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Los cuidados de larga duración se refieren al apoyo que algunas personas requieren por un período extendido de tiempo o de forma permanente para realizar actividades cotidianas de manera autónoma. Esta tarea ha sido asumida tradicionalmente por las familias como primera red de apoyo de las personas y especialmente por las mujeres que han tomado prominentemente la tarea del cuidado familiar no remunerado. Este desbalance en el ejercicio del cuidado es todavía más amplio si se considera que también aplica al cuidado de niños y niñas. 

Por qué hablar de cuidados 

Es un hecho que el cuidado familiar resulta insuficiente. Primero porque hay menos personas disponibles para asumir la tarea del cuidado. Segundo, porque producto de la longevidad que marca la transición demográfica de muchos países, cada vez hay más personas dependientes a causa de las enfermedades o discapacidades que se presentan en la vejez. La consecuencia de estos cambios es evidente: los hogares necesitarán cada vez más apoyo para asumir la tarea de cuidar a sus familiares con dependencia. Para esto, se requieren diversos servicios, desde los que contribuyen a prevenir o retardar la dependencia –como son las políticas de envejecimiento saludable, hasta los de asistencia intensiva a las personas con mayor necesidad de ayuda por la severidad de su condición.  

Algunos de estos servicios mencionados son ofrecidos en centros diurnos o residencias de larga estancia, y muchos otros están destinados a facilitar la permanencia de las personas en sus propios hogares por el mayor tiempo posible, que es en general lo que prefieren las personas. El abanico se amplía si se añaden ayudas económicas y beneficios para las personas cuidadoras, como los servicios de respiro y otras alternativas de apoyo que toman en cuenta la salud y el bienestar del familiar que provee el cuidado. 

Una ruta en desarrollo en la región 

Éste no es un tema nuevo, pero, conforme avanza el envejecimiento poblacional y se reconocen las inequidades de género en los cuidados, ha tomado fuerza recientemente. A distintos ritmos y con diversos énfasis, los países de la región de América Latina y el Caribe se aventuran en la construcción de este nuevo componente de la protección social. Uruguay se abría paso en este campo en 2008 con los primeros diálogos ciudadanos para la formulación de un plan nacional que vería la luz en 2015, año en comenzó la preparación del primer préstamo del Banco para apoyar la construcción que hoy se traduce en un sistema de cuidados, que es referencia regional.  

En 2017 como organismo multilateral de desarrollo advertíamos sobre el progresivo aumento de la demanda por servicios de cuidado en esta región y alertábamos sobre la importancia de invertir en la creación de oferta para la atención de la dependencia cuando los cuidados de larga duración no parecían ser prioridad. 

En 2018 la mirada se ampliaba a los países de ingresos medios y altos que comenzaron antes con el desarrollo de este tipo de políticas buscando lecciones relevantes a partir de la experiencia internacional. Los hallazgos eran claros: no bastaba con crear programas, era necesario diseñar sistemas formales de cuidados para lo cual era necesario resolver 4 claves: quiénes serán sus beneficiarios, qué servicios y beneficios se van a entregar, cómo se asegurará que los servicios sean de calidad y cuál será la estrategia para el financiamiento sostenible de la oferta.  

Ese mismo año, con el propósito de promover la implementación de servicios de cuidados de largo plazo para personas mayores dependientes, el BID creó el Panorama de Envejecimiento y Atención a la Dependencia, espacio de conocimiento diseñado para promover buenas prácticas y trazar ruta de implementación para los países. En 2019, nuestro Diálogo Regional de Políticas, que contó con la participación de 120 representantes de 20 países de la región, se centró en los pilares para la construcción de sistemas de cuidados. Ya en 2020, de la mano de la Agencia Francesa de Desarrollo y el Programa EuroSocial creó también la Red Cuidar+, comunidad de aprendizaje que favorece el acceso a recursos expertos y el intercambio entre países. 

Cada vez son más los países que se suman a este inventario de logros en la conformación de sistemas de cuidados de larga duración. Por mencionar algunos, basta pensar en Costa Rica que a su Política Nacional de Cuidados suma ahora una robusta ley que brinda estructura y dota de mandato al Sistema Nacional de Cuidados y Apoyos. Mientras el estado nacional de Colombia avanza en la construcción de un sistema de valoración de la dependencia y construye su sistema de cuidados en el marco del nuevo Ministerio de Igualdad y Equidad, gobiernos locales como el de Bogotá y su Sistema Distrital de Cuidado movilizan esfuerzos por apoyar las tareas del cuidado familiar feminizado. República Dominicana, por su parte, ha incorporado a su red de protección social un nuevo componente de cuidados y se atreve con la conformación de una red local de personas cuidadoras bajo un esquema comunitarios y cooperativista que explora las oportunidades que ofrece la economía del cuidado. 

