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En marzo de 2021, el equipo de Terra Ignota, un proyecto iniciado por el artista chileno Nicolás Spencer que explora la memoria de la Patagonia y Antártica Chilena, descubrió un sitio arqueológico con material lítico no local a unos 10 kilómetros de Bahía Blanca en el Parque Nacional Yendegaia, en la Región de Magallanes.

El hallazgo fue la prueba para corroborar la existencia de un “paso de indios” en esa zona, es decir, un punto de contacto entre tres etnias ancestrales que solían transitar por ese sector: las comunidades selk’nam, kawésqar y yagán.

Este sector podría representar también una antigua “zona de contacto intercultural” entre las etnias. Es por esto que, con el propósito de seguir recopilando información sobre este lugar, el próximo 3 de marzo comenzará una nueva expedición del equipo guiada por Nicolás Spencer, el curador alemán Carsten Stabenow y el arqueólogo de la Universidad de Magallanes Alfredo Prieto.

Área de contacto intercultural

Esta exploración interdisciplinaria del territorio es la primera etapa del proyecto Terra Ignota Forum (TIF), un laboratorio de investigación que busca construir e implementar un archivo contemporáneo sobre esta llamada “zona de contacto intercultural” que, a través de metodologías colaborativas, recogerá y pondrá en valor información geológica, arqueológica, ecológica e histórica sobre un lugar de encuentro cultural en incipiente estudio, que en 2024 ubicará los resultados y hallazgos en las dependencias de la Universidad de Magallanes.

“Nuestra motivación para este viaje va más allá de estudiar los vestigios culturales hallados el año pasado y comprobar una posible zona de contacto intercultural”, explica Spencer.

“Lo importante de este estudio es buscar nuevas formas de generación de conocimiento y, a partir de una mirada lo más heterogénea posible, tratar de comprender la naturaleza, la cultura y sus formas de representación”.

En una misma línea, Stabenow manifiesta: “Este es ante todo un proyecto de cooperación que surgió lentamente de intereses mutuos y amistad. Es un encuentro de personas y profesionales con diversas experiencias y conocimientos. Algunos se conocen desde hace mucho tiempo, otros se encontrarán por primera vez. Lo que intentamos es crear una situación social, un diálogo en un lugar que solo puede entenderse a través de la propia idea de intercambio”.

Investigación interdisciplinaria

La travesía contará con la participación de un grupo de científicos, artistas, curadores y descendientes de los primeros caminantes.

Incluyen a Kerstin Ergenzinger (Alemania), Raviv Ganchrow (Estados Unidos), Gerd Sielfeld (Nueva Zelanda), Víctor Manzon (España), Florencia Curci (Argentina), Robert Carracedo (España), Claudia Augustat (Austria), las chilenas y los chilenos Iván Flores, Cristian Espinoza, Ivette Martínez, Juan Carlos Solari, Fernanda Fábrega, Paula Urdangarin, Sandra Ulloa, Paola Grendi, Julio Contreras, Rodrigo Munzenmayer, Claudia González de la comunidad Yagán, y dos mujeres de la etnia selk’nam, Hema’ny Molina y Fernanda Olivares.

“Como mujer selk’nam, indígena, hay algunos aspectos culturales que son muy privados y que generalmente se comparten solo en la intimidad de la propia comunidad. El conocer a parte del equipo, sus intenciones y ambiciones, me dieron la confianza y entusiasmo para integrarme. Conocer con ellas y ellos parte de las tierras por las que caminaron mis ancestros, seguir sus huellas es un privilegio, y hacerlo acompañada de profesionales excelentes, y mejores humanos aún, me llena de alegría”, señala Olivares.

Cabe mencionar que los participantes también realizarán otros proyectos individuales de investigación en el territorio relacionados con diferentes aspectos de la exploración arqueológica, las condiciones ambientales, sus implicaciones etnoculturales y la búsqueda de nuevas formas de representación del conocimiento local, científico, artístico y museográfico.

El proyecto es posible gracias al Fondo de Ciencia Pública del Ministerio de Ciencia de Chile y al Fondo de Coproducción Internacional del Goethe-Institut y cuenta con el apoyo de CAB, INACH (Instituto Chileno Antártico), Museo Regional de Magallanes, Conaf (Corporación Nacional Forestal), Dirección de Patrimonio, Universidad de Magallanes, Universidad Austral, WCS (World Conservation Society) y Weltmuseum Viena.

