir un tribunal constitucional. Y esto está presente en todos nuestros debates cuando nos pronunciamos respecto a las facultades del Ministerio Público, cuando nos pronunciamos respecto a la implementación de la garantía del derecho al debido proceso. En general, todas las garantías, cuando analizamos la aplicación de sanciones, las atribuciones regulatorias que tienen los órganos reguladores de los distintos sectores productivos o económicos. O sea, cuando nosotros revisamos esa norma, debemos hacerlo verificando que, por definición, es el legislador el llamado a definir el diseño, y que, por lo tanto, ese diseño sólo puede corregirse cuando efectivamente se están generando efectos inconstitucionales. Porque de lo contrario, claro, se genera el efecto de tercera cámara.

-¿Y eso se está logrando a su parecer?

–Yo creo que si se revisa la jurisprudencia que ha generado como tribunal, hay un cambio. Es el gran cambio.

Ordenando la casa

Doctora en Derecho, especializada en derecho indígena —por lo que siente muy orgullosa— derecho territorial y derecho de aguas, participó en la Comisión Verdad Histórica y Nuevo Trato con los Pueblos Indígenas (2003). Fue directora del Centro de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, además de codirectora del Observatorio Ciudadano y ha litigado en causas de derecho ambiental, como Pascua Lama, El Morro, Norte Abierto por derechos de agua, entre otras actividades profesionales y académicas.

En abril de 2022 se integró al TC junto a la ministra Daniela Marzi, ambas nombradas por el Presidente Gabriel Boric. En julio del mismo año fue elegida por sus pares para presidir el organismo.

Tras ocho meses en el cargo, su sello comienza a hacerse notar. No solo por su objetivo de “ordenar la casa y convertir al TC en un tribunal modelo” —con la contratación, por primera vez en la historia, de una auditoria externa “no tenemos obligación de hacerla, pero es una manera de garantizar la accountability a la que están sometidos todos los organismos públicos y tener un parámetro de comparación correspondiente a las directrices internacionales en la materia— sino también por su mano y voz firme para enfrentar discrepancias internas, aunar voluntades y aglutinar posturas basadas en el Derecho Constitucional.

El próximo 31 de marzo realizará su primera cuenta pública donde además de resumir lo que han sido estos meses al frente del TC, entregará los lineamientos de cara al año y medio que le queda de mandato.

“Por ahora el objetivo es sacarle brillo a esta institución. No tengo certeza de lograrlo, pero que no se diga que no le puse empeño”, señala.

-¿Qué avances se han alcanzado en materia de transparencia, legitimidad y de gestión en su presidencia?

-Hemos obtenido avances realmente importantes en el trabajo del tribunal, en materia de administración, la consolidación de un proyecto de modernización a través de la tramitación electrónica, y que no es sólo la tecnificación, es garantizar el acceso a la justicia constitucional de todos los rincones del país. Porque un tribunal constitucional que tiene su asiento en Santiago hace prácticamente inviable la litigación de parte de los ciudadanos de provincias sobre todos las de zonas extremas. El tribunal ha tomado una serie de medidas destinadas que van precisamente en la línea de acercar su función a la ciudadanía, pero por el otro, también garantizar la transparencia y la contability en nuestra gestión administrativa. Nosotros por primera vez, en la historia del Tribunal pedimos una auditoría externa. 

-¿Qué arrojó esa auditoría?

-Que no hay grandes problemas de gestión administrativa en el tribunal. Sin embargo, nosotros nos sometimos a la ordenanza 16 de la Contraloría General de la República, no tenemos obligación de hacerlo, pero como una manera de garantizar la accountability a la que está sometido todos los servicios públicos y tener entonces un patrón de comparación que responda a lo que son las directrices internacionales en la materia. 

 Entonces yo diría que hay importantes elementos de mejoramiento en el trabajo del Tribunal constitucional, hay una mejora fundamental en el clima interno del Tribunal. 

-¿Cómo ha sido la participación del resto de los ministros en esta tarea?