Una tarea de larga duración 

Llevamos años hablando de construir sistemas integrales de cuidados. Y lo seguiremos haciendo. ¿Por qué? En la reciente publicación sobre Envejecer en América Latina y  el Caribe, destacamos que si bien mostramos que la calidad de vida de las personas mayores ha mejorado considerablemente en las dos últimas décadas, pero aún existen notables diferencias entre países y al interior de ellos. No envejecemos con la misma salud, no tenemos acceso a la misma protección y no todos tienen quien les cuide. Los servicios públicos de atención a la dependencia en América Latina y el Caribe suelen tener una cobertura y una calidad bajas, y la mayor parte del cuidado sigue siendo familiar, femenino y no remunerado.  

Volvamos a los números: al menos 1 de cada 10 personas mayores de 60 años y prácticamente 3 de cada 10 de las de 80 o más años no pueden llevar a cabo de manera independiente al menos una actividad básica de la vida diaria, como bañarse, comer, o acostarse y levantarse de la cama. En menos de 3 décadas, la demanda de servicios de atención a la dependencia superará al triple de la actual. Hoy, alrededor del 80% de los cuidados los brindan mujeres familiares, de manera no remunerado y con limitadas herramientas en materia de formación. 

La región necesita actuar para afrontar el reto del envejecimiento poblacional con una perspectiva integral y ambiciosa. La promulgación de marcos normativos y legales son necesarios, pero no son suficientes para construir un sistema de cuidados. Se requiere además una acción decidida por asegurar el financiamiento de servicios que son claves para atender la dependencia, una fuerte coordinación interinstitucional para estructurar operativamente un diseño de servicios centrado en las personas, reconociendo las diversidades y especiales vulnerabilidades que enfrentan algunos grupos poblacionales. Y, una visión que incorpore transversalmente estándares de servicio que aseguren la calidad de las prestaciones. 

La ruta es larga. Pero el llamado a actuar es ahora. 

Los trastornos mentales representan la pérdida de la salud mental, pero esta última abarca un concepto más amplio que es esencial entender si queremos lograr una vida más plena y satisfactoria.  

Los trastornos mentales son frecuentes y muy discapacitantes. Además de pérdidas para la sociedad, generan un sufrimiento importante a los pacientes y sus seres cercanos.  

Uno de cada cuatro personas sufrirá un trastorno mental a lo largo de su vida. Considerando a todas las enfermedades, los trastornos mentales son el grupo que genera más discapacidad de acuerdo con el Instituto de Health Metrics and Evaluation. ¿Cómo deberíamos actuar ante este panorama y qué inversiones se necesitan? 

La vulnerabilidad social y los trastornos de salud mental 

La gran mayoría de los trastornos mentales no son identificados como tales y menos aún tratados. Dos de cada 10 personas con un trastorno mental reciben algún tipo de apoyo profesional en América Latina y este es a menudo insuficiente. Los trastornos mentales son más frecuentes en las mujeres y en grupos con demostrada vulnerabilidad social.  

Existen marcadas desigualdades socioeconómicas en la prevalencia y acceso a tratamiento de los trastornos mentales. Esto se debe a que las personas de escasos recursos son más vulnerables a sufrir un trastorno mental o a que aquellas con trastornos mentales tienen una mayor propensión a caer en pobreza.  

Las personas de escasos recursos sufren mayores dificultades para acceder a tratamientos porque no cuentan con los medios para pagarlos de su bolsillo ni los servicios estatales tienen una oferta lo suficientemente amplia. 

Otra razón importante que limita el acceso a servicios es el estigma asociado a los trastornos mentales. Como personas, tenemos miedo de hablar si tenemos un trastorno mental: de perder el trabajo, de ser aislados, de ser discriminados en nuestra vida laboral y social.  