Al respecto, la encargada de programación cultural del Goethe-Institut, Fernanda Fábrega, expresa:

“Como institución conocemos el proyecto desde inicios del año pasado y hemos apoyado ya dos instancias: la exhibición de Terra-Ignota en el Museo de Arte Contemporáneo y el viaje a Chile de Carsten Stabenow para presentar su visión con motivo de esta muestra en Santiago y Punta Arenas. Nos parecen de gran relevancia los temas que este proyecto toca y sus metodologías, involucrando tanto dimensiones del conocimiento como sensibilidades culturales y estéticas, prioridades de nuestra institución”.

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“Inequidades en los resultados del cáncer de mama en Chile: un análisis de la letalidad y tasas de supervivencia (2007-2018)” es el título de esta investigación desarrollada por la académica del Departamento de Ingeniería Industrial de la Universidad de Chile e integrante del Instituto Sistemas Complejos de Ingeniería (ISCI), Susana Mondschein, además de Benjamín Madariaga, ingeniero y Magíster en Ingeniería Matemática de la Universidad de Chile, y Soledad Torres, del Centro Integral de la Mama de la Clínica Las Condes.

Entre sus hallazgos, el estudio plantea que las mujeres afiliadas a Isapres tuvieron una tasa de letalidad considerablemente menor durante el período de estudio, con un promedio de 15,7%, en comparación con el 27,5% por cada cien pacientes que registraron las mujeres afiliadas a Fonasa.

En relación a la incidencia (número de casos nuevos por 100.000 mujeres), las mujeres afiliadas a Isapres tienen una tasa de incidencia promedio -ajustada por edad- de 60,6% frente a 38,8% para las mujeres afiliadas al proveedor público (FONASA), dato que se mantiene durante todo el período de estudio. A nivel territorial, en tanto, el artículo evidencia que las mujeres de la Región Metropolitana tienen tasas de supervivencia más altas que las mujeres de otras regiones.

Otro dato arrojado por el análisis indica que los nuevos casos de cáncer de mama aumentaron un 43,6% entre el 2007 y el 2018 (de 3.785 a 5.435). A esto, se suma que el total de muertes por esta enfermedad aumentó un 33,6% en el mismo período (de 1.158 a 1.547).

“La inequidad es clara”

“Tomamos todas las mujeres que aparecen en la base del DEIS, de egresos hospitalarios y de defunciones, y buscamos a todas las mujeres que tuvieron un egreso hospitalario relacionado a cáncer de mama, y ahí lo interesante es que empezamos a ver varias cosas. Primero, vimos letalidad, o sea, qué porcentaje de mujeres mueren como fracción de las mujeres que se enferman, es decir, si yo tengo cien mujeres con esta enfermedad, cuántas fallecen producto de la enfermedad”, explica la académica Susana Mondschein.

“Lo que nosotros vimos es que en Isapres la letalidad promedio desde el año 2007 a 2018 es de 15,7%, mientras que en Fonasa es de 27,5%. O sea, las que se enferman en Fonasa se mueren más”, sostiene. En este sentido, comenta que “la inequidad es clara, a las mujeres de Fonasa que están asociadas a ingresos socioeconómicos más bajos, les va peor. Hay un porcentaje mayor que se muere de las que se enferman, y lo otro es la sobrevida, cuántas logran superar la enfermedad o seguir un tratamiento a cinco años, es peor”.

Respecto a la sobrevida, que considera el porcentaje de todas las enfermas de cáncer de mama que están vivas en cinco años o más desde que se diagnosticó la enfermedad, tanto sanas como en tratamiento, detalla: “Ahí también encontramos que en este período de tiempo, del 2007 al 2018, la sobrevida de las mujeres que están en Isapres es de 90,1 % en cinco años, que es harto, mientras que las que están en Fonasa es de un 80% no más. Hay 10 puntos de diferencia”, advierte.

¿Por qué se generan estas diferencias?

Según la académica del Departamento de Ingeniería Industrial de la Universidad de Chile, son varias las hipótesis de posibles causas. “Es parte de lo que estamos estudiando ahora, pero hay varias hipótesis. ¿Por qué a la gente de Fonasa le va peor? El screening, que en español se traduce como tamizaje (los exámenes que se hacen para detectar precozmente, antes de que aparezcan síntomas), es menos frecuente en las mujeres de Fonasa, y esto lo avala la encuesta CASEN 2017, que arrojó que el 57% de las mujeres en este sistema, sobre 50 años, se habían realizado una mamografía en los últimos tres años. En el fondo, un 43% no se había hecho mamografía.

