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Neftalí Carabantes, ex subsecretario de Carabineros, señala en esta entrevista que frente al narcotráfico la única respuesta que corresponde en un Estado de Derecho es que nuestras policías actúen de inmediato, en virtud de la situación de flagrancia respecto de quienes son sorprendidos cometiendo un ilícito o que se acaba de cometer en presencia funcionarios policiales.

Carabantes considera que seguir polemizando sobre las casas-narco o los narco-funerales hace perder el foco de lo importante, que es lograr que las autoridades trabajen coordinadas y de manera efectiva contra el narcotráfico, un problema que está ganando terreno en el día a día de los chilenos. “El narcotráfico se debe combatir con todas las instituciones del Estado, Fiscalía, Policías, Municipios, y el Gobierno”, señala Cartabantes, actual secretario general de la Universidad Central.

-La demolición de la casa-narco ha generado confrontación entre autoridades ¿Cuál debe ser la respuesta del gobierno al tema de las casas-narco?
-Me gustaría ver a los alcaldes, al subsecretario del interior y al Fiscal nacional, trabajando juntos contra el narcotráfico y no haciendo un espectáculo mediático por la prensa. Es el momento de poner orden y de trabajar de manera sigilosa y coordinada, con menos cámaras. Al narco no se le derrota por la prensa y las redes sociales.
Es muy importante que todas las autoridades e instituciones actúen, se coordinen y trabajen con prudencia y respeto por la función del otro, dentro de sus respectivas esferas de atribuciones, porque finalmente el Estado es uno solo y debe entregar las respuestas que la comunidad requiere.

-¿La guerra contra el narco no se debe hacer por los medios?
-Observo que existe una propensión irrefrenable a realizar persecución penal por la prensa, y en contra de instituciones que en teoría son las llamadas a trabajar juntas y coordinadas en el combate al narcotráfico, como lo son el Gobierno, las Municipalidades y el Ministerio Publico. Aquí ha faltado tino y ha sobrado estridencia y descoordinación. Este circo de declaraciones es funcional a que el narco siga ganando esta guerra de muerte y violencia.

-¿Circo?
-Cómo es posible que después de demolida una casa Narco, el primer investigado sea un Fiscal¡, y que esto se transforme en la noticia. Lo anterior habla de improvisación, de ausencia de un canal formal y legal en el traspaso de información entre la Fiscalía y el Municipio actuante, que sin duda debe ser investigado. En resumen: el mundo al revés y los narcos están de fiesta.

Funeral Narco

-El otro tema vinculado al narco fue el funeral en Valparaíso ¿Está de acuerdo con la polémica por la suspensión de clases?
-No comparto la mirada de las autoridades que centran el análisis en si fue bueno o malo suspender las clases producto del paso del funeral narco en Valparaíso. En este tema nuevamente el país observó durante la semana a nuestras autoridades polemizar innecesariamente entre ministerios, por un lado, y entre la Policía y el Ministerio Publico por otro, con declaraciones sobre temas accesorios, con una mirada de nicho, de parcela, que no contribuye al combate coordinado, sistémico y multisectorial contra el narcotráfico.

-¿Cómo debería ser la respuesta de las autoridades?
-La seguridad debe ser una política de Estado, todas las instituciones juntas, remando para el mismo lado. Además, este episodio es un contrasentido porque hace pocas semanas se lanzó la primera la Política Nacional contra el crimen organizado y el narcotráfico, lo cual es muy valorable, siendo su eje central la coordinación interinstitucional de 17 entidades públicas contra este flagelo, en circunstancias que lo que hemos visto esta semana es, justamente, lo contrario, desacoplamiento y descoordinación entre organismos públicos.

-¿Cómo enfrentar estos eventos narco?
-Volviendo al punto, nuestras ciudades jamás pueden paralizarse por un funeral narco, y el foco debe estar puesto en que este tipo de funerales debe ser celosamente analizado en tiempo real con perspectiva de investigación y persecución penal, tanto por las policías como por el ministerio público.