-Han participado todos los ministros y ministras en ese mejoramiento. Es así como en el día de hoy hemos logrado abrir diálogo, limar nuestras asperezas y lograr superar estas diferencias por medio de un compromiso estricto a nuestra nuestra labor y conscientes que el Tribunal Constitucional requiere de un trabajo serio por parte de todos y todas, porque, finalmente, si no es así, quedamos en entredicho, como no ha ocurrido durante todo el periodo de esta presidencia.

La ministra del Trabajo y Previsión Social, Jeannette Jara, encabezó el martes en la tarde el equipo de Gobierno que entró en la Sala del Senado para presenciar la votación del proyecto que reduce la jornada laboral de 45 a 40 horas semanales. Jara es considerada por los parlamentarios el principal rostro de esta emblemática tramitación. Existe coincidencia en que, durante los meses previos a la discusión parlamentaria, la ministra mostró gran capacidad para trabajar el proyecto a nivel de Gobierno y con sectores de la derecha, una habilidad que es muy valorada en el oficialismo, debido al escenario de minoría en el Congreso. Sectores tanto oficialistas como de oposición valoran el liderazgo mostrado por Jara y coinciden en reconocer el “buen trabajo” que ha desempeñado en el trámite de este proyecto emblemático para el Ejecutivo.

Una muestra del estilo de la ministra Jara quedó en evidencia a fines de la tarde de ayer, tras aprobarse el proyecto de las 40 horas en el Senado, cuando la secretaria de Estado pidió la palabra para reconocer el trabajo de la oposición en la Comisión de Trabajo de la Cámara Alta: “Quiero saludar a quienes se oponían a esta idea y dieron el paso y se sentaron a conversar con nosotros”, refiriéndose a los senadores Luciano Cruz-Coke (Evópoli), Rodrigo Galilea (RN) e Iván Moreira (UDI).

Entre los parlamentarios, todos reconocen el rol clave que ha tenido la titular de la cartera del Trabajo en la discusión política y técnica del proyecto de reducción de la jornada laboral, al punto que se habla de “la Ley Jara”. La ministra fue la responsable y encabezó las numerosas instancias de diálogo, dentro de las cuales destaca la convocatoria a más de 200 mesas destinadas a recabar antecedentes para las indicaciones que ingresaron al proyecto original, instancia que fue muy importante para mover o reactivar el proyecto en momentos donde no había mucha disposición desde la oposición. Además, fue ampliamente valorado el trabajo que realizó en el Consejo Superior Laboral, instancia tripartita oficial donde la CUT y la CPC también participaron como máximos representantes, incluido el entonces presidente de la CPC, Juan Sutil. El diálogo y los acuerdos logrados en dicha instancia permitieron otorgarle mayor legitimidad a las indicaciones.

Uno de los acuerdos importantes fue el que se logró entre la Coordinadora de Trabajadores y Trabajadoras de la Minería (CTMIN) y las empresas de la gran minería reunidas en el Consejo Minero, donde participaron los trabajadores, empleadores y el Gobierno. En esta ley se trabajaron los distintos regímenes de jornada: ordinaria, especiales, de trabajadoras de casa particular y otras excepcionales relacionadas con la minería.

Para el senador de Evópoli y presidente de la Comisión de Trabajo, Luciano Cruz-Coke, que compartió con la secretaria de Estado la tramitación del proyecto, la clave de su labor es el pragmatismo y su disposición a ceder. “La ministra fue pragmática, hizo concesiones en elementos sustantivos del proyecto, que originalmente tenían una rigidez que lo hacía inviable. Por lo tanto, se valora que la ministra y el subsecretario Boccardo, que fue fundamental en este proceso, estuvieran dispuestos a modificar elementos esenciales, con el fin de alcanzar un acuerdo para una versión del proyecto de 40 horas completamente distinta a la moción original”, asegura el parlamentario.