Si esto se compara con las mujeres que están en Isapres, contrasta, “tenemos que el 76,3% se había hecho el examen en los últimos 3 años, o sea el 23,7% no se lo había hecho. Entonces, una cosa que tenemos certeza es que las mujeres en Isapres se hacen más mamografías de detección precoz”. Sobre esto último, la especialista apunta a que habría que determinar las razones de esto, como -por ejemplo- si tienen o no la información para hacerse los chequeos gratuitos o si el acceso no es el indicado.

Otra hipótesis, dice la académica, es que a pesar de que el cáncer de mama está dentro de las patologías GES, “llegan con cánceres más avanzados. Los doctores les informan, pero cuando las mujeres de menores recursos recurren al médico, es cuando ya, por ejemplo, se sienten un nódulo en la mama, y eso ya podría ser muy tarde. Una mujer que se hace una mamografía de tamizaje va por eso, no se ha detectado nada”.

También es posible, agrega Susana Mondschein, que “las mujeres de Fonasa a lo mejor tienen un estado de salud general más deteriorado y, por lo tanto, en todos los tratamientos les va peor (…) Una cosa súper importante a lo mejor es la salud primaria, o sea, la prevención primaria, que es que hagamos que nuestra población esté más sana y, si se enferman, puedan enfrentar de mejor manera un tratamiento”.

El equipo utilizó dos bases de datos públicas anónimas proporcionadas por el Departamento de Estadísticas de Salud e Información del Ministerio de Salud, específicamente las de mortalidad nacional y altas hospitalarias que, en cifras, considera 58.254 y 16.615 de egresos hospitalarios y muertes por cáncer de mama para el período 2007-2018, respectivamente.

Ya no puede caber duda que las invenciones y los procesos creativos, transversalmente hablando, deben cumplir con con algunos estándares en lo que concierne a la “protección” de las autorías y los derechos que esto involucra. En lo concerniente a la propiedad intelectual, los procesos de “apropiación” de las autorías (por ejemplo, por medio de los derechos de titularidad), han sido extremadamente aprovechados por la mayoría de las corporaciones, multinacionales y grandes empresas de todo tipo, pasando por las del entretenimiento, las artes, llegando al proteccionismo de invenciones que, literalmente, pueden salvar vidas en todo el mundo, como es el caso  de las industrias farmacéuticas en lo que concierne al sobreproteccionismo de un medicamento o, “por el contrario”, su liberación a través de licencias adecuadas para la libre fabricación (a través, por ejemplo de la open science) por parte de los diversos países que pueden contar con la tecnología para hacerlo.

A pesar de que, en muchos países, existen, legalmente, excepciones a los derechos de autor cuando se trata de temas “indudables” que traen beneficio al bien común, estas aplicaciones del derecho no han sido suficientes, legislativamente, cuando se confrontan con los intereses económicos de las empresas que capitalizan la invención y creatividad y la restringen a campos acotados de los territorios/sociales en donde el derecho común, y la preparación cultural para la exigencia de esos derechos tienen una data de exigencias, y preparaciones, con respecto a la importancia y relevancia del crecimiento en común de los dispositivos sociales y culturales. Cuando se trata de la salud pública y de emergencias con respecto a esto, no hay dobles lecturas en lo que respecta a las garantías del derecho, el cual puede incorporarse, de inmediato, a las convenciones vinculadas a los derechos humanos.

En este sentido, el hecho que existan, aún, territorios y países (particularmente con menos recursos o, directamente, más pobres) que no puedan acceder a las invenciones, descubrimientos, creaciones, etc., para el mejoramiento de la vida cultural y el mejoramiento y prevención de la salud que conlleva, literalmente, quienes viven y quienes mueren, es inaceptable. La invisibilización masiva de esto, y su normalización en la ignorancia, ha generado, durante no poco tiempo, un caldo de cultivo vinculado al individualismo exacerbado, donde los y las enfermas; los y las muertas son números aceptables o inaceptables. Este compromiso cuantitativo es deleznable.

Uno de los ejemplos que se han visto, fuertemente, en los últimos casi tres años, se evidenció en la pandemia del COVID-19, la cual, a pesar de estar disminuyendo su letalidad en el último período, evidenció lo que ha estado ocurriendo hace mucho tiempo: las corporaciones manejan la agenda mundial sobre la vida y la muerte en lo que respecta a la salud pública a través de la propiedad intelectual. El jueves recién pasado, Innovarte ONG Chile presentó una carta dirigida al gerente general de Pfizer en Chile, emplazándolo, positivamente, para que las licencias voluntarias que ha otorgado a solo 39 farmacéuticas en todo el mundo (en Latinoamérica solo se encuentran Brasil, México y República Dominicana) se incluyeran todos los países del continente. Lo desafortunado de la situación es que a los laboratorios que la empresa ha permitido la fabricación de genéricos, a partir de la licencia mencionada, son, en su mayoría para la distribución en países que no tienen bajos recursos económicos como ocurre en la caso de Latinoamérica. Este emplazamiento que realizó Innovarte ONG en Chile ha sido coordinado con otros países como Perú, Colombia, Argentina y Brasil.

