Ya no puede caber duda que las invenciones y los procesos creativos, transversalmente hablando, deben cumplir con con algunos estándares en lo que concierne a la “protección” de las autorías y los derechos que esto involucra. En lo concerniente a la propiedad intelectual, los procesos de “apropiación” de las autorías (por ejemplo, por medio de los derechos de titularidad), han sido extremadamente aprovechados por la mayoría de las corporaciones, multinacionales y grandes empresas de todo tipo, pasando por las del entretenimiento, las artes, llegando al proteccionismo de invenciones que, literalmente, pueden salvar vidas en todo el mundo, como es el caso  de las industrias farmacéuticas en lo que concierne al sobreproteccionismo de un medicamento o, “por el contrario”, su liberación a través de licencias adecuadas para la libre fabricación (a través, por ejemplo de la open science) por parte de los diversos países que pueden contar con la tecnología para hacerlo.

A pesar de que, en muchos países, existen, legalmente, excepciones a los derechos de autor cuando se trata de temas “indudables” que traen beneficio al bien común, estas aplicaciones del derecho no han sido suficientes, legislativamente, cuando se confrontan con los intereses económicos de las empresas que capitalizan la invención y creatividad y la restringen a campos acotados de los territorios/sociales en donde el derecho común, y la preparación cultural para la exigencia de esos derechos tienen una data de exigencias, y preparaciones, con respecto a la importancia y relevancia del crecimiento en común de los dispositivos sociales y culturales. Cuando se trata de la salud pública y de emergencias con respecto a esto, no hay dobles lecturas en lo que respecta a las garantías del derecho, el cual puede incorporarse, de inmediato, a las convenciones vinculadas a los derechos humanos.

En este sentido, el hecho que existan, aún, territorios y países (particularmente con menos recursos o, directamente, más pobres) que no puedan acceder a las invenciones, descubrimientos, creaciones, etc., para el mejoramiento de la vida cultural y el mejoramiento y prevención de la salud que conlleva, literalmente, quienes viven y quienes mueren, es inaceptable. La invisibilización masiva de esto, y su normalización en la ignorancia, ha generado, durante no poco tiempo, un caldo de cultivo vinculado al individualismo exacerbado, donde los y las enfermas; los y las muertas son números aceptables o inaceptables. Este compromiso cuantitativo es deleznable.

Uno de los ejemplos que se han visto, fuertemente, en los últimos casi tres años, se evidenció en la pandemia del COVID-19, la cual, a pesar de estar disminuyendo su letalidad en el último período, evidenció lo que ha estado ocurriendo hace mucho tiempo: las corporaciones manejan la agenda mundial sobre la vida y la muerte en lo que respecta a la salud pública a través de la propiedad intelectual. El jueves recién pasado, Innovarte ONG Chile presentó una carta dirigida al gerente general de Pfizer en Chile, emplazándolo, positivamente, para que las licencias voluntarias que ha otorgado a solo 39 farmacéuticas en todo el mundo (en Latinoamérica solo se encuentran Brasil, México y República Dominicana) se incluyeran todos los países del continente. Lo desafortunado de la situación es que a los laboratorios que la empresa ha permitido la fabricación de genéricos, a partir de la licencia mencionada, son, en su mayoría para la distribución en países que no tienen bajos recursos económicos como ocurre en la caso de Latinoamérica. Este emplazamiento que realizó Innovarte ONG en Chile ha sido coordinado con otros países como Perú, Colombia, Argentina y Brasil.

Algunos lectores y lectoras de esta columna podrán pensar que el tema de COVID no es relevante en el presente. No me pronunciaré sobre la urgencia sanitaria y el control comunicacional biopolítico que conlleva las decisiones estatales (y empresariales) para establecer momentos de emergencias y momentos de apertura de “normalidad”, pero considero que no se debe ser ingenuo con respecto a lo que comenzó en el negocio de las enfermedades masivas, sumado a las crisis ecológicas, las cuales, junto con las modelizaciones arcaicas de negociación capitalista, hacen posible el adelantamiento sobre emergencias de nuevas generaciones de bacterias o virus (por poner dos ejemplos generales) que posiblemente se masificarán en un no largo plazo en el mundo. En este sentido, adelantarse en la precaución legal, a través del derecho de los países y los acuerdos internacionales, es de suma importancia para sentar las bases que permitirán el acceso a las invenciones que involucren la salud del  planeta cuando nos encontremos con una nueva pandemia. Los caminos político/jurídicos que han empezado a movilizar los países latinoamericanos mencionados no solo son para las futuras pandemias, también lo son, como precedente, para la obtención pronta (acá el congreso debiese acelerar el proyecto sobre licencias obligatorias) para la salud en muchas otras enfermedades masivas que involucran a la población y que son de alto costo debido a los derechos de propiedad que protegen las corporaciones farmacéuticas como es el caso de Pfizer.

Es de suma urgencia “modernizar” lo respectivo a las licencias y los derechos de propiedad, acordes a las urgencias democráticas de los accesos a algo tan vital como la salud pública a través de la tecnología e innovación que es parte de las campañas de muchos candidatos a la presidencia, pero que se olvidan, una vez electos, o dilatan estos temas de urgencias actuales y la proyección de lo que inevitablemente ocurrirá en un mediano o largo plazo. Sin una robusta ley, esto será imposible.

Habrá que ver la medida de los intereses o compromisos que tenga la “clase” política con las grandes empresas multinacionales en el tema, y/o el compromiso que van a establecer, realmente con la población a la que le deben realmente su trabajo día a día.