¿Has notado que generalmente hablamos de los trastornos mentales en tercera persona? Como sociedades, existe un prejuicio de que los trastornos mentales no requieren una atención tan urgente como otras enfermedades, ya que no matan (aun así, el suicidio es la segunda causa de muerte entre los jóvenes), o quizás es algo que la persona podría evitar por sí misma, si lo quisiera. A la hora de definir los presupuestos, a menudo los que toman las decisiones en políticas públicas son influenciados por estos u otros prejuicios. 

Necesitamos una mayor inversión  

La inversión en salud mental en América Latina es baja en relación con la carga del total de enfermedades atribuible a estos trastornos. Los trastornos mentales representan un 20% del total de la carga por todas las enfermedades en América Latina, pero el gasto en servicios de salud mental es solo un 2% del total que los países latinoamericanos invierten en salud.  

Existen razones de orden económico para abogar por una mayor inversión en salud mental, tales como mejorar la productividad o reducir los días de licencias médicas debidos a estos trastornos. Pero también hay razones de orden social o éticas para solicitar una mayor inversión. Acceder a tratamiento por trastornos mentales es un derecho que está incluido en diversos tratados internacionales. Por otra parte, muchas personas con trastornos mentales están fuera del campo laboral, como personas de tercera edad o niños, y no son consideradas en lo que a productividad se refiere.  

La pandemia del COVID-19 aumentó exponencialmente la crisis de la salud mental. Después de décadas de ser considerada “la próxima urgencia” por verse superada por alguna otra necesidad en las decisiones de gasto público, llegó el momento en que no podemos esperar más para priorizar a la salud mental. Invertir en ella es urgente y prioritario.  

Para profundizar más en este tema, te invitamos a ver la grabación de nuestro webinar “Por qué es fundamental invertir en salud mental”. 

Si quieres conocer algunas de las intervenciones prometedoras y costo-efectivas que podemos implementar de inmediato, quédate atento al blog, porque próximamente compartiremos más contenido sobre esta temática. Mientras tanto, ¡compártenos en tus comentarios cuál es la experiencia de tu ciudad o país en relación a la salud mental! 

El COVID-19 tomó al mundo por sorpresa como la primera gran pandemia del siglo XXI. Su rápida propagación dejó al descubierto una serie de falencias y debilidades en los servicios de salud alrededor del planeta, incluyendo la infraestructura. Sin embargo, también dejó lecciones y experiencias que pueden servir para estar mejor preparados en el futuro. 

En América Latina y el Caribe (ALC) el impacto fue profundo, con más de 70 millones de casos y 1.7 millones fallecidos, un valor 2,8 veces superior al promedio mundial y con el doble de letalidad. En diversos momentos, la capacidad de respuesta de los servicios de salud se vio sobrepasada por la demanda, lo que generó el colapso de salas de urgencias y de cuidados intensivos. Los sistemas de salud se vieron enfrentados a una serie de problemáticas como la falta de personal capacitado en número suficiente, la necesidad de grandes volúmenes de equipos médicos e insumos no disponibles, y la generación sin precedentes de residuos hospitalarios.  

Sin embargo, esta situación propició la aparición de soluciones innovadoras, algunas exitosas y otras no, que podrían cambiar la forma en que pensamos los servicios de salud y el diseño de los hospitales en el futuro.  

Desde el inicio de la pandemia, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) ha acompañado a los países de ALC con todas sus capacidades y conocimiento, así como con el intercambio de experiencias que les permitieran entender, procesar y actuar de manera ágil y coordinada. Asimismo, el BID financió inversiones en infraestructura, equipamiento, e insumos en varios países, incluyendo la compra de vacunas. 

En materia de infraestructura, al inicio de la crisis, las soluciones implementadas por los países fueron múltiples, dictadas por la urgencia de encontrar soluciones de rápida implementación, de acuerdo con el contexto específico y a las disponibilidades locales. En 2020, el BID realizó un primer diálogo regional donde se compartieron experiencias interesantes de China, Italia y España. En dicha actividad, estos países mostraron los primeros desafíos, aciertos y errores que enfrentaron, y fueron marcando el camino para enfrentar la crisis.  

Dada la diversidad de experiencias, dentro del BID surgió la pregunta: “¿Qué hemos aprendido a la fecha de la respuesta a la pandemia, que nos ayude a pensar el hospital post COVID?”. Para responder esta interrogante se llevaron a cabo una serie de foros con expertos de Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, España, Guatemala, Italia, México y Perú, que se organizaron en un conjunto de preguntas clave: 

1. ¿Cómo influye la organización en red de los servicios de salud? ¿Cómo se relaciona entre sí la infraestructura de salud?       

