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Durante su campaña, el Presidente Gabriel Boric prometió un importante aumento en el salario mínimo al final de su mandato. Sin embargo, la fuerte inflación, especialmente en el precio de los alimentos, ha llevado a la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) a solicitar una aceleración de la medida y alcanzar la meta en un plazo más corto, de un año.
Bajo esa consigna, la Ministra del Trabajo y Previsión Social, Jeannette Jara, anunció el inicio de las negociaciones para anticipar el aumento del salario mínimo que el Gobierno ha comprometido para su mandato ($500.000), después de una solicitud realizada por la CUT. El objetivo es alcanzar un acuerdo antes del 1 de mayo.
La ministra Jara adelantó que, tanto en su cartera como en el Ministerio de Hacienda iniciarán las conversaciones el martes de la próxima semana.
Jara mencionó que hay dos elementos principales que se deben considerar durante estas negociaciones. En primer lugar, se debe fortalecer el valor del trabajo a través del salario y, en segundo lugar, se debe proteger el empleo, especialmente el que proporcionan las pequeñas y medianas empresas, ya que son las que dan más empleo y pagan proporcionalmente más el salario mínimo.
La Ministra destacó que se debe equilibrar ambas realidades, y que están dispuestos a negociar para alcanzar un acuerdo antes del 1 de mayo, para celebrar junto con las 40 horas.
La secretaria de Estado destacó que en 2022 se realizó un importante aumento del salario mínimo, superior a lo que se había hecho en los últimos 20 años, lo que permitió a cerca de un millón de trabajadores en el país que ganan el salario mínimo enfrentar la alta inflación del año pasado.
La titular de la cartera del Trabajo emitió estas declaraciones en una actividad con motivo de la ley de “descanso reparatorio” que da 14 días adicionales de descanso a trabajadores de salud privada que ayudaron con el combate a la pandemia del covid-19.
Reforma previsional
La ministra Jeannette Jara expuso el viernes en el seminario “Reforma Previsional, base para un desarrollo justo y solidario”, organizado por el Partido Socialista (PS). En la instancia, estuvieron presentes la presidenta del PS, Paulina Vodanovic; el secretario general del partido, Camilo Escalona; el presidente de la comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados, Juan Santana; el presidente del Instituto Igualdad y exministro del Trabajo y Previsión Social, Ricardo Solari; el exministro del Trabajo y Previsión Social, Osvaldo Andrade; y el presidente de la CUT, David Acuña, entre otros dirigentes y militantes del PS.
Además de agradecer y valorar la invitación, la secretaria de Estado señaló a los asistentes que “los cambios se hacen en conjunto con la ciudadanía y no en su contra y en su ausencia. Esa es una lección importante que, como izquierda y progresismo, tenemos que tomar y hacer propia en el hacer, no solo en lo discursivo”.
En su exposición, comentó los principales beneficios que aborda la iniciativa que busca aumentar las pensiones de los actuales y futuros jubilados en el país, con el foco en las mujeres.
En ese sentido, destacó que el eje del proyecto de ley es la creación de un nuevo Sistema Mixto de Pensiones, con un Seguro Social en el Pilar Contributivo que sea financiado con una cotización adicional de 6% de la renta imponible, de cargo del empleador.
Asimismo, propone una reorganización de la industria previsional, sin la existencia de las actuales AFP, en el que convivan un Inversor de Pensiones Público y Autónomo (IPPA) con nuevos Inversores de Pensiones Privados (IPP), que sólo realizarán actividades de inversión. Asimismo, existirá el Administrador de Pensiones Autónomo (APA), entidad pública fortalecida que sucederá al actual Instituto de Previsión Social (IPS) y que asumirá las diversas actividades de soporte, como afiliación, recaudación, cobranza y pago de beneficios, entre otros.
Además, recordó que se está desarrollando la Mesa Técnica, que comenzó a funcionar el 13 de marzo pasado, y que tiene por objetivo generar consensos en todos los sectores políticos para avanzar en la tramitación del proyecto.
Cabe recordar que el 25 de enero la comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados y Diputadas aprobó la idea de legislar la reforma de pensiones, a casi tres meses desde su ingreso en el Congreso Nacional, es decir el 7 de noviembre de 2022.
A esa instancia se llegó luego que el Gobierno cumpliera con el cronograma que estableció la comisión de Trabajo y Seguridad Social de la Cámara de Diputados y Diputadas, donde, dos sesiones, los ministros Jara y de Hacienda, Mario Marcel expusieron ante la misma comisión los documentos que acompañan al proyecto: el Informe Financiero y el Informe de Impacto Regulatorio.
Este último documento refleja que, junto con una mejora en las pensiones, la iniciativa legal, que se tramita con suma urgencia, también impacta positivamente en otras áreas como el empleo, el mercado de capitales local y en el PIB (Producto Interno Bruto) per cápita del país.
Además, y a solicitud de la propia instancia legislativa, el Gobierno expuso en tres sesiones más entregando estudios específicos. En ese sentido, el 20 de diciembre, presentó los beneficios que se obtienen con la separación de funciones entre inversores privados y público, que gestionen e inviertan los fondos de los afiliados, y un administrador público autónomo que se dedique a las labores de soporte (información a usuarios, cartolas, afiliación, pagos de pensiones, etc.); se revisaron las rentas económicas de las AFP, sus costos operacionales, gastos en soporte y en gestión de fondos, y sus márgenes de ganancias, entre otros aspectos de la industria actual.
En tanto, el 10 de enero, el Ejecutivo expuso el Informe de Evaluación de Sustentabilidad del Fondo Integrado de Pensiones (FIP), y el martes 17 de enero, el Informe sobre tasas de reemplazo.
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