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El último informe de la serie sobre Políticas Públicas en Salud que realizó el ISP UNAB en el contexto del debate sobre una nueva Constitución aborda la propuesta de reforma a la salud planteada por el Gobierno de Gabriel Boric.
Con el resultado del plebiscito del 4 de septiembre se concluye que las propuestas en materia de salud “indudablemente generaron inquietudes en la población, ya que no se daba respuesta previa a los problemas que se producirían con estos grandes cambios y que vive día a día la población en los hospitales y consultorios, con la calidad de atención y las listas de espera”.
Respecto del anuncio del Gobierno de enviar en noviembre una reforma a la salud con los mismos principios contenidos en el borrador constitucional recién rechazado y, en paralelo, del inicio del Copago Cero en Fonasa, se afirma que “solo generan incentivos para inhibir la libertad de elección de las personas”.
“Ya hemos revisado en los informes anteriores que hemos aumentado el presupuesto en un 40,3% entre 2016-2021, que no han sido acompañados con aumentos sostenidos de producción. Entre el 2016 y 2019 las consultas aumentaron en un 12%, para luego caer el 2020 un 46% (por la pandemia); en cirugías entre 2016-2019 subieron un 15% y el 2020 cayeron en un 30% (también por pandemia) y por lo tanto, no hemos podido incrementar la capacidad de atención para reducir las listas y tiempos de espera”, dice el estudio.
Con cifras, el informe explica que “la modalidad libre elección, a pesar de su baja cobertura financiera (45,2%) versus la MAI (99,1%), y con un monto facturado que oscila sólo entre un 11% a 12% del total facturado en prestaciones, representa más de tres veces su aporte en cuanto a las tasas de prestaciones, ya que representan el 34% y 38% del total de tasas de prestaciones”.
“Haber subido del 45,2% a la cobertura de las Isapres, que el 2019 fue de 65,9%, habría tenido un costo adicional que oscila entre 214 mil a 508 mil millones de pesos adicionales, tanto por los efectos de aumentar la protección financiera como del efecto esperado de un aumento en la demanda o frecuencia de prestaciones”, sostiene.
“Dado lo anterior -agrega- resulta muy preocupante que la principal medida de salud pública de los últimos 16 años, según el propio gobierno del Presidente Boric, solo haga un aporte que resulta insignificante para la disminución del gasto de bolsillo de los beneficiarios de Fonasa y no se dé ninguna señal para los mismos beneficiarios en su modalidad Libre Elección, que sí están enfrentando enormes copagos y gastos de bolsillo y que, como lo muestran los números, aportan con su marco de incentivos a mejorar el acceso a las más diversas prestaciones de salud principalmente cuando hay largas listas de espera”.
“En síntesis, si el objetivo de política pública es reducir el gasto de bolsillo de las personas, además de Copago Cero para la modalidad de Atención Institucional, el foco debió haber estado en la Libre Elección, incentivando la compra de soluciones en atención ambulatoria y hospitalaria, con lo cual, además, se habría contribuido a enmarcar la Libre Elección en un modelo más eficiente que el actual, orientándose más a la compra de soluciones en vez de prestaciones, haciendo de esta forma más costo-efectivo el sistema de libre elección”.
Al analizar las cifras de prestaciones realizadas a usuarios de los sistemas públicos y privados, el estudio concluye que “nuestro sistema de salud es mixto no sólo por tener población de Fonasa e isapres, sino que muy especialmente por el uso que estos hacen de los prestadores de salud tanto públicos como privados”.
Al respecto, se explica que “las prestaciones que se realizan a beneficiarios de Fonasa que se atienden bajo la Modalidad de Atención Institucional son poco más del 51% entre los años 2017 y 2019, descendiendo al 49,4% el 2020, mientras que la Modalidad Libre Elección ha venido subiendo desde un 18,4% a un 22,7% en el mismo período. En otras palabras, representando los beneficiarios de Fonasa el 77% del total de la población del país, en el sector público prestador las prestaciones de salud que se entregan hoy son menos del 50% del total anual en el país (49,4%) y las que se hacen en el sector privado prestador, incluidas las prestaciones que se hacen los beneficiarios de isapres, son el 50,6% restante”.
“Por su parte, llama la atención cómo en las principales prestaciones que en la MAI explican las listas y tiempos de espera del sector público, se han dado aumentos significativos de importancia en la MLE. Las atenciones médicas subieron de un 26,9% a un 34,1%, los exámenes diagnósticos de un 16,9% a un 19,4%, los procedimientos de apoyo clínico y terapéutico de un 34,9% a un 54,8% y las cirugías de un 12% a un 20,7%”.
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