¿Es una buena idea que los alcaldes demuelan las construcciones ilegales vinculadas al narcotráfico?

Depende.

La aplicación estratégica de normas de ordenamiento urbano para resolver problemas de seguridad puede ser una buena práctica. Eso supondría que la autoridad tiene un conocimiento detallado de la realidad del barrio en que se interviene, que los vecinos tienen alguna participación tanto en la identificación del problema como en su priorización. Pero sobre todo supone que la demolición sea parte de una estrategia más completa, que integre otras medidas, como vigilancia policial, mejoramiento del entorno, apoyo a la organización barrial, por ejemplo, y que todo eso permita dar sustento en el tiempo a los cambios que se buscan, que pueden tener que ver con disminuir la violencia, desplazar determinadas actividades del lugar u otros objetivos específicos.

Desgraciadamente lo que hemos visto en La Florida no parece tener que ver con nada de eso. Se trata de un alcalde que en medio de una autoproclamada campaña presidencial parece andar buscando publicidad. La presentación pública de la actividad solo da cuenta de una retórica grandilocuente pero nada se no dice de cuales son los cambios esperados ni que seguimiento se hará de los mismos. Tampoco parece haber detrás de cada intervención un conocimiento detallado del barrio, de sus necesidades ni de la opinión de los vecinos. Además, hoy sabemos que la información en que se basan las decisiones de demolición son datos filtrados del Ministerio Público que, si bien pueden tener alguna relevancia, no se refieren a las condiciones específicas de la vivienda en cuestión. De hecho, en la última ocasión, algunos vecinos sostenían la versión de que la casa a ser demolida correspondía a la madre de un detenido que no estaba vinculada a actividades ilegales. En una demolición anterior, la familia directamente afectada alegó ser la arrendataria del imputado por narcotráfico.

No cabe dudas de que la campaña desplegada por el alcalde ha sido un éxito comunicacional, todo el país está hablando del tema y varias autoridades y líderes de opinión lo han apoyado. La pregunta es ¿qué efecto producirá esto sobre los barrios intervenidos, sus habitantes y sobre todo los jóvenes que en ellos viven? Probablemente ninguno positivo. Si acierta con las viviendas que demuele, las organizaciones criminales se adaptaran rápidamente. Si no acierta, una familia pobre sufrirá un descalabro doméstico y quedará estigmatizada. Para el resto de los habitantes del barrio será solo un poco más de arbitrariedad y violencia.

Creo sin embargo, que el efecto más negativo recae sobre la política y el Estado. La enorme publicidad y los apoyos que estas medidas han recibido valida que las autoridades actúen frente a un problema grave y complejo de manera improvisada, sin rigor ni eficacia.

Esto es un paso más hacia el deterioro de la política y a la larga profundizará su deslegitimación en los sectores populares.