2. ¿Cuál es el impacto de la telesalud y de las tecnologías de la información y comunicación en los servicios ambulatorios y hospitalarios? 

3. ¿Qué rol debe jugar la Atención Primaria como el nivel más cercano a la comunidad? 

4. ¿Cómo debemos diseñar y dimensionar los hospitales para que puedan adaptarse a cambios rápidos y masivos a la demanda?  

Cuatro aspectos clave de los sistemas de salud del futuro 

Como resultado de este proceso, la publicación del BID “Hospitales, tecnología y redes” resume las lecciones aprendidas y recomendaciones que buscan orientar a los países de ALC a fortalecer sus sistemas de salud para enfrentar de mejor manera futuras pandemias. Las recomendaciones se centran en 4 aspectos clave:  

1. Funcionamiento en red. El funcionamiento en red de los sistemas de salud es más que nunca, fundamental. La respuesta del sistema debe ser integrada y coordinada en su conjunto de manera que los diferentes actores y establecimientos que componen la red sean complementarios unos con otros, capaces de ajustar su capacidad de atención y de brindar el apoyo necesario como un conjunto frente a un incremento repentino en la demanda. 

2. Salud digital. La salud digital llegó para quedarse y debe ser considerada como un elemento clave al dimensionar, diseñar y organizar los establecimientos de salud. Por ejemplo, el número de salas de consulta médica presencial o el dimensionamiento de las salas de espera puede verse reducido al implementarse la teleconsulta.  

3. Atención Primaria de Salud (APS). La APS juega un rol clave en la respuesta sanitaria por su cercanía con la comunidad, así como por su capacidad de resolución. Por eso es necesario incluirla desde un inicio en el diseño de la respuesta de emergencia, ya que puede resolver el mayor volumen de demanda reducir la demanda en la comunidad, reduciendo la demanda de espacios para emergencias, de camillas de observación camas de baja complejidad en hospitales. 

4. Diseño hospitalario. Los nuevos hospitales deben estar preparados para incrementos no programados de la demanda, tanto su estructura como organización. Necesitan diseños flexibles que les permitan responder al aumento repentino en la demanda de camas, áreas de apoyo, personal competente y servicios de soporte, pero a su vez, para evitar su sobredimensionamiento y garantizar así su sostenibilidad en el tiempo.  

Nuevos criterios de diseño hospitalario 

Así como hablamos de que los hospitales deben sostenibles, resilientes y seguros ante riesgos de desastres, esta experiencia permitió definir otros criterios de diseño que cada vez serán más relevantes: 

a. Dimensionamiento:  debemos tener en cuenta la complementariedad de servicios según la organización de la red, incluyendo APS, y el rol del hospital en la misma. Asimismo, se deberá considerar el impacto de la telesalud. 

b. Flexibilidad: debemos considerar la capacidad de transformar el uso de espacios y el funcionamiento del hospital para aumentar la capacidad de atención de pacientes en salas de cuidados intensivos o de emergencia.  

c. Adaptabilidad: tenemos que diseñar de tal manera que el hospital permita adaptar su funcionamiento, pasando de una función a otra rápidamente de acuerdo con las necesidades. Por ejemplo, debemos instalar fácilmente salas de aislamiento de pacientes temporales o semipermanentes. 

d. Áreas libres próximas a hospitales: los hospitales deberán contar con espacios exteriores abiertos que permitan, en una situación de crisis, la implementación rápida de infraestructura prefabricada temporal o semipermanente.       

e. Servicios de apoyo expandibles: Los servicios de apoyo como cocinas, lavanderías, esterilización y farmacia requerirán de la misma flexibilidad y adaptabilidad, algo que muchas veces es difícil dentro de un hospital. Ante situaciones de crisis es posible pensar en que estos servicios sean suministrados por otros establecimientos en el marco de un funcionamiento en red, o por proveedores externos, de modo a que sean capaces de adaptarse más fácilmente al aumento en la demanda. 

Planes de respuesta integral y los recursos extra-sectoriales 

Por último, es importante destacar el rol que juegan los recursos extra-sectoriales ante situaciones como las vividas en 2020. Hoteles, centros de eventos, estadios y gimnasios, entre otros, sirvieron para dar respuesta de manera rápida a un fuerte incremento de la demanda no esperada.  