Algunos lectores y lectoras de esta columna podrán pensar que el tema de COVID no es relevante en el presente. No me pronunciaré sobre la urgencia sanitaria y el control comunicacional biopolítico que conlleva las decisiones estatales (y empresariales) para establecer momentos de emergencias y momentos de apertura de “normalidad”, pero considero que no se debe ser ingenuo con respecto a lo que comenzó en el negocio de las enfermedades masivas, sumado a las crisis ecológicas, las cuales, junto con las modelizaciones arcaicas de negociación capitalista, hacen posible el adelantamiento sobre emergencias de nuevas generaciones de bacterias o virus (por poner dos ejemplos generales) que posiblemente se masificarán en un no largo plazo en el mundo. En este sentido, adelantarse en la precaución legal, a través del derecho de los países y los acuerdos internacionales, es de suma importancia para sentar las bases que permitirán el acceso a las invenciones que involucren la salud del  planeta cuando nos encontremos con una nueva pandemia. Los caminos político/jurídicos que han empezado a movilizar los países latinoamericanos mencionados no solo son para las futuras pandemias, también lo son, como precedente, para la obtención pronta (acá el congreso debiese acelerar el proyecto sobre licencias obligatorias) para la salud en muchas otras enfermedades masivas que involucran a la población y que son de alto costo debido a los derechos de propiedad que protegen las corporaciones farmacéuticas como es el caso de Pfizer.

Es de suma urgencia “modernizar” lo respectivo a las licencias y los derechos de propiedad, acordes a las urgencias democráticas de los accesos a algo tan vital como la salud pública a través de la tecnología e innovación que es parte de las campañas de muchos candidatos a la presidencia, pero que se olvidan, una vez electos, o dilatan estos temas de urgencias actuales y la proyección de lo que inevitablemente ocurrirá en un mediano o largo plazo. Sin una robusta ley, esto será imposible.

Habrá que ver la medida de los intereses o compromisos que tenga la “clase” política con las grandes empresas multinacionales en el tema, y/o el compromiso que van a establecer, realmente con la población a la que le deben realmente su trabajo día a día.

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La obesidad ha alcanzado niveles epidémicos a escala global, llegando a ser definida como una pandemia por la Organización Mundial de la Salud (OMS) en 2010. Según las cifras de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el 74% de los adultos chilenos padecen esta enfermedad, cifra que se ha duplicado en los últimos 13 años y que posiciona a Chile como el país con mayor obesidad y sobrepeso de la OCDE.

En este contexto, el Grupo Transdisciplinario para la Obesidad de Poblaciones (GTOP) de la Universidad de Chile organizó el Seminario “Abordaje Transdisciplinario de la Alimentación y Nutrición”, actividad en la que académicas y académicos abordaron cómo combatir esta enfermedad desde una mirada social, integral y transdisciplinaria.

Derecho a la alimentación, efectos de la publicidad en la alimentación de niños y niñas, lactancia materna y los efectos climáticos de la alimentación chilena fueron solo algunos de los diversos temas tratados en este encuentro, donde sus participantes abordaron las causas de este problema de salud pública y potenciales métodos para afrontar este importante desafío nutricional considerando los determinantes sociales.

La actividad, además, permitió abrir el espacio para compartir las distintas líneas de trabajo de GTOP, junto con crear alianzas y colaboración con actores sociales y académicos vinculados a los temas de alimentación y nutrición con enfoque de transdisciplinariedad.

Parte de la misión de GTOP es contribuir al desarrollo de políticas públicas, estrategias, planes, programas y proyectos comunitarios para combatir la obesidad.

“El desafío es enorme, pero debemos ser capaces de abordarlo y hacerlo pronto (…) En ese sentido, este seminario pretendía ser un aporte concreto para generar conocimiento y consciencia en la sociedad chilena sobre un tema que, para la Organización Mundial de la Salud, es el primer problema de salud pública en el mundo”, señaló Fabián Duarte, integrante del comité coordinador de GTOP y director del Departamento de Economía de la Facultad de Economía y Negocios.