Es decir, si durante el funeral se altera el orden público, o en el marco de dicho cortejo fúnebre se perpetran delitos, la única respuesta que corresponde en un Estado de Derecho es que nuestras policías actúen de inmediato, en virtud de la situación de flagrancia respecto de quienes son sorprendidos cometiendo un ilícito o que se acaba de cometer en presencia funcionarios policiales. Solo de esta forma, actuando con firmeza durante el desarrollo del funeral, y rayándoles la cancha, daremos la señal que la ciudad no les pertenece y que no estamos de rodillas.

-¿Por qué llegamos a este punto en que los narcos dictan el comportamiento de los ciudadanos?
-No es posible seguir tolerando y naturalizando este tipo de narco despliegues, es una cultura que debemos combatir y erradicar, por ello estos funerales deben abordarse con perspectiva de investigación y de persecución penal, porque de dicho evento se pueden extraer importantes medios probatorios, tales como que tipo de personas participan de la banda, la estructura de la organización, sus jerarquías, su segmentación, sus soldados, sus autos, domicilios, el tipo de armamento, la munición, etcétera.

-¿Está de acuerdo con la demolición de casas?
-En cuanto a la demolición de casas narco, toda medida debe ser valorada, aquí no hay una solución mágica o única. En todo caso no contribuye en nada la crítica política, pues el único bando contrario es el narcotráfico, el cual se debe combatir con todas las instituciones del Estado, Fiscalía, Policías, Municipios, y el Gobierno.

-¿Qué opina de las declaraciones de las autoridades respecto a las casas-narco?
-Empatizo con la postura del ministro de Justicia, Luis Cordero y la del Presidente de la Cámara de Diputados Vlado Mirosevic, en el sentido que estamos frente a una solución ingeniosa del Alcalde Carter. “Sabemos cuáles son tus casas, sabemos dónde operan, conocemos donde almacenas la droga, en consecuencia, te vamos a perseguir y por eso te vamos a demoler la casa para que no sigas operando”, la señal es buena, pero a poco andar pueden surgir grietas si no se ejecuta en forma adecuada. Por ello soy partidario que, a problemas penales, lo que corresponde son soluciones penales, porque es la única manera de salvaguardar el debido proceso y el principio de legalidad. Dicho de otra forma, recurrir a ley que permite la demolición de ampliaciones ilegales no se sostiene por sí sola, y puede tener el problema de vulnerar el principio de igualdad ante la ley, toda vez que se está afectando a un porcentaje de infractores de la ley de urbanismo y construcciones y no al resto, y más aun sin un proceso penal afinado, con lo que se puede vulnerar el principio de inocencia. Es cierto, es una medida creativa, pero su viabilidad en el tiempo es discutible si no va acompañada de otras, que sean fruto y provengan de la política criminal, de una investigación seria y del seno de la persecución penal que sí posee herramientas legales, medidas intrusivas y sanciones reales, de diversa intensidad, para combatir sin cuartel y desarticular las bandas de narcotráfico que operan en Chile.

*Neftalí Carabantes ex subsecretario de Carabineros (Lagos) y ex subsecretario general de Gobierno (Bachelet). Actual secretario general U. Central.

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Luego de días de silencio, hoy, la diputada María Luisa Cordero reapareció en el matinal Contigo en la Mañana para referirse a la polémica que generaron sus indolentes dichos sobre la ceguera de la Senadora Fabiola Campillai. Cordero acusó, en un programa de radio, que la senadora estaría mintiendo respecto a su ceguera que, como es de amplio conocimiento, se le generó luego de un impactara en la cabeza una boba lacrimógena lanzada por Carabineros en pleno estallido social.

Los dichos fueron transversalmente repudiados en el Senado y en el congreso. Desde el Partido Comunista hasta el Partido Republicano. Incluso, el Presidente Gabriel Boric entregó unas palabras al respecto, en medio de una actividad en lo espejo en la que la Senadora estuvo presente: “El negacionismo a las violaciones de los derechos humanos cometido por la diputada María Luisa Cordero, alojada en una bancada de derecha hoy día, me parece que es inaceptable”.

“Negacionismo” dijo el Presidente y más autoridades luego de escuchar la dura frase de la diputada Cordero que dijo en el programa Sentido Común de la radio El Conquistador: “Ella tiene un ojo bueno, ella no es totalmente ciega”. La Cámara Alta de el Congreso fue la primera en rechazar transversalmente los dichos y la actitud de Cordero.