Estos espacios pueden ser una medida efectiva y fácil para la implementación de centros de atención de emergencia, observación, o aislamiento de pacientes. Por eso es recomendable tenerlos previamente identificados, para ponerlos rápidamente en funcionamiento, previendo los recursos humanos y materiales necesarios para su operación. 

La experiencia indica que no hay una receta específica y cada país deberá adaptar estos planes de acuerdo con sus capacidades instaladas y sus recursos. La consigna parece ser clara: es necesario pensar el diseño de un hospital como una pieza flexible y adaptable de un rompecabezas mayor, en donde la telesalud y las tecnologías de la información funcionen como el sistema nervioso que conecta todas las piezas, y facilita los procesos y coordinación con todos los actores que componen la red de servicios de salud.  

¿Quieres aprender más sobre este tema? Descarga la publicación Hospitales, tecnologías y redes: la evolución de la infraestructura de salud post COVID-19, y mira el webinar sobre esta temática: 

Nuestro autor invitado para este blog es la plataforma de inteligencia artificial conocida como GPT. Le pedimos a GPT que nos cuente cuáles son los principales desafíos para la transformación digital en salud en la región. Nuestro Comité Editorial no agregó subtítulos, hipervínculos ni realizó ediciones. Aquí les compartimos el resultado: 

La salud digital, o la incorporación de tecnologías digitales en el sector de la salud, tiene el potencial de beneficiar enormemente a América Latina mediante la mejora del acceso a los servicios de salud, la eficiencia y la reducción de costos. Sin embargo, existen varios desafíos que deben abordarse para poder aprovechar al máximo el potencial de la salud digital en la región.  

Un desafío importante es la brecha digital, o la diferencia entre aquellos que tienen acceso a la tecnología y aquellos que no la tienen. En América Latina, esta brecha a menudo se basa en factores como los ingresos, la educación y la ubicación geográfica. Por ejemplo, un informe de 2020 del Banco Interamericano de Desarrollo encontró que alrededor del 65% de las personas en América Latina tienen acceso a Internet, mientras que un informe de 2021 del Banco Mundial encontró que más del 60% de la población de la región usa banda ancha móvil. Aunque estas cifras representan un progreso significativo, aún están detrás de otras regiones, como Europa (83% de acceso a Internet) y América del Norte (90% de acceso a Internet). Esta brecha digital puede crear barreras para la adopción y uso de tecnologías de salud digital, especialmente para las personas que viven en áreas desatendidas.  

Para ilustrar el impacto de la brecha digital en la atención médica, considere la historia de María, una mujer de 55 años que vive en un pueblo rural de América Latina. María tiene diabetes y necesita atención médica regular, pero el centro de salud más cercano se encuentra a dos horas de viaje en autobús. Como resultado, a menudo se retrasa en buscar atención hasta que su condición se agrava, momento en el cual se ve obligada a hacer el largo y costoso viaje al hospital. Si María tuviera acceso a la telemedicina, podría recibir atención médica de forma remota a través de consultas de video con un profesional de la salud. Esto podría permitirle recibir atención oportuna y adecuada sin la necesidad de viajar largas distancias, mejorando potencialmente su salud y ahorrando tiempo y dinero. Sin embargo, sin acceso a Internet y otras tecnologías digitales, María no puede aprovechar estos beneficios. 

Superar la brecha digital requerirá inversiones en infraestructura, como la conectividad a internet, así como programas de educación y capacitación para ayudar a las personas a adquirir las habilidades necesarias para utilizar y beneficiarse de las tecnologías de salud digitales. Esto es especialmente importante en el contexto de la salud digital, ya que muchas de las tecnologías que tienen el potencial de beneficiar en gran medida a la región, como los registros electrónicos de salud (EHR) y la telemedicina, requieren acceso a internet y otras tecnologías. Sin abordar la brecha digital, será difícil lograr el potencial de estas tecnologías para mejorar la atención médica en la región.  

Otro desafío es la falta de normalización e interoperabilidad de los sistemas de salud digital. Para que las tecnologías de salud digital sean efectivas, deben poder comunicarse y compartir datos entre sí. Sin embargo, actualmente hay una falta de normalización e interoperabilidad en la región, lo que puede dificultar que diferentes sistemas trabajen juntos y intercambien datos. Esto puede crear barreras para la adopción generalizada y el uso de tecnologías de salud digitales.  