Ampliar la discusión y las políticas públicas

Lorena Rodríguez, quien también forma parte del comité coordinador de GTOP y se desempeña como subdirectora de la Escuela de Salud Pública, destacó la importancia de ampliar la discusión, junto con el compromiso de contribuir al desarrollo de políticas para afrontar este reto de salud pública.

“No nos podemos sentar en los laureles, ni cruzar de brazos y decir ‘ya, hicimos una ley, tenemos el etiquetado, la restricción y la política’, cuando en realidad todavía hay harto más que hacer. El problema no está ni cerca de ser controlado”, advirtió la Dra. Rodríguez.

Sin embargo, señaló que frente al cambio de discurso de las autoridades gubernamentales, la discusión cada vez más latente sobre seguridad y soberanía alimentaria, entre otros factores, se está abriendo un camino de posibilidades para enfrentar de mejor manera esta enfermedad que afecta a gran parte de los chilenos y chilenas.

Desde GTOP afirmaron estar en búsqueda de nuevas alianzas y trabajos colaborativos con investigadores, investigadoras y especialistas externos a la Universidad de Chile para ampliar el conocimiento en torno a la obesidad y enfrentarla a través de políticas públicas y trabajo comunitario, abarcando distintas miradas para poder avanzar en la erradicación de esta enfermedad en el país.

El seminario se realizó en la Facultad de Economía y Negocios (FEN) y contó con la participación de invitadas e invitados externos como Patricia Aguirre, antropóloga argentina especialista en alimentación; Alberto Ramírez, jefe del Departamento de Desarrollo Rural de la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias del Ministerio de Agricultura; Cristián Cofré, asesor técnico del Ministerio de Salud; Susana Jiles, coordinadora del proyecto Alimentación, Justicia y Salud de la Fundación Educación Popular en Salud (EPES); Jaqueline Araneda, nutricionista, doctora en salud pública y académica de la Universidad del Bío-Bío; y Tito Pizarro, médico especialista en salud pública y vicedecano de Docencia y Extensión de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Santiago.

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En las últimas décadas, la participación comunitaria y los enfoques centrados en la comunidad para la planificación, gestión y evaluación de programas de salud pública han cobrado fuerza. 

Sin embargo, dicha participación comunitaria, sin compromiso y entrega de poder de decisión, con respecto a cómo se podría financiar o evaluar un programa impiden un nivel de participación mayor, cuyos beneficios se asocian a un aumento en las capacidades de desarrollo organizacional, la mejora de la calidad y la eficiencia en la prestación de servicios públicos, y la promoción de una mayor equidad social.

A nivel internacional, existen múltiples esfuerzos de participación ciudadana, como el caso francés, que busca mejorar la calidad y la seguridad de la atención. Otro es Estados Unidos que consiste en implementar estrategias de avance en términos de equidad en salud, o el análisis de políticas de exención de pagos en África. Así también, un ejemplo en nuestro país, entre varios que existen y han funcionado, es la experiencia del centro de atención primaria de salud (CESFAM), Madre Teresa de Calcuta, en la Región Metropolitana, que abordó el desafío de desarrollar su planificación con participación ciudadana, con representantes provenientes desde la comunidad.

Adoptar un enfoque centrado en la comunidad, no es algo sencillo, sobre todo cuando surgen cuestionamientos, respecto a que dichas voces de la comunidad no se vean reflejadas en las decisiones que se toman. 

Como el principio de la planificación centrada en la comunidad pocas veces se integra en la evaluación de los programas, una manera de hacerlo es adoptando un enfoque desde la participación a la apropiación comunitaria, que ayude a conocer hasta qué punto el programa seleccionado fue elegido por la comunidad, y sus objetivos fueron determinados por la comunidad; y en qué medida la implementación del programa logró sus objetivos.

En este proceso, los expertos profesionales del área de la salud pueden tener mucho que ofrecer en experiencia u otras habilidades, que atiendan los intereses de la comunidad, y no los propios. De esta manera, el trabajo se orienta a utilizar las competencias y conocimiento, para guiar a la comunidad.

El cambio en la evaluación y gestión de programas comienza con ver y valorar el poder de la toma de decisiones de la comunidad, como un resultado necesario y de interés.

Para alentar a la salud pública y global a adoptar este principio de propiedad comunitaria, es importante convencer a más profesionales, ONG y a quienes financian los programas de salud que esta debe ser la forma de planificar, evaluar y gestionar programas de salud, y así también alentar a más investigadores a participar en los desafíos de implementación que esto impone y apoyar los procesos de autodeterminación de las comunidades, para encontrar sus caminos hacia la salud.

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