Cruz-Coke señala que el gran mérito de la ministra Jara, a su juicio, ha sido “lograr aquilatar la realidad política, apelar al pragmatismo y ceder en puntos relevantes con el fin de alcanzar un acuerdo con gran flexibilidad, gradualidad responsable, que responde mejor a los desafíos actuales del mercado laboral”. Un juicio positivo que devela la buena impresión que la labor de la ministra del Trabajo causa en la oposición y que quedó reflejada ayer en la aprobación del proyecto en el Senado y que ahora inicia el tercer trámite en la Cámara de Diputadas y Diputados.

La senadora y también integrante de la Comisión de Trabajo, Loreto Carvajal (PPD), admite que “no fue fácil” lograr el acuerdo transversal que el oficialismo firmó en el Senado, y que implicaba necesariamente negociar con Chile Vamos, el Partido Republicano y sectores independientes. Además –según detalla la parlamentaria–, “la ministra Jara tuvo una gran misión que se logró, que es poner a todos en la mesa y asegurar y garantizar un acuerdo transversal. Y así como se hizo y se generó este acuerdo, esperamos que la Cámara de Diputados actúe en consecuencia”.

 

El ministro de Justicia, Luis Cordero, manifestó que el Gobierno del Presidente Gabriel Boric dio por zanjado el capítulo sobre los indultos otorgados por el Mandatario a 12 personas condenadas por delitos en el marco del estallido social y al exfrentista Jorge Mateluna. “El Gobierno da por cerrado este capítulo”, ratificó.

Lo anterior, luego de que el Tribunal Constitucional (TC), rechazase los dos requerimientos presentados por un grupo de senadores de Chile Vamos y el partido en formación Demócratas, quienes alegaban la inconstitucionalidad de la medida.

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En ese sentido, el titular de Justicia reflexionó que “de lo que ha sucedido hay múltiples lecciones”. A su parecer, una de ellas es el carácter unipersonal del indulto presidencial, lo que “es un error del sistema institucional chileno”. “Sostener la potestad de indulto en una personas como decisión unipersonal es probablemente una tensión del sistema institucional muy grande”, manifestó.

No obstante, declaró que “la ciudadanía debe estar tranquila”, ya que el pronunciamiento del TC “demuestra que el ejercicio de la potestad constitucional se ha ejercido ajustada a la Constitución y a la ley”. “Es responsabilidad del Estado -dado el tipo de indulto que se dio- mantener la vigilancia y el cumplimiento de las condiciones, a través de los centros de reinserción social de Gendarmería, respecto de aquellas personas que fueron indultadas”. añadió Cordero.

“Ningún Gobierno, desde el retorno a la democracia, ha ejercido la potestad de indulto sin conflictos públicos. Cada administración ha tenido problemas en torno a esto”, comentó.

Por otro lado, el secretario de Estado recordó que “bajo la Constitución de 1833, el Presidente de la República sólo podía indultar previo acuerdo del Consejo de Estado, que era una institución administrativa”. En ese sentido, Cordero hizo hincapié en el actual proceso constituyente y posibles cambios en esta materia.

“La experiencia de este proceso, pero también de los procesos de las tres últimas décadas, probablemente nos obliguen a pensar de un modo distinto el ejercicio de esta potestad, esencialmente por la presión que cae sobre la decisión de una persona”, comentó.

“Yo creo que coincide este proceso, si uno quisiera mirarlo hacia adelante, con el debate constituyente, y yo creo que es bueno hacer la reflexión en torno a ese proceso”, complementó el titular de Justicia.

Cabe recordar que el Tribunal Constitucional rechazó este martes los dos requerimientos de inconstitucionalidad contra siete de los 13 indultos otorgados por el Presidente Gabriel Boric a condenados en marco de delitos durante el estallido social y al exfrentista Jorge Mateluna.

El primer requerimiento sobre los indultos particulares concedidos a Bastián Campos, Claudio Romero, Felipe Santana y Brandon Rojas, estuvieron por rechazar los requerimientos la presidenta del órgano Nancy Yáñez, y los ministros Nelson Pozo, María Pía Silva, Miguel Ángel Fernández, Rodrigo Pica y Daniela Marzi. En tanto, quienes estaban por acoger las impugnaciones eran los ministros Cristián Letelier y José Ignacio Vásquez.