Ni el rechazo transversal de sus dichos la hicieron caer en cuenta de sus palabras y ofrecer una disculpa. La diputada y psiquiatra Cordero, en el matinal de Chilevisión, trataba de explicarse: “¿Cómo voy a ofrecer disculpas de un diagnóstico?”. También agregó que su comentario venía desde su “conocimiento e interés por los demás”.

Los panelistas trataron bajar la pelota al piso y ser directos: “¿Usted pide disculpas por sus dichos? ¿Cuál es la autocrítica que hace frente a eso?”, dijo la panelista.  En ese momento, la diputada independiente con cupo RN se dedicó a alegar contra los periodistas, en particular, a quien le preguntó.

En primer lugar, quiero pedirte que no seas tan odiosa, porque acuérdate que tú eres de izquierda y la izquierda se lava los dientes con la sororidad, que equivale a la solidaridad entre mujeres”, dijo Cordero. Además, se concentró en un detalle para criticar a la conductora: “La otra cosa era una corrección del castellano. Las disculpas no se piden, señora Monserrat, porque cuando uno se supone que ha agredido o insultado a alguien no le va a pedir generosidad. Las disculpas se ofrecen”.

Entre el debate hubo más frases que dejaban en evidencia que María Luisa Cordero se resistía a asumir que sus dichos fueron inaceptables. “¡Que me vienen a pedir a mí estándar de comportamiento en la Cámara si es un horror!”, dijo en medio del debate; luego advirtió que sus dichos buscaban darle “la alegría de que ella tiene esperanza de poder recuperar su ojo”. A eso, agregó “y darle vitamina, porque ustedes saben que visión se puede mejorar tomando vitamina”.

El único que tomó una posición menos drástica en contra de Cordero fue su jefe de bancada Frank Sauerbaum (RN). El diputado destacó a Cordero como “una diputada eficiente y trabajadora”, pero no estaba de acuerdo lo dicho por la legisladora. En ese marco, anunció que se reunirá con ella para conocer los antecedentes y el contexto de sus afirmaciones.

Dentro de la colectividad RN, la Senadora Paulina Núñez no dio pie atrás respecto al evento y apuntó a la directiva del partido. “Hasta ahora lo único que hemos escuchado es un silencio cómplice”, señaló. Además, agregó que la directiva “debe decidir qué va a ocurrir con ella, con su espacio político, el cupo y la representación que tiene”. Esto, porque, según Núñez “La reparación va a ser imposible si seguimos con actitudes negacionistas, dolorosas, violentas”.

La parlamentaria no solo destacó por la poca sensibilidad y empatía con la que esgrimió sus comentarios, sino que apunta al sentido contrario al que apuntó la justicia al condenar al ex capitán de Carabineros Patricio Javier Maturana Ojeda como  autor del delito consumado de apremios ilegítimos con resultado de lesiones graves gravísimas por el caso de la actual senadora Campillai.

El fallo de la condena, a 12 años y 182 días de presidio, explicita que Maturana “expuso a la víctima en su actuar a graves lesiones y secuelas físicas, destruyendo su proyecto de vida (…) desatendiendo la circular sobre el uso de la fuerza, los protocolos de mantenimiento del orden público y el manual de operaciones” en contra de los principios de necesidad y proporcionalidad.

La Senadora Campillai, anunció acciones legales en contra de la diputada Cordero y declaró: “Yo voy a llegar hasta donde tenga que llegar, porque no puede ser que en Chile aún exista el negacionismo. Vamos a hacer todo lo posible para impulsar un proyecto de ley que está en el Senado”.

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La Federación Regionalista Verde Social (FRVS) está viviendo un éxodo de militantes. La senadora Alejandra Sepúlveda anunció este viernes que renunciará a la colectividad junto a otros integrantes, apuntando a la gestión de la presidenta Flavia Torrealba y a la incidencia de su esposo el diputado Jaime Mulet. Tal como reveló El Mostrador, Mulet estuvo presente en un comité político ampliado en La Moneda, en reemplazo de Torrealba, como “invitado de piedra”. Esto último fue “la guinda de la torta” a juicio de la legisladora.

