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La defensa del exsenador y expresidente de la UDI, Pablo Longueira, pidió la absolución de los delitos que se le imputan al también exministro de Economía en el primer gobierno de Sebastián Piñera, durante esta jornada de alegatos de apertura del juicio oral por cohecho y delitos tributarios en el denominado “caso SQM”, ante el Tercer Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago.
La abogada Joanna Heskia definió la jornada como de “dulce y agraz”, pues, luego de años y “tantas vulneraciones a los derechos de nuestro representado”, comienza el juicio en el cual asegura lograrán “demostrar de manera pública y ante un tribunal imparcial la total inocencia del señor Longueira”.
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El juicio oral contra algunos de los involucrados en el caso de financiamiento ilegal de la política por parte de la minera SQM, arrancó tras ocho años de investigación. El Ministerio Público ha presentado cargos de soborno, cohecho y delitos tributarios contra ocho imputados, entre los que se encuentran Longueira, su secretaria, el excandidato presidencial Marco Enríquez-Ominami, y el exgerente general de SQM, Patricio Contesse.
A juicio de la defensa de Pablo Longueira, los acusadores “han construido en contra de mi representado una causa artificial, basada en hechos incompletos, descontextualizados, acusándolo por conductas que no constituyen delito alguno”. La abogada Joanna Heskia sostuvo que las conductas atribuidas al exparlamentario, en las acusaciones del SII y del Ministerio Público, presentan “graves defectos formales y de fondo que van a hacer imposible dictar sentencia condenatoria”.
Además, de acuerdo a la defensa de Longueira, la figura de cohecho/soborno que se le imputa, presenta “falencias técnicas e interpretativas”.
Cabe mencionar que el Consejo de Defensa del Estado (CDE) expuso anteriormente ante el tribunal la existencia de un “pacto ilícito” entre Longueira y Contesse, calificando su relación como “corruptiva”.
Respecto de la postura del CDE y las conductas imputadas, la abogada defensora aseguró que demostrarán “el contexto real” en que estas fueron desarrolladas, las cuales –a su juicio— “se alejan mucho de ser constitutivas de este ‘pacto ilícito'”.
Así, dando cuenta de lo que consideran son “graves afectaciones” en las garantías constitucionales de su representado, la defensa afirma que Pablo Longueira “no aparenta ni pretende falsamente ser una víctima de este caso, como señaló el CDE, sino que efectivamente ha sido objeto de una persecución implacable, parcial, dirigida e ilegitima, en su contra”.
Las acusaciones en contra de Longueira, según los acusadores, “describen actos que, tanto en su calidad como senador en el año 2010 y luego como ministro de Economía en 2011, se habrían realizado a cambio o motivados por beneficios económicos, solicitados o aceptados recibir de la empresa SQM para las fundaciones Chile Justo y Fundación Web, como también para la actividad propia o de su partido político, la UDI. Estos últimos, a través de la emisión de 23 boletas ideológicamente falsas”.
“Estos hechos son completamente falsos”, alega la defensa, junto con manifestar que el exsenador “jamás solicitó o aceptó recibir de SQM o de sus apoderados, incluyendo a Patricio Contesse, beneficio económico alguno, ni para sí ni para la UDI, ni para las fundaciones Web y Chile Justo”. Es más, no solo eso, “también lograremos demostrar que todos los actos del señor Pablo Longueira incluidos en las acusaciones, fueron motivados exclusivamente por el interés general del país, el respeto a la Constitución y sus convicciones políticas”, agrega.
“Lograremos demostrar que él jamás se benefició económicamente, que ningún peso de SQM fue a parar a sus cuentas, a las de su familia o a las de la UDI. Más aún, demostraremos que el señor Longueira, en su vida política, se autoimpuso estándares muy altos de probidad”.
La defensa recalca: Pablo Longueira, “no recibió dinero de privados, jamás, cuando desempeñó cargos públicos, no obstante eso ya lleva una década siendo arrastrado en una pesadilla de acusaciones infundadas”.
La abogada Joanna Heskia fue enfática en señalar que el caso en contra de su representado es una “construcción artificiosa”, que intenta constituir un delito en donde no existe, haciendo una interpretación “antojadiza” de los hechos.
“Por lejos, las acusaciones presentadas no logran satisfacer los estándares de los requisitos típicos del delito de cohecho”, cerró la abogada penalista.
Defensa de Roberto León Araya
Durante la misma jornada de alegatos ante el Tercer Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago, también expuso el abogado Marcelo Torres, en defensa del agrónomo Roberto León Araya, hijo del exdiputado DC Roberto León Ramírez, quien arriesga cuatro años de presidio acusado de facilitar boletas faltas.
León Araya fue formalizado el 31 de agosto pasado por emitir 63 boletas de honorarios a SQM entre 2009 y 2014 por $157 millones, sin haber prestado servicios reales, según el Servicio de Impuestos Internos (SII), lo que ocasionó un perjuicio tributario de $56,6 millones.
Para la defensa de Roberto León Araya, es incorrecto en este caso atribuir a su representado el término “boletas ideológicamente falsas”, ya que —según argumentó ante el tribunal— “la falsedad ideológica en un ‘documento privado’ no es punible, salvo excepcionalmente cuando la normativa legal impone, en términos determinados, la obligación de ser veraz respecto de determinados hechos o circunstancias”. En esto, en base a la jurisprudencia de la Corte Suprema y de la doctrina a nivel nacional, de acuerdo al abogado defensor, tampoco habría dolo.
El abogado Marcelo Torres descartó tanto el dolo directo como el dolo eventual, ya que si se realizó la conducta con dolo eventual sería un caso “atípico” y por ende “no es punible porque no es constitutivo de delito”.
“En esta causa no se va a acreditar que mi representado haya obrado con dolo directo porque no obró con el propósito de que SQM o algún personero cometiera un delito”, concluyó.
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