Por ejemplo, si un paciente ve a un doctor y tiene un sistema de historial médico electrónico (EHR) que es incompatible con el sistema EHR del hospital, puede ser difícil para el hospital acceder a información médica importante, como alergias y medicamentos. Esto puede dar lugar a retrasos en el tratamiento y potencialmente incluso errores médicos. Para superar este desafío, es necesario una mayor estandarización e interoperabilidad de los sistemas de salud digitales en la región. Esto puede implicar la adopción de estándares y protocolos comunes, así como inversiones en infraestructura y capacitación para apoyar el uso de estas tecnologías.  

Finalmente, es necesario abordar el tema de la privacidad y seguridad de los datos. A medida que se recopila y comparte más información personal y sensible de manera digital, es importante asegurar que esté protegida de accesos no autorizados y mal uso. América Latina se ha quedado atrás en este aspecto en comparación con otras regiones, y fortalecer las medidas de privacidad y seguridad de los datos será crucial para construir confianza en las tecnologías de salud digital y fomentar su adopción.  

Esto puede ser especialmente desafiante en el contexto de la salud digital, ya que las consecuencias potenciales de una violación de seguridad o mal uso de la información médica pueden ser graves e incluso amenazar la vida. Para abordar este desafío, será importante que los países de la región adopten regulaciones robustas de privacidad y seguridad de los datos, así como invertir en la infraestructura y capacitación necesarias para garantizar que estas regulaciones se implementen y apliquen efectivamente.

En general, si bien los beneficios potenciales de la transformación digital en la atención médica en América Latina son significativos, hay una serie de desafíos que deben abordarse para aprovechar al máximo este potencial. Al abordar estos desafíos, América Latina puede unirse a las regiones que han adoptado con éxito la salud digital y han obtenido recompensas. 

Entonces, este fue el resultado de la pregunta que le hicimos a ChatGPT sin ninguna edición de nuestra parte. Si quieres saber más sobre la herramienta, puedes leer este blog enfocado a la educación. Y si te interesa conocer el potencial de la salud digital, no olvides visitar nuestra página interactiva, “La gran oportunidad de la salud digital en América Latina y el Caribe“. 

Cuidar (sin remuneración). O trabajar para generar ingresos. Ese es el dilema que enfrentan millones de mujeres. El cuidado de los miembros dependientes de los hogares ha sido históricamente una labor privada, o sea, relegada al trabajo doméstico, hecha sin retribución económica y asumida en su gran mayoría por mujeres. Afortunadamente, esta situación dejó de asumirse como normal dentro de la distribución social del trabajo y hoy se la destaca como una inequidad que debe ser corregida.

¿Por qué un asunto en apariencia privado, debe ser materia de interés para las políticas públicas? El Instituto Europeo de la Igualdad de Género lo responde de la siguiente forma: la desigual distribución de los cuidados no remunerados en los hogares reproduce desigualdades de género en el mercado laboral.

La labor de cuidado es un obstáculo para la inserción laboral de muchas mujeres y quienes cuidan y además trabajan fuera del hogar suelen hacerlo en condiciones de precariedad, sin protección laboral adecuada y menor remuneración que sus pares trabajadores hombres. Dicho de otra forma: en los países donde la distribución de esta labor es más equitativa entre hombres y mujeres tienden a aumentar las tasas de empleo femenino y a disminuir las brechas salariales de género.

La desigualdad en el cuidado es una alerta de larga data

Desde hace más de una década, la CEPAL ha analizado el uso del tiempo como una dimensión clave de la desigualdad, la cuestión del cuidado como eslabón perdido del análisis económico y el rol potencial de los cuidados como pilar de la protección social. La OIT viene mostrando hace tiempo el potencial de crecimiento de la economía del cuidado pero advirtiendo la necesidad de avanzar en doble vía: diversificar las aletrnativas de apoyo a los cuidados para ampliar la cobertura de estos servicios; y al mismo tiempo atender a las condiciones en que los cuidados se prestan para evitar la desprotección y la precariedad.