Para la senadora Sepúlveda se trata de una renuncia dolorosa, porque ella fue parte de la construcción de los cimientos del partido que fue fundado en la Región de O’Higgins y que partió como un movimiento de representación agrícola. “Somos fundadores, creadores de esta de esta federación. Y, lamentablemente, con el tiempo, las autonomías administrativas y económicas se fueron restringiendo”, declara la parlamentaria, en conversación con este medio.

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“Pero además, lamento, se fue deteriorando tanto el diálogo que tenía existir entre la directiva nacional y las directivas regionales, como también los diálogos permanentes, que obviamente tienen que estar en una bancada, además de la relación entre la bancada y la directiva del partido”. “La falta de diálogo, la falta de participación, la falta de democracia interna, son cosas que se han ido dando y creciendo durante todo este tiempo”, sentencia Alejandra Sepúlveda, junto con afirmar que ya no hay vuelva atrás en su renuncia y en la del diputado Félix Bugueño.

La consigna de la FRVS siempre ha sido “Santiago no es Chile”. Sin embargo, Sepúlveda asegura que eso también se fue quebrando, ese vínculo y la capacidad de trabajar en equipo, sobre todo la participación de su región, O’Higgins, a la que considera la más fuerte en términos electorales.

“Tenemos la mayor votación en la Región de O’Higgins, como también dos parlamentarios. Entonces, frente a esto, uno ve que los representantes que nosotros teníamos no eran invitados a reuniones. Se cuestionó incluso a la agente que nosotros planteábamos que era la más idónea de incorporar en las directivas nacionales. Entonces, al final, de alguna manera, la participación, la democracia interna, fueron menoscabando la relación que teníamos con la directiva nacional”, fustiga.

Jaime Mulet, “la guinda de la torta”

“La decisión ya está tomada”, recalca la senadora Sepúlveda, expresando que renunciar es muy doloroso. Pero, no hay vuelta atrás, sobre todo luego de enterarse que el esposo de la presidenta Flavia Torrealba había asistido al comité político de La Moneda, justamente en minutos de importantes negociaciones. “La guinda de la torta”, dice.

La senadora explica, “Mulet no tiene ninguna representación en el partido”, remarcando que son tiempos delicados para el gobierno del Presidente Gabriel Boric. “Que él sea la voz del partido, no corresponde”, manifiesta.

En ese sentido, para Alejandra Sepúlveda, “el partido está siendo, de un tiempo a esta parte, como una pyme familiar, no como un partido político”, ya que “esto se arregla el interior de una casa y no al interior de una asamblea y de una discusión política”.

“Esto es una ofensa para nosotros”, reconoce la senadora quien es tercera mayoría nacional y ha sido tanto diputada (2002-2018; 2018-2022) como presidenta de la Cámara Baja (2010 y 2011).

La situación es compleja y no sería nueva. “Nosotros nunca hemos tenido reuniones como bancada con la directiva de partido”, reconoce la senadora Sepúlveda. “Nunca hemos tenido reuniones en la cual se pudieran discutir temas que son relevantes desde el punto de vista parlamentario. Entonces, no tenemos comunicación con La Moneda”, sentenció.

Según la parlamentaria oficialista, “nosotros tenemos todos los puentes cortados con La Moneda, porque ellos (Torrealba y Mulet) son los interlocutores válidos, la directiva del partido”. Entonces, agregó, también eso ha menoscabado la capacidad de opinar al interior del Gobierno.

Ahora, sostiene la senadora Sepúlveda, “no hay ninguna posibilidad de discutir y de analizar la cosas que desde el punto de vista parlamentario o del punto de vista senatorial nos pudieran interesar de conversar con el Gobierno”.

Todo esto justifica la renuncia de la legisladora y de varios militantes, concejales y consejeros regionales, ya que “hay un problema con la falta de diálogo y la democracia al interior o la participación al interior de la directiva”.

La senadora Sepúlveda mencionó que el senador Esteban Velásquez también sería parte de las recientes renuncias, sin embargo él mismo descartó llevar a cabo esta acción. Incluso, el senador Velásquez respalda la dirección del partido, la que cuenta con cierto apoyo de las directivas regionales y se habría fortalecido con el ingreso de dirigentes ambientales, juveniles y ex ecologistas.