Por otro lado, y sobre los beneficios otorgados por el Mandatario a Jorge Mateluna, Luis Castillo y Jordano Santander, quienes estuvieron por rechazar fueron la presidenta Yáñez, Nelson Pozo, María Pía Silva, Daniela Marzi y Rodrigo Pica. Quienes estaban por acoger fueron Miguel Ángel Fernández, Cristián Letelier y José Ignacio Vásquez.

El “plan B” de Senadores RN para invalidar indultos por vía administrativa

Tras la decisión del TC, senadores de Renovación Nacional, encabezados por el presidente del partido, Francisco Chahuán, sostuvieron que más allá del fallo del organismo, seguirá en curso el recurso de invalidación administrativa para dejar sin efecto los beneficios otorgados por el Presidente Boric.

“El Presidente de la República, indultó a delincuentes comunes sin indicarlo en los decretos, con citas erradas de las normas en que los fundaba, pero nosotros mantenemos subsistente el recurso de validación administrativa, y espero que él defina si está del lado de las víctimas o de los victimarios, del lado del sentido común o de aquellos que insisten en la delincuencia común”, declaró el senador RN.

Complementando lo anterior, el parlamentario expresó que “nosotros acatamos los fallos del Tribunal Constitucional; pero, al seguir en pie el recurso de invalidación, el Presidente todavía tiene espacio para echar para atrás”.

Por otro lado, la senadora Paulina Núñez aseveró que “los fallos de los tribunales de Justicia se deben respetar siempre”. Sin embargo, comentó que “pero no por eso no se pueden compartir siempre, y este es un fallo que no compartimos”.

“Más allá del fallo, no cabe duda que los indultados son un peligro para la sociedad y me parece muy relevante que teniendo una resolución del TC, el Presidente pueda echar pie atrás por lo que hoy le preocupa a todos los chilenos y chilenas, que es poder vivir más tranquilos, recuperar el orden público”, concluyó la parlamentaria.

El ex diputado Tucapel Jiménez (PPD) calificó como “realmente impresentables” los cuestionamientos que realizó el ex Mandatario, Ricardo Lagos Escobar, al indulto otorgado por el Presidente Gabriel Boric, al ex frentista Jorge Mateluna. Lagos recordó que él mismo indultó a Mateluna y estableció requisitos para evitar que sucediera otra vez.

“Las declaraciones del ex Presidente Ricardo Lagos resultan realmente impresentables, y reflejan una falta de coherencia incomprensible. Yo creo que en este tema, solo en este tema, Ricardo Lagos debería guardar absoluto silencio, debido a que nosotros como familia fuimos víctimas de un indulto otorgado por él a un criminal de Punta Peuco, que se convirtió en uno de los procesos de indulto más negligentes que se realizaron en nuestro país. Se equivocaron de carpeta, de nombre, y hasta el día de hoy piensan que se indultó a otra persona”, afirmó Tucapel Jiménez.

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El ex parlamentario y actual embajador de Chile ante Suecia —nombrado por el presidente Gabriel Boric a fines de marzo de 2022— se refiere al indulto otorgado por Lagos al ex agente de la DINA Manuel Contreras Donaire, quien cumplió cinco de los ocho años a que fue condenado por la justicia, por el secuestro y asesinato en 1982 de su padre, el líder sindical Tucapel Jiménez Alfaro.

“Fue una de las decisiones más rechazadas por la ciudadanía, no existían las redes sociales y, así y todo, el ex Presidente estuvo más de dos semanas tratando de salirse del tema, tratando de justificar lo injustificable, ya que Contreras Donaire no era la persona a la que iban a indultar”, afirmó el ex diputado.

Jiménez manifestó que “nos hemos caracterizado por ser una familia que no se ha dejado llevar por el rencor, pero frente a las declaraciones de Ricardo Lagos no podemos quedarnos callados o inmunes ante una situación tan impresentable como esta”.