La pandemia también contribuyó a poner en el tapete este tema, mostrando la centralidad de esta función. ONU Mujeres alertó tempranamente sobre medidas que son claves para abordar el incremento del trabajo de cuidados no remunerado derivado de este contexto pandémico, garantizar una compensación adecuada y condiciones de trabajo dignas para quienes se desempeñan en este sector de manera remunerada. Por su parte, en la reunión del Foro Económico Mundial de este año se vuelve a destacar la economía del cuidado como una oportunidad para crear empleo y cerrar la brecha de género: la creciente demanda de servicios de apoyo a los cuidados tiene el potencial de generar importantes oportunidades de trabajo, impulsar la integración laboral de los cuidadores informales y apoyar la proliferación de formas más flexibles de trabajo, sobre todo en la recuperación post pandemia.

El BID no se ha quedado atrás y desde diversas áreas viene señalizando las dimensiones demográficas, económicas, sanitarias, sociales y de género de los cuidados. Ejemplo de ello es la centralidad que el tema viene ocupando en su marco sectorial de protección social y su marco sectorial de género, referencias que orientan estratégicamente la gestión de diálogo y operaciones. Más recientemente, se ha erigido como un área transversal del Grupo BID la economía plateada, dado lo promisoria que resulta como espacio de innovación y colaboración público-privada.

En todos estos análisis se repiten 5 mensajes principales: (1) La contribución del trabajo doméstico no remunerado a las economías es sustantiva; (2) La tarea no compartida del cuidado de personas dependientes es una barrera para la inserción económica de las mujeres; (3) La diversificación de oficios asociados a la tarea del cuidado es una oportunidad económica de creación de empleos; (4) Mejorar las condiciones de protección y seguridad social en las que se presta el trabajo remunerado beneficia principalmente a las mujeres. Y, (5) mejorar las condiciones en las que se provee el cuidado ayuda a la persona cuidadora y a la persona dependiente de ese cuidado.

De lo general a lo específico

El tema de la economía del cuidado es uno de aquellos donde se transita permanentemente desde el nivel macro de esa economía al nivel micro en que ocurre el cuidado. El reto es, entonces, lograr una traducción coherente de esas orientaciones de política a experiencias concretas donde se crean modelos de gestión del cuidado donde todos ganen, cuidadores domiciliarios, asistentes domiciliares del cuidado y personas dependientes.

Veamos un ejemplo. Costa Rica es uno de los países de la región de América Latina y el Caribe donde el envejecimiento poblacional avanza más rápido. Las personas mayores de 60 años demandantes de cuidados pasarán de 2,9 por cada 100 personas entre 15 y 74 años en 2015, a 11,3 en el año 2050. Algunos datos que acompañan esta realidad: 4 de cada 5 personas que cuidan sin recibir una remuneración a cambio son mujeres; 9 de cada 10 horas de trabajo doméstico no remunerado dedicadas al cuidado de un familiar dependiente son asumidas por mujeres. Y, las mujeres que se dedican al cuidado no remunerado de un familiar tienen 22% menos de probabilidades de llegar a desempeñar un trabajo pagado versus aquellas que no son cuidadoras.

En lo macro, Costa Rica ha avanzado con la formulación de una Política Nacional de Cuidados, acaba de promulgar una ley que crea un Sistema Nacional de Cuidados y Apoyos (SINCA) y está construyendo un sistema de valoración de la dependencia, mientras genera opciones para ampliar la oferta de servicios principalmente en el ámbito domiciliar.

Estas iniciativas, que han contado con el apoyo técnico y financiero del BID, se amplían ahora al tema de la economía colaborativa para aprovechar las oportunidades que ofrece el mercado para las tareas de cuidado. De la mano del Instituto Mixto de Ayuda Social, el Instituto Nacional de Aprendizaje y la Agencia Nacional de Empleo (ANE), avanzan en la priorización de mujeres cuidadoras que buscan oportunidades de capacitación, verficación y empleo a través de la Plataforma ane.cr lo que permitirá ampliar la oferta de formación para distintos roles de cuidado y además contar con un registro nacional de personas cuidadoras. En el medio, y con financiamiento de la Agencia Francesa de Desarrollo, se avanza en el diseño de una plataforma tecnológica que facilite que hogares que necesitan apoyo temporal para el cuidado de un familiar con dependencia encuentren cuidadores certificados dispuestos a prestar remuneradamente ese servicio.

Atender las crecientes necesidades de cuidado de las poblaciones no es fácil y se requiere de soluciones complejas. Pero esta articulación de esfuerzos bien pueden redituar un nuevo marco para hacer del cuidado ¡una gran oportunidad!