Se reunirán este fin de semana

La senadora Alejandra Sepúlveda confirmó que los militantes que renunciarán van a sostener una reunión en la Región de O’Higgins este fin de semana, para tomar colectivamente la decisión de lo que van a hacer. “Esto no es una decisión de la senadora y del diputado, es una decisión colectiva que vamos a tomar con nuestras bases partidarias, con los concejales, con los cores, para ver cuál es el camino que vamos a tomar”.

“Las decisiones más importantes, de cómo continuamos, la vamos a tomar democráticamente”, concluye la senadora.

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Distintos hechos han marcado la agenda del Gobierno en las últimas semanas: rechazo a la reforma tributaria, reestructuración del programa, cambios de gabinete. Estos han significado una reorganización política del Ejecutivo y han traído como consecuencia una encrucijada de difícil solución, entre el Gobierno y el Congreso, e incluso entre los mismos partidos de la izquierda.

Desde el estallido social en 2019, la surgencia de partidos y movimientos políticos ha fraccionado la capacidad de negociación, e incluso posterior al rechazo de la propuesta constitucional, la atomización de estas fuerzas políticas se ha hecho particularmente expresa con el surgimiento de Demócratas y Amarillos por Chile. La convivencia entre estos distintos grupos políticos implica que el Gobierno deba tener una relación estrecha, al menos con su sector, para asegurar la suma de votos que le favorezca, pero de igual manera ciertos diputados y diputadas de izquierda se han descolgado de las decisiones y votaciones a favor de La Moneda. Quedando de manifiesto, al votar la reforma tributaria, que la fragmentación dentro del Congreso entorpece la actividad legislativa del Gobierno.

El cambio de gabinete fue un punto de reformulación cosmética de los ministerios para acercar al Gobierno hacia la centroizquierda, reestructurando profundamente las subsecretarías. La estrategia detrás de esto ha traído críticas incluso dentro de la izquierda; el Partido Liberal se quedó sin el único ministerio que tenía, y el giro hacia personeros de la ex Concertación deja entrever un intento por reconquistar sectores cercanos al centro.

En general, los giros de las últimas semanas del Gobierno han sido claves para emprender una posición mucho más de centro, intentando cautivar una adhesión ciudadana alejada del nicho de la izquierda. Y por cierto, también intentando poder llegar a aquellos sectores del Congreso que se han descolgado de las decisiones anteriores, pero que son necesarios para poder levantar los intereses programáticos de La Moneda. Esta encrucijada obliga al Gobierno a ampararse dentro de su sector y afiatar los lazos con el Socialismo Democrático y, de la misma manera, compromete estrechar las relaciones con el Congreso, pese a las dificultades por la suma de movimientos políticos. De no ser así, el ambicioso programa de Gabriel Boric sigue muy frágil frente a las fluctuaciones políticas que se presenten.

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¿Cómo logramos que las chilenas y los chilenos volvamos a mirarnos a la cara y creernos? ¿A pensar en un país común? –columna “La Constitución de la confianza (parte I)”–. Quienes aspiramos a que Chile recupere la confianza en sus instituciones y en la capacidad que tienen para responder a tiempo a las urgencias ciudadanas y los anhelos de nuestra sociedad, sabemos que la confección de una nueva Constitución tiene el potencial de ser un gran paso para avanzar en esa línea desde la construcción de una hoja de ruta, pero que este esfuerzo será insuficiente si no abordamos un desafío que es paralelo, de fondo, y que es fundamental para que esto ocurra: la modernización del Estado.

En el proceso de la Convención Constitucional, que fue rechazado contundentemente por el 62% del país el pasado 4 de septiembre, se buscó establecer un amplio catálogo de nuevos derechos sociales consagrados, que incluían entre muchas otras materias algunas históricas aspiraciones ciudadanas, ya presentes en el marco constitucional vigente, como el acceso a la educación, la salud y el trabajo, así como algunas otras más novedosas o disruptivas, como la protección de la naturaleza, un nuevo enfoque público en materias de género o la innovación y la tecnología.

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¿Por qué Chile no le creyó a la propuesta? Las razones son múltiples y ya han sido extensamente analizadas. Se trató de un texto que, ante un mismo diagnóstico nacional, privilegió las soluciones de un solo sector ideológico, que se cerró al diálogo, que no respetó las tradiciones del país, que no fue capaz de avanzar a escala humana, que caricaturizó a todos los que no estaban de acuerdo con ellos y que, en definitiva, buscó generar una barrera infranqueable entre dos supuestos Chile: el que estaba en lo correcto y todos los demás.    

