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La defensa de Marco Enríquez Ominami presentó sus alegatos ante el Tercer Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago, en el marco de una nueva jornada de los alegatos de apertura del juicio oral por cohecho y delitos tributarios en el caso SQM.

En concreto, el abogado Ciro Colombara acusó que, tanto el Ministerio Público como el Servicio de Impuestos Internos (SII), han actuado de manera parcial, favoreciendo así a contendores de ME-O, cuando este fue candidato presidencial.

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Colombara apuntó a que “la investigación ha sido torcida, parcial, ha protegido irregularmente a algunos y ha atacado a otros. En cuanto a las imputaciones, que se le hacen (a ME-O), no tuvo conocimiento de una factura específica, de un monto determinado, sino que obviamente tenía información general de los aspectos financieros de su campaña”.

En ese sentido, el defensor explicó que en una campaña presidencial los candidatos hacen diversas tareas durante las 24 horas del día, por lo que delegan funciones. En vista de lo anterior, Colombara señaló que “es imposible, es irracional, es contrario a las máximas de la experiencia, pretender que un candidato pueda hacer todo, entre otras cosas, preocuparse de los detalles de la administración”.

“Al transformarse en el candidato mejor aspectado en octubre de 2014, pensemos que este caso se inicia en febrero de 2015, obviamente amenazaba tanto a los candidatos de la derecha como de la Concertación, que fueron aquellos favorecidos o protegidos en la investigación del Ministerio Público y en las querellas del Servicio de Impuestos Internos. Lo cierto es que el señor Enríquez-Ominami no emitió facturas, no las vendió ni las facilitó, y respecto a la acusación en relación al año 2009, habiendo querella solo muchos años después, evidentemente hay prescripción”, adicionó Colombara.

Por otro lado, el abogado defensor cuestionó la desigualdad respecto al trato de otros imputados en el caso SQM, donde se decidió no perseverar la investigación a 51 personas, a otras 127 se les ofreció la suspensión condicional del procedimiento y 68 fueron directamente sobreseídas. Y diez personas fueron condenadas en procedimientos abreviados.

“Además, hubo dos desafueros rechazados porque no son delitos las conductas que se le imputan al señor Enríquez Ominami, y con la evidencia de que tanto el Ministerio Público como el Servicio de Impuestos Internos en esta investigación han actuado de manera torcida e irregular, protegiendo a políticos y empresarios poderosos, negándose a investigarlos”, sostuvo Colombara.

Finalmente, la defensa solicitó la absolución de ME-O apelando a su inocencia, aludiendo a que “este caso ha excedido -con creces- el plazo razonable de acuerdo a los estándares del derecho internacional de los derechos humanos”.

Colombara solicitó también la condena en costas tanto para la Fiscalía como para el SII, afirmando que “ha habido frivolidad, parcialidad y manipulación” por parte de las entidades estatales.

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