El mandatario salvadoreño Nayib Bukele está decidido a terminar con las pandillas y este mes de marzo redobló su guerra contra las maras, en medio de un apoyo ciudadano de más del 90 por ciento. El Congreso salvadoreño -en el cual el Presidente tiene el mayor apoyo-, aprobó recientemente una prórroga de la dura medida, a la vez que anunció el traslado de otros dos mil pandilleros al Centro de Confinamiento para el Terrorismo (CECOT). De tal forma, los reclusos en la cárcel más grande y segura de Latinoamérica ya suman cuatro mil, pero se esperan que pronto el número aumente.
Estas medidas fueron tomadas en momentos en que aumentan por parte de organismos de derechos humanos las denuncias de arbitrariedades, arrestos ilegales, torturas y muertes de supuestos detenidos inocentes a manos de las fuerzas de seguridad. Mientras, el departamento de Estado de EE.UU. señaló en su informe anual de derechos humanos en el mundo, dado a conocer el lunes 20, que en El Salvador hay arrestos arbitrarios, abusos y falta de independencia judicial. Sin embargo, el Jefe de Estado sigue imperturbable y estima que es la medida correcta para combatir a las pandillas, mientras otros sectores opinan que esta iniciativa no resolverá los problemas de seguridad a largo plazo porque atenta contra los derechos humanos.
El gobierno argumenta que hasta hace pocos años atrás, El Salvador estaba corrompido por un “cáncer” como las pandillas y era considerado uno de los países más peligrosos del mundo. Allí campeaban las maras, que se fortalecieron tanto que tuvieron el poder de controlar un territorio casi como un estado de gobierno paralelo, manejaban a su antojo el narcotráfico, la trata de personas, los asesinatos, la extorsión, violaban, usurpaban negocios y viviendas y establecieron límites territoriales, entre otros muchos delitos.
Las pandillas son consideradas como herencia de la guerra civil que afectó al país centroamericano entre 1980-1992, y que se fortaleció con la deportación desde EE.UU. de delincuentes juveniles salvadoreños que habían huido allí. En 2015, según cifras de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, el país había alcanzado un récord criminal con una tasa de 105 homicidios por cada 100. 000 habitantes, convirtiéndose en el país más violento del mundo.
Sin embargo, todo comenzó a cambiar en esta nación, de solo 6,5 millones de habitantes, cuando el 1 de junio de 2019 asumió Nayib Bukele, apoyado por el partido Nuevas Ideas, en coalición con la Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA), que profesan el liberalismo, sobre todo económico, y el populismo de derecha. Bukele -un empresario de 41 años y ex alcalde de San Salvador, apoyado entonces por la ex guerrilla marxista del FMLN, de la cual fue expulsado-, desde su campaña electoral tuvo un fuerte discurso contra las pandillas de la Mara Salvatrucha y Barrio 18, lo que agradó a la población.
Durante su gobierno, Bukele ha tomado medidas radicales para cambiar la realidad judicial de su país y entre unas de sus discutidas medidas está haber amenazado al Congreso con soldados como forma de presión para exigir financiamiento de su plan contra las pandillas, censuró al diario opositor El Faro y otros medios, y promulgó en septiembre pasado un decreto legislativo en el que pasó a retiro a un tercio de los jueces y fiscales. Ha sido acusado de ser un gobernante “autoritario” y que está en camino de convertirse en un “dictador”.
Pero en materia de seguridad, la situación llegó a un punto crítico a fines de marzo de 2022, cuando el país vivió un inusitado fin de semana de suma violencia y en solo dos días fueron asesinadas 76 personas. El Congreso aprobó el 27 de marzo la suspensión de las garantías constitucionales de libertad de reunión, aumentó las normas de arresto y las penas judiciales.
El Mandatario lleva un año amparado por el estado de excepción. Según fuentes oficiales, ya hay más de 65 mil detenidos, y se practican allanamientos de colonias (poblaciones) y férreos controles militares y policiales. Las medidas han significado una sensible disminución de la criminalidad y, según cifras oficiales, El Salvador registró en 2022 una tasa de homicidios de 7,8 por cada 100.000 habitantes, la más baja durante la administración de Bukele. “La reducción es el resultado de las más de 65 mil capturas realizadas por el gobierno contra las pandillas, es decir esto confirma que las maras eran las mayores generadoras de homicidios en el país”, explica Juan Carlos Torres, experto seguridad de la Universidad Don Bosco en San Salvador. Esto ha traído consigo una mayor percepción de seguridad en la ciudadanía y la gente está retomando una vida normal, agrega.
“El Presidente Bukele se hizo cargo del problema y necesariamente tenía que establecer una nueva e innovadora política de seguridad para bajar la enorme tasa de homicidios”, manifiesta Guillermo Pacheco-Gaitán, Director de Asuntos Internacionales del Security College US, en Washington.
Polémica prisión
A fines de febrero último, el Mandatario inauguró el CECOT, construido en solo siete meses y que según él, es la megacárcel “más grande y segura de América”, con capacidad para 40.000 prisioneros.
Construida en una zona rural, las condiciones de los reos son durísimas. Visten apenas un pantalón blanco, están rapados, y en cada celda de 100 metros cuadrados albergan más de cien pandilleros. Cuentan apenas con dos lavatorios con agua para su aseo personal y dos inodoros, y duermen en camarotes de cementos con lámina de hierro y sin colchón. Tampoco tienen patios ni áreas de recreación. “Será su nueva casa donde vivirán por décadas sin poder hacerle más daño a la población”, recalcó Bukele.
Amnistía Internacional denunció que las autoridades salvadoreñas cometieron en dicha cárcel “violaciones masivas de derechos humanos, entre ellas miles de detenciones arbitrarias y violaciones al debido proceso, así como tortura y malos tratos y al menos 18 personas han muerto bajo la tutela del Estado”. Según dijo a la prensa local el sacerdote Andreu Oliva, rector de la Universidad Católica José Simeón Cañas (UCA) dirigida por jesuitas, la mega cárcel está muy enfocada en lo punitivo. “A mí me estremeció ver celdas de castigo donde las personas están en total oscuridad, aislamiento, durmiendo sobre cemento”, indicó. Torres enfatiza que aún no se tiene muy claro “si la mega prisión sólo contempla la reclusión o si tomara en cuenta la reinserción a la vida social de esta población” y que tampoco, dice, tiene conocimiento preciso sobre el trato que está recibiendo esa población reclusa.
Otras de las dudas es si este plan carcelario es viable en el tiempo. Mientras muchos expertos dudan, Guillermo Pacheco-Gaitán dice que “con el CECOT y manejando bien el estado de excepción, Bukele puede lograr una sostenibilidad de su política contra la criminalidad en el tiempo”. Añade que “gracias a esta política de seguridad hoy la popularidad del Mandatario alcanza por sobre el 90% y su estrategia suma apoyos entre la ciudadanía”.
Sin embargo, está por verse si ésta podrá sustentarse a largo plazo. Entre las principales razones es que habrá que buscar financiamiento, el apoyo del legislativo, además la Constitución salvadoreña prohíbe explícitamente la reelección presidencial, aunque el Mandatario anunció su intención de buscar otro mandato. Son variadas las interrogantes.