No es necesario buscar en el archivo de esos meses, que ahora parecen ya tan lejanos, para encontrarse con declaraciones que reafirman ese diagnóstico. Aún hoy, quienes redactaron esa propuesta, representando el sentir de un sector importante de la izquierda chilena, no son capaces de realizar una autocrítica.

La expresidenta de la Convención, Elisa Loncon, alegó hace unas semanas en la Universidad de Harvard que las comunidades indígenas, que rechazaron mayoritariamente la propuesta, en realidad habían sido “colonizados por el pensamiento occidental”, sin poder recuperar “la manera aborigen de pensar”. A comienzos de marzo, en tanto, un grupo de exconvencionales de Apruebo Dignidad viajó a Estados Unidos, invitadas por la ONU, para dar a conocer su experiencia en el proceso. En una actividad previa, en la Universidad de Nueva York, acusaron que el país no entendió el cambio que se proponía en un texto vanguardista, “que era como una especie de faro”.

¿Será acaso que las chilenas y los chilenos no entendieron las bondades del catálogo de derechos sociales que proponía la propuesta de la Convención? ¿No serán otras las razones? Lo cierto es que la sociedad en su conjunto sabe que ningún catálogo de derechos que pretenda borrar con el codo los avances que hemos tenido como país en las últimas décadas o que, más relevante aún, no considere un Estado capaz de planificarlos, financiarlos y cumplirlos, puede ser el camino correcto para el país.

Acá surge una vez más entonces el desafío inconcluso, la tarea evadida, los trapos sucios de nuestra institucionalidad democrática: nuestra crónica incapacidad para abordar una necesaria modernización del Estado. Francis Fukuyama, el famoso autor de El fin de la Historia, ha dicho en otro de sus libros, Confianza: las virtudes sociales y la creación de prosperidad, que existe un círculo virtuoso entre la confianza, que es esencial para el desarrollo económico y social de un país, y la necesaria modernización del Estado, que es clave para generar confianza en la sociedad. Muchos otros autores también son capaces de expandir este análisis a la lucha contra la corrupción, las inequidades, los abusos del aparato público y la ausencia de una evaluación adecuada ante la eficacia de los programas sociales.

Chile necesita que nuestra Constitución actualice su catálogo de derechos sociales consagrados en esta, sin duda. Necesita que nuestra Carta Magna reconozca que el Chile del siglo XXI es un país en que mujeres y hombres deben desarrollarse en una cancha pareja, con un Estado que es capaz de corregir las inequidades. Que sea capaz de proteger efectivamente los derechos fundamentales de nuestros niños, niñas y adolescentes. Que entregue un acceso a servicios de salud y educación de calidad, sin minar la libertad de las personas de tomar sus propias decisiones. Que aborde las necesidades particulares de cada región de Chile, entregándoles las herramientas necesarias a los gobiernos locales para que podamos construir nuestro propio futuro en un espacio de equidad. Que miremos al futuro y que consagremos hoy aquellas instituciones que nos permitirán aprovechar al máximo las potencialidades del país en materias de innovación, generación de energías sustentables y el cuidado del medio ambiente, dibujando un futuro en que podemos construir un desarrollo económico armónico.

Y Chile también necesita de un Estado más moderno, más fresco, flexible e innovador, más eficiente y con la porosidad necesaria para recoger a tiempo las demandas ciudadanas, sin estructuras burocráticas que les dan un portazo en la cara. Necesitamos un Estado que se haga cargo de justificar e invertir cada peso que la ciudadanía paga como impuestos; que sea estricto en la evaluación de sus programas; que entienda que el foco debe estar en las personas y no en seguir aumentando por inercia el número de instituciones públicas, esperando que por la firma de un nuevo decreto se terminen las problemáticas sociales. Que asuma los desafíos de la digitalización y la gestión de datos y que, por fin, vuelque la mirada al exterior, hacia la ciudadanía.

Nuevos derechos sociales, un nuevo Estado. Ese es el rumbo.

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